Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 16, nº 1, e010, abril 2016. ISSN 2314-257X
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

ARTÍCULOS/ARTICLES

Educación y obra pública durante el primer peronismo. La construcción de escuelas en la provincia de Buenos Aires

Eva Mara Petitti

CEHis (Centro de Estudios Históricos)- Universidad Nacional de Mar del Plata/ CONICET, Argentina
marapetitti@yahoo.com.ar

Cita sugerida: Petitti, E. M. (2016). Educación y obra pública durante el primer peronismo. La construcción de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 16(1), e010. Recuperado de http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAv16n1a10

Resumen
Este artículo se propone analizar el Plan Integral de Edificación Escolar (PIEE) que se aprobó en la provincia de Buenos Aires en 1948. El estudio de los cambios que implicó en relación a los proyectos anteriores, y de los alcances y límites de su aplicación durante las gestiones de Domingo A. Mercante (1946-1952) y Carlos Aloé (1952-1955), permite señalar que la ejecución del plan de edificación que impactó de manera significativa en el número de establecimientos educativos fiscales, fue posible debido a una modificación en la inversión de los recursos y a la mayor intervención de las agencias estatales en la planificación de las edificaciones, relacionada con la mayor injerencia en el área educativa que adquirió el Estado provincial durante este periodo.

Palabras clave: Estado; Peronismo; Educación; Obra pública; Edificación escolar.

Education and public works during the first Peronism. Building schools in the province of Buenos Aires

Abstract
This article analyzes the Integral Plan for School Construction (Plan Integral de Edificación Escolar- PIEE) approved in the province of Buenos Aires in 1948. We study the legal changes regarding the type of financing and the scope and limits involving its application. We analyzed the governorates of Domingo A. Mercante (1946-1952) and Carlos Aloe (1952-1955). The results show that implementation of the plan, had significantly impacted about the growth in the number of state-owned educational institutions. Moreover this transformation came from a change in the application of resources and the greater involvement of state agencies in planning buildings, related to greater involvement in education which acquired the provincial government during this period.

Keywords: State; Peronism; Education; Public works; School building.

Introducción

El presente artículo aborda el Plan Integral de Edificación Escolar (PIEE) que se aprobó en la provincia de Buenos Aires en 1948. Por un lado, porque constituye una pieza central de la política educativa y de la política pública de la provincia y del país.¹ Por otro lado, porque crea una puerta de entrada para abordar las tensiones que caracterizaron el diseño y la aplicación de las políticas educativas. De esta forma, pretendemos contribuir al estudio del Estado durante el peronismo. Coincidimos con Oscar Aelo en que la búsqueda de un nuevo Estado que sustituyera al viejo Estado liberal se tradujo en una “ampliación de las atribuciones de los poderes ejecutivos, tanto en el Estado nacional como en los provinciales”. (Aelo, 2012: 125). Por lo tanto, teniendo en cuenta que la educación primaria recaía en las provincias por mandato constitucional,² consideramos que el estudio del Plan Integral de Edificación Escolar es adecuado para dialogar no sólo con las investigaciones sobre los Estados provinciales (entre otros Panella 2005; 2006; 2008; 2009); Melon y Quiroga, 2006; Aelo, 2010; 2012; Macor y Tcach 2003; 2013), sino también, sobre el Estado nacional.

Sin profundizar en las distintas posiciones que se plantean en la discusión acerca de los alcances y modalidades del estado de Bienestar en Argentina (entre otros Andrenacci, Falappa y Lvovich, 2004; Ross, 1993; Pastoriza y Torre, 2002), nuestro trabajo se inscribe en aquella historiografía que, en las últimas décadas pero sobre todo junto con el nuevo siglo, presenta al Estado peronista como una trama compleja de la realidad, construida a partir de tensiones, marchas y contramarchas que se resuelven de forma imperfecta al calor de las nuevas necesidades y de un pragmatismo en la formulación y la aplicación de las políticas públicas (Berrotarán, Jáuregui y Rougier, 2004). A lo largo de estos años, en el marco del proceso de construcción de capacidad y adopción de una filosofía planificadora, el Estado argentino incrementó su intervención en las políticas sociales, en sintonía con el ideario internacional, pero también “con la necesidad de construir la legitimidad del movimiento político” (Berrotarán, 2004: 16).

Al asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires Domingo Mercante (1946-1952), las escuelas distaban de ser una realidad homogénea. Una de las distinciones, que es la que nos interesa en este trabajo, separaba a las escuelas según su propiedad en fiscales, cedidas y alquiladas.³ Hacia 1946, se estimaba que alrededor de 1.500 escuelas debían ser construidas en la provincia porque estaban en manos privadas y pagaban alquiler o porque funcionaban en locales cedidos y tenían que abandonarlos. Además, buena parte de las escuelas fiscales necesitaban ser ampliadas, refaccionadas y, en algunos casos, reconstruidas.

El PIEE, que tuvo como fin principal dar respuesta a estas demandas, recibió la atención de investigadores provenientes de la arquitectura y de historiadores. Mientras que los primeros se han centrado en el análisis del diseño de las edificaciones (Longoni et. al., 2006; Molteni y Galcerán, 2010), en el segundo caso, el énfasis estuvo puesto en los debates legislativos que precedieron tanto a la ley por la que se aprobó el plan, como a aquellas que la modificaron (Petitti, 2006; Levoratti, 2010).

A partir del valioso aporte de los trabajos mencionados, en este artículo pretendemos demostrar que el PIEE tuvo un impacto sustantivo en la educación primaria de la provincia en relación a las políticas de construcciones llevadas a cabo hasta el momento. Un impacto que se evidenció en el notable incremento de los edificios escolares propiedad del Estado. Consideramos que esto fue posible debido a los cambios en la forma de financiación y la mayor intervención de las agencias estatales en la planificación de las edificaciones a lo largo del periodo. A la vez, procuraremos comprobar que la concreción de gran parte de las obras previstas, lejos de tratarse de un proceso lineal, fue el resultado de numerosas negociaciones que conformaron un trayecto discontinuo.

Además de estudiar la gestión de Domingo Mercante, avanzaremos en la gobernación de Carlos Aloé (1952-1955), mucho menos documentada y estudiada que la de su antecesor. El análisis del PIEE a partir de fuentes oficiales tales como las normativas, los diarios de sesiones, la Revista de Educación de la provincia de Buenos Aires y los censos y estadísticas del periodo, será complementado con la prensa y fuentes inéditas.

La edificación escolar y los recursos: antecedentes del PIEE

Como lo han demostrado distintos trabajos que analizaron la política fiscal del peronismo para el caso nacional (James Levy y Peter Ross, 2008; Nigra, 2004; Skocpol, 1989) y provincial (Da Orden, 2011), el análisis de los recursos y de cómo se traducen en bienes sociales permite considerar el margen de maniobra de un Gobierno. La Ley de Educación Común de 1875 establecía que las construcciones y la adquisición de terrenos se solventarían a partir de un fondo permanente de escuelas, constituido con la mitad de los recursos de la Dirección General de Escuelas, depositados en el banco de la provincia y los intereses anuales de los mismos.⁴ Ante su escasez, durante la primera mitad del siglo XX, se realizaron planes de edificación con el aporte de la emisión de bonos de deuda interna, o bien de partidas extraordinarias provenientes de rentas generales.

Durante la gobernación de Marcelino Ugarte (1902-1906), se sancionó la Ley número 2.975/06 de Edificación Escolar, que autorizaba la inversión de 10 millones de pesos.⁵ Según establecía la legislación, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a emitir títulos de deuda interna para complementar los recursos propios. Sin embargo, el plan estuvo lejos de concretarse, construyéndose 235 edificios, mayoritariamente casillas de madera y chapa, en lugar de los 1043 previstos. (Galcerán et al., 2006).

Veinte años después, durante la gobernación de Valentín Vergara (1926-1930), la edificación de escuelas cobró un nuevo impulso. En 1927, se aprobó un empréstito por 27 millones de pesos, de los cuales 20 millones estaban destinados a construir escuelas, monto que fue ampliado dos años después.⁶ La mayor parte de las obras, un total de 128, fueron concretadas y si bien su ejecución fue una labor compartida entre el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Escuelas, la participación de esta última fue exigua (Galcerán et al., 2006). En 1933 se sancionaron dos leyes que fijaban un gravamen a los hipódromos de La Plata y de San Isidro, y establecían que un porcentaje del remanente que resultara, una vez cumplidas las finalidades de su aplicación, se destinaría a la construcción de edificios para escuelas y cárceles.⁷

Durante el Gobierno de Manuel Fresco (1936-1940), se autorizó por ley la inversión de cuatro millones de pesos para la construcción de escuelas. Así, durante su gestión se construyeron 93 edificios escolares por un total de 3,6 millones de pesos y se ampliaron y refaccionaron otros 20 por 400 mil pesos.⁸ Para continuar con las obras en 1939 se autorizó a la Dirección General de Escuelas a vender o permutar lotes y fincas que le pertenecieran para destinar los recursos obtenidos a refacciones y mantenimiento de los edificios existentes.⁹ No obstante, en el balance que realiza en 1940 sobre su obra de Gobierno, Manuel Fresco da cuenta de que la construcción de escuelas constituyó una variable dependiente respecto a los recursos disponibles:

Comprendí que la solución no podía ser obra de un solo gobernante, porque reclamaba contar con recursos imposibles de disponer durante los cuatro años de un período y exigía, además, para su total realización disponer de un largo plazo de acción continuada. Concreté, entonces, lo que era posible acometer dentro de mi gobierno, en relación al tipo y a los recursos disponibles (...).¹⁰

En 1942, durante la gobernación de Rodolfo Moreno (1942-1943), se autorizó a la Dirección General de Escuelas a convenir con el banco de la provincia una operación de crédito por 12.500.000$ para edificación escolar.¹¹ Sin embargo, cuatro años después, su cumplimiento fue objeto de reclamo en la legislatura provincial, donde los senadores afirmaban no tener información acerca de la obra realizada con esa operación.¹² Tampoco se sabe acerca de la aplicación del Plan de Edificación Escolar sancionado por decreto en 1945, durante la gobernación de Atilio Bramuglia (1945), que establecía un crédito del Banco Provincia de siete millones de pesos.¹³ No obstante, es sugestivo que al frente de la Dirección General de Escuelas haya sido designado el arquitecto Carlos Federico Ancell.

La sanción de un conjunto de leyes destinadas a generar financiamiento para las construcciones no alcanzó a dar respuesta a las demandas. La insuficiencia de estos recursos se reflejaba en la escasa cantidad de edificios propiedad del Estado así como en su deterioro. En 1946 la provincia había construido 833 escuelas, sobre un total de 2.493, situación que se agravaba ante el ritmo acelerado del crecimiento poblacional y el escaso mantenimiento. De hecho, hay testimonios acerca de que algunas de las escuelas construidas durante la década del ‘30, 15 años después necesitaron importantes ampliaciones. Es el caso de la escuela rural número 20 de Pergamino edificada en 1938 con dos aulas, que si bien en 1949 contaba con cuatro, aún le hacían falta tres para dar lugar a los alumnos que solicitaban su ingreso.¹⁴

Otros establecimientos requerían además ser refaccionados. La asociación cooperadora de la escuela rural número 6 de Tornquist, terminada en 1936, reclamaba sobre las condiciones edilicias: “La escuelita rural provincial número 6 única en esta localidad, consta según planos adjuntos, de un edificio precario, incómodo y demasiado chico, dos aulas pequeñas y dos baños reducidos y antihigiénicos, careciendo de dirección y patio cubierto...”.¹⁵

Apenas iniciadas las sesiones legislativas de 1946, fueron presentados numerosos proyectos con el objetivo de realizar construcciones y refacciones en determinadas escuelas de diferentes localidades de la provincia.¹⁶ En sus argumentaciones, los diputados y senadores realizaron descripciones del estado en que se encontraban los locales donde funcionaban las escuelas, en muchos casos galpones con espacio reducido que no fueron construidos para ese fin, lo cual implicaba una importante incomodidad para el desarrollo de las actividades. Por otra parte, más allá del gasto que representaba el pago del alquiler, cabe suponer la inestabilidad que esto significaba, por la eventualidad de que el dueño necesitara el local y la escuela debiera trasladarse, o la dificultad para incorporar aulas y realizar refacciones que el crecimiento de la matrícula demandaba con urgencia.¹⁷

Ante la visibilidad cada vez mayor que cobraba esta cuestión, tanto el bloque laborista como el radical elaboraron sendos proyectos generales de edificación. El primero, presentado por el diputado laborista Francisco Bertrán, autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda pública interna por la suma de 50 millones de pesos, pero no especificaba la cantidad de escuelas a construir. El segundo, formulado por el diputado radical Teófilo Naim, proponía emitir un total de 85 millones de pesos para construir 1500 escuelas, a partir de la contratación de un empréstito interno.¹⁸ Ambos proyectos fueron destinados a cuatro comisiones -Instrucción y Educación Pública, Obras Públicas, Primera de Hacienda y Presupuesto e Impuestos- lo cual da cuenta de la complejidad que conllevaba su tratamiento.

A principios de octubre de 1946, el entonces director general de escuelas Alejandro Greca, se presentó en una de las comisiones y acordó realizar un plan de edificación en colaboración con la legislatura, y conformar una Comisión Especial para que se encargara de ello.¹⁹ Una vez constituida la comisión, el proceso para sancionar el plan, fue largo y complejo. Mientras tanto, para garantizar la viabilidad de las obras, en noviembre de 1946 se sancionó una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a convenir con las empresas constructoras el reajuste de precios por encarecimiento de materiales. Un año después, se declararon comprendidos en lo dispuesto por dicha ley a los contratos celebrados por la Di­rección General de Escuelas.²⁰

Entre febrero de 1947 y junio de 1948, el Poder Ejecutivo presentó diferentes proyectos. El primero, elaborado por Alejandro Greca, proponía una inversión de 188 millones de pesos e ingresó a la comisión durante las sesiones extraordinarias de febrero de 1947. Sin embargo, las tensiones políticas en el interior del nuevo Gobierno, que se vieron agudizadas por los problemas específicos de la Dirección General de Escuelas,²¹ retrasaron la reunión hasta el mes de octubre. Para ese entonces, Greca había sido reemplazado por Estanislao Maldones (1947-1949), quien elaboró y presentó en octubre de 1947 un segundo proyecto que elevaba el monto a 345 millones de pesos y que posteriormente fue ascendido a 462 millones (Véase Tabla 1).

La diferencia de los importes entre el plan de Greca y el de Maldones se justificaba no sólo por los aumentos en salarios y materiales, y la inclusión de obras no previstas en el primer plan (jardines de infantes, comedores, calefacción, viviendas para los directores), sino también, porque obras previstas para refacción pasaron a reconstrucción total, se incorporaron nuevas construcciones para escuelas (de 1419 a 1504), y se agregaron trabajos de decoración y ornamentación.

Si bien a partir de los ingresos del Impuesto sustitutivo del de herencias, durante 1947 se construyeron 34 escuelas y se licitaron 25 obras, con un promedio de poco más de tres aulas cada una, el inicio de las obras que constaban en el PIEE se volvía apremiante para el Gobierno.²² Nombrado el nuevo director, la comisión se reunió y votó una suma global limitada para refacciones y ampliaciones de los edificios fiscales de la provincia como etapa inicial del Plan Escolar. El Plan Inicial presentado y aprobado en la Cámara de Diputados tomaba como base la parte del Plan Integral realizado por Greca que se encargaba de refaccionar y ampliar los edificios escolares de propiedad fiscal, por un monto de 25 millones de pesos.²³

Tabla 1. Distribución de los gastos en los Planes de Edificación Escolar (En m$n)

Fuente: PBADSCD, 1946, p. 4705 y Anales de la Legislación Argentina. Provincia de Buenos Aires. Año 1948. Pág. 1059, PBADSCD 1948, p. 266.

Sin embargo, recién en junio de 1948, el Plan Inicial fue tratado sobre tablas y aprobado con modificaciones. Acordaba una inversión de 31 millones de pesos para la reconstrucción, ampliación y construcción de edificios fiscales de la provincia de Buenos Aires y 10 millones para la adquisición de terrenos en el Gran Buenos Aires. Los recursos necesarios serían obtenidos a partir de la emisión de títulos de Deuda Pública Interna Consolidada, afectándose lo producido por el Impuesto Inmobiliario.²⁴ Diversas causas demoraron su aprobación. Por un lado, las disputas entre los legisladores de los diferentes bloques sobre cuáles eran las obras más urgentes y la necesidad de incluir en el Plan Inicial las escuelas de sus distritos. Por otro lado, a diferencia del anterior, agregaba construcciones y dejaba de lado refacciones y ampliaciones programadas. Este cambio podía deberse no sólo a que se modificó el Plan Integral proyectado por Greca, sino también a un cambio en las prioridades: se apuntaba a aumentar las escuelas de propiedad provincial.

En junio de 1948 -paralelamente al tratamiento del Plan Inicial-, el Plan Integral elaborado por Maldones, que incrementaba su monto a 462 millones de pesos, ingresó en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en el interior de las comisiones fue modificado de forma significativa, elevando su importe a 600 millones de pesos (Véase Tabla 1). En este proyecto se incorporaba la creación de 500 unidades sanitarias -centros de atención ambulatoria para las escuelas- y, a diferencia de las primeras versiones del Plan presentadas por el Poder Ejecutivo, se tenía en consideración una importante cantidad de recursos destinados a imprevistos. El establecimiento de partidas globales, junto a la forma de licitación de las obras y la participación de los Consejos Escolares, fueron las cuestiones que generaron mayores fricciones con la oposición.²⁵

El Plan Integral de Edificación Escolar: recursos, planificación y diseño

Finalmente, en septiembre de 1948 fue sancionado el PIEE por 600 millones de pesos, al que se le deducían los 41 millones del Plan Inicial.²⁶ Como hemos visto, esta cifra contrasta enormemente con la de los proyectos que lo precedieron, incluso durante la gestión de Mercante, triplicando al llamado Plan Greca. De hecho, su importe era similar al del Plan Complementario para la Construcción de Viviendas y se aproximaba a las dos terceras partes del destinado para la realización de todas las obras públicas de la provincia.²⁷ Los recursos para esta labor de gran magnitud, serían tomados de la emisión de títulos de Deuda Interna Consolidada que se financiarían a largo plazo, transfiriendo así la amortización del gasto a las generaciones siguientes, tal como requería este tipo de obra.

El PIEE incluía la construcción de 1.504 escuelas comunes, 80 Consejos Escolares, un jardín de infantes y un comedor escolar para cada distrito, 500 unidades sanitarias y la reconstrucción de 115 escuelas fiscales. Las escuelas que planificaba construir representaban un gran porcentaje de los edificios que se encontraban en manos privadas, que para 1948 ascendían a 1630. A partir de la distinción de las escuelas según su ubicación, podemos observar que se privilegiaron las situadas en zonas suburbanas y rurales, que serían edificadas en una proporción mayor al 95%, mientras que las urbanas lo serían en menos de un 80%. Hay que considerar también que el costo de edificación variaba significativamente a causa de la diferencia en la superficie cubierta a construir. En este sentido, si tenemos en cuenta el número de aulas, el peso de las construcciones rurales (1772) disminuye en relación al total (5617).²⁸

Si bien el Plan Trienal de Trabajos Públicos que estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas²⁹ incluía la mayor parte de las obras a llevarse a cabo en la provincia, las construcciones escolares fueron diagramadas desde la Dirección de Arquitectura de la Dirección General de Escuelas en un plan integral, lo cual constituye un indicio de la importancia que el Estado provincial les otorgó.

Al frente de la Dirección de Arquitectura, se encontraba desde 1947 el Ingeniero Oscar Scarpinelli, quien permaneció en el cargo durante todo el Gobierno de Mercante trabajando junto al ingeniero civil Enrique Boudet.³⁰ Buena parte de los 281 puestos administrativos creados en la Dirección General de Escuelas durante ese año pasaron a engrosar esta repartición, compuesta por una inspección general, dos secretarias (administrativa y técnica) y seis divisiones (Estudios y Proyectos, Obras Complementarias, Obras y Materiales, Agrimensura, Conducción de Obras, y Conservación de Edificios). De hecho, en 1949 su personal representaba el 20% de la administración escolar. El lugar central que el Departamento de Arquitectura ocupaba en la Dirección General de Escuelas, también advierte la importancia otorgada a la edificación escolar en el marco de la política educativa de la provincia.

La función asignada a los nuevos edificios escolares, además de reemplazar a aquellos que se encontraban en manos privadas, era hacer que la enseñanza fuera agradable y cómoda, y que la labor docente rindiera un mayor fruto. El discurso oficial insistía sobre esta materia:

el edificio de cada escuela, debe contar no sólo con aulas cómodas limpias, bien iluminadas y ventiladas, que hagan amable y grata la permanencia en ellas de educandos y educadores, sino también con otras instalaciones que permitan el desarrollo de las funciones esenciales y las complementarias, sin obstáculos ni entorpecimientos.³¹

En relación al criterio arquitectónico, René Longoni (2006) agrupa las edificaciones en cuatro tipos: grandes escuelas urbanas, prismáticas, de color blanco, con moderados elementos decorativos, principalmente ubicadas en La Plata; escuelas suburbanas, de una planta única y menos de ocho aulas; escuelas urbanas y suburbanas racionalistas de volumetría prismática, marcadamente horizontal; y escuelas rurales, un solo volumen con techo a dos aguas, aulas, sanitarios y casa del maestro.³² Las escuelas proyectadas incorporaban salas de actos, gimnasios o patios cubiertos, bibliotecas y museos. Además, los edificios escolares fueron ornamentados con relieves murales y esculturas. El contenido estético fue objeto de estudio y, en 1947, Oscar Scarpinelli proyectó llamar a concurso a los artistas decoradores murales para ilustrar los interiores de las nuevas escuelas con escenas de la historia o la actualidad del país, de su geografía característica, y de otros temas.³³ Así, educación y cultura se unificaban en el espacio escolar, del mismo modo que las respectivas reparticiones confluirían en el Ministerio de Educación.³⁴

Con la creación del Ministerio en 1949³⁵, al frente del cual fue designado Julio César Avanza (1949-1952), se introdujeron importantes reformas que afectaron el área encargada de centralizar la planificación y la ejecución del PIEE. Así, la Dirección de Arquitectura adquirió la jerarquía de Dirección General de Construcciones Escolares. Esta medida estuvo acompañada de un incremento de su personal, que pasó a representar un 25% de la administración del citado ministerio. Además, las modificaciones tendieron a adaptar la estructura a la creciente complejidad de las funciones que se le encomendaban.

Si la construcción de escuelas era el principal exponente de la política educativa, ésta, a su vez era uno de los aspectos más visibles del Gobierno provincial.³⁶ La reestructuración administrativa e institucional que significó la creación del Ministerio y que implicó una jerarquización del área educativa, tuvo una repercusión positiva en la incorporación de más y nuevos actores. Esta reforma estuvo acompañada por la modificación de los planes de estudio, de la Ley de Educación vigente desde 1875, y de la sanción del Estatuto del Docente (Petitti, 2013).

La diferencia entre el ayer y el hoy, en la que insistía el Gobierno para mostrar sus resultados, cobraba una mayor dimensión cuando se trataba de la planificación de las construcciones escolares. Ejemplo de esto es la obra La Nación Argentina Justa, Libre, Soberana,³⁷ que representaba por un lado la Argentina del pasado -ubicado en 1943-, en el que las escuelas rurales eran pequeñas y antihigiénicas, y las urbanas tenían patios pequeños, húmedos, sin sol y aulas inadecuadas para la población escolar. Un antes que contrastaba con las escuelas de hoy, escuelas “amplias, sanas, alegres y luminosas”, con techos de tejas y grades ventanas, donde lo rural se hallaba simbolizado por amplios espacios verdes y un molino en el fondo de la imagen, donde los animales pastando eran reemplazados por juegos al aire libre, los baños antihigiénicos por otros en buenas condiciones, y el rancho donde habitaba el director por una casa amplia y luminosa.³⁸

La percepción de una distinción entre un hoy, en que “el gobierno recoge las orientaciones y expresiones de la voluntad de su pueblo”, y un ayer, “tiempos que a Dios gracias y a las medidas del gobierno peronista han fenecido”, habilitaba la demanda de una “escuela en condiciones”.³⁹ Así, con motivo de la presentación de iniciativas para el Segundo Plan Quinquenal, los miembros de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento de “Villa Rosales” de Morón se sentían en el derecho de informar al presidente Perón que carecían de una escuela “Dicho así, pareciera no tener importancia... pero en esta hera (sic) del justicialismo no es posible pensar que haya en la gran Argentina un barrio sin escuela”.⁴⁰

La aplicación del Plan durante el Gobierno de Domingo Mercante (1948-1952)

Si bien la ley que aprobaba el PIEE fue sancionada en junio de 1948, a mediados del 1949 su aplicación se hallaba demorada. Diversos factores retrasaron su ejecución. Por un lado, los trámites intermedios -resultado de las atribuciones de los Consejos Escolares para hacerse cargo de las refacciones cuyo costo no superara los 5.000 pesos-, para disponer el orden de ejecución y para informar sobre las necesidades, la marcha y el desarrollo de las obras. Por otro lado, las licitaciones en tres etapas sucesivas, la primera del 40% y las dos siguientes del 30%, en plazos de 240 días. Estos requisitos habían sido establecidos en el texto del PIEE a pedido de la oposición.⁴¹ El retraso en la concreción de las obras, en un marco de creciente inflación impactaba en el incremento de los costos, que se veía agravado por la escasez de cemento.⁴²

Con el objetivo de solucionar los inconvenientes generados por la escasez de cemento Portland, que se acentuaría en el marco de la crisis económica, en 1948 la Dirección de Arquitectura efectuó gestiones ante la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación para obtener una mejor provisión para las obras del Plan Integral. Así, el Estado provincial acordó con empresas privadas que la repartición escolar obtendría el cemento directamente de las fábricas productoras para que los contratistas no tuvieran que encargarse de ello. Por otra parte, los representantes de la Sociedad de Constructores ofrecieron su colaboración al director de escuelas por intermedio de la Dirección de Arquitectura.⁴³

Al año siguiente, el Poder Ejecutivo provincial impulsó una serie de medidas para dar mayor agilidad a las construcciones. Ante la dificultad que conllevaba el incumplimiento de los tiempos acordados, en 1949 se aprobaron dos leyes que reformaban al PIEE.⁴⁴ La primera lo adaptaba a la reorganización de la administración que implicó la creación del Ministerio y la supresión de los Consejos Escolares, delegando sus funciones en organismos técnicos con mayor capacidad ejecutiva, eliminando así los trámites intermedios.⁴⁵ La segunda, facilitaba su concreción a partir de dos modificaciones claves. Por un lado, elevaba el presupuesto en un 20% teniendo en cuenta el incremento de los precios ya que, por ejemplo, entre 1949 y 1952, el costo del cemento ascendió en un 65% (Belini, 2009). Por otro lado, variaba el régimen de licitaciones, debido a que el mismo demoraba la efectividad del plan. A partir de entonces se podían licitar la totalidad de las obras.⁴⁶

Más allá de los factores mencionados, la escasez de terrenos disponibles podía demorar el inicio de las obras. La ley que aprobaba el PIEE destinaba 23 millones a la compra de lotes para construcciones escolares, pero además facultaba a la Dirección General de Escuelas a adquirir privadamente o por expropiación, los bienes declarados de utilidad pública que estimara necesarios. En las localidades del Gran Buenos Aires, esto representaba un paso importante para la realización de las obras debido al costo de los lotes. De hecho, uno de los puntos de la discusión respecto al Plan Inicial de Edificación fue la partida de 10.000$ para comprar terrenos en el conurbano bonaerense.

Además de la expropiación, los terrenos se obtenían a través de las donaciones, sobre todo en las áreas rurales.⁴⁷ Particulares, gremios, asociaciones cooperadoras y sociedades de fomento adquirían lotes y los donaban al Ministerio de Educación nacional o provincial según la dependencia a la que perteneciera la escuela que se fuera a construir. En algunas oportunidades -especialmente cuando por su localización tenían precios accesibles-, los terrenos eran obtenidos por medio de recursos económicos de las asociaciones.⁴⁸ En otras ocasiones, se conseguían a través de gestiones ante funcionarios públicos.⁴⁹

También las disidencias en el interior del Ministerio retrasaron el desarrollo de las obras. Un caso que lo ilustra es el de la escuela número 1 de Avellaneda, principal centro urbano de la provincia. La misma funcionaba en una antigua casa histórica de la primera mitad del siglo XIX, con aproximadamente 1.000 alumnos distribuidos en treinta grados. El PIEE estipulaba la creación de un edificio nuevo con una inversión de seis millones de pesos. Como esta obra llevaría más de un año y el edificio donde funcionaba necesitaba ser refaccionado, la Dirección de Arquitectura decidió, en agosto de 1949, clausurar la escuela por 45 días para su refacción. Sin embargo, en el transcurso de las obras surgieron nuevos inconvenientes que requerían una mayor inversión. Por ello, la Dirección de Arquitectura decidió esperar a que se construyera un edificio nuevo de cinco pisos, en lugar de invertir dinero (se calculaban $500.000) en continuar refaccionado el antiguo. Finalmente, la clausura de la escuela primaria se mantuvo y los alumnos fueron distribuidos en tres establecimientos, habilitándose en cada uno un tercer turno y, por lo tanto, reduciéndose así las horas de clase, lo cual dio lugar a la denuncia presentada en 1950 por el senador radical Héctor Sande.⁵⁰

Es probable además, que las demoras en la concreción del plan se debieran a la extrema planificación. En el caso de la escuela 29 de la localidad de General Pueyrredón que fue incluida en el Plan Integral, observamos la proyección detallada que se realizó para cada una de las obras. La escuela, creada en el año 1948, funcionó en un local cedido hasta que se finalizó la construcción del edificio propio. Se realizaron aproximadamente 15 planos para cada establecimiento, entre los cuales se incluían los de obras sanitarias, detalles de las piletas a colocar en los pabellones sanitarios para niñas y niños, armario de aulas, plano de planta, secciones y ubicación, calefacción, fachadas, estructuras, plano de mástil, detalles de marcos, detalle de tabiques para pabellones sanitarios, perforación para agua potable, detalles de cámara séptica y pozo absorbente, instalaciones eléctricas, carpintería de madera, herrería y plano para pozo común.⁵¹

La obra contaba con una carpeta en la que constaban, además de los planos, las diferentes normativas y las especificaciones técnicas. En lo que respecta a los materiales, se regulaba su naturaleza y las condiciones que debían reunir para ser aceptados, para lo cual el contratista debía presentar muestras de los mismos. Teniendo en cuenta la igualdad de precios y condiciones se preferían aquellos de producción nacional. Se detallaban cada uno de los materiales, no sólo los tipos de cemento, cales, arena y ladrillos, sino también el agua, las maderas, piedras y demás elementos necesarios para la construcción. Para precisar los objetivos de la Dirección de Arquitectura así como los valores, se citaban determinadas marcas o fábricas y en algunos casos, el número de catálogo de determinadas casas de comercio.

Se procuraba limitar la acción del contratista tanto en lo respectivo a los materiales como en al plazo. Si bien se reservaba la propiedad de los materiales de las demoliciones que se ejecutaban bajo su dirección y garantía, su valor debía deducirse del monto total del presupuesto oficial. Asimismo, el replanteo de la obra debía ser efectuado por la Dirección de Arquitectura y la intervención del representante técnico se realizaría cuando así lo exigieran las bases de licitación o el contratista. Por otra parte, se especificaba que los materiales de mayor calidad o la mejor ejecución empleada voluntariamente no darían derecho a un incremento del precio. En cambio, la normativa establecía que “si el empleo de materiales de inferior calidad no se pusiera en obra conforme a las reglas del arte, estará obligado a cambiar los primeros o rehacer la obra, salvo que excepcionalmente fuera autorizado en tales condiciones...”.⁵² Este procedimiento, que se proponía controlar hasta el más mínimo detalle, pretendía evitar la evasión de fondos en la compra de materiales así como las licitaciones con determinados contratistas por favoritismo personal o político. Pero además, se regulaba detalladamente la acción de los albañiles, señalando por ejemplo que “los ladrillos serán mojados abundantemente a medida que se empleen. Se les habrá resbalar a mano sin golpearlos en una cama de mezcla y apretándolos de manera que esta rebalse por las juntas”.⁵³ Esto constituye un indicador de la magnitud con que el espíritu planificador se había extendido a todos los aspectos de la obra pública.

Las edificaciones escolares durante el Gobierno de Carlos Aloé (1952-1955)

Carlos Aloé inauguró su gobernación con una revisión de todo lo anterior. Una de sus primeras acciones fue expulsar del Gobierno y del partido a aquellos dirigentes emparentados con el anterior gobernador, especialmente a quienes estuvieron relacionados con el grupo forjista (Aelo, 2012). En su interés por desacreditar la gestión antecesora, Carlos Aloé centró su crítica en el estado de las construcciones escolares, situación que se repetiría luego de septiembre de 1955 durante las gobernaciones de la intervención. De hecho, en 1952 la Dirección de Construcciones Escolares fue intervenida bajo la acusación de haberse cometido serias irregularidades por parte de sus funcionarios que fueron sometidos a sumario administrativo y quedaron cesantes.⁵⁴ No obstante ello, Aloé reconocía que durante la gobernación de Mercante se habían construido 958 escuelas.⁵⁵

Los principales avances en las investigaciones centradas en la provincia de Buenos Aires se han dado en relación con el Gobierno de Domingo Mercante, siendo muy poco lo que conocemos sobre la gestión de Carlos Aloé. Más allá del interés particular que despierta la figura del primero como paradigma de un peronismo menos verticalista y más abierto al diálogo (Panella, 2005; Melon y Quiroga, 2006; Aelo, 2012; Valobra y Prieto, 2008), este vacío se relaciona con la escasez de evidencias empíricas para el período siguiente, debido a que ciertas publicaciones fueron suspendidas durante esos años.⁵⁶

Durante el Gobierno de Carlos Aloé, la educación siguió siendo materia prioritaria y la política de construcciones escolares continuó beneficiándose -a diferencia del Gobierno predecesor- por la expansión de la industria cementera.⁵⁷ La gestión se planteó proseguir con la construcción de aquellas obras que se encontraban paralizadas.⁵⁸ A fines de 1953 y comienzos del año siguiente, el gobernador informaba que en el marco de lo anunciado por el Segundo Plan Quinquenal se había licitado la creación de 100 locales y la refacción de otros 200.⁵⁹ Es probable que se tratara de las obras que habían quedado preparadas para iniciarse al concluir la gestión de Mercante, aunque esto no fuera especificado por su sucesor.

En su mensaje de apertura del año 1955, Carlos Aloé anunció que continuaría con el mismo criterio en materia de construcciones escolares, aquel “que aspira a que la enseñanza se imparta en aulas cómodas e higiénicas, que hace a la dignidad del docente y al respecto que merece el educando”.⁶⁰ Explicaba que en el Plan Analítico de 1954-55 se había proyectado la construcción de 139 obras, habiéndose terminado la mitad de las mismas y que se encontraban en ejecución cien nuevas por contrato, las cuales “contaron igualmente con la dotación de los elementos y muebles que permitieron la habilitación de las aulas necesarias para dar cabida a la considerable afluencia de población escolar”.⁶¹

Asimismo, expresaba que durante 1954 se habían invertido alrededor de 60 millones de pesos, y que como resultado se habían finalizado y habilitado un total de 214 escuelas, sin discriminar cuáles de ellas habían sido construcciones y cuáles refacciones. En cambio, se daba detalle de los nombres de cada uno de estos establecimientos y su distrito correspondiente, información que fue publicada en el diario El Día.⁶² Este medio de prensa se había encargado de difundir a lo largo de todo ese año -así como lo haría durante el siguiente-, los diferentes llamados a licitación.

Sin embargo, las construcciones se llevaron a cabo con un criterio arquitectónico diferente. La edificación de patios cubiertos, considerada innecesaria por el nuevo gobernador, fue reemplazada por más aulas y patios de juegos al aire libre. Estas edificaciones, señalaba Aloé, podían ser objeto de futuras ampliaciones y sus estructuras serían “sólidas con materiales de primera calidad, sin detalles superfluos de ornamentación y con grandes ventanas en las aulas y techos de estructuras livianas y resistentes”. ⁶³ Este discurso contrastaba con la propuesta presentada años antes por Oscar Scarpinelli para llevar a cabo un concurso entre los artistas decoradores murales, cuyo fin era ilustrar los interiores de las nuevas escuelas. En cuanto a las escuelas rurales, continuaba el gobernador, “se han adoptado al respecto parejas líneas de construcción, en las apartadas de los centros urbanos se ha incluido casas habitaciones para maestros”.⁶⁴ En líneas generales, podemos sostener que estas diferencias en el estilo arquitectónico significaban también un cambio en las prioridades respecto a las edificaciones, en el sentido de que el criterio de rentabilidad primó sobre el pedagógico.

En 1953, la Dirección General de Construcciones Escolares fue reestructurada en el marco de una reforma más amplia del Ministerio de Educación.⁶⁵ Quedó compuesta por cuatro departamentos, dos divisiones y una asesoría: Departamento de Agrimensura (dividido en cinco secciones: agrimensura, expropiaciones, donaciones, registro gráfico y administración), Departamento de Estudios y Proyectos (dividido en seis secciones: proyectos estructuras, sanitaria, electromecánica, calefacción, cómputos y presupuesto y administración), Departamento de obras por contrato (dividido en inspección y administración), Departamento de obras por administración (dividido en obras y administración), División administrativa, División de reajuste de precios por encarecimiento de materiales y Asesoría.⁶⁶ Esta medida da cuenta de la importancia que continuó revistiendo el área. A pesar de las diferencias entre ambos Gobiernos, se mantuvo la tendencia a centralizar y complejizar la estructura de las agencias que se ocupaban de la educación y con ello, a proceder a una mayor especialización y burocratización estatal.

También los mecanismos de licitación fueron modificados a fines de 1954, a partir de la reforma de la Ley General de Obras Públicas. La nueva legislación creaba un Consejo de Obras Escolares, dependiente del Ministerio de Educación, que estaría a cargo de un Registro de Licitadores.⁶⁷ En junio del año siguiente, el Poder Ejecutivo dictó un decreto reglamentario que fijaba las normas de su funcionamiento. El mismo contaría con una comisión de clasificación integrada por cinco miembros designados por el Ministerio de Educación y la Dirección de Construcciones, constituyéndose con dos representantes de la Dirección de Construcciones, uno por la Dirección de Administración, uno por la Confederación General Económica y otro por la Confederación General de Profesionales.⁶⁸ De esta forma, se ampliaba la participación del Ministerio de Educación en relación con las empresas a la hora de definir las licitaciones de las edificaciones escolares.

Como decíamos más arriba, son escasos los documentos oficiales que se conservan luego de 1951. A pesar de la existencia de una Dirección de Arquitectura y otra de Estadísticas, no se guardan informes precisos sobre los resultados de este plan. Según señala René Longoni, si bien se imprimieron 5 mil ejemplares de la Memoria del Plan Integral de 1952, junto al folleto “La enseñanza primaria y el Plan Integral de Edificación Escolar”, no se hallan en ningún repositorio debido a que durante el Gobierno de Aloé fueron el núcleo de las denuncias sobre manejo irregular de partidas (Longoni et. al., 2006: 109).

Consideraciones finales

Dado el tiempo que insumía la ejecución de las obras, es difícil apreciar el grado de concreción de este plan año por año. Las Memorias de 1948 y 1949 presentan datos de los edificios licitados y en construcción, pero de 1950 en adelante no tenemos informes detallados, a pesar de contar con los mensajes de inicio de las sesiones legislativas. Al inaugurar el ciclo lectivo de 1951, Mercante expresaba que para esa fecha se habían construido 1101 escuelas y estaban en ejecución 620. Esta cifra, se corresponde a la que refleja la inauguración de escuelas -751 en 1950 y 350 al año siguiente-.⁶⁹ Sin embargo, al iniciar las sesiones legislativas de 1952, el gobernador destacaba que para ese entonces se habían terminado 665 obras, de las cuales 394 se habían finalizado en 1949, 236 en 1950, y las restantes en 1951.⁷⁰ En septiembre de 1952, Carlos Aloé afirmaba que durante la gestión peronista se habían edificado en la provincia unas 958 escuelas y 195 estaban en construcción.⁷¹

No obstante la escasez de fuentes que registren los resultados del PIEE, es posible realizar una estimación general a partir de la preeminencia que las edificaciones fiscales adquirieron sobre el total de las escuelas de la provincia. Más aún teniendo en cuenta que durante el período se crearon más de 650 escuelas, que al menos en un primer momento, fueron establecidas en edificios cedidos. Si nos basamos en los datos de las Memorias de 1956, el número de escuelas fiscales en ese entonces era de 2.212, lo cual constituye una cifra significativa si la comparamos con los 833 existentes diez años antes. Así, mientras que al asumir el Gobierno de la provincia Domingo Mercante, casi un 70% eran establecimientos por los que se pagaba un alquiler o habían sido dados en préstamos, en 1956 la tendencia se invirtió, pasando a ocupar las escuelas fiscales un 71,4% del total.⁷² Este incremento, que también ratificó la Memoria de 1958, da cuenta del notable cambio cualitativo en cuanto a la estabilidad y condiciones materiales de la educación que implicaba que gran parte de los edificios escolares pasaran a ser del Estado.⁷³

A partir de lo expuesto, podemos señalar que la transformación en materia de edificación escolar se dio a partir de una modificación en los recursos. El financiamiento de las obras a partir de la emisión de bonos de deuda interna posibilitó que se construyera una importante cantidad de escuelas. Mientras que hasta el momento las escuelas propiedad del Estado se habían construido en relación con los recursos disponibles, a partir de 1948, con la sanción del PIEE, los recursos fueron puestos a disposición de las escuelas que se requería edificar.

Pero también, el hecho de que las edificaciones escolares estuvieran a cargo del Ministerio de Educación y no del de Obras Públicas ha sido un factor central para que las obras pudieran llevarse a cabo. En este sentido, cobra importancia que la repartición encargada de las mismas incrementara el número de su personal y fuera adquiriendo cada vez más jerarquía y complejizando su estructura, posibilitando así una mayor intervención del Ministerio de Educación en la planificación de las edificaciones escolares.

En el contexto del Estado planificador, no es de extrañar que se presentaran diversos proyectos generales para construir escuelas. Por otra parte, si bien la crisis económica, las demoras en las licitaciones, la elevación de los costos, las diferencias internas, y el exceso de planificación dificultaron la posibilidad de concretar el ambicioso proyecto en los tiempos propuestos, podemos observar que dichas tensiones, aunque de forma imperfecta, se fueron resolviendo.

Notas

1 Las edificaciones escolares realizadas en la provincia durante la gobernación de Mercante fueron tomadas por el Gobierno nacional como un ejemplo de la obra llevada a cabo en el país. La publicación La Nación Argentina. Libre Justa y Soberana detallaba con precisión la acción efectuada en esta materia por el Gobierno la provincia de Buenos Aires. En un discurso pronunciado en 1951, Perón sostenía que “A fines de 1951 el país tendrá construidas por nosotros 5.000 escuelas; más de 2.000 han construido las Provincias, más de 1.000 ha levantado el Poder Ejecutivo Nacional y 1.000 escuelas está construyendo la Fundación Eva Perón.” (Perón, Juan D. “Mensaje pronunciado por el presidente de la Nación inaugurando el año lectivo el 2/4/51.” Revista de Educación, 1951, número 1). Más allá de que se trata de previsiones, de las 2.000 escuelas que proyectaron los Gobiernos provinciales, más de 1.500 fueron programadas en Buenos Aires. De todas formas, el impacto de la edificación escolar durante el peronismo no fue exclusivo de esa provincia. En este sentido, podemos mencionar los casos de Tucumán y Santa Fe (Suayter, 1997; Ossanna, 1997). Véase, La Nación Argentina. Libre Justa y Soberana Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1950.

2 En su artículo 5, la Constitución Nacional de 1853 cedió la obligación de impulsar la educación primaria a las provincias. La sanción de la Ley Láinez en 1905, que posibilitaba la creación de escuelas nacionales en territorios provinciales, tuvo un escaso impacto en la provincia de Buenos Aires.

3 En lo que respecta a su pertenencia jurisdiccional, las escuelas dependientes del Gobierno provincial, que representaban el mayor porcentaje, coexistían con establecimientos privados (supervisados por el Gobierno provincial) y con otras que estaban a cargo de la nación (Escuelas Láinez). Pero además se dividían en diferentes categorías según la cantidad de grados a cargo y, a su vez, en urbanas, suburbanas y rurales, según su ubicación.

4 Ley 988, Artículo 63. [En línea]: http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/00988%20derog.pdf.

5 Ley 2975/06. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/ley2975.pdf.

6 Véase Ley 3941. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/03941.pdf y Ley 4043. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/04043.pdf.

7 Véase Ley 4142 “Convenio entre el Poder Ejecutivo y el Jockey Club de la provincia sobre funcionamiento del Hipódromo de La Plata” [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6195, Ley 4143 “Concesión al Jockey Club de la Capital Federal sobre funcionamiento del Hipódromo de San Isidro” [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6196 y Provincia de Buenos Aires, Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados [en adelante, PBADSCD], 1948, p. 50.

8 Véase Fresco, Manuel. La instrucción primaria en mi gobierno, Buenos Aires, Talleres Gráficos Damiano, 1940 y Provincia de Buenos Aires Cuatro años de gobierno 1936-1940, Vol. VII Escuelas, colonias de vacaciones, educación física y cultura.

9 Ley 4771. [En línea]: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscador.php?tipo=01.

10 Fresco, Manuel. La instrucción primaria en mi gobierno, Buenos Aires, Talleres Gráficos Damiano, 1940, p. 28. El subrayado me pertenece.

11 Ley 4814. [En línea]: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6732.

12 Los senadores solicitaban información al ministro de Gobierno sobre el número de edificios escolares provenientes del crédito de 12.500.000$. Véase Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones Cámara de senadores [en adelante, DSCSPBA] 1946, pp. 256-270.

13 Decreto 3920, 14 de marzo de 1945. Véase Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1945, p. 876.

14 Proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo relacionada con la situación de la escuela número 20 del partido de Pergamino. PBADSCS, 1949, pp. 652-656.

15 Archivo General de la Nación –Secretaria Técnica (en adelante AGN-ST), Legajo 308, Iniciativa 9114.

16 Sólo en la Cámara de Diputados durante 1946, se presentaron alrededor de un centenar de demandas con el objeto de ampliar, refaccionar, construir o crear nuevos establecimientos escolares. Para un análisis detallado sobre el funcionamiento de la legislatura bonaerense durante el peronismo véase Oscar Aelo (2012: 83-115).

17 Por ejemplo, hacia 1951 en la escuela nacional 122 de Benavidez que funcionaba en un edificio alquilado, como los propietarios no permitían que se realizaran ampliaciones en su inmueble, las aulas debieron construirse en madera con techo de chapa y de cartón. En el caso de la Escuela número 50 de León Suárez, que funcionaba en un local cedido, las aulas debieron construirse en un terreno baldío colindante que posteriormente fue puesto a la venta. Véase AGN-ST, Legajo 149 Iniciativa 13713 y Legajo 005 Iniciativa 8641.

18 PBADSCD, 1946, pp. 829- 831; 2268-273.

19 La Comisión Especial estaba compuesta por funcionarios de la Dirección General de Escuelas y seis diputados: José Palmeiro, Luis Testa, Carlos Fragueiro (laborismo), Daniel Ferrer Burgueño, Raúl Manzi, Ataúlfo Pérez Aznar (UCR). PBADSCD, 1946, p. 2518.

20 Ley 5070. [En línea]: http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/05070.pdf.

21 La gestión de Alejandro Greca (1946-1947) estuvo teñida por numerosos conflictos con el laborismo que concluyeron en su dimisión. Desde su asunción había mantenido diferencias en la Cámara de Senadores. De hecho, el laborista Martín Seisdedos votó en disidencia el despacho de la comisión de Negocios Constitucionales que el 19 de junio de 1946 solicitó acuerdo para su nombramiento con el argumento de que no acreditaba residencia en la provincia ni condiciones que probaran su conocimiento sobre la enseñanza escolar. Poco tiempo después, en una sesión donde se trató una minuta de comunicación sobre el funcionamiento de la Dirección General de Escuelas, planteó su intención de nombrar una comisión para que investigara el desenvolvimiento administrativo y técnico de la repartición. Finalmente, la comisión fue designada en abril de 1947 debido a la existencia de una serie de denuncias y de notas periodísticas que referían a diversas irregularidades. Luego de que la comisión presentara las pruebas y se discutieran en una extensa sesión los cargos acusatorios, el Senado solicitó la dimisión de Greca.

22 El impuesto “Complementario o sustitutivo del de herencias a las Sociedades Civiles y Comerciales”, consistía en un gravamen a las herencias de las sociedades en comandita o por acciones, las cuales pagarían anualmente una tasa del 5 por mil del valor de los bienes situados en la provincia, aunque no estuvieran allí domiciliados. Ese impuesto sólo podía ser aplicado a la educación. El monto recaudado para 1947 fue de 14 millones de pesos. Esta cifra contrasta con las sumas ingresadas a partir del porcentaje del gravamen a los hipódromos de La Plata y de San Isidro, destinado a las edificaciones, que las Memorias del ministerio para 1947 calculaban en 115.000$ y 867.000$ respectivamente. Véase El Argentino, La Plata, 14/6/49 y Ley 5120, “Impuesto complementario o sustitutivo del de Herencias a las Sociedades Civiles y Comerciales”. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=40138.

23 PBADSCD, 1947, pp. 3863-3869.

24 Ley 5251 Plan Inicial de Edificación Integral. [En línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7003.

25 Sobre el debate legislativo que precedió la aprobación del PIEE véase Levoratti (2010).

26 Ley 5283 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7032.

27 Más allá de lo que pudieron haber aumentado los costos debido a la inflación en el año 1948, la ley de Plan Trienal de Trabajos Públicos, aprobada un año antes establecía un monto de 836.597.701 pesos. Véase ley 5142 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6918. Sobre el Plan Trienal véase Lacunza (2004). En octubre de 1948 fue aprobado el Plan Complementario para la Construcción de Viviendas por un monto de 600 millones de pesos. Véase ley 5303 [en línea], http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=40052.

28 Información extraída del mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo de refuerzo de partidas de la ley 5283. PBADSCD, 1949, 22/9/49.

29 El Plan Trienal de Trabajo Públicos, a desarrollarse entre 1947 y 1949 incluía obras hidráulicas, viales, electromecánicas, ferroviarias, de vivienda y de arquitectura entre otras. Véase Ley 5379 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6918.

30 Enrique Juan Boudet nació el 30 de noviembre de 1905 en La Plata, donde realizó todos sus estudios. En la Facultad de Ingeniería obtuvo el título de Ingeniero Civil en 1929. Comenzó su carrera profesional realizando tareas de cálculo estructural y agrimensura, pero desde un principio se preocupó por el aspecto arquitectónico de las obras que le encomendaban. Creada la carrera de Arquitectura, su constante interés por profundizar su preparación en esa disciplina lo cuenta en la primera promoción de aspirantes, llegando a completar el quinto año. (Carasatorre y Martínez, 2012).

31 Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Escuelas Labor técnica, pedagógica y administrativa durante los años iniciales del período constitucional del gobernador Coronel Mercante, La Plata, 1948. p. 144.

32 Sobre los aspectos específicamente arquitectónicos de las escuelas construidas durante este período, véase además Mastrogiacomo y Torrescano (2008).

33 Revista de Educación de la provincia de Buenos Aires, 1947, noviembre.

34 El decreto 14.756/49, sancionado el 16 de julio de 1949 estableció el traspaso al Ministerio de Educación de la Subsecretaria de Cultura, que hasta entonces dependía del Ministerio de Gobernación.

35 En 1949, a partir de la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, se creó el Ministerio de Educación en reemplazo de la Dirección General de Escuelas y el Consejo General de Educación, encargados del gobierno y la administración de la educación provincial desde 1875. De esta forma, junto al Ministerio de Asuntos Agrarios se sumaba a los departamentos de Gobierno, Hacienda, Obras Públicas, Salud Pública y Acción Social, existentes hasta entonces.

36 Un ejemplo gráfico en este sentido lo constituye la edición especial del diario platense El Día, con motivo del cumplimiento del primer ciclo de gestión del gobernador Domingo Mercante, en la cual la política educativa y particularmente el PIEE, constituyó la mayor parte de la nota. El Día, 16/5/50.

37 Argentina, Presidencia de la Nación. La Nación Argentina Justa Libre y Soberana, Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1950.

38 Escuelas Rurales en 1943 y en 1949. En Argentina, Presidencia de la Nación. La Nación Argentina Justa Libre y Soberana, La Nación Argentina. Libre Justa y Soberana Ediciones Peuser, Buenos Aires, 1950.

39 Ver AGN- ST, Legajo 093, Iniciativa 6218; Legajo 004, Iniciativa 16364.

40 Ver AGN- ST, Legajo 004, Iniciativa 16364.

41 Esto se debía en gran parte a que se ponía en duda la capacidad del Ejecutivo bonaerense para concretar las obras. Lo mismo sucedió al tratarse el Plan Trienal. Véase Aelo (2012).

42 En este sentido Claudio Belini señala que “El Primer Plan Quinquenal propuso la realización de un amplio programa de obras públicas (...) Sin embargo, no realizó previsiones sobre la producción de cemento”. (2009: 183). En 1947, se importó cemento por primera vez desde 1940. A partir de 1948, una sensible caída en la producción de cemento originó escasez y presiones sobre su precio. Debido a esto, las importaciones ascendieron abruptamente y ese año alcanzaron el 20% de consumo nacional. Para 1952, el país importaba un 25% del consumo. Véase La Capital, Mar del Plata, 11/5/48 y Belini (2009: 188).

43 Se trataba de miembros de la Sociedad de Empresarios de Obras y Anexos, de las firmas León Valli y Cía, Argentino Antonucci e hijos; Blancá y Coda. Véase La Capital, Mar del Plata, 12/5/48.

44 Sobre el debate legislativo de estas leyes véase Levoratti (2010).

45 Ley 5431 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscador.php?tipo=01.

46 Ley 5541 [en línea] http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=7232.

47 Ello se debía a que su costo era mucho menor. Hacia 1952, mientras que los 120 terrenos expropiados representaron el valor de 96 millones de pesos, los 200 que fueron donados, representaron aproximadamente un millón de pesos. Véase discurso de apertura de sesiones de Domingo Mercante, en PBADSCS, 1952, p. 53.

48 Es el caso de la Cooperadora de la Escuela número 2 de Roque Pérez, que en una asamblea popular que contó con la presencia de autoridades municipales, adquirió un terreno de $11.000 para donarlo al Gobierno de la provincia con destino a la construcción del edificio de la escuela. Véase “En Roque Pérez procúrese la obra de un edificio escolar.” La Nación, 20/10/50.

49 Las iniciativas presentadas con motivo del Segundo Plan Quinquenal, así como las notas publicadas al respecto en la prensa, dan cuenta de la cotidianeidad con que se realizaban estas acciones.

50 “Consideración de la minuta de comunicación referente a trabajos de refacción en la Escuela número 1 del distrito de Avellaneda”. En PBADSCS, 1952, p. 143-147.

51 Archivo Escuela Primaria Provincial número 29 “Doctor Mariano Moreno” (1948). Mar del Plata. Documentación impartida por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Dirección de Arquitectura.

52 Ibíd. p. 47.

53 Ibíd. p. 89.

54 La Capital, Mar del Plata, 11/9/52.

55 El Argentino, La Plata, 7/9/52.

56 Principalmente nos referimos a las Memorias del Ministerio de Educación y la Revista de Educación de la provincia de Buenos Aires, aunque en líneas generales las publicaciones oficiales se redujeron considerablemente a partir de 1952. Una forma de complementar esa escasez documental en este trabajo fue a partir de la utilización de la prensa local y provincial como fuente de información.

57 En los tres años de su gobierno, creció la producción, el consumo y la capacidad instalada. Véase “La producción de cemento pórtland”. El Día, La Plata, 1/6/53. Para más información sobre este tema véase Belini (2009).

58 “Se ha resuelto proseguir la construcción de numerosas escuelas en la Provincia”. El Día, La Plata, 5/8/53; “Ha dispuesto hacer construir otros 44 edificios para escuelas el gobierno de la provincia de Buenos Aires”. El Día, La Plata, 2/12/53; “Encara el Poder Ejecutivo bonaerense la construcción inmediata de otras 74 escuelas. Un nuevo e importante llamado a licitación se ha efectuado. Erogación por 20 millones de pesos”. El Día, La Plata, 15/12/53.

59El Día, La Plata, 30/12/53; 2/1/54; 25/3/54; La Capital, Mar del Plata, 4/1/54.

60 Mensaje de Carlos Aloé al iniciar el período de sesiones legislativas de 1955, DSCSPBA, 1951. p. 26.

61 Ibíd., p. 26.

62 “En 1954 diose fin a obras y habilitaciones en 214 escuelas, siendo iniciada durante el corriente año la construcción de otras 82”. El Día, La Plata, 3/5/55.

63 El Día, La Plata, 7/4/54.

64 El Día, La Plata, 7/4/54.

65 Decreto 1976/53, en Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires, 1953, pp. 46-48.

66 Véase “Reorganizase la Dirección de Construcciones del Ministerio de Educación”, El Día, La Plata, 16/5/53.

67 Se trataba de la ley 5806 que derogaba la número 5138 sancionada en 1947. [En línea]: http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/l5806.pdf.

68 El Día, La Plata, 2/6/55; La Capital, Mar del Plata, 8/6/55.

69Revista de Educación de la provincia de Buenos Aires, 1950, número 2 y 1951, número 1.

70 PBADSCD, 1952, p. 23.

71 El Argentino, La Plata, 7/9/52.

72 La Memoria de 1956 señalaba sobre un total de 3.098 escuelas primarias que 2.212 eran fiscales, 470 cedidas y 416 alquiladas. Provincia de Buenos Aires Ministerio de Educación. Memoria 1956. La Plata.

73 De las 3.432 escuelas dependientes del Gobierno de la provincia, 2.498 eran fiscales (73%), 415 funcionaban en locales alquilados (12%) y 519 en locales cedidos (15%). Provincia de Buenos Aires Ministerio de Educación. Dirección de Personal y Estadística. Memoria año 1958 Escuelas, La Plata.

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Fecha de recibido: 14 de junio de 2015
Fecha de aceptado: 17 de febrero de 2016
Fecha de publicación: 23 de mayo de 2016

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