Introducción

En* 1844 el gobernador delegado Antonio Crespo dispuso la realización de un censo general para la provincia de Entre Ríos. En la ciudad de Paraná se llevó a cabo entre junio y agosto de aquel año, por comisiones presididas por los alcaldes de los cuatro cuarteles en que por entonces se dividía la capital (Pérez Colman, 1946). Si bien las leyes de abolición gradual de la esclavitud estaban vigentes en la provincia desde hacía más de dos décadas, en la ciudad fueron registradas 51 personas esclavizadas de un total de 4776 habitantes.¹ Al igual que sucedía en otros espacios urbanos de la región, la concentración de aquellas con relación a sus amos era baja, predominando los propietarios con un solo esclavo/a. No obstante, una mirada pormenorizada sobre el registro revela algunas excepciones. La más destacable es la de Ricardo Ferreira Antunes, un comerciante de origen brasileño en cuya casa fueron consignados 12 sujetos esclavizados.

A partir de esta observación, me pregunto: ¿Por qué más del 20 % de la población esclavizada de la ciudad estaba bajo el dominio de un comerciante brasileño? ¿Cómo había llegado la familia Ferreira Antunes a habitar en Paraná? ¿De dónde provenían sus esclavos? ¿Qué sucedió con esas personas luego de la abolición definitiva de la esclavitud? En este trabajo busco dar respuesta a esos interrogantes mediante el seguimiento de la trayectoria particular de la familia Ferreira Antunes y de los sujetos esclavizados en su poder a lo largo del siglo XIX. Para llevar a cabo esta tarea apelo a la vinculación nominal con diferentes registros, como censos provinciales y nacionales, actas de bautismo, matrimonio y defunción, protocolos notariales, causas civiles y comerciales. De forma complementaria, analizo la legislación local y regional, así como los acuerdos internacionales que se vinculan con la cuestión de la esclavitud y su abolición. Por último, recupero la historiografía relativa a los diferentes espacios por los cuales aquellos sujetos circularon.

Aunque el punto de partida (y de llegada) es la ciudad de Paraná, mediante la reconstrucción del derrotero de la familia Ferreira Antunes pretendo poner en evidencia algunos de los aspectos políticos, sociales y económicos que estaban en juego en el contexto más amplio del litoral rioplatense y la frontera con el sur del Imperio del Brasil durante el proceso de abolición gradual de la esclavitud. Parafraseando a Lara Putnam (2006), este es un estudio en el cual el marco geográfico de referencia ha sido determinado a través de la reconstrucción microhistórica de los patrones de movimiento de la familia en cuestión. Por otra parte, la elección de una temporalidad extendida se relaciona con otro de los objetivos que persigo con el trabajo, esto es, la problematización de los modos de incorporación al mercado de trabajo tanto de la última generación de esclavos, como la de sus hijos y nietos, en los años inmediatamente posteriores a 1853. En este sentido, la investigación busca establecer un diálogo con la historiografía sobre la abolición y posabolición de la esclavitud en América Latina.²

El derrotero seguido por el matrimonio Ferreira Antunes y sus esclavos pone en evidencia los límites de la legislación antiesclavista implementada en Entre Ríos. Como veremos, a pesar de anular la mayoría de las vías para el abastecimiento de esclavos, la posibilidad de que propietarios extranjeros arribaran junto a aquellos dio continuidad a esa forma de trabajo forzada en la región. Ello favoreció incluso la continuidad del mercado esclavista interno, dado que, aprovechándose de un control ineficiente de la ley vigente, dichos propietarios vendieron esclavos extranjeros en la ciudad de Paraná. Al mismo tiempo, la falta de control del lugar de origen de los sirvientes que habitaban en la casa de dichos sujetos extranjeros posibilitó que niños y niñas nacidos dentro del territorio de la Confederación luego del 31 de enero de 1813 fueran registrados como esclavos.

Por otro lado, el seguimiento de la trayectoria de vida de los antiguos esclavos de la familia Ferreira Antunes luego de la abolición definitiva de la esclavitud revela que la transformación de los marcos legales trajo consigo la obtención de una mayor autonomía. En efecto, al menos algunos de ellos adquirieron propiedades y se incorporaron al mercado de trabajo libre que se estaba configurando en Paraná. Sin embargo, el hecho de contar con trabajos libres y remunerados no se tradujo en una posibilidad real de ascenso económico y social. Como veremos, en un contexto marcado por el auge de las teorías evolucionistas de carácter racista, las posibilidades de que los descendientes de africanos que habían atravesado por la experiencia de la esclavitud pudieran acceder a los beneficios del mercado capitalista en expansión se revelaron limitadas.

El contexto

La ciudad de Paraná se sitúa en la costa oriental del río homónimo, en el territorio de la actual provincia de Entre Ríos. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando personas provenientes de la vecina ciudad de Santa Fe se instalaron en el sitio por entonces conocido como La Bajada. Aunque no cuenta con fecha de fundación, el puerto establecido allí cobró protagonismo durante el siglo XVIII, entre otros aspectos por estar asociado a la producción local de cal y ser más accesible que el santafesino. Desde allí se pasaban el ganado y elementos para el sustento de Santa Fe, y se embarcaba la cal hacia Asunción y otros puntos del territorio.

Durante la década revolucionaria los vecinos entrerrianos participaron activamente en las luchas por la defensa de las autonomías de los pueblos, hasta 1820 bajo el liderazgo de Artigas, y hasta 1821 integrando la República de Entre Ríos liderada por Francisco Ramírez (Pressel, 2020). La derrota de Ramírez inauguró un período de inestabilidad política en la provincia, con gobernadores que en su mayoría no finalizaron su mandato. Pese a ello, el Congreso mantuvo su funcionamiento y en 1822 dio lugar al Estatuto Provisorio Constitucional. La estabilidad institucional se logró a partir de la elección de Pascual Echagüe como gobernador en 1832, y continuó durante la década de 1840 bajo el mandato de Justo José de Urquiza. No obstante, desde fines de la década de 1830 la provincia se vio envuelta en múltiples conflictos bélicos. Estos se desarrollaron tanto en el territorio provincial como en regiones aledañas e involucraron no solamente a los Estados de la Confederación sino también a los del Brasil y Uruguay, y adquirieron dimensiones verdaderamente internacionales con la intervención de Francia e Inglaterra.³

En relación con las actividades económicas, desde los inicios de su ocupación, en La Bajada del Paraná tomaron impulso las actividades agrícolas y ganaderas, al tiempo que se desarrolló el procesamiento de calcáreos extraídos de las barrancas mismas del río. La multiplicación de esas actividades atrajo a una inmigración de hombres de empresa, quienes a la vez que se dedicaron a la explotación local, abrieron comercios en los ramos de tiendas de géneros, almacenes y pulperías. Por otro lado, se desarrollaron curtidurías, estaqueaderos, saladeros, jabonerías, graserías y hornos de ladrillos que darían impulso al tráfico portuario durante las primeras décadas del siglo XIX (Pérez Colman, 1946; Reula, 1971). En un primer momento, la mano de obra necesaria para llevar a cabo esas actividades fue brindada por indígenas, algunos de los cuales habían sido adquiridos por los españoles a través de los rescates negociados con los charrúas (Lucaioli y Latini, 2014). A su vez, estuvo constituida por africanos esclavizados, arribados a la región como consecuencia del tráfico atlántico. No obstante, a partir de la segunda década del siglo XIX, con la implementación de la legislación antiesclavista, los esclavos comenzaron a ser reemplazados de manera paulatina por trabajadores libres.⁴

En efecto, en 1812 el Triunvirato sancionó la prohibición del tráfico de esclavos. Al año siguiente, en el marco de la Asamblea General, se aprobó la ley de libertad de vientres, por la cual todos los niños nacidos en el territorio de las Provincias Unidas a partir del 31 de enero de 1813 eran considerados libres, estatus que cambiaría rápidamente al ser sancionado el Reglamento para la educación y ejercicio de los libertos.⁵ Ese mismo año se ordenó que todos los esclavos de países extranjeros que fueran introducidos quedaran libres por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. No obstante, en 1814 esto último se limitó a aquellos introducidos por vía de comercio o venta, sin alcanzar a los que se hubieran fugado de su país de origen, ni a los que arribaran desde el extranjero junto a sus amos. Todas estas disposiciones fueron posteriormente ratificadas en la provincia de Entre Ríos por el Estatuto Provisorio Constitucional de 1822.

La trayectoria de Ricardo y Josefa

El primer registro estadístico de Paraná en el que encontramos a Ricardo Ferreira⁶ y Josefa Antunes⁷es el ya mencionado padrón provincial de 1844. De acuerdo con este, la familia era propietaria de una casa ubicada en la 2ª manzana del cuartel 1º. Situado en torno a la plaza central, en el noreste de la ciudad, ese cuartel albergaba a la mayoría de las familias de la elite, las mismas que contaban con las posibilidades económicas para adquirir esclavos.⁸ Como se ve reflejado en la Tabla Nº 1, en la propiedad de Ricardo y Josefa, particularmente, cohabitaban 12 personas esclavizadas.

Tabla Nº 1

Residentes en la casa de Ricardo Ferreira y Josefa Antunes en 1844

Elaboración propia. Fuente: AGPER. Fondo de Gobierno. Serie VII “Estadísticas y Censos 1823-1894”. Caja 1, Legajo 9: “Censo de habitantes. Paraná, 1844”. Cuartel 1º

A través de los documentos notariales se puede inferir que Ricardo Ferreira era oriundo de la Villa Nueva del Príncipe, situada en la entonces provincia de Paraná (Brasil),⁹ mientras que Josefa habría nacido en la Villa de San Francisco de Borja, perteneciente a Río Grande del Sur (Brasil). Esta última se ubicaba en la región de las Misiones Orientales y había sido un punto fundamental del proyecto jesuítico-guaraní. A principios del siglo XIX había sido disputada por los imperios español y portugués, y fue ocupada por este último mediante la distribución de sesmarias a los conquistadores, oficiales y autoridades.¹⁰ Allí, a orillas del río Icamaquã,¹¹ la familia Ferreira Antunes poseía una estancia llamada “Casa Blanca”.¹²

Probablemente en la estancia familiar se desarrollaba la producción agropecuaria, principal actividad económica de la región. A su vez, la mano de obra necesaria para llevar a cabo esas actividades posiblemente fuera cubierta por africanos esclavizados y sus descendientes, que paulatinamente estaban reemplazando a los indígenas. En efecto, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los esclavos ya eran cerca del 30 % de la población de Río Grande del Sur, porcentaje que alcanzó más del 35 % hacia fines de siglo como consecuencia de la integración de las economías gaucha y platense a la de Río de Janeiro (Osório, 2007; Grinberg, 2019). Particularmente, en lo que respecta a San Borja, hasta la década de 1840 el impuesto al comercio de esclavos (meia siza) representaba la mayor parte de la contribución de la villa para la recaudación de la provincia, lo que pone en evidencia la importancia demográfica y económica de aquella población en la región (Da Costa, 2013).

¿Cuáles fueron las razones que condujeron a Ricardo y Josefa a Paraná y en qué momento se establecieron junto a sus esclavos allí? Con respecto a esto último, aunque por las edades de las personas registradas en el padrón de 1844, y por el hecho de haber sido todas ellas señaladas como provenientes de Brasil, se podría pensar que la familia había arribado a la ciudad poco tiempo antes de realizarse aquel, las fuentes notariales revelan que Ricardo conocía la ciudad al menos desde la década de 1830. En efecto, un documento de 1834 lo señala como “portugués del Imperio del Brasil” que se encuentra “de tránsito”.¹³ Por el oficio consignado en el padrón se deduce que la razón de su viaje guardaba relación con el comercio regional.

Es preciso tener en cuenta que por aquellos años los múltiples conflictos al interior de la Confederación Argentina –además de las grandes distancias que separaban a las ciudades y los altos costos de transporte– hicieron que para las provincias que lindaban con otras naciones fuera más sencillo y conveniente comunicarse a través de ellas con el mundo (Djenderedjian, 2011). En lo que respecta a Paraná, la salida al río permitía un entrelazamiento de múltiples circuitos mercantiles, entre los que se destacaban la yerba mate y el tabaco de Paraguay y Brasil, los bienes pecuarios y el negocio de reexportación de mercancías para toda una macrorregión consumidora que incluía Paraguay, Río Grande del Sur, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (Schmit, 2008). Al mismo tiempo, en la década de 1840 las fronteras entrerrianas habían comenzado a expandirse, lo que aumentaba el área disponible para la explotación de los recursos locales. Allí se desarrollarían la ganadería y sus derivados, como carne y cueros salados y secos, grasas, lanas, cerdas y astas (Bosch, 2001). Es probable que fueran esas nuevas oportunidades económicas las que condujeron a Ricardo y Josefa a tomar la decisión de asentarse definitivamente en la capital entrerriana.

Para comprender cómo fue posible que el matrimonio pudiera migrar junto a sus esclavos a una provincia en la que la esclavitud como institución legal se encontraba en franco retroceso es necesario remontarnos a la aprobación de las leyes abolicionistas en el marco de la Asamblea General de 1813 y las vicisitudes que suscitaron en Brasil. En efecto, con la implementación de esas leyes las autoridades portuguesas comenzaron a preocuparse por la fuga de esclavos en la frontera (Candioti, 2021; Grinberg, 2009), y reclamaron particularmente por el decreto del 4 de febrero de 1813, que sostenía que “todos los esclavos de países extranjeros que de cualquier modo se introduzcan desde este día en adelante queden libres por solo el hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas”.¹⁴ Buenos Aires respondió revocando el decreto. En la sesión del 21 de enero de 1814, la Asamblea General volvió sobre el asunto, sosteniendo que se otorgaría la libertad a “aquellos que sean introducidos por vía de comercio o venta”, pero de ninguna manera a los que se hubieran fugado de su país de origen, ni a los que fueran introducidos por viajantes extranjeros como esclavos/as de su propiedad.¹⁵ En relación con estos últimos, se aclaraba que no podrían ser posteriormente comercializados.

Si bien en Entre Ríos rigieron las leyes abolicionistas,¹⁶quedaron sujetas a la interpretación de los gobernantes provinciales, quienes pasaron a desempeñarse de forma autónoma luego de la caída del Directorio en 1820. Concretamente, en 1822 dichas políticas fueron condensadas en el Estatuto Provisorio Constitucional. En lo relativo al ingreso de esclavos provenientes del extranjero, se optó por la formula rectificada de 1814, permitiendo implícitamente que los propietarios arribaran a la provincia con ellos, aunque se aclaraba que todo aquel que se presente “con el designio de ser vendido, quedará libre en el acto que el amo trate de hacerlo”.¹⁷ De este modo, favorecidos por la legislación vigente en la provincia, en la década de 1840 Ricardo y Josefa pudieron establecerse de forma definitiva en Paraná junto a sus esclavos.

La limitación para el comercio de los esclavos arribados del extranjero resultó, por otra parte, difícil de ser implementada en la práctica.¹⁸ En 1841, Ricardo vendió a Ramón Vilar una esclava que había sido adquirida en Brasil, llamada María Francisca.¹⁹ A diferencia del documento de 1834, y quizás para evitar reclamos legales, se omitió el origen extranjero de Ricardo, siendo señalado como “de este vecindario”.²⁰ Aunque podría considerarse como un hecho aislado, en una investigación reciente Florencia Thul Charbonnier (2020) pone en evidencia que por esos mismos años los propietarios brasileños continuaban introduciendo esclavos en Uruguay pese a la prohibición del tráfico.²¹ Como sea, si bien Ricardo no se dedicaba al tráfico de esclavos, es posible que se beneficiara con la venta de alguno de su propiedad, considerando que la oferta de esclavos en la región había sido prácticamente anulada como consecuencia de la implementación de las leyes abolicionistas.

Aunque Ricardo y Josefa se asentaron definitivamente en la capital entrerriana durante la década de 1840, las fuentes notariales atestiguan que mantuvieron sus posesiones en San Borja al menos hasta 1853, año en el cual otorgaron un poder especial para venderlas.²² A raíz de ello, durante esos años el comerciante brasileño continuó viajando a Brasil, como lo prueba una solicitud al gobernador Justo José de Urquiza en 1848 para sacar caballos, mulas y sirvientes de la provincia.²³Ese mismo año el matrimonio procedió a nombrar apoderados en aquella villa para que los representasen en todos los asuntos civiles o penales.²⁴

En relación con sus esclavos, en la lista elevada aquel año por el comandante militar de Paraná aparece Josefa como propietaria de siete esclavos (Sosa, 2020). Como mostraremos más adelante, la diferencia en la cantidad de sujetos consignados como esclavizados respecto del padrón de 1844 posiblemente esté relacionada con la condición jurídica ambigua en que algunos de ellos se encontraban. Gracias al padrón provincial de 1849 sabemos, no obstante, que aquellos sujetos continuaban viviendo en la propiedad de Ricardo, aunque en esta última ocasión solamente tres de ellos fueron señalados como esclavos por parte del empadronador.²⁵

En diciembre de aquel año Ricardo se presentó ante el escribano Calderón para otorgarle un poder especial a Mariano Sosa, residente en el pueblo de Goya de la provincia de Corrientes, para que capturase a José, un “mulato brasileño de oficio zapatero”, un esclavo del comerciante portugués que se encontraba prófugo en aquel lugar.²⁶ De acuerdo con lo expuesto por Ricardo, José había ido con licencia del gobernador delegado de Entre Ríos a cumplir órdenes suyas; no obstante, una vez allí había desconocido su autoridad y se había quedado en Goya.²⁷ Por esta razón, daba poder a Sosa para que lo capturase, se apoderase de los bienes que hubiese adquirido durante el período en que el esclavo había estado prófugo y lo vendiese por el precio que dicho apoderado conviniera.

Nuevamente Ricardo Ferreira utilizaba la legislación vigente en su favor. En efecto, aunque las leyes antiesclavistas estaban poniendo en jaque al sistema esclavista en la región, el derecho de propiedad de los amos estaba fuera de discusión. Además, el mantenimiento de buenas relaciones diplomáticas con el Imperio del Brasil era un factor de importancia. Particularmente, en 1838 había sido sancionada una ley en la provincia de Corrientes que estipulaba la devolución de los esclavos pertenecientes a súbditos brasileños que contra la voluntad de sus señores se hallaren en territorio de la Confederación Argentina (Da Costa, 2013; Grinberg, 2009).²⁸ Si bien no existen alusiones a esta ley en la solicitud de Ferreira –quizás porque este ya fuera por aquel entonces considerado como vecino de Paraná–, su vigencia resulta indicativa de la postura que las autoridades de la Confederación solían adoptar frente a ese tipo de conflictos.

Las fuentes disponibles nos impiden conocer si José fue hallado por Sosa y si este último procedió efectivamente a su venta. No obstante, es importante señalar que el simple hecho de haber sido expresado como voluntad por parte del amo frente a un escribano confirma que la prohibición de comercializar esclavos provenientes del extranjero sancionada en el Estatuto Provisorio no era aplicada de manera tajante por las autoridades entrerrianas.

En 1850 Ricardo acudió nuevamente ante el escribano Calderón, aunque esta vez por un motivo diferente. Fue para otorgar la carta de libertad a su esclavo Agustín. Lo curioso del caso no es la manumisión en sí, sino la forma en que esta tuvo lugar. De acuerdo con el documento, se dio por la “filantropía” de Urquiza, por entonces gobernador de la provincia.²⁹En efecto, Ferreira había recibido 250 pesos en moneda metálica de manos del juez de paz Demetrio Icart, los cuales habían sido suplidos por el mismo Urquiza, motivo por el cual aquel declaraba a Agustín como persona libre. No era la primera vez que el gobernador ponía en práctica ese procedimiento. Para premiar los servicios del soldado Francisco Cuello, en 1849 había dispuesto la manumisión por compra de su madre Gregoria (Bosch, 2001; Candioti, 2016). Ese mismo año dispuso que se entregaran 150 pesos de la caja de hacienda de la provincia a Pedro Maruri, con el objetivo de otorgar la carta de libertad a su esclava María Rosa (Sosa, 2021).

Esta práctica contaba con algunos antecedentes en el contexto rioplatense. Luego de las invasiones inglesas de 1806-1807, como mostró Peter Blanchard (2014), las autoridades del cabildo habían decidido otorgar la libertad a aquellos esclavos que habían sido heridos de gravedad como consecuencia de su participación activa en la defensa de Buenos Aires. A su vez, habían ofrecido la posibilidad de manumisión a los demás esclavos que habían luchado, mediante la realización de un sorteo. Este tuvo lugar a través de una ceremonia sin precedentes realizada en la plaza central. Esa práctica se repetiría en 1812 y 1813 con motivo de las fiestas mayas. En dichas ocasiones, no obstante, el sorteo se extendió para todas las personas esclavizadas que fueran consignadas previamente en un registro conformado para tal fin (Castellano Sáenz Cavia, 1981).

A su vez, las manumisiones llevadas a cabo por Urquiza guardaban relación con el modo en que el caudillo entrerriano había construido su hegemonía política en la provincia, caracterizada por un liderazgo de tipo personalista, que incluía el usufructo de facultades extraordinarias, el manejo discrecional de las rentas públicas y prácticas permanentes de intercambio con los sectores subalternos a través de sus intermediarios (Schmit, 2010). Acerca de sus motivos, en una carta enviada en 1851 al gobernador delegado Antonio Crespo, en ocasión de ayudar a manumitir a una mujer esclavizada llamada Tránsito Villamea, Urquiza justificaba su intervención afirmando que “aunque no haya una ley escrita que favorezca en este caso a los esclavos, está sin embargo la suprema ley de las leyes, la razón y la justicia que de sus principios emana”.³⁰

Más allá del compromiso real con esas ideas por parte de Urquiza, la reiteración de esa práctica revela una política abolicionista peculiar: realizada fuera de la arena legislativa y judicial, arraigaba en el poder discrecional del gobernador, el cual escogía a quienes debían ser beneficiados con la compra de su libertad. Dicha práctica, a su vez, no representaba una amenaza para los propietarios, quienes eran resarcidos económicamente por el valor de sus esclavos. En línea con las leyes antiesclavistas promovidas a través del Estatuto de 1822, se trataba de una medida que buscaba ampliar el derecho de libertad sin atentar contra el de la propiedad privada.

Ese dilema estaría presente en la abolición misma de la esclavitud sancionada en la Constitución Nacional de 1853. Como señala Magdalena Candioti (2016), lejos de los radicales discursos revolucionarios que sostenían la libertad e igualdad de todos los hombres y los derechos naturales a ellas, en aquella ley primó la lógica del derecho de propiedad, pues se estableció la indemnización de los amos. Por otro lado, la cuestión sería retomada unos años después en el tratado de extradición de esclavos entre Brasil y la Confederación de 1857,³¹ cuando se dispuso que los esclavos que atravesaran la frontera del imperio sin el consentimiento de sus amos, o en contra de su voluntad, debían ser devueltos a Brasil, siempre y cuando la propiedad de los cautivos en cuestión fuera probada y el esclavo no fuera castigado por su fuga (Grinberg, 2009). Habría que esperar a la reforma constitucional de 1860 para que el principio de suelo libre fuera garantizado en la República Argentina.³²

Probablemente esas medidas fueran acompañadas de cerca por Ricardo Ferreira, quien luego de la abolición definitiva de la esclavitud en la Confederación Argentina continuaría beneficiándose de esa institución en territorio brasileño. De hecho, en 1857 Ferreira otorgó un poder a Laurindo Porteo para vender unos esclavos que había heredado de sus padres en la antes mencionada Villa del Príncipe.³³ Si bien la abolición en Argentina impedía que el comerciante brasileño trasladara a su residencia en Paraná a esos sujetos manteniendo su condición de esclavos, la nueva legislación no alteraba su condición de propietario de esclavos en Brasil, donde la esclavitud recién sería abolida en 1888.

Aquel sería el último registro documental referido a Ferreira hallado en Paraná. Un año después, en 1858, fallecería su esposa Josefa.³⁴Quizás a raíz de ello Ricardo decidió volver a Brasil. Un indicio para pensar esto último se encuentra en la partida de defunción de Josefa, en la que se aclara que su cuerpo fue exhumado en 1860, procedimiento que suele estar relacionado con la necesidad de traslado a otro territorio. Como sea, las fuentes disponibles impiden saberlo con certeza.

Los esclavos de la familia Ferreira Antunes

Además de la cantidad de sujetos esclavizados registrados en la casa de Ricardo y Josefa en 1844, lo que llama la atención son sus edades. Cabe señalar que la legislación de vientre libre había sido ratificada a nivel provincial en el Estatuto de 1822. Esto había repercutido en la disminución de la población esclavizada y en su progresivo envejecimiento hacia la década de 1840. Sin embargo, dicha legislación no alcanzaba a los esclavos que arribaran junto a sus amos provenientes desde el extranjero. Esta parecía ser la situación de los esclavos registrados en la casa del matrimonio Ferreira Antunes, teniendo en cuenta que todos los residentes fueron señalados como provenientes de Brasil.

El cruce con otros registros revela, no obstante, ciertas contradicciones. El más evidente es el de Manuel, quien, como se advierte en la Tabla Nº 1, fue consignado como esclavo brasileño de un año de edad. Sin embargo, al seguir la pista del nombre propio se advierte que el niño fue bautizado en Paraná en 1843, y registrado de acuerdo con la legislación vigente como liberto.³⁵ En el padrón de 1849, por su parte, aparece sólo como sirviente, mientras que en la columna “Patria” se lo señala como nacido en Entre Ríos.³⁶ Algo similar ocurre con Clara y Manuela: a pesar de haber sido registradas como esclavas nacidas en Brasil en el padrón de 1844, en 1849 fueron consignadas como sirvientas oriundas de Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente.³⁷ Por otro lado, ninguna de estas personas fue colocada en la lista de esclavos y amos de 1848.³⁸

Esas diferencias en el empadronamiento revelan la ambigüedad y fragilidad de la condición jurídica en la que los hijos de mujeres esclavizadas se encontraban. En efecto, durante este período en el territorio de la Confederación muchos libertos siguieron siendo censados, tratados e incluso vendidos como esclavos (Candioti, 2016). Como observa Paulina Alberto (2018) para el caso de Buenos Aires, ello era particularmente cierto en la esfera del servicio doméstico, en la cual formas de esclavitud más o menos disfrazadas podían persistir sin ningún tipo de control.

En relación con las personas esclavizadas que sí habrían arribado junto al matrimonio desde Brasil, las fuentes disponibles no brindan información precisa acerca de cómo era su vida antes de llegar a Paraná. Siguiendo a Da Costa (2013), en las estancias del sur del Imperio del Brasil los sujetos esclavizados solían desempeñarse como criadores, domadores, labradores, canoeros, sastres, cocineros, zapateros, además del trabajo doméstico y artesanal. De acuerdo con los padrones provinciales de 1844 y 1849, una vez en Paraná se habrían dedicado mayormente al trabajo doméstico, con la excepción de Ventura que en 1849 fue consignado como platero.³⁹

Por otro lado, los registros notariales indican que al menos Evaristo y Lorenzo sabían leer y escribir, y que eran los encargados de firmar a ruego de sus amos, que eran analfabetos.⁴⁰ No es un dato menor. Resulta extraño cómo una persona dedicada al comercio como era Ricardo Ferreira tuviera que depender de sus esclavos para realizar cualquier operación económica o jurídica. Quizás ello guardaba relación con el desconocimiento del idioma español, dado su origen brasileño. No obstante, Evaristo y Lorenzo también provenían del Brasil. Lamentablemente, las fuentes no brindan mayores precisiones al respecto. Como sea, encontrar a estos sujetos esclavizados firmando a ruego de sus amos hace suponer que habrían desempeñado tareas más especializadas de lo que los padrones sugieren. A su vez, el hecho pone en evidencia la dependencia que el amo tenía con relación a sus esclavos. En efecto, la presencia de Evaristo o Lorenzo habría sido imprescindible en la concreción de los negocios de Ricardo.

Más allá de los límites de las fuentes, las ocupaciones de los esclavos sugieren diferencias de género. No es casual que el único esclavo de la lista registrado con un trabajo especializado sea varón –al cual se puede agregar José, el esclavo fugado con oficio de zapatero–, mientras que las mujeres esclavizadas aparecen indistintamente asignadas al trabajo doméstico. Ello se ve mejor reflejado en el hecho de que los únicos sujetos alfabetizados que habitaban en la propiedad del matrimonio brasileño eran también varones. Como sugiero en otro trabajo, es posible que esas diferencias de género en las trayectorias personales hayan repercutido en mejores oportunidades laborales y salariales para los varones antes que para las mujeres luego de la abolición de la esclavitud (Sosa, 2021).

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué sucedió con estas personas a partir de 1853, cuando fue sancionada la abolición definitiva de la esclavitud en la Confederación Argentina. La respuesta no es fácil. Esto se debe a la dificultad que presentan las fuentes para reconstruir la vida de estos sujetos en el período posabolicionista. En efecto, con la abolición desaparece la marca diferenciadora de la condición jurídica, y a partir de entonces hay que confiar únicamente en el nombre de la persona. Y, como es sabido, los esclavos adoptaban el apellido de sus amos, cambiando conforme se produjera su venta, razón por la cual no constituye un indicio seguro. Particularmente en lo que respecta a la ciudad de Paraná, a veces se encuentran marcas fenotípicas que permiten confirmar la conexión; no obstante, estas aparecen de forma esporádica en los registros. Como sea, en el censo nacional de 1869 encontramos a cuatro de los sujetos que habían sido esclavos del matrimonio Ferreira Antunes.

Tabla N 2º

Exesclavos de la familia Ferreira Antunes en el Censo Nacional de 1869

Elaboración propia. Fuente: Family Search. Argentina, Censo Nacional de 1869

Si bien no es posible saber con certeza cómo se decidió su libertad, gracias a los registros judiciales se advierte que no pasó demasiado tiempo hasta que abandonaron la casa de sus antiguos amos. Luego de 1853 Joaquín y Salvador adquirieron terrenos en los suburbios de la ciudad.⁴² Al menos en el caso de Joaquín, se trató de una donación realizada por el cura párroco de la Iglesia Catedral de Paraná, Miguel Vidal.⁴³ Si bien las fuentes no permiten asegurarlo con certeza, Salvador también habría recibido su terreno mediante donación de la Iglesia: como se desprende del expediente para acreditar su posesión, dicho terreno era contiguo al que había sido donado a Joaquín; por otro lado, su madre Mariana –antigua esclava del matrimonio brasileño– había recibido la misma donación.⁴⁴ Quizás Felipe y Lorenzo gozaran del mismo beneficio; no obstante, no se encontraron documentos que permitan seguir esa hipótesis. Como sea, dichos terrenos se ubicaban al sureste, en los suburbios de la ciudad.⁴⁵ No es un dato menor. Aunque el trazado en damero determinaba la orientación física de las personas en Paraná, como señala Rubén Reina (1973), en aquella época la orientación social se determinaba más bien por la distancia en torno a la plaza central. Localizadas más allá de la zona de quintas –en lo que posteriormente sería conocido como zona de barrios–, las propiedades de aquellos sujetos poseían escaso valor en términos económicos y sociales.⁴⁶

La realización de aquellas donaciones de terrenos por parte de la Iglesia estaría enmarcada en un proceso más amplio de relocalización de la población antiguamente esclavizada que estaba teniendo lugar en la ciudad desde la implementación efectiva de las políticas abolicionistas. Al menos esa ha sido la hipótesis que ha prevalecido entre los investigadores para explicar la concentración de familias afrodescendientes en la región noroeste de la ciudad.⁴⁷De acuerdo con ella, la población liberta habría ocupado progresivamente tierras marginales que eran parte de la Iglesia, y que comprendían la zona de barrancas, la costa, el puerto y sus adyacencias, lo cual condujo a que dicha zona fuera identificada como “barrio del tambor” o “barrio del candombe” en algunos relatos y testimonios de la segunda mitad del siglo XIX (Musich, 2020; Richard, 2021; Richard y Schávelzon, 2021). Sin pretender cuestionar esa hipótesis, la constatación de la localización de los terrenos adquiridos por los antiguos esclavos del matrimonio Ferreira Antunes en la zona del arroyo Saucecito revela que, al menos desde la década de 1850, la población afrodescendiente ya no se habría ubicado exclusivamente en el noroeste de la ciudad.

Retomando la información consignada en el primer censo nacional, se advierte que Joaquín se encontraba viviendo con Liberata Riberos, una mujer de 29 años nacida en la ciudad, con quien había contraído matrimonio dos años antes.⁴⁸ Hija natural de una madre de escasos recursos, cuando era una niña Liberata había sido entregada a la familia para la cual dicha madre servía, con el propósito de que recibiera una correcta alimentación, abrigo y educación.⁴⁹ A cambio, la niña debía prestar servicio a la familia hasta la edad de su emancipación. Como señala Candioti (2021), era un hecho corriente la cesión de derechos de patronato o de la patria potestad temporaria por parte de madres de color a personas de situación económica más aventajada. Aunque se trataba de un contrato celebrado voluntariamente entre las partes, las condiciones eran similares a las que regían para los libertos. Como sostiene Alberto (2018), se encontraba en el área gris en la cual las diferencias entre el trabajo libre y el trabajo coercitivo no estaban tan claras. Como sea, por la educación recibida, y a diferencia de su esposo, Liberata sabía leer y escribir.⁵⁰

Sin formalizar su vínculo a través del matrimonio, Salvador se hallaba conviviendo con Dorotea Sandoval, una mujer de 40 años nativa de Entre Ríos. Acerca de su oficio, fue registrada como sirvienta. Al igual que Salvador, Dorotea era analfabeta. Por los registros eclesiásticos se sabe que dos años después del censo ambos deberían afrontar la pérdida de una hija.⁵¹ Felipe, por su parte, fue registrado junto a su hijo Tomás Balbín de cinco años. Aunque se trataba de un hijo natural, se conoce que provenía de ese vínculo gracias al reclamo por herencia realizado por Juana Balbín luego de la muerte de Felipe.⁵² Cuatro años después del censo, Tomás fallecería como consecuencia de la viruela.⁵³ En lo que respecta a Lorenzo, si bien fue registrado como casado, las fuentes disponibles no brindan más detalles.

Los registros judiciales y eclesiásticos muestran que, luego de abandonar la casa de sus amos, los exesclavos de la familia Ferreira Antunes mantuvieron contacto entre sí. En 1868, con el objetivo de acreditar los derechos de posesión del terreno que había sido de su madre, Salvador se comunicó con Felipe para que testificara a su favor. Este último respondió el interrogatorio y, luego de señalar que conocía a Salvador y a su madre Mariana, corroboró la posesión efectiva del terreno por parte de aquellos.⁵⁴Años después, al momento de certificar la posesión de otro terreno, Salvador acudió a Joaquín. Como Felipe antes, Joaquín contestó afirmativamente a las preguntas del interrogatorio.⁵⁵ Por otro lado, como se indicó más arriba, en el bautismo de la hija de Manuela apareció Lorenzo Silva como padrino.⁵⁶ Si bien es arriesgado establecer generalizaciones, estos registros ponen de manifiesto que, incluso luego de la abolición definitiva, la experiencia de la esclavitud, la ascendencia africana y la condición de migrantes continuaban siendo factores de peso a la hora de elegir padrinos o buscar testigos.

Acerca de los oficios de quienes habían sido esclavos de Ricardo y Josefa, se observa en los datos consignados en el primer censo nacional que al menos Joaquín, Salvador y Lorenzo habían conseguido incorporarse en el incipiente mercado de trabajo libre que se estaba configurando en la ciudad. Las destrezas necesarias para llevar a cabo aquellos oficios posiblemente las habían adquirido trabajando en condiciones de esclavitud para la familia Ferreira Antunes. En efecto, se puede inferir que por aquellos años Joaquín habría sido empleado como labrador en las estancias de Ricardo y Josefa, mientras que Salvador habría estado implicado más bien en las actividades comerciales. Sobre el oficio de Lorenzo, como se indicó más arriba al referirse al padrón de 1849, también era un tipo de trabajo que los esclavos del matrimonio habían realizado. Por otro lado, si bien el empadronador de 1869 no registró ningún oficio para Felipe, gracias a las fuentes judiciales se conoce que se desempeñaba como techador.⁵⁷

La igualación jurídica y la consecuente posibilidad de incorporarse en el mercado libre de trabajo, sin embargo, tenían límites claros para estos sujetos que habían atravesado la experiencia de la esclavitud. Esos límites guardaban relación con las representaciones negativas acerca de la población no europea difundida por la elite política e intelectual que por aquellos años comandaba el proceso de construcción del Estado-nación argentino. Esa elite había diagnosticado que la raíz del atraso en el que se encontraba el país se vinculaba con la inferioridad de sus componentes raciales. Abrevando en esas ideas, desde la década de 1850 el gobierno de Urquiza estaba promoviendo la formación de colonias agrícolas y la introducción de inmigrantes europeos que “renovaran la raza”, entendiendo que esa transformación vencería por sí misma a la barbarie (Suárez y Tornay, 2011). La igualdad jurídica difundida por la Constitución de 1853 convivía, entonces, con una jerarquía más o menos oculta que postulaba la superioridad de los sujetos blancos y europeos por sobre los mestizos, negros, mulatos e indios.

Más difícil de advertir, aunque no por ello menos importante, esa jerarquía racializada tenía un correlato en las experiencias cotidianas de los africanos y sus descendientes. Algunos indicios para pensar esta cuestión en el contexto paranaense se encuentran en los relatos de memoria de la época. En este sentido, en su libro de recuerdos históricos del período en el que Paraná fue capital de la Confederación Argentina (1853-1860), Juan Giménez (1906) narra un suceso que tuvo como protagonistas a un grupo de artistas afrodescendientes. Específicamente, se trataba de dos “morenos” que quisieron presentar una obra de teatro en la ciudad, pero no fueron bien recibidos por el público paranaense: una vez levantado el telón, los espectadores comenzaron a silbarles, gritarles y arrojarles objetos. Más allá de la excepcionalidad del hecho, este pone en evidencia que, a pesar de haber alcanzado la igualdad jurídica, e indistintamente del capital económico y cultural que adquirieran durante el período posabolicionista, los afrodescendientes se encontraban inmersos en una sociedad que los marcaba y concebía como racialmente inferiores.⁵⁸

Conforme se avanza en el tiempo se hace más difícil seguir el rastro de los antiguos esclavos de la familia Ferreira Antunes. En relación con Joaquín y Lorenzo, las fuentes disponibles no arrojan ninguna información. Gracias a su testamentaria, se sabe que Felipe falleció en 1876. Si bien entre sus pertenencias se hallaba un título de propiedad, el inventario muestra que se trataba de una persona pobre. En la descripción de la casa se aclaraba que estaba en muy malas condiciones, con el techo completamente desecho.⁵⁹En el segundo censo nacional, implementado en 1895, solamente se encontró a Salvador. Este declaró tener 67 años, estar soltero y provenir de Brasil.⁶⁰ Pese a su edad avanzada, continuaba trabajando. En dicha ocasión fue registrado como jornalero.

Reflexiones finales

Mi interés inicial en explicar las razones específicas de por qué durante la década de 1840 en Paraná la mayor cantidad de población esclavizada era propiedad de un matrimonio de origen portugués me condujo a revelar un complejo entramado de relaciones comerciales transfronterizas, leyes provinciales, acuerdos internacionales y negociaciones personales, poco explorado hasta el momento por los investigadores de la esclavitud y su abolición en la región. Como intenté mostrar a lo largo del trabajo, todo ello tuvo consecuencias concretas sobre las personas esclavizadas y sus amos. Ciertamente, fueron los últimos quienes pudieron aprovechar mejor las oportunidades ofrecidas por una legislación ambigua e ineficientemente controlada, así como por su mayor cercanía a las esferas de poder político de la ciudad.

Mediante la vinculación nominal con otros registros fue posible reconstruir algunos aspectos relativos a la vida del matrimonio Ferreira Antunes y sus esclavos en la villa de San Francisco de Borja. La dinámica comercial de esa región de frontera, basada en la explotación agropecuaria, habría conducido a Ricardo a la capital entrerriana; luego de algunos años decidió asentarse allí definitivamente llevando consigo a su familia y sus esclavos. Esto último fue posible gracias a la legislación antiesclavista vigente en Entre Ríos que, si bien estaba anulando la mayoría de las vías para el abastecimiento de esclavos en la región, había dado marcha atrás en la implementación del principio de suelo libre, permitiendo que extranjeros que arribaran a la provincia pudieran mantener la propiedad de sus esclavos. Decisión esta última no solamente relacionada con la injerencia de los propietarios de esclavos, sino también con el mantenimiento de buenas relaciones diplomáticas con el imperio esclavista del Brasil.

Como puse en evidencia, la gran cantidad de personas esclavizadas registradas en la casa de Ricardo y Josefa en el padrón de 1844 se relacionaba, a su vez, con un control poco efectivo de la condición legal de los africanos y sus descendientes. En efecto, mediante el cruce con otros registros se observó que, al menos Manuel, Clara y Manuela, deberían haber sido consignados como libertos. Esa falta de control de la legislación vigente había permitido, por otro lado, que Ricardo pudiera vender esclavos arribados desde el extranjero, como sucedió en 1841 con María Francisca, y como presuntamente ocurriría con José, el esclavo fugado en Corrientes.

Por medio del seguimiento de la trayectoria de la familia pude reconstruir también el modo en el que los sujetos esclavizados conquistaron su libertad (aunque fuera de carácter precario y temporal). Uno de ellos fue la fuga, como ocurrió con el antes mencionado José. Otra vía fue la manumisión por compra, como sucedió con Agustín. La indagación en esta última, por su parte, me llevó hasta el mismísimo gobernador Urquiza, y hacia una práctica que, por su reiteración en distintas ocasiones, podría ser concebida como una verdadera política abolicionista en la provincia de Entre Ríos.

Por otro lado, esa misma estrategia metodológica me permitió encontrar a algunos de los antiguos esclavos de la familia Ferreira Antunes reclamando por la posesión de terrenos durante las décadas posteriores a la abolición definitiva de la esclavitud. Gracias a esos registros, advertí que luego de esta última tanto Salvador como Joaquín habían adquirido tierras en los suburbios al sureste de la ciudad y que, al menos en el caso de Joaquín, se trataba de donaciones realizadas por la Iglesia. Aunque se trate de un caso específico, sostengo que esos registros constituyen un indicio para pensar el modo en el que la población afrodescendiente fue relocalizada durante el período posabolicionista.

Por último, gracias a los censos nacionales pude observar que, además de Salvador y Joaquín, Felipe y Lorenzo continuaban viviendo en la ciudad, y que todos ellos se habían incorporado exitosamente al mercado de trabajo libre. En este sentido, es probable que los oficios que pasaron a desempeñar los hubieran aprendido durante su época como esclavos de Ricardo Ferreira. No obstante, las posibilidades de acumulación de capital y ascenso social no parecen haber sido muy amplias, como muestran la testamentaria de Felipe y la necesidad de Salvador de continuar trabajando como jornalero hacia el final de su vida. Como señalé, los obstáculos para la movilidad social guardaban relación con su raza. Para la elite gobernante, que les fuera mal a los sujetos imaginados como negros, mestizos e indios parecía confirmar su inferioridad e incompatibilidad con el mundo civilizado. Las teorías evolucionistas de carácter racista, por su parte, habían otorgado un carácter científico a esos postulados. A partir de ese diagnóstico, las políticas en materia demográfica y laboral encontraron en el estímulo a la inmigración europea la respuesta a la creciente necesidad de mano de obra, lo que reducía las posibilidades para que la población nativa no especializada pudiera acceder a los beneficios del mercado capitalista en expansión.

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Notas

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