ARTÍCULO/ARTICLE
Ana Laura Lanteri
CONICET
/ Centro de Estudios Históricos-FH
Universidad Nacional de
Mar del Plata, Argentina
analauralanteri@gmail.com
Cita sugerida: Lanteri, A. L. (2014). (Inter) acciones para un nuevo orden nacional. La experiencia política de San Juan a partir de la Circunscripción Militar del Oeste y el Congreso durante la “Confederación” (1855-1858). Anuario del Instituto de Historia Argentina, (14). Recuperado a partir de: http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn14a02.
Resumen
Se
propone ampliar
el registro analítico sobre el proceso de conformación
del sistema político e institucional de la “Confederación”
(1852-1862), atendiendo a las vinculaciones entre el poder central y
San Juan. Se
examinan las relaciones de negociación y conflicto que
entretejieron la política de San Juan entre 1855 y 1858, al
calor del desarrollo de una institución estatal nacional: la
Circunscripción Militar del Oeste. Se considera en forma
recíproca la articulación del poder central en el
espacio provincial y los clivajes y sucesos locales y regionales que
se generaron en dicho devenir.
Se estudia la interacción entre el Jefe de la Circunscripción
Nazario Benavides, los Gobernadores de San Juan y los poderes
legislativo y ejecutivo nacionales. Además, se enmarca el tema
en el proceso de institucionalización
política provincial, con especial interés en la sanción
de la constitución sanjuanina. Para
ello, se conjuga el examen de la Circunscripción con el del
Congreso con sede en la ciudad capital de la Confederación
(Paraná/Entre Ríos), lo que permite proyectar las
escalas analíticas de observación por fuera de la
geografía sanjuanina. Se aborda así al Congreso como
otro sitio institucional de cristalización de los conflictos y
juegos de alianzas políticas provinciales y nacionales
estudiadas.
Palabras clave: “Confederación” (1852-1862)- San Juan- actores y relaciones de negociación y conflicto - Circunscripción Militar del Oeste - Congreso nacional.
(Inter) Actions for a new national order. The political experience of San Juan based on the “Military District of the West” and Congress during the "Confederation" (1855-1858)
Abstract
The
purpose is to extend the analytical terms on the process of building
of "Confederation" political and institutional national
system (1852-1862), considering the relationships between central
power and San Juan province. We analyze negotiation and conflict
interactions that developed San Juan policy among 1855 and 1858,
based in the study of a national institution: the “Circunscripción
Militar del Oeste”/"Military District of the West”.
We study the reciprocal articulation of central power in the
provincial space and the main local and regional cleavages and events
that were generated in that process. We attend to the interaction
between the Leader of the Military District Nazario Benavides, the
Governors of San Juan and the national legislature and executive.
Moreover, we concentrate on the provincial political
institutionalization process, with emphasis on the enactment of the
constitution. For this, we also analyze the Congress placed in the
capital of the “Confederation”, as other institutional
site of crystallization of the provincial and national political
alliances and conflicts studied.
Key words: “Confederation”– San Juan province – Actors and negotiation and conflict relationships – “Circunscripción Militar del Oeste”/ "Military District of the West" – National Congress.
Los 50´ evidenciaron un problema central del siglo XIX, el referido a la relación de poder entre Buenos Aires y las restantes provincias y su integración en una nación. Ante la negativa de Buenos Aires de encolumnarse tras las demás en el nuevo sistema político con base jurídica en la Constitución de 1853, ambos estados lucharon durante la década por consolidar sus estructuras económicas y político-institucionales y por obtener la unidad y supremacía nacional. Durante su experiencia en la “Confederación”1 las provincias comenzaron a entenderse y a asumirse en una forma federal y republicana y las autoridades a construirse como una dirigencia política con proyección nacional. Pese a que los organismos e instituciones estatales no pudieron ganar en la solidez que las autoridades esperaban lograr, las prácticas y redes de relaciones y la interacción institucional de estas últimas fueron parte sustancial de la nación que se fue modelando (Lanteri, entre otros 2013 y 2012).
El propósito de este trabajo es ampliar el registro analítico sobre este proceso de conformación del sistema político e institucional de la Confederación, atendiendo a las vinculaciones entre el poder central y San Juan. Una provincia que, como se ha señalado en distinta bibliografía, se revela como crucial en este proceso por su influencia en la redefinición de alianzas y tensiones al interior de la Confederación y, entre ésta y el estado porteño. Ello fue así, especialmente desde la muerte de Nazario Benavides ocurrida en octubre de 1858. Sin embargo, nos centramos aquí en el período previo que ha sido menos atendido, el que trascurre entre 1855 y septiembre de 1858, que resulta crucial para entender las razones por las que fue tomado prisionero antes de ser asesinado.
Estudiamos el impacto que tuvo la Circunscripción Militar del Oeste cuyo Jefe fue Benavides, en tanto institución nacional, en la dinámica política sanjuanina. En efecto, el ejército nacional fue una de las diversas instituciones que se conformaron para corporizar el estado federal que, según los preceptos constitucionales, se consolidaría por la delegación en el poder nacional de ciertas facultades por parte de los gobiernos provinciales. El artículo propone entonces advertir las relaciones de negociación y conflicto que entretejieron la política de San Juan al calor del desarrollo de la Circunscripción, atendiendo en forma recíproca a la articulación del poder central en el espacio provincial y a los clivajes y sucesos locales que se generaron en dicho devenir.2
Esta línea fue desarrollada por el Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Profesor Héctor Domingo Arias”, en una interesante introducción a una compilación documental realizada por Ferrá de Bartol, Sánchez Cano y Cercós de Martín (2007), que nos ha resultado sumamente orientadora de los problemas que estudiamos. Por su parte, Buchbinder (2004:76-79 y 88-100) también ha señalado la política de reorganización de las fuerzas militares como un eje fecundo para advertir el vínculo entre el estado nacional y las provincias durante el período, y realizó un interesante análisis sobre sus pormenores para el caso de Corrientes (Bragoni, 2010; Macías, 2007 y en prensa; Auza, 1978; Sábato & Macías, 2013; Garavaglia, 2011 y Garavaglia, Pro Ruiz & Zimmerman, 2012).
En este marco, sugirió que los Jefes de las Circunscripciones se convirtieron en respaldos efectivos del gobierno nacional por encima de los Gobernadores. Algunos de ellos, como Benavides, contaban con una cuota notable de influencia por su trayectoria política y militar anterior, que fue renovada al calor de su ejercicio de la representación del nuevo estado nacional; lo que provocó diversas fricciones con las autoridades sanjuaninas por el uso de las atribuciones militares.
Si bien conocemos gracias a éstos y otros autores los rasgos cardinales de este derrotero, resulta fundamental examinar con mayor rigor sus matices y ritmos políticos propios, atendiendo a la multiplicidad de actores, recursos, relaciones, ideas y prácticas que lo dinamizaron.3 La narración está modulada en buena medida por el rol y el accionar de Nazario Benavides, en tanto intermediario entre ambas esferas de poder por su cargo de Jefe de la Circunscripción. Sin embargo, el análisis trasciende su figura y dicha Circunscripción Militar, en tanto integra y articula otros elementos. Ello es porque se atiende a la interacción entre Benavides, los Gobernadores de San Juan, otros integrantes de la Circunscripción y los poderes legislativo y ejecutivo nacionales. Además, se enmarca el tema en el proceso de institucionalización política provincial, con especial interés en la sanción de la constitución sanjuanina.
Para examinar estas problemáticas, se conjuga el análisis de la Circunscripción con el del Congreso nacional con sede en Paraná, capital de la Confederación situada en Entre Ríos. Así, proyectamos las escalas analíticas de observación por fuera de la geografía sanjuanina, en otro sitio institucional de cristalización de los conflictos y juegos de alianzas políticas abordadas. Advertimos el enlace de San Juan y las restantes provincias en la modulación de la situación sanjuanina en particular y de la institucionalidad nacional en general, ya que en el Congreso se plasmó el ejercicio de las soberanías particulares provinciales en el marco de la soberanía del estado nacional. En el primer apartado, atendemos las circunstancias de creación de la Circunscripción mientras que, en el segundo, puntualizamos en la dinámica política de San Juan.
Tras su triunfo en la batalla de Caseros, Urquiza envió una misión a las provincias para afianzar su poder. Lograr el apoyo de San Juan era fundamental, pues Nazario Benavides que gobernaba desde 1836 había sido uno de sus principales opositores desde el “Pronunciamiento” de 1851 y, además, era la máxima autoridad militar no solo sanjuanina sino de toda la región.4 La amistad del comisionado Bernardo de Irigoyen-hasta entonces Secretario de Juan Manuel de Rosas- con Benavides favoreció el compromiso de este último con la nueva política nacional,5 que se materializó en su asistencia a la reunión que originó el “Acuerdo de San Nicolás”.
Este alineamiento le trajo dificultades en el plano provincial, dado que la lucha entre la Confederación y Buenos Aires comenzó a teñir la vida política sanjuanina. Aprovechando su ausencia, un grupo opositor liderado por Domingo Faustino Sarmiento –enemigo de Benavides desde décadas previas- y Zacarías Yanzi, que había quedado como Gobernador interino, lo destituyó. Con el apoyo de Urquiza, logró prontamente asumir el gobierno y en mayo de 1853 fue reelegido Gobernador por dos años. Sin embargo, a mediados de diciembre de 1854 decidió renunciar. A una nueva revuelta militar en su contra y al alejamiento de algunos de sus principales colaboradores, se sumó por entonces la férrea oposición nucleada en la Legislatura. Esta última había suspendido tres comicios llamados para renovar a sus integrantes por considerarlos viciosos. Benavides ocupó militarmente la sala de sesiones el 2 de diciembre y reconoció el carácter de representantes a los diputados que allí habían sido elegidos (Videla, 1976:409-423 y 462-463).
La respuesta de la Legislatura no se hizo esperar. Canalizó su descontento en el Congreso nacional, que había sido recientemente inaugurado en el mes de octubre y al cual la provincia no había enviado representantes por sus tensiones internas. Amparándose en la constitución nacional, solicitó el juicio político a Benavides y, para respaldar su postura, adjuntó numerosas cartas y escritos que evidenciaban el clima álgido que se vivía en San Juan. También le remitió dicha documentación al Presidente Urquiza. De esta forma, un sector de la dirigencia sanjuanina reconocía y demandaba tempranamente a las autoridades nacionales en tanto árbitro de sus disputas internas.
Ante esta coyuntura Benavides presentó entonces su renuncia y, a fines de enero de 1855, asumió como su sucesor Francisco Díaz uno de sus hombres de confianza y al momento Coronel del ejército provincial. Como observaremos, Díaz era también una figura de la simpatía de Sarmiento, dado que estaban vinculados por lazos familiares que hacia el final de su gestión afectaron su relación con Benavides. Pese a que el uso de las armas era un mecanismo político para Benavides y sus opositores, la ingeniería estatal que proyectaba Urquiza comenzaba a dar espacio a otras formas de construcción de legitimidad asociadas a la institucionalidad republicana.
El poder ejecutivo nacional, sobre la base de esta nueva elección y en respuesta a los reiterados pedidos de mediación, comunicó al Congreso nacional su sanción de dos decretos del 24 de febrero y de un Acuerdo del 3 de marzo de 1855. Por los primeros designó a Benavides como Brigadier General de la nación y Jefe de la Circunscripción Militar del Oeste de la Confederación; que comprendía las provincias de Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan. Por el segundo, reconoció a Díaz como Gobernador provisional y llamó a convocar una Convención para sancionar la constitución provincial. Benavides en tanto Jefe de la Circunscripción, podía emplear “todos los medios” que tuviera a su alcance para evitar la violencia armada y garantizar la sanción del texto constitucional.
Urquiza postuló que había tomado ambas medidas luego de un cuidadoso examen de toda la documentación y considerando, entre otras cuestiones, que intentaba ser “conciliador e imparcial” y que, para alcanzar la paz, debía influir “poderosamente el ejemplo de sensatez y de patriotismo” que acababa de dar Benavides al renunciar. Debía hallarse una “franca cooperación” entre este último, “las autoridades, los vecinos influyentes y los demás militares que pertenecen a la nación” que estaban en San Juan.6 Con la intención de legitimar su proceder, el Ministro del Interior Derqui le escribió al Gobernador Díaz una carta que merece una extensa cita:
“En primer lugar quedará más aliviado el Tesoro Provincial ahorrándose el pago de esos sueldos [refiriéndose a los de los Jefes y oficiales nacionalizados] que quedan ahora por cuenta de la Nación; y en segundo lugar, incorporándolos al Ejército quedan sometidos exclusivamente por ese hecho a la autoridad general, en servicio de la cual no podrán causar los celos o temores que excitarían dependiendo inmediatamente de la autoridad provincial y tomando participación en las cuestiones intestinas. Bajo la dirección de la autoridad nacional y de los Jefes del Ejército no podrán menos que prestar servicio al orden y a la seguridad de los ciudadanos, que es uno de los primeros objetos de la fuerza pública bajo el régimen presente de la Nación. En nada menoscaban estas consideraciones la subordinación conocida de los Jefes y Oficiales a que me refiero: al contrario, se los coloca en virtud de ellas en aptitud de mostrarse dignos de la distinción que se les acuerda y de la confianza que en ellos se deposita”7
La creación de la Circunscripción Militar del Oeste de la Confederación surgía entonces como solución a las tensiones sanjuaninas: el poderío político y militar de Benavides se reorientaba en su nuevo rol. La integración de la provincia al sistema político se vehiculizaba mediante la dimensión militar. En efecto, el gobierno nacional advertía al sanjuanino que le facilitaría una nueva etapa, con economía de recursos para el erario y con la tutela de los Jefes y Oficiales nacionalizados, que tenían la responsabilidad de evitar las luchas armadas y cualquier episodio contra las autoridades constituidas. Urquiza buscaba sostener el poder de Benavides mediante un cargo que no obstruía que continuase gravitando en la provincia, en tanto la Circunscripción Militar tenía allí su cabecera.
Sarmiento, tras sus intentos fallidos en incidir en la política sanjuanina, se mostró especialmente descontento por el nombramiento. En efecto, durante el receso del Congreso en enero de 1855, había intentado que se levantara un acta de petición a los legisladores. Solicitaba que se restringieran las rentas públicas provinciales en materia militar o bien que se alejara a Benavides y sus seguidores, llamándolos a cumplir servicios en el ejército nacional. Sin embargo, no esperaba que el lugar allí adquirido fuera tan determinante. A sus ojos, San Juan permanecía "tiranizada", dado que el "espíritu de caudillaje" ejercido en las décadas previas era reconvertido a la luz de la Circunscripción.8
El uso de la fuerza militar se transformó así en un recurso del poder central para influir en la realidad sanjuanina. La posibilidad de subordinar el accionar de las autoridades provinciales, presuponía la existencia de fuerzas desvinculadas de la base de reclutamiento militar local. El ejército de la Confederación comenzaba a construirse esencialmente como fuerza de frontera de cara al potencial conflicto bélico con Buenos Aires y a los indígenas (Buchbinder, 2004:78). Entre otras cuestiones, era primordial para Urquiza sentar un poder fuerte en San Juan. Benavides era la figura que, a su entender, le facilitaría generar una situación política y militar regional favorable a sus objetivos y, además, era un "bastión" ante la factible influencia del estado porteño. Volveremos enseguida sobre este punto.
Señalemos ahora que, de igual forma, la constitución provincial permitiría adecuar el marco jurídico con el nacional. Esta cuestión fue considerada como cardinal para el proceso de centralización política. La preocupación por su sanción no fue exclusiva del caso sanjuanino, puesto que en 1854 ya se había dispuesto una ley que dio un plazo de ocho meses a las provincias para dictar sus respectivas constituciones. Se esperaba que al interior de cada una de ellas, también fueran garantía de una nueva institucionalidad, con atribuciones diferenciadas entre las autoridades y con un uso restricto de las armas para dirimir los conflictos políticos (Lanteri, 2011a). Finalmente, los mandatarios sanjuaninos aprobaron la creación de la Circunscripción y llamaron a elecciones para la Convención Constituyente. Ante esta situación, el Congreso nacional decidió no expedirse respecto del pedido de juicio político a Benavides.9
Al igual que en otras provincias, se ponía así en marcha un proceso de institucionalización política en paralelo a una redefinición de la esfera militar por parte de un poder central que buscaba controlar y monopolizar la violencia, que sin embargo se mantuvo como una dimensión central de la vida política provincial.10 A diferencia de otras experiencias, en San Juan la violencia adquirió mayor magnitud, situación que se plasmó en diversos levantamientos armados y en el asesinato de Benavides y de sus sucesores. Además, el proceso de institucionalización fue lento, entre otras cuestiones, porque fue la última en sancionar y jurar su constitución, aunque todas las provincias lo hicieron entre 1854 y 1856 (con la excepción de Entre Ríos que lo realizó tras su desfederalización en 1860).
Antes de avanzar sobre el análisis, nos detendremos brevemente en los debates que se suscitaron en el Congreso con motivo del establecimiento de las demás Circunscripciones Militares en 1855. En efecto, días después de la creación de la del Oeste, se sancionó otro decreto que incluía a ésta y fundaba las del Sud, Este y Norte 1 y 2.11 De la misma manera que en la sanción de otros conjuntos normativos (Lanteri, 2011a y 2013), se alzaron voces a favor y en contra, que evidenciaron diferencias de interpretación sobre el alcance y naturaleza del régimen político en construcción.12 Interesa destacar especialmente que los propios legisladores reconocieron los problemas que la federación mixta consagrada en la constitución de 1853 conllevaba en su implementación. Lo que estaba en juego y definición era la cuota de poder que querían y debían reservarse la nación y las provincias. Este problema trascendía el de la organización militar en Circunscripciones, dado que era el nudo gordiano del nuevo régimen político. En efecto, en los puntos de vista encontrados sobre las formas y usos militares se expresaron también diversas nociones sobre el federalismo y el republicanismo.
En líneas generales, mientras que los defensores de la ley argumentaron que se condecía con la preeminencia y prerrogativas del poder central sobre los provinciales, los detractores afirmaron que podría provocar el “despotismo” del primero que haría “autómatas” a las provincias.13 En la Cámara de Diputados, el miembro informante de la Comisión destinada a evaluar el asunto defendió con vehemencia la decisión del ejecutivo nacional. Señaló que los legisladores que se oponían tenían una concepción errada sobre el carácter de la formación estatal. Citando los principios de Juan Bautista Alberdi, sostuvo que existía una “feliz combinación” con el sistema unitario y que en materia militar se debía obrar respecto de este último: la centralización militar era garantía de la unidad nacional. La votación fue categórica, ya que veinticinco votaron a favor de considerar constitucional el decreto de creación de las Circunscripciones y solamente dos en contra.
El asunto pasó al Senado, donde los debates fueron más breves. Marcos Paz -quien fue elegido Gobernador de Tucumán en 1858 y mantenía un fuerte vínculo con el gobierno nacional- desarrolló un largo discurso de tono retrospectivo. Llamó a sus pares a reflexionar sobre las prácticas que se habían dado en la primera mitad del siglo, que muchos como él conocían por haber ocupado diversos cargos públicos (Lanteri, 2012 y 2013). La experticia militar y política acumulada, los legitimaba así como dirigentes de un orden político que les exigía reorientar su bagaje de ideas y acciones al limitar y resignificar el uso de la violencia y materializar prácticas republicanas.
La situación de la Legislatura y el Gobernador anterior a 1853 era para Paz análoga a la de los poderes legislativo y ejecutivo nacionales coetáneos. Si antes los Gobernadores eran las autoridades máximas militares y las Legislaturas no se inmiscuían en sus nombramientos de militares, ahora era el Presidente quien comandaba al ejército de la Confederación. En consecuencia, podía nombrar a sus “segundos”, que al presente eran dichos Jefes de las Circunscripciones. El mandato constitucional que hacía a los gobiernos provinciales “agentes naturales” del nacional no se alteraba entonces, ya Urquiza no se había inmiscuido en las atribuciones del Congreso ni había afectado la autonomía de las provincias, como muchos legisladores enfatizaron en el debate. Los Gobernadores podían arreglar sus milicias según las leyes que dictase el Congreso y nombrar los Jefes de las mismas, sin que el Presidente ni los Jefes de Circunscripción pudieran intervenir.14
Paz, sostuvo que además era imposible por la “fragosidad y extensión” del territorio de la Confederación, que se opusieran a que hubiera representantes del gobierno nacional en defensa de la integridad de las provincias. La decisión de Urquiza de nombrar personas como Benavides, que muchos en el Congreso veían con malos ojos, no había sido arbitraria porque el puesto no requería “grados ni antigüedades en la escala militar” sino la “plena confianza” del Presidente. Finalmente, también en el Senado la votación arrojó resultados positivos. Se sancionó entonces la ley que conformaba las cinco Circunscripciones Militares.
La creación de dichas Circunscripciones implicaba entonces la formación de un ejército de línea descentralizado pero que, a la vez, permitía a Urquiza avanzar sobre las tradicionales prerrogativas de los Gobernadores. Con esta medida se realzaba el sentido nacional del ejército por encima de la concepción local y provincial de la milicia armada y se contemplaba, en forma paralela, la distribución regional de las fuerzas. Estos jefes nacionales tendrían el destino de desplazar militarmente a los Gobernadores y dar a los regimientos de línea nuevos referentes identitarios corporizados en su investidura y en la nación. Con todo, pese a que por los mandatos constitucionales el poder central conservaba el monopolio de los instrumentos represivos, en la década se mantuvieron nociones provinciales y regionales de utilización de la violencia. El marco jurídico y su puesta en práctica dieron por resultado una institución militar descentralizada que asimiló el protagonismo de los Gobernadores y las provincias. Como ha afirmado Macías, el texto constitucional dejaba abierto una “suerte de intersticio normativo” que permitió legitimar acciones armadas de las provincias si eran en beneficio del orden nacional. La definición de incumbencias militares se constituyó así en una problemática manifiesta desde los inicios de la organización nacional (Macías, 2007: 112 y en prensa: 61, 65 y 70 y Auza, 1978: 110-111).15
El poder de Urquiza y de la Confederación por añadidura, se cimentaba entonces sobre bases de poder locales que no eran nuevas y que resultan indicativas de la herencia y reconversión de actores y lógicas de la primera mitad del siglo XIX. A diferencia de décadas posteriores, los jefes militares nacionales como Benavides y los de las restantes Circunscripciones, tuvieron así un anclaje territorial que generó diversas tensiones y negociaciones al interior de cada provincia y región.16 En efecto, ello se materializó en las discusiones que reseñamos pero también en la vida política sanjuanina, como hemos comenzado a advertir y ampliaremos a continuación. La Circunscripción Militar del Oeste había sido creada con la finalidad de eclipsar los conflictos existentes, pero su puesta en práctica produjo nuevas marchas y contramarchas.
Benavides logró entonces continuar como una figura clave del juego político, favorecido tanto por la tutela de las autoridades de Paraná como de las provinciales. El gobernador Díaz dio tempranas muestras de solidaridad y acercamiento, ya que le ofreció premios honoríficos por su carrera militar y tierras fiscales para sus subordinados -que no aceptó- y lo nombró además parte de su consejo de gobierno (Videla, 1976:472-474). Entretanto, logró también un lugar en la Convención Constituyente. Como anticipamos, en marzo de 1855 se realizó la convocatoria a elecciones para Convencionales y, desde entonces, trascurrieron más de dos años hasta la jura de la constitución sanjuanina en septiembre de 1857.
Dicha demora se originó en principio porque la lista ganadora fue encabezada por Benavides. A los pocos días de la elección, diez de los cuarenta Convencionales que pertenecían al grupo disidente al gobierno de Díaz encabezado por Saturnino María Laspuir,17 presentaron su renuncia y protestaron ante las autoridades nacionales. Alegaron la irregularidad de una elección donde habían resultado ganadores muchos funcionarios públicos e integrantes del ejército nacional, cuando no debía haber existido su injerencia en el asunto.18 La instalación de la Convención por éstas y otras denuncias -que requirieron el llamado a nuevas elecciones- se retrasó hasta comienzos de 1856. La deficiente maquinaria administrativa también afectó la situación. Entre otras cuestiones, algunos contemporáneos enfatizaron que el poder judicial provincial no contaba con los miembros suficientes para constituir las diversas mesas electoras.19
En forma concomitante, Benavides había realizado algunas acciones para poner en actividad la Circunscripción Militar, que le permitieron fortalecer su vínculo con Urquiza. Por una parte, solicitó al Ministerio de Guerra y Marina instrucciones sobre la mejor forma de organizarla. A principios de junio recibió una circular donde se le daba un detallado instructivo. Estaba llamado a actuar en tres ocasiones: ante incursiones de indios, conmoción interior o ataque extranjero repentino o imprevisto. La misma indicaba que llegado el caso debía tomar todas las medidas “para el sostenimiento de las autoridades constituidas, sostener el orden público, asegurar las propiedades de los ciudadanos y conservar la integridad de la Confederación”.
Dispondría para su tarea de los cuerpos del ejército permanente que estuviesen situados en la Circunscripción, y podía además movilizar toda o parte de la Guardia Nacional de la provincia afectada y solicitar el concurso a los Gobernadores de las restantes Guardias Nacionales comprendidas en dicha Circunscripción. Se indicaba a continuación, que sería así solamente si la situación era "tan repentina" que el gobierno nacional no pudiese accionar y que, inmediatamente, debía comunicarlo para que interviniese, según las facultades constitucionales que le confería el artículo 83 incisos 17,19 y 20.20
Como ha señalado Auza (1978:117-118), los Jefes de las Circunscripciones quedaban supeditados al gobierno nacional, al tiempo que los Gobernadores en tanto “agentes naturales” debían a cooperar con dichos Jefes. Esta idea también había intentado enfatizar Marcos Paz en el Congreso. De hecho, tenían que brindarles información sobre el estado de las Guardias Nacionales y datos estadísticos (sobre armamentos, vestuario, estados de fuerzas, etc.) y, en los casos mencionados, facilitar su movilización. Benavides puso rápidamente en marcha esta tarea enviando una circular a las provincias de la Circunscripción para recabar datos precisos. De igual manera, se encargó de organizar la Guardia Nacional sanjuanina a pedido de Díaz.
Sin embargo, como examinaremos en adelante, las relaciones existentes entre los Gobernadores y Benavides y entre éste y el gobierno nacional, fueron por lo demás complejas. Pese a las intenciones del poder ejecutivo nacional, los Gobernadores conservaron injerencia en la organización y movilización de las fuerzas militares (veremos por ejemplo, que fue un punto de tensión entre Benavides y Gómez Rufino, el sucesor de Díaz). Asimismo, Benavides incidió en la política sanjuanina haciendo uso de su cargo. Desde el mismo y gracias a su conocimiento y experiencia en la política regional, al accionar de sus círculos federales adeptos y a su postura anti-porteña, tensó los lazos interpartidarios sanjuaninos e interprovinciales que se fueron desarrollando a la luz del conflicto entre la Confederación y Buenos Aires.21
I- Otra de las acciones de Benavides para agilizar su labor, fue la designación de Manuel Antonio Durán como Secretario de la Circunscripción. Éste era Sargento Mayor del ejército nacional e hijo de José Antonio Durán, por entonces Ministro del Gobernador Díaz, y contaba además con el aval de Urquiza. Entre otras cuestiones, le había remitido luego de la batalla de Caseros un informe sobre las políticas porteñas en el interior, señalando a San Juan como uno de sus “talleres” de operaciones (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: 32 y 65). Durán pronto se convirtió en una figura trascendental de la política sanjuanina y en un intermediario decisivo con las autoridades nacionales. Para Benavides era fundamental que su personal contase con el beneplácito de Urquiza. Durante todo el período se preocupó por mostrarse como su “amigo y fiel cumplidor”, como solía afirmar en su basta correspondencia.
Por ejemplo, con motivo de las tensiones entre la Confederación y el estado porteño por la invasión de Bartolomé Mitre a Santa Fe en 1856, señaló que esperaba que las fuerzas de su Circunscripción fuesen la “vanguardia de los ejércitos de la Confederación”. Por entonces, el gobierno nacional había solicitado a las provincias que enviasen un contingente a Paraná para fortalecer al ejército ante un eventual conflicto armado; ya que los “Tratados de Convivencia” de 1855 –que suponían armonía en las relaciones económicas y defensa mutua ante ataques indígenas- se habían abrogado (Scobie, 1964; Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: 30). Las recomendaciones dadas por Durán a Urquiza en el marco de esta situación, nos permiten avistar algunas cuestiones de interés para el análisis, porque aluden a la retroalimentación entre la provincia y la nación a partir de la Circunscripción Militar.
Por una parte, la tarea fue apreciada como necesaria y positiva para los intereses provinciales. Según Durán, aprovecharían a enviar a algunos revolucionarios y “moralizarían las masas” poco dispuestas al trabajo agrícola.22 Este recurso de envío de “mal entretenidos” o criminales en servicio no fue propio de San Juan ni tampoco del período en estudio, sino que fue utilizado por la mayoría de las provincias (Macías, 2007:114). De igual forma, era una coyuntura propicia para que Urquiza dictase nuevas medidas para que los Jefes de las Circunscripciones Militares hicieran “ruido” y dieran una imagen de que “por todas partes” se ponían “en movimiento”. Se exteriorizaría así potencialidad organizativa frente al estado porteño y disciplina al interior de la Confederación, tanto en lo relativo a la sociedad en general como a los opositores políticos en particular. Benavides ya se había puesto en contacto a solicitud de Urquiza con el Gobernador mendocino y con Esteban Pedernera que era Jefe de la Circunscripción del Sur y además, como señalamos, había reunido tropas con la intención de convertirse en la “vanguardia” nacional.
Por otro lado, la convocatoria realizada exterioriza la importancia política de San Juan, dado que Urquiza le solicitó el envío de un contingente mínimo, con la esperanza de mantener el equilibrio interno. Durán se mostró especialmente preocupado porque dicha situación afectase su vínculo con otras provincias y argumentó con nociones sobre la naturaleza del federalismo. Este cuidado respondía también a la estrategia de que Benavides lograse consolidar un poder regional, que facilitase la sujeción de todas las provincias que integraban la Circunscripción a los mandatos nacionales. Le informó que había ido a Mendoza y que el Gobernador Segura se había mostrado disconforme con el caudal de hombres que debía enviar, ya que había dado otros contingentes para Paraná. Según Durán, se “abstuvo” de contarle que sólo le habían pedido cincuenta hombres para no provocar recelos. Invitó entonces a Urquiza a modificar dicho número, porque la información se sabría y “sería una arma poderosa para los enemigos el que dijeran que el gobierno nacional no guarda igualdad con los pueblos de la república”, cuando ello era la piedra angular del nuevo orden político.23
En este sentido, la cita invita a pensar en los roles y los ritmos diferenciales de integración de las provincias en dicho orden. En los años que examinamos en este trabajo y especialmente desde 1858 hasta la disolución de los poderes nacionales en diciembre de 1861, tanto el poder ejecutivo nacional como los legisladores en el Congreso, se mostraron preocupados por la situación política de San Juan, ya que debatieron largamente y buscaron incidir en ella. Evidentemente, importaban los términos de su devenir político, por la potencial influencia y amenaza del estado porteño. Por dicha circunstancia, el poder central le había asignado la cabecera militar de la región y Durán advertía la necesaria cooperación regional. Asimismo, San Juan era sede del Obispado de Cuyo, lo que se constituyó en otro factor de dinamismo, como pronto advertiremos.
Sin embargo, la situación económica y los vínculos internacionales que ésta generaba en lo respectivo al comercio con Chile, no merecieron la misma atención por parte de las autoridades nacionales. Según hemos examinado, la dirigencia sanjuanina mostró durante la década un fuerte recelo por la política económica de la Confederación. Presentó reiteradas solicitudes y quejas con motivo del desarrollo comercial e industrial, que no fueron atendidas como esperaba. Especialmente, las acciones del gobierno nacional que lesionaban los intereses provinciales fueron la polarización en el Litoral como el puntal del desarrollo y, en el plano regional de Cuyo/Oeste, el lugar preeminente dado a Mendoza. Por ejemplo, a diferencia de San Juan, allí se instaló un Cónsul que era imprescindible para la comercialización con Chile y llegaron más servicios de correos y comunicaciones (Lanteri, 2014). La “rivalidad” entre ambas provincias en materia económica contrastó así con su colaboración militar. Como han señalado Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín (2007:67), la asunción de Juan Cornelio Moyano como Gobernador mendocino en 1856 -tras el mandato de Segura-, fue central en el intento de Benavides por mantener pacificada la región.
Entre las cuestiones imperiosas para las autoridades nacionales, se hallaba entonces la asistencia de tropas de estas provincias. Además, se confiaba en el espíritu regenerativo de la legislación. En este punto, Mendoza había sido la primera provincia en dictar su constitución a fines de 1854, pero ello era una tarea pendiente en San Juan; apreciada entonces por muchos como la “mejor solución” a la poca “respetabilidad” institucional y a las disidencias locales.24 De hecho, al momento del intercambio entre Durán y Urquiza, San Juan continuaba transitando un reordenamiento institucional que, a pesar de espejarse en los ritmos del proceso nacional, seguía sus propios compases locales que no coincidían con las expectativas del gobierno nacional. En efecto, el periódico oficial publicó a comienzos de 1856 una nota donde recriminó el accionar de las provincias que como San Juan, aún no habían sancionado sus constituciones.25 Meses después se logró el objetivo, pero la normativa indicaba entonces otro paso a seguir: la constitución de San Juan debía ser revisada y aprobada por el Congreso.
Nuevamente se trasparentaron allí tensiones entre las fracciones políticas provinciales y, además, se conformaron alianzas extra provinciales. La constitución sanjuanina se modelaba al calor de la experiencia y conflictividad política. El propio Durán fue el encargado de dinamizar la situación. Le solicitó a Benjamín Victorica, que era el yerno y principal vocero de Urquiza, que la llevase al Congreso. Le afirmó que los diputados por la provincia Guillermo Rawson26 y Saturnino María Laspuir, eran de los principales opositores políticos de Benavides y se habían encargado de obstaculizar la sanción. Se refirió con especial atención al artículo 7° que reglaba la elección de los miembros de la Legislatura por elección directa y sin atender al principio de “localización electoral”, que había sido el punto más álgido del debate.27
Efectivamente, por el análisis de las discusiones que tuvieron lugar en el Congreso entre julio y agosto de 1856, sabemos que Rawson fue uno los principales detractores de dicho artículo y que luego de una acalorada polémica, logró que finalmente fuera rechazado. Su estrategia para oponerse, fue cargar las tintas sobre que ello atentaba contra el sistema representativo y que “en ninguna parte de Europa ni de América” se hacía la práctica; cuestión que debía ser tenida en cuenta. De igual manera, sostuvo que era un peligro que se estableciera una “dictadura perpetua” de los centros de mayor población por sobre los pequeños. Apelaba así a la identificación de sus pares con el conflicto por la supremacía política con Buenos Aires. Valía recordar que uno de los motivos porteños para rechazar el “Acuerdo de San Nicolás” había sido que las provincias tuviesen igual número de representantes.
Ramón Gil Navarro -que representaba a Catamarca y se reconocía intermediario de Benavides28- rebatió a Rawson con argumentos que, aunque no lograron convencer a sus pares, vuelven a ilustrar sobre la circulación de diversas ideas respecto del orden político. En este caso, sostuvo que las definiciones sobre el gobierno republicano y representativo eran “varias y múltiples”, por lo que ignoraba “en qué libro de derecho público” se encontraba que una reglamentación de elecciones expresase si el gobierno que la dictaba “era o no republicano”.
Pero la situación no culminó allí, dado que el poder ejecutivo nacional vetó precisamente la supresión de dicho artículo. El Congreso como espacio soberano ubicado en la capital, era para éste un ámbito crucial para integrar y disciplinar a los opositores sanjuaninos sin intervenir directamente en la provincia. Los ideales e injerencia del poder ejecutivo nacional se conjugaron así con el pragmatismo político y los intereses de las élites políticas provinciales y de los legisladores. Se produjo entonces una nueva discusión.29 Rawson sostuvo el rechazo al veto, señalando la improcedencia del ejecutivo en una acción que no le competía, pero también afirmando “que votaba como sanjuanino” contra los partidismos políticos. Se decidió que se realizara otro dictamen. En éste, se volvió a recomendar el rechazo del veto del poder ejecutivo.
En el debate, Victorica intervino activamente en defensa del ejecutivo, apoyado nuevamente por Gil Navarro, mientras que Rawson volvió a oponerse. El resultado fue de trece votos a favor y diez en contra del dictamen de la comisión. Se decidió entonces rechazar el veto pero los votos no fueron suficientes según lo requerido en el reglamento en casos de insistencia. El asunto pasó al Senado pero este no se expidió. Al parecer como una estrategia, se elevó el asunto días después de que este entrara en receso. También esperaba Urquiza que en el período legislativo siguiente hubiera un recambio de algunos legisladores sanjuaninos por personas de su confianza y la de Benavides.30 El Congreso era un ámbito significativo en la toma de decisiones, donde el poder ejecutivo no lograba imponer siempre su voluntad fácilmente. Nuevos adeptos en lugar de Laspuir y Rawson eran, por ende, indispensables.31
El texto constitucional volvió a San Juan para incluir las modificaciones sugeridas. Pero por entonces, se habían sumado otros focos de tensión que dificultaron la gestión de Díaz. En especial, tuvo que ver el cambio en la postura política de Nazario Benavides. Las desavenencias con el provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona catalizaron dicha situación.32 El marco del conflicto entre Díaz y Maradona fue el ejercicio del Patronato y el problema se originó por las facultades en el nombramiento de eclesiásticos. Ello puso al poder ejecutivo nacional en una posición de mayor amplitud para intervenir, dado que dicho ejercicio era una de sus atribuciones constitucionales. A pesar del recelo que mostró el gobernador Díaz sobre su atribución de Vice-Patrono, lo que más le molestaba era la influencia que Maradona había ganado en gran parte de la población y su estrecha relación con Benavides.
Los poderes ejecutivo y judicial nacionales actuaron en connivencia y fueron sumamente rígidos con la decisión de Díaz de deponer a Maradona y enviarlo a Paraná para ser enjuiciado. El Fiscal lo acusó de invadir jurisdicciones nacionales y de darse facultades del orden eclesiástico al nombrar a diversos religiosos que no poseía. Incluso afirmó que el acto de haber invitado a otras provincias a sumarse al conflicto podía ser calificado de sedición. La situación fue leída por el gobierno nacional como un caso de disputa por la soberanía. No sólo actuó como árbitro con la intención de favorecer a Benavides, sino que aprovechó y acentuó la debilidad del Gobernador Díaz para sentar precedentes que trascendieran el conflicto en cuestión. El poder ejecutivo ejercía el Patronato nacional y recordarlo a los Gobernadores permitía su reposicionamiento como autoridad (Martínez, 2009).
Paradójicamente el Gobernador desencadenó una reacción adversa a sus objetivos. Tras el fallo que finalmente dio el gobierno nacional, se precipitó su derrota política en la provincia. La libertad de Maradona y su regreso a San Juan terminaron por debilitarlo. El conflicto perfiló a Benavides como el candidato a Gobernador de Urquiza para las próximas elecciones.33 Díaz jugó sus últimas cartas por la vía militar. Intentó fortalecer su autoridad a partir del manejo de las fuerzas y también de algunos cargos públicos. Mediante recambios y ascensos buscó desarticular algunas lealtades que Benavides había construido en las décadas previas.
Estos sucesos fueron exaltados por el propio Benavides y también por un grupo de ciudadanos sanjuaninos que escribió a finales de 1856 a las autoridades nacionales manifestándose a su favor.34 Para entonces, este último había logrado también fortalecer su poder mediante otro recurso: el uso de la prensa. En efecto, en el diario “El Agricultor” se publicó por ejemplo una nota que citaba entera la circular del ministerio de Guerra y Marina que antes referimos. Bajo este marco jurídico, llamaba a Benavides a utilizar sus “legítimas” atribuciones de Jefe de Circunscripción para movilizar fuerzas, ya que la paz interna de la provincia estaba en juego.35
Finalmente, junto a ello debe considerarse el complejo entramado familiar de Díaz, que lo emparentaba con sectores federales pero principalmente con los liberales, que cada vez actuaban en mayor connivencia con el gobierno porteño. Según Videla (1976:465-466), al final de su mandato estos últimos lograron ser más influyentes, especialmente por los vínculos parentales que unían a Díaz con Sarmiento, Manuel Gómez Rufino y Saturnino María Laspuir. Como anticipamos, dicha situación, incidió también negativamente en su relación con Benavides.
De hecho, el 17 de marzo de 1857 este último fue cabeza de un movimiento que puso fin al gobierno de Díaz. Si bien se encargó de que apareciese ante la opinión pública como “una revuelta espontánea del pueblo” por su recelo ante los sucesos de Maradona, las fuentes consultadas indican un consenso entre sus detractores y partidarios en su preparación de la revuelta. Y, en el especial uso que realizó de las fuerzas militares de la Circunscripción Militar del Oeste. Si para los primeros era repudiable la utilización de su cargo nacional para tejer su juego político local, los que lo apoyaban, como hemos comenzado a advertir, justificaron su acción por las “necesidades” políticas.36
El gobierno nacional vio con buenos ojos lo sucedido –una acción militar que si bien “autónoma” se alineaba con la política nacional, ya que el acercamiento de Díaz con los sectores liberales la comprometía-, y decidió la intervención federal a cargo de Nicaror Molinas, por entonces miembro de la justicia federal.37 La coyuntura política ameritaba la rápida pacificación de la provincia. Las relaciones con Buenos Aires se habían tensado nuevamente por las leyes de derechos diferenciales al comercio y por la elección del Gobernador. En efecto, Valentina Alsina, poco propenso a las vinculaciones con la Confederación, fue electo en mayo de 1857. Se debilitó así la estrategia de Urquiza de que Tomás Guido ocupase dicho cargo (Scobie, 1964; Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007). Guido era uno de sus firmes puntales y, si bien ajeno a la política provincial, actuó por su recomendación como senador por San Juan durante todos los períodos legislativos (lo que resulta nuevamente indicativo del interés por contar con personas adeptas en la provincia).38
En un detallado instructivo, se recomendó a Molinas que dictase la constitución provincial y restableciera según ésta a las autoridades. Si era necesario, aunque se buscaba evitar el uso de las armas, podía movilizar las Guardias Nacionales de San Luis, Mendoza y San Juan y las fuerzas nacionales existentes en esta última.39 El gobierno nacional intentaba así extender su influencia a partir de un resorte constitucional que reglaba el uso legítimo de la violencia. Benavides, se mostró de acuerdo con la intervención. Conozcamos qué sucedió desde entonces.
II- La revolución de marzo hizo que Benavides perdiese algunos de sus principales colaboradores. Especialmente, Manuel Antonio Durán se mostró disgustado ante Urquiza por la actitud de separarlo a él, su padre y otros militares de las listas para ocupar cargos públicos en las próximas elecciones. Consideraba que ello iría en detrimento de su triunfo, pero rescataba la investidura nacional del cargo de Jefe de la Circunscripción de Benavides, la que a su entender lo hacía estar “bien equilibrado” y preservar su influencia para continuar tomando decisiones.40 Al poco tiempo, éste solicitó el relevo de Durán por Carmen José Domínguez en el cargo de Secretario de la Circunscripción. También Domínguez contó con el apoyo de Urquiza, situación favorecida porque era hermano de Cesáreo Domínguez, militar de su confianza y Jefe de la Inspección de Armas de la Nación que había sido creada en 1854 (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007:32 y 50).
Ambas designaciones de los Secretarios de la Circunscripción son un claro ejemplo de las redes de relaciones que fueron tejiendo la institucionalidad nacional y de la volatilidad y el pragmatismo político del período. Por una parte, el capital simbólico del padre de Durán y del hermano de Domínguez fue capitalizado. Igualmente, su reconocimiento como “sostenedores de las instituciones de la patria” desde antes de 1854 y su pertenencia al “partido federal”, eran condiciones suficientes para Durán para reafirmar su “amistad y cooperación” con los Domínguez.41 Por otro lado, Durán y el ex Gobernador Díaz pronto pasaron a ser de los principales opositores a Benavides (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007:32). Con todo, Durán logró reubicarse en el juego político y mantuvo un buen vínculo con Urquiza, además de ser elegido diputado nacional por la provincia entre 1858 y 1859.42
En forma similar a Durán se refirió Juan Montero, uno de los Jefes de la milicia provincial y Coronel de la nación además de pariente de Urquiza. Afirmó que Benavides rechazaba todo intento de Molinas por unirlo con los federales y empleaba como estrategia el recambio de militares. De igual forma, Benavides logró hacer uso de solidaridades tejidas en otra institución estatal nacional: la oficina de Rentas Nacionales que funcionaba en la provincia. Allí había ubicado en la jefatura a uno de sus parientes–Aniceto Sánchez-, lo que favoreció el logro de su cometido.43
Benavides hizo que Montero, Durán y otros militares debieran rendir cuentas sobre el manejo de las respectivas fuerzas que comandaban. Según Montero, para poder enjuiciarlo, se le quitaron los libros de tesorería y se le prohibió el servicio del Oficial Mayor tratando de confundirlo en su rendición (además de sufrir otros maltratos, como disminuciones en su sueldo y la cancelación de su correspondencia con las provincias de la Circunscripción). Gracias a la intervención de Nicaror Molinas había logrado apaciguar la situación pero, cuando éste fue en misión a La Rioja, aprovecharon para sustraerle la información que había recabado. Finalmente, Urquiza apostó a reemplazar al Administrador Nacional de Rentas por el propio Montero, lo que provocó gran conmoción. Inmediatamente Benavides buscó darle mala publicidad, sugiriendo el peligro que era tener “malos militares” en el Interior, pero su reclamo no fue atendido.44
Por este tipo de acciones, Nicaror Molinas le expresaba a Urquiza las dificultades que tenía en lograr la aprobación por parte de los diversos sectores de la candidatura a Gobernador de Benavides. Había logrado ya promulgar la constitución provincial a principios de mayo, pero no podía generar consenso en torno a su figura. Sus constantes recambios de Jefes militares nacionales, la conformación de un nuevo grupo a la cabeza de la Guardia Nacional de la provincia y sus paradójicas relaciones con algunas personas vinculadas a la dirigencia porteña, le habían hecho perder todo crédito (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: 50-51 y 74).
Las bases locales de poder de Benavides se habían debilitado. Las expectativas iniciales sobre su rol como Jefe de Circunscripción se veían así excedidas, pero Urquiza insistía en que fuera el candidato porque era “un elemento de orden, lo ha sido y siempre lo será”.45 Entre otras acciones que mencionamos, había intentado organizar la Circunscripción Militar y ante el conflicto con Buenos Aires de 1856 había dispuesto espontáneamente sus tropas. También en la intervención federal realizada a La Rioja en 1857, había accionado desde San Juan en coordinación con Peñaloza, desplazando a opositores políticos y cumpliendo directrices de Urquiza. Sin embargo, la percepción de los rivales de Benavides era otra, ya que veían los sucesos de La Rioja enlazados a los locales. Creían que era un argumento para mantener movilizadas las fuerzas de la Circunscripción Militar y utilizarlas en asistencia y beneficio propios. Como advertiremos, según el propio Benavides, también Urquiza se haría eco de estas opiniones y ello alteraría su poder (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: entre otras 34-36 y 70).46
Señalemos ahora que los tiempos apremiaban porque el Congreso había decidido convocar al Ministro del Interior Derqui, por el desarrollo de la intervención federal a la provincia.47 La interpelación se produjo por pedido de Saturnino María Laspuir, quien sostuvo que Molinas no cumplió con los mandatos constitucionales nacionales ni provinciales. Por un lado, había asumido él mismo la gobernación y, por otro, había declarado por tres días estado de sitio banalizando un resorte de importancia por una simple reyerta electoral el día en que se elegiría una nueva Legislatura. A entender de Laspuir, ello resultaba tanto más grave porque si ésta no se instalaba, no podría elegir Gobernador. El padre de Saturnino, Manuel, presidía dicha Legislatura y se había visto perjudicado por el accionar del Interventor. Saturnino operaba así desde el ámbito nacional en solidaridad familiar con su padre que se hallaba en la provincia. Y se producía además una situación de arbitrio diferencial del poder nacional para dirimir situaciones locales a la que examinamos en el primer apartado. Para parte de las autoridades sanjuaninas era momento que la situación se resolviera sin su injerencia.
Además, otros legisladores indicaron que hacía más de un año que había llegado al Congreso la queja de miembros de esta última depuestos en sus cargos por Benavides, y que éste no era entonces reconocido por todos, como algunas autoridades nacionales querían hacer notar. De igual manera, sugirieron que el ejecutivo había avanzado sobre atribuciones del poder judicial y que el Ministro Derqui estaba equivocado al sostener que no debía dar “mayores detalles” al Congreso. En efecto, Derqui sostuvo que Molinas actuó en total conformidad y que no se iba a explayar sobre los pormenores de la intervención, porque no quería sentar un precedente en el que el Congreso tuviese injerencia sobre atribuciones que no le competían. Había respondido a una situación de sedición y su moderación quedaba probada porque no había movilizado la fuerza militar. Luego del cruce de palabras, se retiró del recinto. El proceder y margen de acción de ambos poderes, se enmarcaba además en la falta de una normativa que precisara el desarrollo de las intervenciones federales y que pudiera servir de referencia en estos casos.48
A esta discusión del Congreso, se sumaron las presiones de alrededor de trescientos ciudadanos sanjuaninos que habían enviado un petitorio al vicepresidente Salvador María del Carril en tanto “hijo de San Juan”.49 Solicitaban el fin de la intervención y culpaban a las autoridades nacionales de intervenir el “libre juego” de los poderes provinciales. Por entonces, se acentuaba su rivalidad con Santiago Derqui por la futura presidencia y del Carril se puso en acción para lograr responder al reclamo, por lo que San Juan se convirtió en una caja de resonancia de la sucesión de Urquiza (Videla, 1976:520; Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007:52 y 73).
Finalmente, Nicaror Molinas llamó a elecciones en septiembre de 1857. Los sectores liberales con vínculos con el estado porteño habían visto como propicias para acceder al poder provincial, tanto la erosión del poder de Benavides como la asunción de Alsina como Gobernador de Buenos Aires. Se enfrentaron así los federales de Benavides con dichos sectores liberales nucleados en el “Club Libertad”. Éstos contaban también con el apoyo de los federales disidentes como Durán, que actuó como negociador entre ambos sectores50, y el ex Gobernador Díaz con quien, como señalamos, tenía redes de parentesco directas dado que era su cuñado; cuestiones que resultaron cruciales para su triunfo. Manuel Gómez Rufino asumió la gobernación y nombró como ministro a su sobrino Saturnino María Laspuir, quien regresó a la provincia tras dos años de representación como diputado (Videla, 1976:521-523 y Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: 67). Benavides permaneció como Jefe de la Circunscripción y los federales que le eran adeptos lograron algunos puestos en la Legislatura, incluyendo la presidencia de Timoteo Maradona.
III- Como han afirmado Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín (2007), las relaciones entre Gómez Rufino y Benavides fueron mucho más tensas que las que este último había establecido con Díaz, ya que contaba con un marco jurídico en el que sustentarse. En efecto, apoyándose en la constitución provincial, especialmente en los artículos que referían a que era “Jefe de las milicias o guardias nacionales de la provincia no movilizadas” y que concedía “grados militares hasta coronel para la guardia nacional de la provincia”, socavó el peso militar de Benavides. Un repaso somero de algunas de sus medidas, que efectuaremos siguiendo la interesante síntesis efectuada por estas tres autoras (2007: especialmente 36-40, 55-57 y 76-80), revela un ajuste de atribuciones y deberes entre ambos.
El marco normativo generado a solicitud del gobierno nacional repercutió entonces de manera decisiva en la política local. Poco antes de culminar la intervención a San Juan, Molinas había recomendado a Benavides organizar la guarnición de línea de la provincia ante el caso que el gobierno nacional lo requiriese. Ello podía producirse porque la mediación entre Buenos Aires y la Confederación del ministro británico Christie en tanto estrategia de conciliación fracasaba y, además, dado que era necesario fortificar la defensa de las fronteras de algunas provincias como Santa Fe, San Luis y Mendoza de malones indígenas. Al mes siguiente, desde el Ministerio de Guerra se reforzó la custodia militar solicitándole a Benavides el envío de diversos cuerpos a la provincia de San Luis para que se pusieran al mando de Pedernera (algunos de los que luego se ordenó enviar a Paraná).
El conflicto con Gómez Rufino se inició cuando éste resolvió encargarse de reorganizar dichos cuerpos, nombrando nuevos oficiales y destituyendo a otros. Benavides protestó ante el Gobernador que no revocó su decisión. Este último se apresuró en generar una buena imagen ante Urquiza. Le sugirió que había organizado las fuerzas y que debía disculparse por su mal estado. Dio especial cuenta de las deserciones y le adjuntó una nota que detallaba el estado deficiente de las rentas, que hacía imposible mantener una tropa de línea “con moralidad y disciplina”. Considerando esta situación, afirmó que en San Juan podían tomarse medidas para aliviar el precario estado financiero de la Confederación.
Su intención era cercenar el poder de Benavides, aunque supo argumentar en favor de las solidaridades de la provincia con la nación. Gómez Rufino iba a proponer que la partida de Policía de la capital pasara a depender de la provincia, pese a los magros recursos disponibles, ya que ello mejoraría además el contingente que le darían al ejército nacional. También, sugería que mandase a disolver el resto de la tropa del ejército de línea que no estaba afectada, lo que permitiría ahorrar recursos.51
Por su parte, Benavides optó por escribirse con ambos. La carta enviada al Gobernador es un claro ejemplo de la tensión producida por la superposición de funciones entre el ámbito político y el militar antes aludida. Se mostró especialmente ofendido por su injerencia en asuntos que le competían como Jefe de la Circunscripción, como lo era poner en disciplina y movilizar las tropas que le había solicitado el gobierno nacional. A su entender, Rufino lo había agraviado enviando de intermediario a uno de sus subalternos, cuando eran necesarios “recíprocos miramientos” entre uno y otro porque además de ser Jefes lo eran de “distinta naturaleza y absolutamente independientes entre sí”.
De igual manera, deslindaba sus responsabilidades respecto del estado de la tropa, por el que pretendía dejarlo en evidencia ante Urquiza y la sociedad sanjuanina. Afirmó que ello dependía de los empleados provinciales que no organizaban bien las rentas. Asimismo, desconoció la voluntad de Gómez Rufino de ponerlo bajo sus órdenes, ya que él solo debía responder al comisionado nacional Molinas:
“el mandato es reciente y explícito como para que yo pudiera tolerar que nadie toque la organización de esa tropa, mayormente de la manera que Ud. lo pretende, cambiando de su propio motu oficiales del ejército del línea del servicio activo por otros que no lo están. A no ser así mi autoridad desaparecería y con ella quedaría abrogada por Ud. lo mismo que aquella que la Constitución difiere al Excmo. Gobierno nacional: lo que no me es dado consentir bajo ningún pretexto, por mi propio honor, por mi obsecuencia a esa autoridad y por mi respeto a la constitución vigente”52
Benavides enfatizaba así la legitimidad que daba la autoridad nacional a su cargo, en un argumento con el que intentaba trascender a su persona. La constitución había reglado un nuevo juego político y desconocer su autoridad implicaba, en definitiva, desconocer también a éste. El Gobernador había tomado facultades que no le competían, haciendo uso de las fuerzas de la Circunscripción Militar en beneficio de la conformación de una red de lealtades con las que quebrantar el poder de Benavides y reforzar el propio.
A ello se sumaba que había ordenado obrar activamente en su contra. De acuerdo a su relato, había enviado a un subalterno a comunicarle a Urquiza los atropellos que estaba sufriendo y, con el pretexto de una citación, lo anotaron como “desertor” por no presentarse en las oficinas nacionales. Benavides ya no podía intervenir como lo había hecho en el caso de Montero que señalamos, cuando logró orientar la acción del Administrador Nacional de Rentas en su favor. Por entonces, éste había sido reemplazado nuevamente por una persona adepta a Gómez Rufino que cumplía además con la función de Comisario de Guerra, quien se encargó que continuase figurando como “desertor” a su regreso a la provincia. Finalmente, según Benavides con “el fin de destruir todo lo que él había construido” el Gobernador mandó a disolver y dejar sin efecto sus despachos sobre las Guardias Nacionales y se reservó el derecho de hacer dichos nombramientos, con arreglo a la constitución provincial. Además, tomó otra medida que hacía irreconciliable la situación: puso la Inspección de Armas de la provincia bajo su mando. 53
La situación se vio agravada por la falta de instrucciones claras del gobierno nacional respecto de las atribuciones de cada uno (Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín, 2007: 76). En un contexto de particular tensión, el pragmatismo político de los actores nuevamente definía su accionar. Benavides y otros militares de la Circunscripción reclamaron dichas instrucciones apelando a su investidura y a los peligros que traería “un avance del gobierno provincial sobre el nacional”. Buscaron por todos los medios que Urquiza y el ministerio de Guerra y Marina diesen directrices que allanaran el conflicto, pero no tuvieron éxito. En el apartado anterior señalamos algunas ocasiones donde se habían aclarado asuntos por su intermediación, pero en todo el año de 1858 las autoridades de Paraná no se expidieron respecto de las tensiones sanjuaninas.54
Benavides leyó la situación como una pérdida de apoyo. Como anticipamos, pensaba que Urquiza no resolvía acciones a su favor porque “daba mucho crédito a la información de sus enemigos declarados” y a las difamaciones que sufría por parte de Nicaror Molinas, que divulgaba información sobre la intervención federal que había realizado.55 Molinas había sido enviado por Urquiza como Interventor con órdenes de sostener a Benavides en el juego político, sin embargo también realizaba acciones de desprestigio que no se correspondían con dicho mandato.
Con todo, Urquiza había dispuesto a finales de 1857 que Benavides tuviera una escolta personal de siete hombres, porque habían llegado a Paraná noticias sobre intenciones de asesinarlo. Paradójicamente, la misma fue motivo de más discordias y rumores. El Gobernador Gómez Rufino aprovechó el enjuiciamiento de uno de sus militares más afectos -Valentín Videla que había sido colaborador en la revuelta de marzo de 1857 – aduciendo que se había resistido al llamado al servicio militar. Los soldados que testimoniaron afirmaron que al buscarlo lo encontraron junto a Benavides, quien les dijo que con la escolta “que el propio presidente le había puesto” le bastaría para cuando quisiese “darles una patada y volcar la administración”.56
Por entonces, las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires habían llegado a otro punto álgido que permeó la política sanjuanina. En mayo de 1858 el Congreso autorizó a Urquiza a resolver la cuestión de la integridad nacional por negociación o guerra. A la par, Buenos Aires se preparaba militarmente al mando de Mitre. En San Juan, muchos miembros de la Legislatura y el propio Gobernador -quien contaba con la confianza de Domingo Faustino Sarmiento desde tiempo atrás-, fortalecían sus vínculos con el gobierno porteño (Videla, 1976). Esto último recrudeció la contienda política. Los rumores de conspiración contra las autoridades provinciales continuaron creciendo y, en septiembre, se dispuso el arresto de Benavides.
Los sucesos posteriores han sido reiteradamente destacados por la historiografía del período: el asesinato de Benavides en octubre de 1858 por miembros de las milicias provinciales condujo a una nueva intervención federal. Las relaciones al interior de la Confederación y con el estado porteño se tensaron aún más y se inició una nueva y convulsionada etapa política en San Juan. Entre otras cuestiones, Santiago Derqui fortaleció su camino a la presidencia por su accionar dicha intervención federal y las complejas relaciones con Buenos Aires se materializaron en acciones como el asesinato de José Antonio Virasoro y Antonino Aberastain, los Gobernadores sucesores de Gómez Rufino.57
En este trabajo revelamos confluencias y divergencias de la vida política de San Juan y de los vínculos entre la provincia y el poder central ilustrativos de la volatilidad, pragmatismo y metamorfosis política e institucional del período que examinamos. Pusimos de manifiesto el tinte local de la política sanjuanina a la vez que dimos cuenta de los hilos que la iban articulando en el nuevo sistema político nacional. Ambos espacios estaban en conformación y sus interacciones, signadas por distintos conflictos, adaptaciones y negociaciones, modularon en gran medida dichos procesos.
Las relaciones entre la nación y San Juan fueron así examinadas en términos de prácticas políticas atravesadas por diversos actores con sus propios acuerdos, intereses, tensiones y prerrogativas. Atendimos a ellos considerando un doble juego político-institucional, centrado en el análisis del rol y accionar de la Circunscripción Militar y del Congreso. En efecto, ambos resultaron interesantes para advertir el nuevo escenario que supuso la integración de las provincias en un estado federal, representativo y republicano. Focalizamos así en los rasgos centrales del proceso histórico, pero pretendimos establecer diálogos entre los actores y las instituciones y entre la nación y San Juan.
Especialmente, Nazario Benavides en tanto Jefe de la Circunscripción, fue un intermediario clave para pensar la problemática analizada y, en términos generales, para reflexionar sobre la política en los 50´. En este sentido, mostramos la manera en que la Circunscripción Militar fue creada a comienzos de 1855, como respuesta a las tensiones políticas sanjuaninas que habían sido sujetas a consideración del gobierno nacional. Entre otras cuestiones, destacamos que Urquiza corporizó desde este cargo la descentralización política y militar en una figura con fuerte anclaje territorial como Benavides, y que su accionar excedió sus expectativas iniciales de que obrase como uno de sus nexos con los Gobernadores y que controlase la situación provincial. En efecto, el poderío de Benavides generó tensiones y negociaciones al interior de San Juan, ya que la investidura nacional le permitió incidir en el juego político provincial/regional.
Los mediadores locales como él eran necesarios para articular el orden político, pero al mismo tiempo podían tensionarlo. Los procesos de negociación con y entre este tipo de figuras fue una constante de la década, ya que Urquiza implementó lógicas similares en otros espacios provinciales que tuvieron resultados diversos. Sin embargo, el peso de Benavides resultó influyente y definitorio de la situación de San Juan en el período estudiado y, también, en el devenir de la propia Confederación. Ello se expresó en el trabajo en el detalle de los complejos y variantes vínculos de Benavides con los Gobernadores y con el poder ejecutivo nacional, que pusieron de manifiesto sus diversos intereses, redes, estrategias y medidas políticas y militares. Advertimos que pese a las intenciones del poder ejecutivo nacional, los Gobernadores de San Juan mantuvieron injerencia en la organización y movilización de las fuerzas militares y que dicha situación incidió en sus vínculos con Benavides. Consideramos también en la explicación de este entramado, la actividad de los legisladores nacionales y de Nicaror Molinas en tanto Interventor federal.
De igual manera, atendimos al complejo proceso de sanción y revisión legislativa de la constitución sanjuanina y a los debates sobre la creación de las Circunscripciones Militares, lo que nos permitió profundizar dinámicas y vínculos provinciales y nacionales tejidos el Congreso. Reconocimos la circulación de nociones sobre la naturaleza del sistema federal y republicano y la resolución de las disputas sanjuaninas que allí se expresaron. El análisis desarrollado resulta así ilustrativo de la discusión y puesta en práctica de formas concretas de articulación, de participación y de preponderancia entre los poderes estatales y entre las esferas de poder. San Juan y las restantes provincias percibieron al Congreso como un recinto para la conformación de una institucionalidad estatal que las integrase, pero no por ello dejaron de anteponer sus dificultades e intereses propios.
En este marco, surgieron puntos sensibles sobre las formas y usos militares que tuvieron un importante influjo en las siguientes décadas.58 Durante la Confederación se generó además un paulatino proceso de “nacionalización” de las fuerzas militares provinciales, por la participación en batallones, regimientos y líneas de frontera, la progresiva inclusión de jefes y oficiales al ejército y la creación de estructuras administrativas que aquí no revelamos; pero que igualmente Mitre logró capitalizar desde su asunción como Presidente en 1862.59
Junto a otras acciones de este tipo, la creación de las Circunscripciones evidencia que fue grande el esfuerzo por construir una estructura estatal centralizada y modernizante, aunque no se tuvieron los recursos ni el tiempo suficiente para reconciliar las tradiciones locales y personales y terminar de institucionalizar los órganos del estado; requeridos para desarticular más de treinta años de funcionamiento provincial autónomo. Con todo, ello redundó en beneficio de un ejercicio político experimental, que realzó y fue dando sustancia al carácter federal de la formación estatal. El juego institucional fue apreciado por las provincias como una forma de su articulación política. La Confederación supuso entonces una etapa de aprendizaje y un legado al período abierto en 1862 de cierta convivencia y reconocimiento de los actores en las esferas nacionales.60
En definitiva, el cuadro de situación que presentamos en estas páginas fue narrado con un tinte descriptivo que elegimos acentuar. Consideramos que era una manera adecuada para arrojar luz sobre la vida política de una provincia como San Juan y sobre el impacto que en ella –y, en términos generales, en el acontecer de la Confederación- tuvieron instituciones estatales nacionales como la Circunscripción Militar y el Congreso, sobre las que aún resta mucho por ser conocido. Este tipo de abordaje resulta así crucial para complejizar el conocimiento sobre la manera en que el estado federal fue pensado y organizado, en que fue construido y ejercido el poder y en que fue ponderado y materializado el lugar de las distintas provincias en esta década bisagra del siglo XIX.
Versiones preliminares de este artículo fueron discutidas en las VI Jornadas del Programa de Historia Política “Las provincias en la política nacional” y en las XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, realizadas respectivamente en la Facultad de Derecho y en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, del 30 de septiembre al 1 de octubre y del 2 al 5 de octubre de 2013. Agradezco los valiosos comentarios de los colegas asistentes y, especialmente, de las Dras. Flavia Macías, Mabel Cernadas y Beatriz Bragoni. Cualquier error que exista es de mi exclusiva responsabilidad.
1 El período 1852-1862 es conocido entonces como la “Confederación” pese a haberse conformado un estado federal, en adelante utilizamos el término sin comillas.
2 El enfoque que asumimos es tributario de las nuevas miradas sobre la conformación del sistema político nacional en la segunda mitad del siglo XIX que desplazan el foco de atención “de la periferia al centro”. Por la amplia producción, nos permitimos citar sólo Bragoni y Míguez (2010) y un balance crítico en Míguez (2012).
3 Nos servimos de diversos trabajos como marco del proceso histórico nacional y provincial que estudiamos. Para un examen de los sucesos remitimos al lector especialmente a Scobie (1964), Videla (1976) y Peñaloza de Varese y Arias (1966).
4 Benavides era Brigadier General de San Juan desde 1841 por sus campañas en Norte y Cuyo y, además, de Salta, Tucumán y Buenos Aires también desde los ‘40. No nos detendremos aquí sobre su larga trayectoria pública y privada. Al respecto pueden consultarse, entre otros Videla (1976) y Zinny (1987).
5 Situación que hizo, por ejemplo, que Irigoyen fuese tutor de su hijo cuando fue becado por el propio Urquiza para estudiar en el Colegio de Concepción del Uruguay.
6 Acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional, Paraná 9/3/1855, citado Cámara de Diputados de la Nación, El poder Legislativo de la Nación Argentina, por Carlos Alberto Silva, Buenos Aires, 1937 (Silva), Tomo III: 191-193.
7 Carta del Ministro del Interior Santiago Derqui al Gobernador Francisco Díaz, Paraná 9/3/1855, citada en Silva, Tomo III: 193-195. El mismo proceder tuvo con el Presidente de la Legislatura y con Benavides a quienes explicó las decisiones del gobierno nacional y el rol que les tocaría cumplir. Cartas del Ministro del Interior Santiago Derqui al presidente de la Sala de Representantes, Paraná 10/3/1855 y a Nazario Benavides, Paraná 10/3/1855; ambas citadas en Silva, Tomo III: 195-196 y 197 respectivamente.
8 Buchbinder (2004:78) y Cartas de Sarmiento a Serapio Ovejero, Chile, 17/01/1855 y a José Posse, Rosario 30/4/1855, citadas Fuente documental “Cartas inéditas de Sarmiento”, en Boletín de la Junta de Historia de la Provincia de San Juan, segundo semestre de 1944, San Juan, p. 77 y en Archivo del Museo Histórico Sarmiento, Epistolario entre Sarmiento y Posse, Serie V N°1, 1946, tomo I 1845-1888, pp. 17-18 respectivamente. Aclaramos que advertiremos lateralmente algunas situaciones en las que se evidencia la influencia de Sarmiento, como respecto del accionar del gobernador Gómez Rufino en el último apartado, pero no nos interesa examinar su trayectoria ni actividad en el período ni posteriormente, cuando diversas acciones cristalizaron en su acceso a la gobernación de San Juan en 1862. Tampoco damos cuenta en el trabajo los pormenores de las relaciones y acciones del estado porteño y el provincial y su impacto en el devenir de la Confederación.
9 Dato en Silva, Tomo III: 199.
10 Como lo ha destacado Macías (2007:10). Entre otros, sobre Tucumán los estudios de dicha autora y Bravo (2008) y sobre Corrientes Buchbinder (2004), especialmente con las particularidades que el autor atribuye a lo que denomina como un “proceso de desmilitarización” provincial.
11 Entre los fundamentos de los decretos antes mencionados se señalaba que mientras se formulara una organización similar en toda la Confederación era de necesidad nombrar un jefe con las cualidades de Benavides para los casos que, con arreglo a la constitución, requiriera el gobierno nacional movilizar todo o parte de las fuerzas de las provincias que integraban la Circunscripción. Citado en Instituto: 161 y 162.
12 Para ampliar el análisis sobre distintos aspectos del funcionamiento institucional y de la dinámica política del Congreso, como la sanción de leyes, la injerencia del poder ejecutivo nacional, los vínculos entre los poderes estatales y la conformación de bloques y solidaridades extra-provinciales, nos permitimos remitir al lector a Lanteri (2011a, 2012 y 2013).
13 El trasfondo del debate fue el rechazo del decreto por parte del Gobernador de Córdoba. Auza (1978) ha referido a los lineamientos y posturas generales del mismo, por lo que obviamos mayores referencias y ampliamos solo algunos puntos en función de nuestro análisis. Discusiones en Actas de las Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1855, Buenos Aires, 1891, especialmente: 127-144 y Congreso Nacional, Actas de las Sesiones de la Cámara de Senadores. Año 1855, Buenos Aires, especialmente: 166-184.
14 Congreso Nacional, Actas de las Sesiones de la Cámara de Senadores. Año 1855, Buenos Aires, p. 167.
15 El estudio de la articulación entre la Guardia Nacional y el Ejército de Línea que está en el centro de estas reflexiones de Macías, así como el examen de la Guardia Nacional en San Juan exceden los objetivos de este trabajo. Respecto del primer problema pueden consultarse, entre otros, los estudios citados y una interesante reflexión reciente en Macías y Sábato (2013).
16 Los perfiles e itinerarios de los designados para dirigir las distintas Circunscripciones Militares en Auza (1978: 114-116).
17 Nacido en San Juan en 1829, había estudiado abogacía en la Universidad de Córdoba. Dichos conocimientos y su participación en la “Asociación de Mayo” lo habían perfilado como Secretario del Congreso General Constituyente. Su padre había sido ministro de gobierno de Benavides antes de 1852, pero para esa fecha distintas tensiones políticas los habían alejado y Saturnino permaneció junto a su padre. Datos en De Estrada (1987).
18 Carta de un grupo de diputados electos al Oficial mayor del Ministerio General de Gobierno, San Juan, citada en Ferrá de Bartol, Margarita et. al. Archivo del Brigadier general Nazario José Benavides. San Juan: Universidad de San Juan, Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Profesor Domingo Arias”, 2007, Vol. 5 (Instituto): 117/118.
19 Según Durán, sobre quien volveremos enseguida, “cada empleado exige y si no se le concede apela a su arma favorita: una renuncia, y como los hombres son pocos y menos los capaces y el gobierno dice amén (…) desde que estoy en San Juan en la administración de justicia en un año y dos meses se han cambiado doce veces el personal”, Carta de Manuel Antonio Durán a Benjamín Victorica, San Juan, 15/2/1856, citada en Archivo General de la Nación (AGN), sala VII, Fondo Benjamín Victorica, Legajo 3130, Diputado al Congreso federal. Año 1856. Claro que esta situación de precariedad administrativa y fiscal no era propia de San Juan, sino de la mayoría de las restantes provincias que integraban la Confederación.
20 Circular de José Miguel Galán a los Jefes de las Circunscripciones Militares, Paraná 5/6/1855, citada en Instituto: 167-168. También citada en Auza, 1971.
21 Macías, en prensa: 66. Sobre la experiencia de Tucumán y Corrientes ver las obras de la autora y de Buchbinder, 2004 respectivamente.
22 No tenemos datos sobre la actuación de este contingente, pero como advertiremos, su sucesor Gómez Rufino se mostró disconforme ante Urquiza por el estado de indisciplina de algunas tropas. Por entonces, la provincia que era eminentemente agrícola, tenía alrededor de 50000 habitantes mientras que la ciudad de San Juan unos 20000 habitantes. Datos sobre el perfil económico y geográfico en De Moussy (2005: T.II:495 y T.III:416-418 y 530).
23 Todas las referencias extraídas de Cartas de Manuel Antonio Durán a Benjamín Victorica, San Juan 23/3/1856 y a Urquiza, San Juan 14/2/1856; citadas en AGN, sala VII, Fondo Benjamín Victorica, Legajo 3130, Diputado al Congreso federal. Año 1856 y en Instituto: 115-117 respectivamente.
24 Cartas de Juan Montero a Justo José de Urquiza, San Juan 28/11/1855 y de Francisco Díaz a Justo José de Urquiza, San Juan 23/11/2855, ambas citadas en Correspondencia con varios noviembre-5 de diciembre 1855, AGN, sala VII, Fondo Justó José de Urquiza, 1555 y carta del ministro del Interior al gobernador de San Juan, Paraná 2/6/1856, Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 271. Respecto de la resistencia de diversos sectores, un colaborador de Benavides refería a las autoridades nacionales: “no nos ocupamos de otra cosa que de combatir. Llegamos a vencer por nuestro poder o nuestra justicia y allí se agotan nuestros esfuerzos (…) así es que con semejantes conductas nosotros mismos autorizamos el desorden, prolongando el malestar, porque cansados de sosiegos queremos nuevas luchas para ensayar el poder. Si estamos fuertes cebamos al enemigo para que su desventaja no quite mérito al triunfo y si lo contrario nos dejamos andar a paso de tortuga. Este es nuestro modo de ser desnudo de toda exageración”. Carta de “un federal” a Benjamín Victorica, San Juan 28/1/1856, citada en AGN, sala VII, Fondo Benjamín Victorica, Legajo 3130, Diputado al Congreso federal. Año 1856.
25 El Nacional Argentino, Paraná, 9/2/1856.
26 Rawson fue otra importante figura de la política sanjuanina. Era médico de profesión y había formado parte de la Legislatura antes de 1852. Fue elegido diputado con anterioridad a 1856 pero se negó a ocupar su banca hasta entonces por la resolución que se había dado desde el gobierno nacional a los conflictos sanjuaninos que analizamos en el apartado anterior. Datos en Maurín Navarro (1973) y una biografía en Aráoz Alfaro (1938).
27 El artículo no contemplaba la representación de todos los departamentos de la provincia en la composición de la Legislatura, sino que podían elegirse indistintamente representantes de cualquiera de éstos. Carta de Manuel Antonio Durán a Benjamín Victorica, San Juan, 15 /2/1856, en Diputado al Congreso federal. Año 1856, AGN, sala VII, Fondo Benjamín Victorica, 3130. En adelante, todas las referencias de Silva, Tomo III, pp. 910-942. Según Videla (1976:488) no se registra información sobre las discusiones ni inspiración y autores del texto. En comparación con otras provincias, San Juan presentó un reticulado menor y en el Congreso solamente se le objetó el artículo que referimos y la capacidad de veto absoluto de leyes por parte del Gobernador. Tampoco se realizan muchas referencias al uso de la violencia. Hemos analizado la sanción de las constituciones provinciales en Lanteri (2011a).
28 Sostuvo que cuando representó a La Rioja en 1855 fue gracias al apoyo de Benavides, a quien caracterizó como un “Toqueville de la política” (Ferreyra & Reher, 2005: 240 y 328).
29 Discusiones en Silva, Tomo III: 622-637.
30 Cartas de Santiago Derqui al Gobernador de San Juan, Paraná 12/101856 y de Juan Montero a Justo José de Urquiza, 13/12/1858, en Archivo General de la Provincia de San Juan, Fondo Histórico, Libro 271 e Instituto: 328-330 respectivamente.
31 Para reflexiones mayores respecto del vínculo entre los poderes estatales y la dinámica política del Congreso nos permitimos remitir nuevamente al lector a nuestros trabajos.
32 Hemos analizado este caso en otro artículo, pues el mismo tuvo resolución en la justicia federal, otra institución que canalizó los vínculos entre el poder central y los provinciales durante el período (Lanteri, 2011b). Recuperamos aquí solo algunos puntos en función del problema que nos ocupa. Timoteo Maradona era hijo de un patricio sanjuanino, antes de 1855 había sido Gobernador interino en los años 1828, 1829, 1837 y 1843 y ministro general de Benavides. Al parecer hubo tensiones por la aprobación de las reformas sugeridas en el Congreso al texto constitucional, pero no hemos podido dar con mayor información al respecto.
33 Urquiza había enviado a un amigo en común –José Figueroa, por entonces senador por San Luis- en una misión a la provincia para facilitar la tarea. Carta de Benavides a Urquiza, San Juan 4/2/1857, citada en Instituto: 340.
34 Entre otras, quejas en Carta de Nazario Benavides a Moyano, San Juan 7/1/1857, citada en Instituto, pp 338-339 y “Apuntaciones para salvar las críticas circunstancias del pueblo sanjuanino por unos ciudadanos”, San Juan, 13/12/1856, citada en AGN, sala VII, Fondo Benjamín Victorica, Legajo 3130, Diputado al Congreso federal. Año 1856.
35 El Agricultor, San Juan 28/9/1856. Sobre el perfil y accionar de este periódico ver Gnecco (1977).
36 Entre otras, Cartas de José de Linch a Justo José de Urquiza, San Juan 12/12/1856, de Juan Montero a Urquiza, 13/12/1856 y de Díaz al Ministro del Interior Derqui, San Juan 18/3/1857, citadas en Instituto, pp 104-105, 328-330 y 347-348 respectivamente. También en el manifiesto que citamos con anterioridad, los ciudadanos bogaron por el uso de la fuerza militar de Benavides para derrocar a Díaz.
37 Durante el período una Cámara Superior de Justicia suplió las funciones de la Corte Suprema de Justicia (Lanteri, 2011 b). Molinas era un abogado correntino que había sido colaborador de Urquiza antes de 1852. Durante la Confederación cumplió funciones nacionales de diversa índole, entre otros: fue miembro de la Administración de Hacienda y Crédito y Ministro del Interior y Relaciones Exteriores.
38 En los debates que analizamos no tuvo participación activa, sin embargo en su correspondencia es visible su actividad respecto de la política sanjuanina. En la Confederación Guido se desempeñó también como miembro del ejército nacional y en diversas gestiones diplomáticas. Hemos seguido la trayectoria pública de Guido en Lanteri (2012).
39 Instrucciones del Ministerio del Interior, Paraná 6/4/1857, citadas en Molinas, Nicaror, Apuntes y documentos históricos de la Confederación argentina, Buenos Aires, Roma, 1897, pp 41-43.
40 Carta de Manuel Antonio Durán a Justo José de Urquiza, San Juan 13/5/1857, citada en Instituto: 370-371.
41 Desconocemos si sus vínculos se vieron afectados desde que Benavides y Durán se distanciaron. Carta de Manuel Antonio Durán a Cesáreo Domínguez, San Juan 14/9/1856, Fondo Histórico, Libro 271.
42 Carta de Manuel Antonio Durán a Justo José de Urquiza, San Juan 27/1/1858, citada en Instituto: 250-251.
43 Carta de Manuel Antonio Durán a Victorica, San Juan 15/2/1856, citada en citada en AGN, sala VII, Fondo Benjamín Victorica, Legajo 3130, Diputado al Congreso federal. Año 1856.
44 Cartas de Juan Montero a Justo José de Urquiza, San Juan 28/5/1857 y 10/8/1857, citadas en Instituto: 375 y 393-396.
45 Carta de Justo José de Urquiza a Nicaror Molinas Paraná 14/8/1857, citada en Molinas, Nicaror, Apuntes y documentos históricos de la Confederación argentina, Op. Cit., p 55. Entre otras referencias de Molinas: Carta de Nicaror Molinas a Justo José de Urquiza, San Juan 26/8/1857, citada en Instituto: 397.
46Sobre la intervención a La Rioja puede consultarse también Nicaror, Apuntes y documentos históricos de la Confederación argentina, Op. Cit.
47 En adelante referencias extraídas de Silva, Tomo VI: 392-402.
48 En efecto, hubo durante la década dos proyectos de ley que no prosperaron. Dato en Silva, Tomo VI, p. 363.
49 La trayectoria pública de del Carril en Rodríguez Villar (1925).
50 Le afirmó a Benjamín Victorica: “el triunfo de Gómez es el triunfo mío en obsequio de la nación y de mis amigos a quienes como usted les debo tanto”. Carta de Manuel Antonio Durán a Benjamín Victorica, San Juan 15/9/1857, citada en Instituto: 399- 400.
51 Carta de Gómez Rufino a Justo José de Urquiza, San Juan 27/10/1857, citada en Instituto: 405-406. En su discurso en el Legislatura afirmó que los recursos para 1857 llegaban a la mitad de los gastos presupuestados y que ellos venían de impuestos mal recaudados. Dato en Videla (1976:525-526). Otros sanjuaninos refirieron al gobierno nacional sobre la precaria situación de la provincia, por ejemplo Carta de Indalecio Cortínez a Salvador María del Carril, San Juan 26/9/1858, citada en Instituto: 425-428. La precaria situación financiera de la Confederación es uno de los aspectos más enfatizados sobre los estudios del período. Para un detalle ver especialmente Schmit, 2008: 152-160.
52 Carta de Benavides al Gobernador Gómez Rufino, San Juan 11/1857, citada en Instituto: 238-241.
53 Sobre el punto para el caso de Tucumán en la década el interesante artículo de Macías y Navajas (2012).
54 Entre otras, Cartas de Benavides a Justo José de Urquiza, San Juan 28/12/1857 y 11/2/1858 y Carta de un militar de la Circunscripción Militar del Oeste a Urquiza, San Juan 12/11/1857, citadas en Instituto: 412-413, 417 y 237-238.
55 Carta de Santiago Quiroga a Justo José de Urquiza, San Juan 12/3/1858, citada en Instituto: 423.
56 Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín (2007:56) y Comunicación de Serapio Ovejero del 1º Batallón de Guardias Nacionales al Inspector de Armas de la Provincia, San Juan 16/2/1858, citada en Instituto: 252-254.
57 Sobre estos sucesos y, especialmente sobre el asesinato de Benavides, existen muchas interpretaciones, un interesante cuadro general puede consultarse en Scobie (1964), en Ferrá de Bartol, Sánchez Cano & Cercós de Martín (2007) y en Videla (1976).
58 Sábato (2008 y (Coord.) 2013).
59 Sobre este proceso ver Garavaglia (2010), advertido por Zimmermann en Garavaglia, Pro Ruiz & Zimmermann (2012:197).
60 Estos argumentos se basan también en evidencia empírica y otras temáticas desarrolladas en otros trabajos propios.
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