ANEXO DOCUMENTAL
Sabrina Rosas
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
rosas.sabrina7@gmail.com
Cita sugerida: Rosas, S. (2016). Violencia e invisibilidad indígena. La cuestión de los pueblos originarios durante el primer peronismo. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 16(1), e013. Recuperado de http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAv16n1a13
Resumen
El presente trabajo busca profundizar en el análisis de los vínculos
existentes entre el primer gobierno peronista y la cuestión indígena,
centrándose en las políticas gubernamentales desarrolladas por el
gobierno de Perón frente a dos fuertes conflictos violentos que tuvieron lugar
entre 1946 y 1947: el “Malón de la paz”, la movilización
indígena llevada a cabo entre mayo y agosto de 1947, cuando 174 kollas caminaron
2000 kilómetros desde la Puna y el valle de Orán hasta la Capital Federal
para reclamar por la titularidad de sus tierras, en manos de terratenientes y en
denuncia de las condiciones de explotación en las que trabajaban; y
“Masacre de Rincón Bomba”, el conflicto desarrollado en una
pequeña localidad de Formosa, cuando indígenas de comunidades wichi,
tobas y principalmente pilagás fueron masacradas por la Gendarmería
Nacional en un confuso episodio, que sale a la luz hace pocos años. El objetivo
en ambos puntos es doble: por un lado analizar la relación entre los intereses e
intenciones del gobierno de Juan Domingo Perón para con las comunidades
originarias, visibilizando su existencia y sus condiciones de vida en tanto sujetos de
derechos históricamente vulnerados. Por otro, abrir el debate
historiográfico sobre el quehacer de los historiadores respecto de una
temática que ha sido silenciada durante décadas, negando la existencia y
la identidad de los pueblos originarios.
Palabras clave: Indígenas; Peronismo; Movilización; Represión.
Indigenous communities in the first Peronism government. Political violence and historiographical silence
Abtract
This article seeks to deepen the analysis of the links between the first Peronist
government and the indigenous issue, focusing on government policies developed by the
government of Perón against two strong violent conflicts that took place between
1946 and 1947: the "Malón de la paz" an indigenous mobilization carried out
between may and august 1947, when 174 kollas walked 2,000 kilometers from the Puna and
valley Oran to Buenos Aires to demand ownership of their lands in the hands of
landowners and in denouncing the operating conditions in which they worked; and "la
Masacre de Rincón Bomba", the conflict developed into a small town of Formosa,
when wichis's indigenous communities, tobas and pilagás were massacred by the
National Gendarmerie in a confusing episode, which comes to light a few years ago. The
goal in both points is twofold: firstly to analyze the relationship between the
interests and intentions of the government of Juan Domingo Perón for the
indigenous communities, making visible their existence and their living conditions
historically as subjects of rights violated. Secondly, open the historiographical
debate on the work of historians regarding a subject that has been silenced for
decades, denying the existence and identity of indigenous peoples.
Keywords: Indigenous; peronismo; mobilization; repression.
El presente trabajo busca indagar y reflexionar en torno a las políticas de Estado desarrolladas durante el primer gobierno peronista respecto de la cuestión indígena, período en que se suscitaron medidas y reformas inéditas para los sectores más vulnerables de la sociedad. El desarrollo de estas políticas inclusivas que contemplaban las necesidades de distintos sujetos, entre ellos las comunidades originarias de distintas regiones del país, incentivaron la articulación de organizaciones político-étnicas que buscaban en el Gobierno respuestas a demandas por una mejor calidad de vida. Sin embargo, estos procesos no estuvieron exentos de tensiones en el interior de las decisiones gubernamentales. En este sentido, se buscará reflexionar respecto a las contradicciones que se vislumbran en los vínculos entre el Estado peronista y los pueblos originarios ejemplificadas en dos acontecimientos: El Malón de la Paz de 1946 y la Masacre de Rincón Bomba de 1947.
A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, el Estado argentino ha entablado diversos tipos de vínculos con comunidades originarias a lo largo y a lo ancho del territorio, que modularon entre tratados y alianzas por la vía diplomática, y políticas de usurpación y desplazamientos territoriales mediante el ejercicio de la fuerza. Estos procesos han sido abordados por el campo historiográfico de forma disímil trayendo como correlato la elaboración de discursos instalados hegemónicamente, que supieron entender a estas sociedades muchas veces de forma acrítica y descontextualizada.En este marco, el abordaje de la cuestión indígena se presenta como un gran desafío desde el campo de la historia, pues requiere de una ardua revisión y un replanteo de miradas que permitan dar cuenta de la compleja y heterogénea dinámica entablada entre el Estado argentino – en sus diversas etapas– y las organizaciones político-étnicas de las comunidades indígenas.
Los relatos que tradicionalmente ha generado la historiografía fueron conjuntamente construidos con la ausencia de otras narraciones dignas de ser problematizadas. Mediante un recorte selectivo del pasado, la historia nacional se esgrimió bajo la idea de que la nueva sociedad argentina fue construida luego de un proceso de enfrentamiento y posterior extinción de los pueblos originarios. Estos mecanismos de recuperación del pasado nacional son el producto de construcciones políticas e ideológicas en donde los relatos se nos aparecen como mal recordados o mal contados hasta incluso hasta verse reducidos a la ausencia del relato (Delrio, 2014). Estos criterios de selección y olvidos establecieron qué historia había para contar, negando la heterogeneidad y los dinámicos procesos históricos así como el rol que los indígenas cumplieron en ellos. Consecuentemente, potenciaron la construcción y el fortalecimiento de una gran variedad de estereotipos y preconceptos, muchos de los cuales continúan vigentes en el imaginario social.
La clásica dicotomía civilización versus barbarie propia de la sociedad decimonónica ha tendido a reducir la problemática hacia el enfrentamiento de dos sociedades antagónicas. Desde la literatura, el periodismo o la fotografía, distintos teóricos e intelectuales ayudaron a profundizar esta dicotomía, en donde indio es sinónimo de barbarie y, como tal, resulta ser la gran traba hacia el “progreso”. Una barbarie conceptualmente irreductible, que limitaba una frontera cuya expansión se veía legitimada dentro de un imaginario colectivo de nación en crecimiento, y en la cual se irá generando la invisibilización de aquellos grupos indígenas como mecanismo funcional al proceso de expropiación de sus tierras (Nicoletti, 2007). Así, la incorporación del “otro” indígena se dará a partir de su exterminio (y por ende su desaparición) y/o a partir de su introducción al mundo civilizado, pasando por un proceso de homogeneización identitaria y cultural. Ambos caminos derivan en el “desvanecimiento de su identidad” a partir de patrones de invisibilización.
Desde los albores del siglo XIX el Gobierno de Buenos Aires propició el establecimiento de fuertes vínculos con ciertas comunidades indígenas organizadas en cacicazgos representadas por líderes-caciques con gran autoridad (Bechis, 2007). La conocida política del “Negocio Pacífico con los Indios” se fue configurando en complejos entramados de autoridades que intentaron cíclicamente fortalecer las negociaciones y los acuerdos con los llamados “indios amigos” de la frontera sur. Dichas prácticas diplomáticas, fortalecidas durante los gobiernos rosistas, pretendieron crear un marco de relaciones pacíficas que les permitiera mantener el control de la frontera y propiciar el gradual avance poblacional sobre territorio indio. El Gobierno de Buenos Aires negociaba cotidianamente con las tribus a través de sus caciques, asentados en el territorio provincial sobre la línea de frontera, acordando intercambios, otorgando permisos laborales en haciendas o bien propiciando modificar los hábitos de asentamientos ligados a la alta movilidad de las comunidades.
Tradicionalmente, estos grupos han sido interpretados desde el campo académico como “víctimas” de un proceso de “asimilación cultural”. Sin embargo, lejos de tratarse de situaciones homogéneas de subordinación y asimilación, el espacio de las fronteras constituyó un ámbito fluctuante de situaciones de confrontación y de prácticas diplomáticas (De Jong, 2011) en el cual la figura de “indios amigos” no fue ni homogénea ni fija, sino vacilante y dinámica. La acción política indígena asumió diversas formas, tanto bajo el mando de liderazgos estables como por fuera de las demarcaciones étnicas. La práctica de tratados diversificó los procesos de negociación desde la creación de nuevos vínculos con caciques que se convirtieron en representantes políticos más estables, vistos así tanto desde el Estado como desde las comunidades que representaban (De Jong, 2011: 134). En este sentido, dichas relaciones, lejos de significar un ejercicio de subordinación del accionar indígena a favor del dominio estatal, las alianzas y los vínculos basados en la reciprocidad, fueron la clave en el proceso de interacción entre cada sociedad, en donde los caciques amigos fueron un eslabón fundamental como mediadores entre grupos indígenas que defendían su autonomía en “Tierra Adentro” y el Estado, interesado en avanzar sobre sus territorios (Cutrera, 2013).
En este marco, como plantea Ingrid De Jong, “el supuesto asimilacionista que caracterizó al análisis de estas relaciones políticas no hace más que anticipar la subordinación e invisibilización étnica por la que pasarían las sociedades indígenas luego de la Campaña del Desierto” (De Jong, 2011: 10). Se trata de un proceso de negación, olvido y silenciamiento que obliga a revisar conceptualizaciones fuertemente arraigadas en el quehacer historiográfico.
Sin lugar a dudas, la Campaña al Desierto resultó ser un quiebre en el desarrollo de políticas diplomáticas de alianzas y reciprocidad con las diversas comunidades de la frontera sur. En la década de 1870 se dio inicio al proceso de expansión de la frontera nacional hacia “Tierra Adentro” y con ella se daba fin al campo de la diplomacia y la negociación que había sido habitual desde la época de la independencia (Argeri, 2011: 311). En adelante, como plantea María Angeri (Argeri, 2011), los diversos cacicazgos que hasta entonces habían sido un eslabón clave en la cadena de vínculos y alianzas políticas para el control de la frontera, fueron sufriendo de manera gradual procesos de adecuación, y resistencias, así como la desarticulación interna. Este proceso se verá reflejado en dos grandes momentos: la disputa política perpetrada por el Estado liberal conservador en conformación, que forjó los cimientos de una concepción de la ciudadanía amparada en la ley del Estado republicano y liberal. La modernidad estatal pretendió contener a todos los ciudadanos argentinos en tanto sujetos con igualdad de derechos y obligaciones (Lenton, 2005). La expansión de la frontera por medio del uso de la fuerza procuró, por su parte, atender a los intereses económicos del capitalismo imperialista y liberal en la búsqueda de nuevas tierras para la producción de materias primas.
Las consecuencias de estas políticas fueron disímiles en las distintas sociedades indígenas del territorio. Las comunidades pertenecientes a la frontera sur que lograron sobrevivir a la campaña comandada por J.A. Roca se vieron envueltas en reacomodamientos territoriales obligatorios, desplazamientos a nuevas zonas como mano de obra barata, o asentamientos en colonias en zonas áridas (Salomón Tarquini, 2010). Por su parte, las comunidades de la zona norte del país, principalmente del noroeste, también sufrieron el impacto de la imposición estatal, viéndose obligadas a dejar sus antiguas tierras en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. La destribilización como estrategia de reorganización política y homogeneización racial (Delrio, 2005) fue una de los mecanismos aplicados desde el Estado para desintegrar todo tipo de autonomía política y de diversidad socio-cultural, elementos inaceptables para un Estado que procuró, desde el avance sobre los territorios indios hasta su domesticación jurídica, incorporarlos a la nación emergente.
Hasta la segunda década de 1920 perduró esta política de prevención y desarticulación indígena, aunque no sin resistencias. Tanto desde el interior de las comunidades como mediante la organización de manifestaciones y reclamos los grupos indígenas mantuvieron sus idearios y costumbres pese a las dificultades. El proceso de homogenización social por parte del Estado se verá interrumpido a mediados de la década de 1940, con la llegada de un nuevo modelo político de carácter interventor y populista. El peronismo abrirá una nueva etapa en la construcción de la identidad nacional y en la concepción de las disidencias culturales.
Este breve raconto sobre la cuestión indígena en Argentina da cuenta no solo del complejo entramado en las relaciones entabladas entre las sociedades indígenas, el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales, sino que también pone en tensión las conceptualizaciones clásicas que denotaron al indio como un sujeto ajeno y anecdótico respecto a su participación en el proceso histórico. En este marco, la emergencia de reclamos realizados por los descendientes de los pueblos originarios comenzó a cuestionar el quehacer historiográfico, que ha tendido a descuidar el estudio de estas sociedades, generando polémica respecto del rol que estos grupos debían ocupar en el contexto de la sociedad argentina. La reciente renovación de estudios y el acercamiento a la temática han permitido construir nuevas perspectivas relacionadas con el ámbito de la etnohistoria y de la arqueología, superando muchos de los límites tradicionales y generando nuevas formas de interpelar el pasado. Junto a ellas, la elaboración de paradigmas de investigación alternativos busca modificar la mirada tradicional construida en torno al mundo indígena, cuestionando los antiguos estereotipos. Pese a ello, aún queda mucho camino por recorrer en el desafío por superar la “incomodidad” de los historiadores (Mandrini, 2007) sobre la cuestión indígena, surgida a partir del desconocimiento, así como también de la ausencia de todo intento por comprender y explicar el complejo funcionamiento de la sociedad aborigen, de la reproducción de estereotipos tendientes a reducir la mirada a la guerra y la frontera, sustentando las imágenes del mundo indígena vigentes en el imaginario colectivo.
El derrocamiento de Ramón Castillo tras la autodenominada “Revolución de Junio” abrió un proceso gradual de reconfiguraciones políticas y sociales que alteró la confluencia de nuevos vínculos entre el Estado y los pueblos indígenas. Desde 1943, Juan Domingo Perón se encargará de concordar el panorama gubernamental con diversos sectores sociales y, en especial, a poner en marcha el establecimiento de lo que se puede denominar “política indigenista”, tendiente a contener y atender diversas problemáticas y necesidades de estos grupos.
Según Argeri, el peronismo abrió una etapa de renovación política en donde las comunidades indígenas comenzarán gradualmente a ser revalorizadas (Argeri, 2011: 349) en tanto grupos de argentinos olvidados por las instituciones y sumergidos en una profunda pobreza y marginalidad. En este marco, en el conjunto de los pobres y “descamisados”, los indígenas parecieron intensificar su carácter marginal por su condición étnica.
El nuevo escenario comenzó a configurarse a través de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión (en adelante STyP). Creada mediante el decreto n° 15.047 el 27 de noviembre de 1943, la STyP absorbió dispersos organismos de la administración pública que tenían alguna incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los sectores populares.1 La organización inicial de la repartición en la STyP se basó en una estructura de siete direcciones generales, tres de ellas de apoyo al desempeño interno de las funciones, y una asesoría legal. Las direcciones medulares (Trabajo, Acción Social, Migraciones, Vivienda) revelaban una intervención estatal que sobrepasaba lo estrictamente vinculado con las relaciones capital-trabajo para absorber resortes que permitían articular una política social más amplia, destinada a restablecer o preservar el equilibrio social amenazado por las condiciones del desarrollo capitalista (Luciani, 2014).
Entre las grandes novedades que planteaba la disposición de la Secretaría, quizá la más relevante para el caso que ocupa a este texto fue la reasignación de delegados indígenas en su interior, representantes de las comunidades, que habían sido nombrados durante la década de 1930 por la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y cuyas tareas adquirieron nuevos sentidos con la aparición de la STyP (Mases, 2014).
La Comisión Honoraria de Reducciones de Indios2 quedó incorporada a la STyP para pronto pasar a conformar la Dirección de Protección al Aborigen, a cargo de Ángel Saturnino Taboada, por orden de Perón. Estas creaciones buscaron dar cuerpo a una nueva política nacional tanto para los territorios urbanos como rurales, en gran parte poblado por indígenas. En este marco, la creación de la Dirección de Protección Aborigen buscaba contener las problemáticas suscitadas por grupos indígenas principalmente en el ámbito laboral, sumada a la aplicación de derechos sociales en general. La designación de delegados indígenas, la promulgación de leyes contra el agio, la supresión de juicios por deudas o la promulgación del Estatuto del Peón para abolir las relaciones patronales-oligárquicas abusivas (Argeri, 2011: 354), fueron medidas que otorgaron a las comunidades étnicas originarias, herramientas políticas de defensa, posibilidad de reclamos y denuncias sin precedentes. A su vez, a partir de la creación del Consejo Agrario Nacional en 1940, la búsqueda de adjudicación de tierras a grupos indígenas y la instalación de escuelas con orientación agraria en territorios fiscales fueron políticas que comenzaron a reglamentarse en 1943 cuando Perón promulgó decretos de funcionamientos.
En consecuencia, la STyP se convirtió en la cara visible de un proceso que se podría caracterizar por una revalorización y un reconocimiento de grupos indígenas del interior del país, “incorporándolos” al Estado. La percepción de diferentes organismos estatales y en particular del gobierno de Perón acerca del indio, continúo incluso en 1945, al declarar el 19 de abril como “Día Americano del Indio”3, reconocido para entonces a nivel internacional.
La preocupación del peronismo por incorporar y edificar el bienestar de este gran sector de la sociedad argentina de los años 40 se presentó, en apariencia, como un novedoso desafío con muchas expectativas. Sin embargo, este proceso no se desarrolló de manera homogénea, así como tampoco estuvo exento de tensiones y contradicciones en el interior de las políticas de estado.
Frente al establecimiento de alianzas políticas con comunidades originarias de la Patagonia, la llegada del peronismo propició la configuración de políticas pro-indigenistas, visualizándolas como un nuevo colectivo dentro del territorio que, mediante la capacidad del peronismo de mediar, negociar, y consensuar se hizo efectiva su incorporación a las filas de la doctrina peronista convirtiéndose en ágiles nexos políticos (Argeri, 2011: 355). Distinto fue el caso de los lazos entre el Gobierno y diversas comunidades del noroeste, cuyos vínculos fueron tomando caminos adversos.
Los indígenas de la zona de Salta, Chaco y Jujuy eran trabajadores rurales que habían sido desposeídos de sus tierras ancestrales a principios del siglo XX. Reducidos al servicio de mano de obra barata y explotada, trabajaban para el entonces dueño de las tierras Robustino Patrón Costa, en el ingenio azucarero “San Martín del Tabacal”. Como gobernador de Salta, en 1916, Patrón Costa desarrolló una fuerte política de expansión ferroviaria y conjuntamente instaló este ingenio, haciendo usufructo de la mano de obra indígena. A las pésimas condiciones laborales se le sumó el pago de arriendo como mano de obra gratuita en la zafra de su ingenio en un período de seis meses por año.
Con la llegada del gobierno peronista, las condiciones de trabajo fueron arduamente cuestionadas. Con el lema “la tierra es de quien la trabaja”, haciendo alusión al comienzo de un proceso de expropiación a nivel nacional, se obligaba a revisar las condiciones laborales de los que eran sometidos, entre otros, de estas comunidades. Por otra parte, las políticas indigenistas que comenzaban a desarrollarse se vieron fortalecidas frente al impulso del Estatuto del Peón que en 1944 buscaba apoyar y beneficiar las condiciones de trabajo en las zonas rurales.
Finalmente, las promesas suscitadas en diversos discursos presidenciales respecto al inicio de un proceso de “reforma agraria”4, especialmente durante la campaña electoral penetró en las esperanzas y las proyecciones políticas de estos grupos. Aclarar que el carácter reformista de esta proclama no se centraba en la desposesión de los medios productivos en manos de la oligarquía terrateniente no implica negar las posibles ilusiones con las que las comunidades del noroeste argentino veían la posibilidad de cambiar las relaciones productivas.
La sumatoria de estos elementos confluirían en la organización y puesta en marcha del conocido “Malón de la paz”, una peregrinación de comunidades principalmente kollas desde Abra Pampa, Jujuy que recorrieron 2000 kilómetros a pie y en mulas, pasando por Casabindo, Colorados, Tumbaya, Volcán, Yala y Jujuy, en donde se les unió la columna de kollas que venía de Orán y de Iruya. Esta diversidad de espacios de procedencia describe la heterogeneidad del conjunto de 174 personas que recorrieron distintas provincias, como Salta, Tucumán, y Córdoba, hasta llegar a la capital del país.
El reclamo por la titularidad de las tierras que históricamente les pertenecieron, generaba grandes esperanzas en el seno de las comunidades indígenas. Siguiendo a Marcelo Valko “en la gira proselitista que Perón realizó antes de las elecciones de 1946, se había comprometido a expropiar las tierras de Yavi e India Muerta. La promesa fue pasando de boca en boca, y comenzó a crecer” (Valko, 2007:103).
Las ilusiones parecían tener gran peso en el armado de alguna forma de reclamo que diera rienda suelta a las demandas indígenas. En este marco, es preciso destacar el rol protagónico que han desarrollado algunos funcionarios del gobierno peronista en la puesta en marcha de esta caravana. Mario Augusto Bertonasco5, funcionario de la Secretaria de Trabajo y Previsión, junto con Viviano Dionicio, fueron quienes impulsaron el desarrollo del Malón, quienes entablaron diálogos con líderes indígenas, quienes propusieron y presionaron para que se concretara la marcha desde la Puna hasta Buenos Aires, como la única manera de hacer visibles sus reclamos.
El Malón de la paz puede ser caracterizado en tres etapas. En un primer momento, se destaca la experiencia vivida por este conjunto a lo largo de todo el recorrido hasta la capital del país. En cada lugar de parada, como Rosario o Pergamino, la imagen de un malón de “indios que van caminando a Buenos Aires” iba construyendo una opinión pública que se encontraba asombrada de tan ingenioso acto. La prensa se encargó de cubrir los pasos del Malón, organizando festivales para recibirlos cuando pasaban por estas localidades (Valko, 2007). En la medida en que el Malón se iba instalando como tema del momento, la cuestión indígena comenzó a ser aprovechada según diversos intereses de clase. Los diarios veían en la marcha el “sacrificio” de los indígenas, que a los ojos de sociedad obrera incipiente respondía a las necesidades de trabajadores que vivían en condiciones de explotación y con derechos vulnerados. Por otro lado, para distintos grupos de poder como la incipiente burguesía nacional, que buscaban asentarse en el modelo productivo peronista, podía llegar a haber en el Malón y en el reclamo de sus tierras, el impulso hacia la configuración de una reforma agraria que le quitara el poder político y económico que la oligarquía había mantenido en los últimos cincuenta años (Basualdo, 2009).
Por su parte, el gobierno peronista, veía sumamente oportuno el envión que le daba este hecho, ante la posibilidad de aumentar la evidencia de una política de “justicia social” durante la campaña presidencial demandante de legitimidad. Además, la imagen del Gobierno se mantenía positiva, dado que se ponía de manifiesto la presencia peronista en el uso de carteles e imágenes de Perón que acompañaron el trayecto (ver figura 1).
Figura 1. Indígenas en el Malón de la paz
El 3 de agosto de 1946, el Malón llegó a Capital Federal y sus líderes fueron recibidos por el gobierno peronista en la Casa de Gobierno. Luego de un simbólico abrazo, la comitiva kolla entregó al presidente una serie de demandas que serían resueltas en el corto plazo de cara a fortalecer las políticas indigenistas que se venían desarrollando.
Sin embargo, la visibilidad que había obtenido la cuestión y el reclamo indígena no perduraría. Posteriormente, y como tercer momento, tras la promesa de Perón de conceder lo solicitado, fueron ubicados, paradójicamente, en el Hotel de los Inmigrantes. Luego de un par de días en los cuales los indígenas participaron de diversos actos y eventos sociales6, el Gobierno impulsó la militarización del hotel y el confinamiento de los kollas sin brindar mayores explicaciones.
Los motivos que impulsaron el desenlace de este proceso de manifestación son aún una incógnita. Según Maier (Maier, 2010:7), la orden de desalojo generó un clima de agitación dentro de la oposición parlamentaria7, que denunció la violencia con la que fueron sacados del Hotel de Inmigrantes, obligándolos a embarcarse nuevamente hacia el noroeste, y reclamó un esclarecimiento de la situación. Pese a ello, con la expulsión de los indígenas kollas de Buenos Aires se daba por concluida esta mediación política y mediática. Un par de meses más tarde, en la provincia de Formosa, comenzaba a conformarse un nuevo desafío político para el peronismo en su vínculo con grupos étnicos, nuevamente trazado por la represión y la violencia.
Si el silencio que envolvió a las comunidades indígenas del noroeste argentino luego de ser expulsados de la Capital resulta llamativo, más impactante resultará la historia de una pequeña comunidad indígena ubicada en la provincia de Formosa. Se trata de los indígenas pilagás, pueblo originario que junto a tobas, mocovíes y wichis, viven en una pequeña localidad de la provincia, Las Lomitas, ubicada en el Departamento Patiño.
En el año 2006, se ordenó el allanamiento de las instalaciones del Escuadrón de Gendarmería de Las Lomitas de esa provincia - la intersección de las rutas 81 y 28 - frente a la denuncia que afirmaba que allí se hallaban las fosas comunes con los restos personas pertenecientes a miembros de esta comunidad, asesinados por la Gendarmería Nacional, en 1947. La Justicia comenzó la búsqueda y encontró restos de un cuerpo que podrían pertenecer a un integrante del pueblo originario. Mediante la recolección de datos y testimonios de sobrevivientes de la masacre, se realizó el rastreo por todo el área para dar con estos restos, logrando comprobar científicamente la veracidad de lo ocurrido: el fusilamiento de cientos de indígenas. Este hecho se ha mantenido oculto no solo desde el relato construido durante abril y octubre de 1947, que justificaba la presencia policial en la zona y armaba un imaginario de “indio peligroso” en el pueblo, sino también a partir del silencio y la negación por más de 60 años.
Gracias a los testimonios de sobrevivientes, que aún residen en Las Lomitas, y del trabajo de un grupo interdisciplinario de arqueólogos, antropólogos y científicos en general, se fue reconstruyendo el devenir de los acontecimientos, permitiendo hacer un trabajo de comparación y análisis con respecto a las razones que el Gobierno y la Gendarmería habían argumentado para dar con la ofensiva.
¿Quiénes eran los Pilagás? Durante las primeras décadas del siglo XX, estas comunidades tampoco estuvieron exentas de las políticas gubernamentales desarrollados por los Gobiernos de turno. A diferencia de la experiencia de la zona sur con la “Conquista del Desierto”, las acciones militares y policiales en el norte del país no tuvieron como objetivo el exterminio de la población indígena. Las condiciones de la tierra norteña favorecían cultivos que requerían bastante mano de obra, entre la que se disputó principalmente la indígena. Una vez cumplidas las campañas militares de 1884 a 1911, se inició un proceso gradual de retiro de algunas fuerzas del ejército y el traslado de autoridad a las gobernaciones territoriales de Chaco y Formosa (Mathias, 2013). Durante las primeras décadas del siglo XX, dichos grupos étnicos fueron incorporados al sistema de reducciones de la zona como estrategia de control estatal: la reducción de Napalpi estuvo conformada por tobas y mocovíes, la reducción de Bartolomé de las Casas y Ameghino por pilagás y tobas, y finalmente la reducción Muñiz por wichís. En este marco, los indígenas de la zona eran asignados en ingenios, obrajes y algodonales para trabajar en empresas privadas. Las pésimas condiciones de trabajo, la mala alimentación, el castigo físico y el abuso eran moneda corriente. El trabajo en industria era temporario, y durante el resto del año la mano de obra para el desmonte y la zafra era reservada a las reducciones de indios administradas por el Estado (hasta el gobierno de Perón tal administración era controlada por la Comisión Honoraria de Reducción de Indios). El mismo Ministerio del Interior se encargaba de asignarlos, y la Gendarmería vigilaba su llegada. En la medida en que las políticas de Estado se fueron haciendo más severas, las comunidades pilagás (que durante algún tiempo habían logrado subsistir lejos de estas reducciones de indios) debieron entrar al mercado laboral para poder alimentarse, convirtiéndose en trabajadores por la paga de un salario que casi nunca cobraban.
A principios de 1947, comenzó a evidenciarse un conflicto entre estas comunidades y el gran ingenio para el cual trabajaban, San Martín del Tabacal (el mismo ingenio de Patrón Costa, construido sobre la apropiación de las tierras que reclamaban los kollas un año antes). Los indígenas se acercaron a las autoridades del ingenio para reclamar por la deuda que éstas mantenían con ellos: el pago de $6 (seis pesos) diarios, acuerdo al que habían llegado por su trabajo en el lugar; el conflicto desató cuando quisieron pagarles $2,50. La resistencia de indígenas terminó en su despido sin indemnización alguna.
A su regreso a Las Lomitas los pilagás se instalaron en un descampado llamado Rincón Bomba, cerca del pueblo. Para entonces, diferentes grupos con correspondencia étnica se fueron sumando al asentamiento, donde contaban con un madrejón que les brindaba agua (Lozza, 2007). Los testimonios recopilados para un interesante documental dirigido por Valeria Mapelman8 narran que meses antes de la masacre, habían realizado una manifestación religiosa en correspondencia con sus creencias fusionadas con la fe católica. Esto fue visto con recelo por los habitantes del pueblo y por las fuerzas de seguridad del Estado. En tal sentido, la dirección de Gendarmería Nacional presentó un documento, secreto y reservado, al Ministerio del Interior, en donde manifiesta que miles de pilagás se juntaron para celebrar un encuentro religioso y esto llamó la atención de los vecinos y del Regimiento 18 de Gendarmería Nacional, con asiento en Las Lomitas. Como explica Musante, mientras el Ministerio del Interior informaba que "algo raro se gestaba", Abel Cáceres, un inspector de ese ministerio, que a la vez era el administrador de la reducción de Bartolomé de las Casas, intenta persuadir a los indígenas de ir a la reducción. La negativa de los pilagás termina con una represión que duró varios días con fusilamientos masivos y fosas comunes en las que se quemaron los cuerpos (Musante, 2013: 11).
Uno de los sobrevivientes cuyo testimonio se aprecia en el documental, explica, tal y como parece verse en el documento, que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión, había mandado a un funcionario para entonces encargado de la delegación de Bartolomé de Las Casas, para persuadir a los pilagás para que se dirigieran hacia la reducción indígena. Y continúa diciendo: “Pero la gente no quería ir. Cáceres insistió en que nos fuéramos a un lugar seguro (…) y cuando no aceptaron, el administrador avisó al Gobierno de la negativa. Ahora entendemos a qué se referían, era una advertencia”. 9
Esta actitud fue interpretada como ofensiva, y pronto comenzó a correr el rumor de un posible malón de los pilagás, atemorizando a todo el pueblo. Pero el “peligro del indio” se intensificaría luego de que los empobrecidos indígenas recibieran, por parte del Gobierno presidencial, un tren lleno de alimentos en mal estado, que provocaron fuertes descomposturas, intoxicaciones masivas e incluso muertes. Se intensificaron así los rituales mortuorios, confundiendo las cruces con los tambores.
Como puede notarse, tanto el Gobierno presidencial como el provincial no solo daban cuenta de la existencia y presencia del indígena en la zona (no es menor el dato del tren enviado por el gobierno de Perón con alimentos), sino que también interactuaban con ellos, intentando persuadirlos de diversas maneras. El 10 de octubre por la tarde, se llevó a cabo la ofensiva: una estratégica distribución de ametralladoras se ubicaron en nidos que apuntaban directamente hacia el asentamiento de los pilagás. Gendarmería continuó toda la noche disparando y persiguiendo a aquellos que lograban escapar entre la arboleda.
En los días posteriores a la masacre, los cuerpos fueron quemados conjuntamente. Los diarios continuaron la reproducción de la idea de un malón en Formosa. Por su parte, el Gobierno se encargó de ocultar lo más posible los acontecimientos suscitados en La Bomba. Incluso se negó la importancia de la situación, desechando cualquier intento de sublevación, argumentando que “los indios se retiraron a sus tolderías”.
Actualmente las investigaciones en la zona han aumentado la cifra de fusilados de 700 personas a 1500. Perón no dio órdenes a los gendarmes para masacrar a los pilagás, pero su política indigenista, caracterizada por la desorganización y la negligencia, implícitamente promovió el uso extrajudicial de la violencia contra los nativos (Mathias, 2013), cientos de indígenas que, negados cultural y étnicamente, fueron acusados con la idea del “peligro del indio”, de sus posibles ataques y de un malón. Resulta interesante en cuanto a la labor historiográfica, el estado de ocultamiento de esta masacre que deviene recientemente en tema de debate e investigación, en la que cientos de víctimas empiezan a ser rescatadas del silencio.
“El tiempo, las circunstancias y la conducta de cada cual, nos indicarán el momento y el rumbo de las determinaciones”, Juan Domingo Perón, 1943.
En el marco del fortalecimiento de políticas intervencionistas, el peronismo propició durante su primer gobierno grandes concesiones sociales, políticas y económicas a sectores fuertemente vulnerados. La construcción de la ciudadanía peronista favoreció el desarrollo de lazos políticos más estrechos con nuevos actores sociales históricamente olvidados o desvalorizados por antiguas políticas de gobierno. La presencia de alianzas con líderes indígenas en algunas zonas del noroeste, la intervención en la estructura burocrática estatal con la creación de nuevos organismos gubernamentales que se preocupaban por la cuestión étnica, no implicó, como pudo apreciarse, la ausencia de tensiones ni contradicciones en el interior del movimiento peronista.
La preocupación política sobre las particularidades de las comunidades indígenas y el desarrollo de acciones tendientes a propiciar su inclusión en la vida ciudadana devino inevitablemente en la conformación de un imaginario colectivo anclado en la igualdad jurídica y social. Las peculiaridades de un discurso fuertemente estatista, atento a las demandas y necesidades de los sectores más endebles de la sociedad, así como su reconocimiento como actores políticos importantes en la vida ciudadana, ayuda a entender la popularidad simbólica que Perón irá cobrando entre las comunidades originarias.
Las mejoras parciales en la condiciones de vida gracias a las reformas sociales y laborales, la provisión de alimentos, precios más accesibles, el acceso a la educación primaria propias del “estado de bienestar” peronista (Lenton, 2005), se enfrentaron a los innegables límites materiales de la política indigenista de aquella época, especialmente respecto a la posesión de la tierra.
Como explica Kindgard (2004), las disputas respecto a la tenencia de la tierra en el área puneña del país excedieron su valor económico pues encarnaron un fuerte contenido simbólico, espacios en donde se desarrollaban estrechos lazos de solidaridad comunal que le daban sentido a su organización social. Por estos motivos, la defensa del territorio constituyó una práctica continua desde tiempos republicanos, disputas que en ocasiones evidenciaron enfrentamientos violentos (como la Batalla de Quera en 1875).
En este marco, la llegada del peronismo despertó todo tipo expectativas respecto a un cambio en las condiciones de trabajo y de usufructo de las tierras que mantenían para entonces las mismas lógicas productivas que en tiempos coloniales. La manipulación mediática y el alentador discurso que fomentaba bajo el eslogan “la tierra es para quien la trabaje”, la promesa de una reforma agraria, propiciaron un contexto adecuado en donde exponer y manifestar reclamos y necesidades. Detrás de la figura carismática del líder peronista se vislumbraba, a los ojos indígenas, la posibilidad de un cambio en las condiciones de vida y de trabajo, brindando un marco en apariencia adecuado para la organización de movilizaciones masivas.
El peronismo propició una serie de medidas que, directa e indirectamente, favorecieron a los sectores indígenas del área; tal es el caso, por ejemplo, de las políticas de intervención estatal en Jujuy, en conflictos laborales que tendieron a ser resueltos a favor de las mejores de las condiciones de trabajo. Así, mientras que varios colonos e intereses privados continuaban poblando cada vez más la región del noroeste argentino y desarrollando las capacidades productivas de la misma, el Estado tendió a limitar la capacidad de maniobra de los grupos terratenientes mediante políticas de control de las relaciones laborales.
Tras el anuncio de la voluntad política de expropiar los latifundios jujeños, comienza a gestarse la organización de la marcha para concretar las soluciones prometidas. La participación activa de Bertonasco, funcionario peronista que procuró fomentar la configuración de la marcha indígena, resulta ejemplar respecto al modo en que distintos intermediarios cooperaron en el establecimiento y sostén entre Perón y las masas. En este punto, Kindgard sostiene que el peronismo “se constituyó en interlocutor favorable (...) creó una estructura de oportunidades propicia a las tradicionales reivindicaciones de los indígenas de la zona (...) condicionando su acción estratégica” (Kindgard, 2004: s/n). Así, la existencia de una memoria colectiva de lucha y resistencia frente al avance de expropiaciones suscitadas a lo largo del tiempo se fortaleció en un contexto histórico y político propicio, posibilitando el desarrollo de movilizaciones como la del Malón de la Paz.
En este marco, resulta innegable que el peronismo significó un parteaguas respecto a las experiencias indígenas y sus vínculos con el Estado nacional y provincial, propiciando reformas significativas en las condiciones de vida y de trabajado de pueblos étnicos del área puneña. Sin embargo, los entretelones de la gestión estatal (Salomón Tarquini, 2013) dan cuenta de las tensiones entre los planes y el desarrollo efectivo de las agencias, así como entre los referentes políticos, administrativos y especializados. Las entusiastas propuestas del Gobierno se verán en el corto plazo socavadas por la falta de respuesta e incluso por la no concreción de una reforma estructural en la tenencia de la tierra. El fracaso por el que transitó el malón de 1946 y la frustración frente a la posibilidad de resolver sus demandas resulta ejemplar en este sentido.
Conjuntamente, siguiendo las hipótesis de Lenton, es factible argüir que las reafirmaciones étnico-identitarias tuvieron un rol protagónico en el contexto que se enfrentaron a las voluntades “homogeneizadoras” del proyecto justicialista de la argentinidad toda, que no toleraba mayores disidencias internas (Lenton, 2005:459-460). Consecuentemente, con el afán de fortalecer el ideario nacionalista, el viraje inédito en las políticas gubernamentales respecto a la cuestión indígena se puso en tensión frente a la búsqueda de una homogeneización socio-cultural en donde la diversidad étnica y multiculutral no tenía lugar. Como sostiene Mathias, el mensaje peronista ha tenido un especial atractivo para los argentinos de piel oscura y con rasgos indígenas, pero nunca desplazó el mito de Argentina como “nación blanca” (Mathias, 2013). El discurso oficialista implicó que las comunidades originarias formaran parte de las masas trabajadoras, del “pueblo” (D’Addario, 2014) sin mayores distinciones, transitando por un proceso de adaptación e incorporación a la sociedad “civilizada”. La Masacre de Rincón Bomba ha sido la expresión más radical de estas tensiones y contradicciones, así como también deja vislumbrar los conflictos entre el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales.
Los relatos que tradicionalmente ha generado la historiografía, muchos de los cuales devinieron en hegemónicos, fueron conjuntamente construidos con la ausencia de otras narraciones dignas de ser problematizadas. El complejo vínculo existente entre la historiografía argentina y la cuestión indígena es un ejemplo emblemático de cómo es posible generar y reproducir a lo largo del tiempo, discursos anclados en el olvido y el silencio de grupos partícipes del proceso histórico. El abandono de las miradas clásicas perpetradas en el análisis de grupos étnicos-culturales genera la posibilidad de abrir nuevas matrices interpretativas que dan cuenta de la complejidad del fenómeno peronista, sus tensiones y sus contradicciones respecto a los distintos sectores de la sociedad. En este contexto, la historia oral parece brindar nuevas herramientas para problematizar las experiencias de vida, las memorias colectivas de sujetos históricamente olvidados.
1 Entre ellas se pueden destacar: la Comisión de Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, las Secciones de Higiene Industrial y Social de las Leyes de Previsión Social de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, la Sección Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Junta Nacional para combatir la Desocupación e incluso la Dirección de Inmigración y la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. Todas las funciones de conciliación y arbitraje y de policía del trabajo e inspección, descentralizadas hasta entonces en distintas reparticiones, pasaban a integrar las atribuciones de la STyP. Las cajas jubilatorias y las de Maternidad y Ahorro Postal, también quedaban bajo su control como base de la articulación previsional, incluidas aquellas de la órbita de las provincias (Luciani, 2014).
2 Como explica Mathias Christine, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios fue creada en 1916 por el Ministerio del Interior durante la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen con el objetivo de administrar los gastos de dos nuevas reducciones estatales, Napalpí, en el territorio del Chaco, y Bartolomé de las Casas, en el territorio de Formosa. En 1927, reglamentaron formalmente las responsabilidades de la CHRI, que además de administrar las reducciones, también debía vigilar el trabajo de los indígenas en los ingenios y obrajes de la región, así como protegerlos de una posible explotación. (Mathias, 2013) Con la intención de reducir la amenaza de malones y enseñar hábitos disciplinarios, las reducciones serán espacios en los que se refuerza la relación de dominación y subordinación entre la agencia estatal y la agencia indígena.
3 En 1940, en la ciudad de Patzcuaro, México, se desarrolló el primer Congreso Indigenista Interamericano, a fin de perpetuar las culturas aborígenes en toda América. Se recuerda en esta fecha a quienes habitaron originariamente el territorio. La República Argentina adhirió al documento e instituyó la conmemoración en 1945.
4 Como explica Diana Lenton, durante el Primer Plan Quinquenal se preveía “la implementación de un programa de colonización de medio millón de hectáreas de tierras fiscales por el que pretende que “el indígena” llegaría a ser “dueño de la tierra”, a través de tres etapas sucesivas: reserva, reducción y colonia. En la medida que el indígena mostrara “condiciones de asimilación” se lo enviaría desde la reserva hacia la reducción más cercana, la cual funcionaría como su centro de capacitación durante cinco años. Luego podría obtener un lote en una colonia que pagaría en cuotas de sus cosechas anuales.” (Lenton, 2005: 412).
5 Mario Augusto Bertonasco era un teniente que durante la década de 1944 había desempeñado funciones como inspector de tierras dependiente de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura. Para el momento del Malón, ya había trabajado con comunidades mapuches que fueron relocalizadas en Nahuel Pan; pero la desconfianza cultural y política de éstas no permitió que prosperara el intento de franquearse definitivamente. Hay que destacar también que el origen familiar de Bertonasco lo remitió a un pasado oscuro de violencia y genocidio, dado que su padre había participado de la Campaña del Desierto de Roca. Perón confiaba plenamente en su desempeño, probablemente por la fuerte admiración que Bertonasco sentía para con el general. Así, Perón se aseguraba entablar un lazo fuerte con las comunidades, a través de su mediador de confianza que dirigiría el Malón de acuerdo a lo establecido.
6 Los kollas, durante su estadía en Buenos Aires, fueron “paseados” y “mostrados” en diversos espacios; el caso más representativo de su “espectacularización” se manifestó con la organización de un partido de futbol, previo al clásico River-Boca de ese año (lo cual denota gran popularidad, muchas personas los iban a ver). Un equipo lo conformaban jujeños y el otro salteños. Aquellas personas que habían llegado a la Capital a reclamar lo que era suyo, aparecían ahora burlados en este episodio (Valko, 2007:191-193).
7 Diana Lenton se ocupó de realizar un exhaustivo estudio sobre los debates parlamentarios, a propósito del desarrollo del Malón de la paz (Lenton, 2005).
8 Para profundizar lo ocurrido en la masacre de Rincón Bomba, ver el documental “Octubre Pilagá” de Valeria Mapelman, editado en 2010. De ese documental y del artículo de Mapelman y Musante (2010) es de donde se extrae la información.
9 Film Octubre Pilagá. Relatos sobre el silencio. Valeria Mapelman. INCAA. 2010
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Fecha de recibido: 2 de diciembre de 2015
Fecha de aceptado: 17 de marzo de 2016
Fecha de publicado: 23 de mayo de 2016
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