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Los contribuyentes del sur bonaerense. Comercio e impuestos provinciales en la construcción de mercados regionales (1881-1917)

Introducción

Desde 1820 la novel provincia de Buenos Aires vivenció un proceso de organización estatal e impositiva que eliminó antiguos gravámenes coloniales, imponiendo nuevos como la contribución directa y las patentes. Estos no fueron privativos de la jurisdicción, sino que constituyeron una manifestación común en Latinoamérica republicana (Jáuregui, 2006).

Lejos de constituir una evolución lineal y sencilla, la sanción de la Constitución nacional en 1853 y su aceptación por parte de la provincia en 1862 delimitó la cuestión impositiva entre nación y provincias (Marichal, 1995). A la par que se eliminaban las aduanas provinciales y se dictaminaba el libre comercio, los gravámenes del comercio interno quedaban en manos de las jurisdicciones provinciales, mientras que los del exterior comprendían al poder federal (Alberdi, 1858). No obstante, los impuestos continuaron modificándose a lo largo del tiempo. En la provincia de Buenos Aires lo hicieron en base a las demandas de una jurisdicción que cambiaba su fisonomía por dos importantes procesos: la federalización de Buenos Aires en 1881 -que significaba la pérdida de su principal ciudad y contribuyentes- y la creciente consolidación de su control sobre los territorios meridionales, especialmente, desde la campaña militar de Julio A. Roca (1878-1885). El crecimiento de nuevos centros poblacionales en el sur que se articularon al fenómeno de la “gran expansión agraria” generó nuevas realidades socioeconómicas. En este sentido, en la localidad portuaria de Bahía Blanca se consolidó un grupo de comerciantes mayoristas que, orientados al comercio y crédito agrario, expandió sus negocios más allá de los límites provinciales e involucró a los Territorios Nacionales de la pampa y el sur (ley n° 1.532 de 1884),¹ constituyendo un mercado regional e imponiendo desafíos y demandas a las administraciones provinciales en aras de defender la zona de influencia de sus negocios ligados a los puertos de Bahía Blanca.

En este marco, nos proponemos interpretar el movimiento de oposición a los impuestos al comercio mayorista de guías y capital en giro² que se registró en el sur de la provincia de Buenos Aires durante 1881 y 1917 para problematizar la relación entre impuestos y comercio en este periodo en el cual la cuestión de la tierra ha tenido mayor atención historiográfica.³ Nuestra hipótesis sostiene que los impuestos al comercio interior, al quedar a cargo de las provincias, generaron problemáticas entre los contribuyentes-comerciantes debido a la existencia de diversas “territorialidades impositivas” en el espacio nacional según la administración que regulara dicho territorio. En aquellos lugares, como el sur bonaerense, donde los negocios de los comerciantes mayoristas traspasaban constantemente los límites provinciales, esto se convirtió en un asunto problemático que fue aprovechado, no sólo para negociar rebajas o interrupciones de los impuestos, sino también para mejorar los derechos políticos como cuando estos mismos comerciantes defendieron la propuesta de una “estatalidad alternativa” que, asimismo, potenciara su área de influencia de negocios. En este sentido, la figura del contribuyente les permitió 1) posicionarse como sujetos políticos en un contexto donde la mediación política encontraba sus limitaciones y 2) ampliar su abanico de espacios de acción que involucraron espacios políticos, sectoriales y judiciales. No obstante, la falta de una estrategia clara, que versó entre apelar al poder nacional y provincial con diferentes demandas, la imposibilidad de iniciar un camino político-partidario y la férrea postura de los gobiernos provinciales con respecto al tema impidió la organización de un movimiento orgánico lo que hizo que en la provincia persistieran cargas diferenciales en relación al comercio de otras jurisdicciones como fue el impuesto al capital en giro, derivando en una oposición sistemática con los gobiernos provinciales bonaerenses por parte de los comerciantes del sur.

Desde una renovada historia económica que se pregunta sobre los sujetos sociales que no han sido habitualmente analizados, como es el caso de los comerciantes mayoristas de escala regional,⁴ este trabajo se enfoca en su carácter de contribuyentes y los desafíos que esta faceta generó para sus negocios y para el mismo Estado.⁵ Entendemos que el sistema rentístico nacional se articuló funcionalmente al modelo de acumulación primario-exportador (Oszlak, 1997) desarrollado desde mediados del siglo XIX; sin embargo, ello no impidió contradicciones sobre la maximización de beneficios de particulares (Therborn, 1979) que podrían ser alumbradas en un estudio sobre un sector económico como el presente. Para esto recuperamos la noción de ciudadanía fiscal (Botana, 2006) como una dimensión del complejo concepto de ciudadanía, en tanto, involucra una serie de obligaciones y derechos vinculados, estos últimos, con la provisión de bienes públicos por parte del Estado.⁶ Esta dimensión de la ciudadanía se vincula en mayor medida con las libertades civiles antes que políticas, pero no deja de constituir un vehículo para consolidar las segundas. Por esta razón, aprehender las acciones de los comerciantes desde este concepto nos habilita a preguntarnos acerca de las iniciativas que llevaron adelante ampliando el lente sobre otros espacios de intervención como la justicia y la organización del sector y gremial. Por lo tanto, para este estudio se detectaron tres “frentes” de actuación: la justicia, el campo de los proyectos políticos y la organización sectorial en el plano nacional. Este caso, entonces, reflexiona sobre otras modalidades de intervención política en el periodo de la república restrictiva (Botana, 1985)⁷ a partir de sistematizar las acciones del sector comerciante en el marco de la ciudadanía fiscal en la provincia de Buenos Aires.

Para llevar adelante esta tarea, realizamos una reducción de escala sobre el sur de la provincia de Buenos Aires para reconstruir las prácticas y estrategias de un grupo de comerciantes mayoristas cuya base de operaciones fue la ciudad de Bahía Blanca. El marco temporal escogido se corresponde con la administración en la provincia de Buenos Aires de las fuerzas autonomistas. Si bien el periodo estuvo signado por el enfrentamiento y la negociación entre facciones y con otras fuerzas políticas,⁸ también se caracterizó por las constantes tensiones entre los poderes federales y provinciales y un fuerte impulso centralizador debido a la construcción de una administración provincial que cada vez abarcaba más tareas (Barandiarán y D’Agostino, 2016). Como es de suponerse, este fenómeno no puede desagregarse de las fuentes de su financiamiento, que debió ajustarse a los nuevos tiempos. Al respecto del fin del periodo, además del cambio de signo partidario, diversos autores han distinguido en la llegada de la Unión Cívica Radical al poder en 1916/17 un cambio sustancial con respecto a la concepción de los impuestos en la economía y la sociedad (Caravaca, 2008).

Las fuentes utilizadas consisten en legislación provincial y discursos de los representantes del poder político sobre los impuestos provinciales (mensajes, memorias y diarios de sesiones de la legislatura) a lo que agregamos estudios de contemporáneos sobre la fiscalidad. Para abordar la praxis de los comerciantes del sur se empleó la prensa regional, los órganos de difusión de sus organizaciones representativas como fue el Centro Comercial de Bahía Blanca (1900) y su continuadora la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca (1908) y su participación en los Congresos Nacionales de Comercio (1911 y 1913). También consultamos documentos judiciales para ahondar sobre las repercusiones que tuvo esta temática en el plano jurídico.

El artículo se estructura en cuatro apartados, el primero se centra sobre los comerciantes del sur bonaerense, su surgimiento y negocios, además que presenta el sistema fiscal bonaerense. Los siguientes tres examinan las estrategias para eliminar los impuestos de guías y capital en giro a partir del examen de los “tres frentes” donde se orientaron. Específicamente, el segundo apartado analiza la justicia, el tercero, la propuesta de una estatalidad alternativa o provincia nueva y el último la organización sectorial a nivel nacional para reclamar al interior de la jurisdicción bonaerense.

Los comerciantes del sur bonaerense frente a los impuestos provinciales

Fundada como fuerte de frontera frente a la población indígena en 1828, Bahía Blanca pasó a detentar el mote de ciudad en 1895 mientras vivía un proceso de expansión demográfica. Este crecimiento se debió a varios factores entre los que podemos mencionar la expansión de la injerencia del Estado provincial, la llegada del ferrocarril de la mano de dos empresas inglesas: Ferrocarril del Sur (1884) y Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste (1891) -que, asimismo, construyeron muelles de ultramar- y la importancia productiva de la zona circundante que, si bien en un momento primaría la ganadería, hacia el alumbramiento del nuevo siglo se poblaría de cereales. Este cúmulo de cambios se vieron dinamizados por la producción agraria para la exportación que era el motor de la economía provincial y nacional (Rocchi, 2013).

Por su condición portuaria, la ciudad se convirtió en un espacio de intermediación entre las actividades rurales y los negocios nacionales e internacionales. Debido a esto, sus sectores empresariales más acaudalados portaron este perfil: comerciantes mayoristas de productos agrarios principalmente de frutos del país y cereales. Para 1903, la ciudad contaba con una importante capacidad acopiadora que la hacía destacar en el concierto del sur provincial (Ducós, 1902) y se reflejaba, asimismo, en la actividad portuaria. Para 1895, el puerto de la localidad era el primero en materia de exportaciones en el orden provincial y el tercero nacional, condición que continuaría hasta 1914 (Segundo Censo de la República Argentina 1895, 1895). Varios de estos sectores mercantiles se orientaron, ya sea diversificándose o vinculándose personalmente, con el ámbito de la producción agraria y conformaron compañías de tipo familiares que abarcaban un amplio número de actividades que iban desde la producción, el arrendamiento, la consignación, los remates, la colonización de tierras, entre otros. Estas empresas, instaladas en la ciudad de Bahía Blanca, tuvieron un gran despliegue regional a propósito de clientes y propiedades que confluían a sus casas matrices en dicha ciudad (Costantini, 2022). Por lo tanto, las actividades de este sector fueron avanzando a la par que lo hacían las comunicaciones, el poblamiento y la producción regional. Sin dudas, dicha región fue un territorio móvil y expansivo en el lapso aquí estudiado, algunos indicadores pueden darnos cuenta de hasta donde llegaban los intereses de estos comerciantes que ejercían una atracción de materias primas hacia el puerto de la ciudad. Por un lado, las comunicaciones de ferrocarril que se articularon en torno al puerto de Bahía Blanca y al de Buenos Aires. El mapa a continuación (Figura 1) muestra los ramales de las tres empresas radicadas, ya que en 1906 se instaló una firma francesa llamada Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano que conectaba estos dos puertos por el centro de la provincia de Buenos Aires (Chalier, 2012). La imagen revela una zona de influencia amplia que, entre sus puntos límite, involucraba Neuquén⁹ y Cinco Saltos, Stroeder al sur, Toay, Catriló, Salliqueló al oeste, Huanguelén y Olavarría al centro y Tres Arroyos y Benito Juárez al este.¹⁰ La labor de las empresas estudiadas corrobora esta delimitación y, en oportunidades, la exceden. Por ejemplo, Geddes Hermanos administraba tierras en Coronel Pringles, Macachín y Chimpay, entre otras,¹¹ Lanusse y Olaciregui en Tres Picos, Napostá y Fortín Uno,¹² Diego Meyer y Cía. contaba con sucursales en Bahía Blanca, Puerto Camarones y Trelew.¹³ Entonces, la zona de influencia de estos comerciantes superaba la provincia de Buenos Aires para incorporar a los Territorios Nacionales pampeano y norpatagónico, conformando un mercado regional que tenía como espacio central la localidad portuaria de Bahía Blanca donde concentraban la producción para la exportación. Como era allí donde se ubicaban sus casas centrales y las grandes barracas y espacios de acopio, sus negocios quedaban bajo la órbita fiscal de la provincia de Buenos Aires. Para ilustrar con algunos números el nivel recaudatorio de este sector, en 1905 Bahía Blanca aportaba el segundo monto impositivo a nivel provincial luego de Barracas Sur donde operaba el Mercado Central de Frutos (Dirección General de Estadística, 1905). Esta posición la continuó detentando en 1913.

Figura 1

Mapas con líneas de ferrocarril que confluyen a Bahía Blanca hacia el año 1913

Fuente: Elaboración propia en Costantini, (2022)

Ahora bien, ¿cómo se desarrolló el régimen impositivo bonaerense durante el período? Luego de la nacionalización de los impuesos aduaneros, el papel sellado y la contribución directa quedaron como los principales recursos.¹⁴ La prosperidad económica derivada de los productos del agro para la exportación que se potenció con la creciente ocupación de los territorios meridionales permitió sortear parte de las dificultades que implicó la pérdida al presupuesto de la ciudad más acaudalada que era Buenos Aires (1881). En efecto, durante el periodo aquí estudiado, la provincia fue la de mayor recaudación en el esquema nacional (Tabla 1), seguida por Santa Fe.

Con algunas ligeras variaciones que veremos a continuación, las fuentes de ingresos permanecieron constantes en el tiempo y gravaban una gama amplia de actividades, combinando rentas de carácter directas con otras indirectas (Regalsky y Da Orden, 2013) en contraposición al poder federal que se basaba en las segundas. La Figura 2 presenta de modo simplificado un organigrama impositivo de la nación y la provincia de Buenos Aires durante el periodo de análisis. Por otro lado, la Figura 3 exhibe la evolución de los impuestos provinciales más significativos: el papel sellado, la contribución directa, las patentes y, a partir de 1903, el impuesto a la producción, durante los primeros años del siglo XX.

Figura 2

Recaudación de los principales impuestos de la Provincia de Buenos Aires entre 1901 y 1912. A partir de 1911 el ítem Patentes integra al nuevo Impuesto a la Industria y el Comercio

Fuente: Elaboración propia con base en Ferreira (1913).¹⁵

Figura 3

Organigrama simplificado de las órbitas de los impuestos según jurisdicción nacional y provincial

Fuente: Elaboración propia.

Como se advierte, a principios del siglo XX la principal fuente de ingresos del Estado provincial era el papel sellado que involucraba el impuesto de guías.¹⁶ La contribución directa permanecía entre los impuestos más importantes¹⁷ seguida por el de patentes que implicaba el pago de un monto fijo anual para desarrollar negocios, profesiones y/o industria en el territorio. Como se desprende de la Figura 3, con el andar del nuevo siglo la contribución directa aumentó a la par que lo hizo el nuevo impuesto a la producción. Por el lado de las patentes su desempeño fue más errático, ya que como veremos más adelante, se calculaba en proporción al presupuesto del año en curso. Dado que los gastos crecían de modo acentuado por la complejización del Estado provincial, un proceso similar devino en el patrón de impuestos, y aparecieron nuevos gravámenes que se enfocaron sobre las actividades económicas como el Impuesto a la Producción (1903)¹⁸ y otros que tuvieron particular impacto en las actividades comerciales mayoristas como el impuesto de patentes proporcionales o capital en giro que se encontraban entre los de mayor recaudación.¹⁹

Hasta ahora el análisis de los impuestos de la provincia de Buenos Aires se ha centrado principalmente sobre la contribución directa -y sus modificaciones- debido a su importancia en las arcas provinciales. La atención sobre el impuesto a la renta de la tierra -o la ausencia de ello-, ha opacado el comportamiento de otros agentes empresariales en relación a la política tributaria provincial y nacional como el de los comerciantes mayoristas, estrechamente vinculados con el fenómeno de la gran expansión agraria pampeana (Barsky y Gelman, 2009) y quienes constituían buena parte de los contribuyentes bonaerenses. La expansión de las actividades del agro, propiciaron el desarrollo de una serie de intermediarios como consignatarios, acopiadores, barraqueros, comercializadores en general que se encargaban de conectar las cadenas de producción y exportación como también el abastecimiento interno a través de la importación. Estos comerciantes mayoristas manejaban una buena cantidad de capital, por ejemplo, en 1914 las barracas y acopios de frutos del país en la provincia de Buenos Aires llegaban a contar con una inversión de 23.450.828 $ m/n que consistía el mayor del país en el rubro (Tercer Censo Nacional 1914, 1916). Estas actividades tuvieron principal impulso en localidades portuarias como fue el caso de Bahía Blanca.

Los impuestos que regulaban las transacciones entre jurisdicciones afectaron directamente a los intereses de los comerciantes del sur cuyos negocios involucraban el traslado de productos desde la provincia a los Territorios Nacionales y viceversa. Existieron dos impuestos sucesivos que generaron acciones colectivas para su derogación: guías y, luego, el impuesto al capital en giro o de patentes proporcionales. El primero componía la partida de sellos que era un pago por el uso del papel sellado provincial en la legalización, contratos o actos. Las guías de campaña eran unas papeletas selladas que debían llevar aquellos que trasladaban ganado o frutos por el territorio o comerciaban según establecía el Código Rural (Ley N°469), es decir, que, si bien coincidían a nivel nacional, le concernía a cada provincia cobrarlas. Por el lado de las patentes, con la llegada de Marcelino Ugarte al poder (1902-1906) se votó un nuevo impuesto proporcional con relación a los capitales de giro de negocios e industrias. En un primer momento formó parte de la ley de patentes que agregó montos proporcionales al capital en giro en función de determinadas tareas (Ley N° 2.829). Para el año 1911 -durante la gestión de José I. Arias (1910-1912)- el gravamen proporcional se desprendió del impuesto de patentes para crear uno nuevo llamado Impuesto al Comercio e Industria (Ley N°3.314) que, como se observa en la Figura 3, aumentó los montos percibidos por el ítem patentes. Este impuesto tendría como principales contribuyentes a los grandes comerciantes e industriales de la provincia y, dado que en plano nacional únicamente la provincia de Buenos Aires lo cobraba, generaba una situación de excepcionalidad en el país cuyas consecuencias se verían reflejados en los reclamos durante su aplicación.

Hasta aquí podemos concluir que, por un lado, la jurisdicción bonaerense generó una “territorialidad impositiva” consecuente a sus límites que no siempre coincidió con la zona de influencia de los negocios de los comerciantes como en el caso de los mayoristas que operaban en la plaza de Bahía Blanca. Asimismo, el examen de la cartera impositiva revela un Estado provincial diversificado en cuanto a sus fuentes de ingreso y, por lo tanto, con margen de acción frente a diferentes contribuyentes como terratenientes, comerciantes y consumidores. A continuación, analizamos, para el caso de los comerciantes del sur, el modo en que la ciudadanía fiscal permitió desarrollar formas de participación e interpelación al gobierno provincial que se llevaron adelante en tres direcciones: la justicia, la idea de una provincia nueva y la organización gremial a escala nacional.

El impuesto de guías y la vía judicial

A través del análisis de estos tres frentes puede percibirse que, en un contexto donde la ciudadanía política se encontraba restringida, la figura del contribuyente permitió una vía de llegada al poder político, apelando a diferentes estrategias. Una de las particularidades que tuvieron los comerciantes del sur es que sus intereses regionales excedieron la provincia y se expandieran sobre los Territorios Nacionales. Esta condición les posibilitó aprovechar los intersticios entre nación y provincia (sus disputas e injerencias) para elevar sus reclamos con respecto al pago de rentas.

Los conflictos con la provincia comenzaron con el impuesto de guías,²⁰ ya que implicaba costos extras para aquellos productos trasladados entre jurisdicciones. Así, en el año 1891 el consignatario radicado en Bahía Blanca, Weneslao Molins, inició una campaña en su contra a partir de petitorios a los diferentes poderes: nacional, provincial y municipal. Según sus reclamos, el impuesto de guías gravaba los traslados de ganados y frutos consignados desde los Territorios Nacionales a Bahía Blanca para su exportación o comercialización interna lo que implicaba un doble impuesto tanto de nación como de provincia, como también un cercenamiento al libre tránsito en el territorio, cuestión que era asegurado por el artículo 9 y 10 de la Constitución Nacional al eliminar las barreras aduaneras internas.²¹ A pesar de la visibilización de la cuestión, el reclamo no tuvo éxito más que sentar un antecedente en las dependencias nacionales y provinciales²² que fueron acompañados por exigencias similares en otros puntos del país (De Vedia y Mitre, 1925).

La cuestión tomó nuevamente visibilidad cuando el Decreto Nacional del día 19 de enero de 1901 llamaba la atención sobre el gravamen por constituir una traba al desenvolvimiento económico de los Territorios Nacionales (Fernández Olguín, 1910), indicando que la reclamación anterior había calado en las altas esferas y cuestionaba su constitucionalidad. Una nueva situación había apuntalado el tema: en 1899 la expansión del Ferrocarril del Sur sobre la norpatagonia, conectando Bahía Blanca y Neuquén, afianzaba el influjo de los comerciantes bahienses sobre este espacio y el interés del poder nacional en la “atlantización” de estos territorios. En la respuesta del gobernador en ejercicio, Bernardo De Irigoyen (1898-1902), se argumentó que este razonamiento carecía de sentido porque el impuesto se cobraba desde la década de 1820, incluso, era percibido por varias provincias y constituía un impuesto de policía, es decir, se cobraba para evitar el robo de ganado.²³ Por último, indicaba que le correspondía a la justicia dictaminar si el impuesto atentaba contra los artículos de la Constitución.

Aquí puede verse que los poderes de gobierno estaban discutiendo dos cuestiones. La primera era la tensión entre nación y provincia sobre la potestad de crear/anular impuestos y por ende la soberanía que tenía cada una sobre el territorio. La segunda era un tema más situado y tenía que ver con el desarrollo de los Territorios Nacionales del sur en relación con el mercado atlántico. Haciéndose eco de los reclamos de los comercializadores de ganados y frutos del sur, se alegaba que las guías agregaban costos, tanto al ingreso, como egreso de productos, limitando la actividad económica de exportación e importación de los territorios, algo que afectaba directamente al poder federal en su aprovechamiento productivo de estos espacios (Ruffini, 2009). Valiéndose de la superposición de territorialidades impositivas entre nación y provincia, y de los conflictos que se habían suscitado al respecto, los comerciantes del sur buscaron la alianza del poder nacional para combatir el gravamen provincial.

Siguiendo las recomendaciones del gobernador, un conjunto de empresas y comerciantes mayoristas entre los que se encontraban acopiadores, consignatarios e importadores²⁴ elevaron en 1901 una demanda hacia la provincia de Buenos Aires a la Suprema Corte de Justicia Nacional. De este modo, la justicia se presentó como una instancia dentro de las estrategias de los comerciantes, cuestión que, por un lado, muestra la complejidad institucional en la construcción estatal en el que la fiscalidad ocupó un lugar fundamental (De los Ríos, 2013) y, por otro, los continuos diálogos entre este fenómeno y los sectores socioeconómicos más importantes.²⁵ El planteamiento judicial de la demanda se basó en los argumentos esgrimidos por el poder nacional, avanzando sobre los puntos del derecho constitucional que reglaban las potestades federales y provinciales en materia comercial y circulación de mercancías. De este modo, se volvía a traer un asunto caro para la historia nacional: la cuestión del federalismo y las barreras aduaneras. Los comerciantes alegaron que el impuesto de guías entorpecía la libre circulación territorial de los artículos nacionales, atentando contra el artículo 10 de la Constitución Nacional y al tránsito de mercaderías entre provincias o jurisdicciones como los Territorios o Capital Federal (art. 9, 11 y 67). El 17 de julio de 1902 la Suprema Corte hizo lugar a la devolución de lo cobrado con motivos de embarque por el puerto de Bahía Blanca para Liverpool y Buenos Aires con fines de exportación, ya que, el gravamen había entrado en contradicción con el artículo 9 de la Constitución que indicaba que sólo el Congreso Nacional podía cobrar este tipo de impuestos que eran inmediatos a la exportación.²⁶ Este fallo constituyó un antecedente sobre otros que se sucedieron en varias provincias (De Vedia y Mitre, 1925) y dio el golpe final al impuesto de guías, evitando el cobro por el traslado de frutos y ganados entre las jurisdicciones. En consecuencia, los comerciantes del sur obtuvieron su primera victoria explotando conflictos preexistentes entre el poder nacional y provincial y utilizando la vía judicial para dar continuidad a sus negocios que involucraban a los Territorios Nacionales.

Una estatalidad alternativa: la idea de la provincia nueva

Con la eliminación del impuesto de guías, la provincia debió reconfigurar su sistema fiscal y en 1903 la legislatura sancionó el Impuesto a la Producción y un nuevo impuesto proporcional en relación a los capitales en giro. Estos cambios coincidieron con la llegada de Marcelino Ugarte al poder y, asimismo, dieron cuenta del proceso centralizador que encaró este gobernador (Hora, 2001). El impuesto de capitales en giro formó parte de la ley de patentes y agregó montos proporcionales según el capital en giro de comercios e industrias (Ley N° 2.829). Para el ministro de Hacienda, la modificación buscaba aumentar la renta a costa de las grandes fortunas comerciales e industriales que no eran igual de afectadas que los comerciantes de escaso capital quienes eran “los que en realidad han soportado el gravamen”.²⁷ El discurso del ministro estaba motivado por un sentido progresivo que aplicaba más cargas a quienes giraban más capital. En la legislatura nadie cuestionó esta decisión, lo que indicaría un consenso al respecto, en cambio, se discutió los montos a aplicar en función de las actividades desarrolladas, buscando proteger algunas ramas en particular como, por ejemplo, las aseguradoras contra granizo (Ley n° 2.862). Veamos ahora qué implicaba el capital en giro. Se consideraba como tal la totalidad de las ventas realizadas por el comerciante o el valor venal de los productos industriales correspondiente a los doce meses anteriores a la declaración del contribuyente.²⁸ Era el mismo empresario quien debía declarar a cuanto correspondía el valor de su capital en giro y luego era corroborado por inspectores designados por el Poder Ejecutivo provincial. El porcentaje que debía pagarse variaba año a año y era informado por la Dirección de Rentas, ya que se deducía del cálculo de recursos anuales que hacía la Legislatura y la totalidad del giro que había en la provincia a raíz de un empadronamiento realizado por primera vez en 1904 (Ley N° 2.858) y reactualizado en los años sucesivos. Durante el período de estudio dicho porcentaje varió entre un 4,5 y 6 por mil, dependiendo el año.

Si bien las protestas sobre el nuevo impuesto al capital en giro abarcaron a diferentes comercializadores de la provincia de manera local y aislada como registró la prensa -consignatarios, barraqueras, acopiadores, casas exportadoras y bancos privados-,²⁹ los comerciantes de Bahía Blanca iniciaron una oposición sistemática con una doble estrategia motorizada por su órgano gremial. Por un lado, articularon la demanda a la idea ya existente en sectores de la ciudad y de la política sobre la creación de una jurisdicción nueva. Por otro, desde la sociabilidad empresaria buscaron modificar la situación al interior de la provincia de Buenos Aires, creando un reclamo conjunto entre los contribuyentes bonaerenses y comercializadores nacionales. Rápidamente, el asunto se convirtió en uno de los temas más debatidos en la localidad, ya que el impuesto agregaba mayores costos a las actividades económicas; por ejemplo, el periódico La Nueva Provincia calculaba que, para un consignador que en 1903 había pagado $150 m/n de patentes, este número se elevaría a 600.³⁰ Por el lado del Estado, este gravamen inauguraba una fuente de influencia del poder ejecutivo en la figura de los inspectores en el vasto territorio provincial,³¹ lo que generaba resistencias no sólo económicas al cobro de impuestos, sino también políticas.

En Bahía Blanca esta protesta se articuló con una propuesta que ya tenía una trayectoria previa: la necesidad de una nueva delimitación jurisdiccional que diera a Bahía Blanca el carácter de capital (Silva et al., 1972).³² Hacia fines del siglo XIX, esta idea volvió a tomar impulso a causa de los proyectos del legislador por la provincia de Buenos Aires, Carlos Pellegrini,³³ y del periodista, Enrique Julio,³⁴ que tendrían amplia repercusión. Aunque de carácter disímil, ambos se sustentaban en que el puerto de Bahía Blanca tenía que establecer su influencia sobre el centro sur bonaerense y los Territorios Nacionales de La Pampa, Neuquén y Río Negro, cuestión que sería facilitada por el establecimiento de nuevas fronteras jurisdiccionales que conjugaran las delimitaciones administrativas con la zona de los comerciantes.

Para oponerse al nuevo impuesto sobre el capital en giro que establecía el gobierno bonaerense, los mayoristas bahienses utilizaron la idea de la nueva provincia, no sólo para amenazar a la provincia con la posibilidad de secesión, sino también para proyectar sus intereses políticos. Nucleados en la organización regional del Centro Comercial de Bahía Blanca (que había nacido en 1900), los comerciantes planteaban que los impuestos entrañaban un “verdadero peligro para la prosperidad” de la región y, además, la provincia no encaraba obras de importancia en el sur que se encontraba “olvidado”.³⁵ Puede observarse que el lazo entre contribuyentes y Estado estaba pensado como una “correspondencia” en relación a la recepción de bienes públicos (Botana, 2006). En el caso analizado, los comerciantes del sur veían como legítimo la posibilidad de no pagar el impuesto y/o anularlo porque no recibían la contraprestación del Estado. Asimismo, generar una estructura política acorde a la zona de influencia de estos comerciantes, institucionalizaría un mercado regional alrededor del puerto. Por un lado, los comerciantes unían su reclamo a un movimiento que tenía adeptos en la ciudad entre intelectuales, profesionales y otros sectores (Silva et al., 1972). Por otro, la imagen de una provincia nueva les brindaba la posibilidad de convertirse en sectores dirigentes, ganando representación en las cámaras legislativas y potestad sobre tierras fiscales, además de un conjunto de otros beneficios, todo ello por fuera de ingresar al juego político de los partidos de la provincia y a través del apoyo de los poderes federales.

De este modo, las diferentes iniciativas que ocuparon el espacio público como encuentros y mítines apoyando a estos proyectos, así también, las adhesiones a través de petitorios contaban con la presencia reiterada de los comerciantes mayoristas ligados a las actividades de comercialización de granos y frutos del país e importadores.³⁶

De cualquier manera, a excepción de estas coyunturas puntuales donde se incentivaba y apoyaba la idea en función de declaraciones o proyectos presentes en el campo de la política nacional, no existió una acción sistemática para materializar este proyecto, lo que indica que el mismo podría haber sido utilizado para negociar mejores términos con el gobierno provincial puesto que la localidad realizaba uno de los más importantes aportes en relación con los capitales en giro. Como había sucedido con el impuesto de guías, los comerciantes aprovecharon los desacuerdos entre las fuerzas nacionales -representadas por Carlos Pellegrini- y las provinciales para filtrar sus demandas e inquietudes. No obstante, los comerciantes rápidamente evidenciaron que, para avanzar sobre la constitución de una provincia nueva, era necesario, no sólo una demanda de tipo económica, sino también un sostén político ya que no alcanzó la iniciativa del legislador Carlos Pellegrini por carecer de apoyos al interior de la Provincia de Buenos Aires cuya Legislatura se opuso a la iniciativa en tanto provenía del poder Federal y cercenaba la autonomía provincial.³⁷ Si analizamos las filiaciones políticas de quienes conformaban el Centro Comercial de Bahía Blanca, se puede observar que varios de ellos participaron y participarían en las revoluciones radicales de entre siglos y que, además, contaban con escasos contactos con las fuerzas oficiales de la provincia y nación (Costantini, 2022). Por lo tanto, más que una posición sistemática en favor de la provincia nueva, el reclamo fue un instrumento³⁸ para demandar una mayor atención del Estado provincial sobre los territorios del sur negociando los bienes públicos que se disputan en el marco de una ciudadanía fiscal.

La organización y los reclamos gremiales al poder provincial

Otras iniciativas gremiales se orientaron a interpelar directamente al poder provincial tanto de manera local como buscando la solidaridad comercial en el plano nacional. En 1904 en una reunión del Centro Comercial de Bahía Blanca se estableció que el impuesto al capital en giro no se pagaría y se firmó un petitorio para que el presidente de la organización, Augusto Bordelois, se lo entregara al ministro de Hacienda en un viaje especial a La Plata.³⁹ No obstante, al regresar a la ciudad con la promesa del Ejecutivo de una revisión del impuesto, Bordelois pudo advertir que el intento de resistencia al pago se había disgregado y la mayoría de los firmantes habían pagado el impuesto.⁴⁰ Esto evidenciaba que no existía una organización sólida para encarar este tipo de acciones, por otro lado, había razones vinculadas al prestigio de la plaza de comercio que obligaba a dar curso al pago del impuesto en tiempo y forma. En un mercado en construcción como era el del sur bonaerense y parte de los Territorios Nacionales, el prestigio y trayectoria eran insumos de importancia para el desarrollo de las actividades de intercambio, por esta razón, el impuesto al capital en giro le permitía mostrar a los ojos de la provincia, nación y el mundo el caudal de ventas y de capital que manejaba la plaza y sus responsables, constituyendo un recurso para ampliar clientes, consumidores, contactos, etc.⁴¹ Debido a esta situación el pago del impuesto conllevaba ciertos beneficios, aunque esto no anulaba la presencia de una evasión de tipo parcial que fue denunciada en la existencia de libros dobles -en el caso de control de la justicia- y una declaración menor de los capitales girados efectivamente (Ducós, 1911). En términos de Estévez y Esper (2010) podría pensarse que en la localidad existió una “moral fiscal alta” ya que pagar impuesto tendría beneficios más allá de los bienes públicos que se podría conseguir del Estado, y que, en definitiva, estaban asociados a la reproducción de los negocios.

A pesar de quedar anulada la posibilidad de evitar el pago, los reclamos por parte de los comerciantes sobre el sistema de capitales en giro serían sistemáticos durante estos años.⁴² Frente a la intransigencia del gobierno provincial, los empresarios buscaron el apoyo del comercio nacional en el marco de los Congresos Nacionales del Comercio que se llevaron adelante en la ciudad de Rosario en 1911 (Cámara de Defensa Comercial de Rosario-República Argentina, 1911)⁴³ y en Mendoza en 1913 (Segundo Congreso Nacional de comercio e industria, 1914). Estos espacios fueron utilizados, no sólo para visibilizar la cuestión, sino también procurando articular una acción conjunta en el terreno nacional. Empero, dado que la provincia de Buenos Aires era la única que mantenía este sistema de patentes, los apoyos no fueron del todo unánimes como se pudo ver en Rosario al proponer los comerciantes del lugar que el impuesto al capital en giro era el sistema más justo que el de patentes fijas (Cámara de Defensa Comercial de Rosario-República Argentina, 1911, p. 447) y con los corredores de Capital Federal que, debido a la diferencia impositiva, querían seguir detentando su posición privilegiada en el territorio provincial (Segundo Congreso Nacional de comercio e industria, 1914, p. 382). De todos modos, se logró elevar en las dos oportunidades peticiones a la provincia de Buenos Aires para que revise el gravamen y cambie el sistema vigente por el de patentes fijas según operaba en la Capital Federal para homogeneizar el sistema. A pesar de que ambos pedidos fueron recepcionados, la situación no se modificó durante las administraciones de los conservadores.

Los debates y estudios suscitados en los dos congresos permiten atender a las justificaciones de los comerciantes sobre el reclamo. Estos sectores argumentaban sobre la disparidad de territorios impositivos, impidiendo un desarrollo igual del comercio a nivel nacional ya que el gravamen dejaba en desigualdad a los comerciantes bonaerenses en relación a los de las demás jurisdicciones y, en particular, a los ubicados en Capital Federal (Ducós, 1911). En sus palabras, la provincia perpetuaba una “competencia ruinosa” (p. 5) para su propio comercio que quedaba lejos de poder competir auspiciosamente con el de Capital Federal que no abonaba este impuesto. En estas demandas se puede observar la disputa entre zonas de influencia de los comerciantes ligados al puerto de Buenos Aires y de Bahía Blanca sobre el comercio dentro de la provincia como con los Territorios Nacionales. En la provincia, el pago de la patente de corredor era más barata que la instalación de una casa de comercio, por lo que ciertas empresas preferían instalar sus casas en Capital Federal y operar con corredores en el territorio provincial. Asimismo, esta desigualdad de costos se podía observar en la introducción hacia los Territorios Nacionales ya que era más oneroso introducirlas por el puerto de Bahía Blanca que por la Capital Federal por los impuestos de los intermediarios que se cobraban en la primera que la segunda no tenía.

A pesar de las advertencias sobre la defraudación que existía, así y todo, Bahía Blanca constituía uno de los núcleos con mayor capital en giro, hecho que nos lleva a suponer que el impuesto no afectó de manera tan “ruinosa” al comercio. Empero, esta situación podría explicar la centralización que evidenció la Capital Federal en relación a las casas exportadoras cerealeras y a la importación y la escasa presencia de otros núcleos comerciales portuarios de importancia en la provincia como también la ausencia de Bolsas de cereales y comercio realmente activas en otros puntos.

Si los comerciantes del sur continuaron insistiendo al poder provincial, no dejaron de lado su doble estrategia de recurrir al poder nacional también. No sólo a partir de la estatalidad alternativa, sino también instaron al Congreso Nacional para que, a partir de su potestad en el artículo 67 inciso 12 de la Constitución, se ocupe de regular el comercio entre provincias que se encontraba obstaculizado porque las provincias imponían impuestos disimiles entre sí, generando una pervivencia, a partir de otros modos, de las aduanas interiores (Ducós, 1911). Buscando repetir la experiencia exitosa del impuesto de Guías, apelaron al aumento de costos que esto implicaba para las transacciones con los Territorios Nacionales, empero, esta vez el poder federal no respondió a sus demandas.

¿Qué sucedió con los petitorios que recogían los resultados de los Congresos Nacionales de Comercio? En 1911 el pedido quedó archivado y continuó el estado de cosas hasta el momento,⁴⁴ como había sucedido con otros que había elevado el Centro Comercial de Bahía Blanca y su continuadora la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca (1908). Al finalizar el Segundo Congreso en la ciudad de Mendoza, nuevamente, se elevó un petitorio para que el gobierno provincial revisara el sistema vigente y estableciera el de patentes fijas (Segundo Congreso Nacional de comercio e industria, 1914, p. 442), esta vez la iniciativa fue acompañada por la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca que buscó articular un movimiento de alcance provincial para apoyar el reclamo. Se envió una circular a diferentes puntos de la provincia procurando la revisión de la situación actual y apoyando los resultados que había tenido el Congreso de Comercio en este tema.⁴⁵

Rápidamente, el gobierno tomó medidas para desactivar un movimiento que crecía. Por un lado, el director General de Rentas convocó a Ricardo G. Ducós como representante de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca para una entrevista donde se relató los perjuicios que tenía el impuesto para la economía provincial.⁴⁶ Por otro lado, desde la legislación se separó entre comerciantes minoristas y mayoristas, indicando que solo los últimos pagarían el impuesto al capital en giro y los primeros las patentes fijas,⁴⁷ asimismo en junio el diputado Serrat presentaba un proyecto para bajar a la mitad para las casas de comercio mayorista porque les resultaba muy difícil competir con las de Capital Federal.⁴⁸ De este modo se buscaba disgregar el movimiento con bastante éxito ya que con el tiempo el reclamo perdió intensidad y no fue continuado por la Bolsa de Comercio lo que podría indicarnos, una vez más, la falta de liderazgo de estos comerciantes a la hora de dirigir un movimiento de carácter provincial. Podríamos preguntarnos porqué los comerciantes del sur no continuaron liderando estos reclamos que, en un momento, habían movilizado diferentes puntos de la provincia.⁴⁹ Aquí podemos conjeturar algunas ideas que se vinculan con las coyunturas internacionales y provinciales específicas. En primer término, la dificultad que implicó el año 1913 para los comerciantes en general a raíz de los desequilibrios en el comercio mundial y el flujo de capitales por los conflictos balcánicos (Belini y Korol, 2012). Esto se conjugó con una difícil sequía regional en la zona de influencia de los comerciantes,⁵⁰ y llegaron a registrarse convocatorias de acreedores y disoluciones de algunas de las empresas más prestigiosas de la plaza.⁵¹ Con respecto a la dinámica específica provincial, el retorno de Marcelino Ugarte a la gobernación en 1914 ejerciendo prácticas de control de valuadores, designación de comisionados adeptos en las comunas (Walter, 1987) y la distribución de semillas al sur provincial⁵² habría marcado un límite para los reclamos en torno a la cuestión impositiva aquí tratada, por lo pronto desde el ámbito corporativo y desde la figura del contribuyente.

Empero, las demandas persistieron y fueron capitalizadas por un arco político que se complejizaba. Así, en 1915 surgió un espacio llamado Comité de Comercio que, de la mano de un conjunto de comerciantes mayoristas de la ciudad de La Plata, compitió en las elecciones a diputados de aquel año para la quinta y sexta sección electoral donde se ubicaban y tenían buena parte de sus negocios los comerciantes del sur.⁵³ Su campaña estuvo ligada a las demandas de los comerciantes y grandes propietarios.⁵⁴ La cuestión impositiva tendría un rol importante y los viajes a Bahía Blanca por parte de sus representantes fueron frecuentes.⁵⁵ Nuevamente, esto daría cuenta de una demanda latente entre el gremio de los comerciantes mayoristas, pero sin lograr el movimiento salir de su carácter coyuntural y escasamente articulado a nivel territorial.

Con la intervención de la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional en 1917 cambió el panorama partidario y político de la jurisdicción, ya que la incorporación de la Unión Cívica Radical a las elecciones de 1918, su triunfo luego de varias décadas de gestión autonomista/conservadora y la desaparición del Comité de Comercio marcaría un parteaguas para el movimiento de comerciantes con epicentro en el sur bonaerense.

Conclusiones

El artículo analizó los tributos al comercio de la Provincia de Buenos Aires y su impacto sobre comerciantes mayoristas del sur y sus negocios. Nos preguntamos sobre la actuación de este sector socioeconómico bajo el concepto de ciudadanía fiscal y concluimos que la figura del contribuyente permitió vehiculizar reclamos económicos y políticos en un contexto de difícil mediación política-partidaria hacia el poder provincial en relación con el impuesto de guías en un primer momento y patentes proporcionales en un segundo. Desde la ciudadanía fiscal se ampliaron los espacios de acción, involucrando la justicia, la organización gremial y la sociabilidad empresaria en el plano nacional. Incluso, hacia el final del período, y como preanunciando los cambios políticos venideros, se originó el primer espacio que representaría este tipo de demandas como fue el Comité de Comercio, aunque de corta duración y con escaso arraigo en el sur más que la simpatía por demandas en común.

Buena parte de las estrategias de los comerciantes del sur consistió en explotar, a través de estos espacios o “frentes”, los conflictos entre las fuerzas de nación y provincia, haciéndose eco de las diferentes territorialidades impositivas en el espacio nacional. Sin dudas, la expansión de los negocios de los comerciantes sobre los Territorios Nacionales les permitió maniobrar estos conflictos en su provecho como sucedió con las guías de campaña. De todos modos, esta buena resolución no pudo repetirse para el impuesto al capital en giro. De hecho, no existió una visión estratégica que les permitiera liderar un movimiento de protesta provincial. La coexistencia de diferentes demandas como la idea de la autonomización jurisdiccional y los reclamos gremiales al interior de la provincia y en el plano nacional impidió la conformación de un movimiento orgánico.

A propósito de la provincia nueva, la actitud de los empresarios consistió en articular sus demandas a los proyectos que se generaron en el campo de la política y que, nuevamente, reflejaban los desacuerdos de fuerzas entre nación y provincia. En este sentido, fue un movimiento de opinión más que de acción. Por otro lado, la obstrucción del pago del capital en giro no tuvo la anuencia local y, si bien, la participación en los congresos de comercio fue activa, logrando petitorios en común, no se consiguió apelar al gobierno nacional y el provincial actuó de modo rápido con políticas impositivas para evitar que el conflicto escalara. En este caso, a pesar de que la influencia de sus negocios le permitía buscar el apoyo del poder nacional, no lo lograron como sí lo habían hecho con anterioridad.

De este modo, durante el periodo, los contribuyentes de la provincia contaron con cargas más onerosas que sus colegas radicados en la Capital Federal lo que les valió mayor competencia de las casas y comerciantes de allí sobre la provincia y los Territorios Nacionales. Consideramos que este no puede ser el único factor que explique la concentración del comercio en la capital, pero permite agregar una arista al análisis de las disparidades regionales en este aspecto.

Con respecto al Estado provincial, su posición fue firme sobre el impuesto al capital en giro posibilitado, en parte, por contar con fuentes de ingreso diversificadas que combinaban cargas a los terratenientes, comerciantes, industriales y consumidores y le daba margen de acción sobre estos sectores. Sin embargo, esto no impidió que en el periodo las relaciones entre ciertos sectores del sur y la administración se resintieran y, por lo tanto, los mismos hayan constituido un centro opositor de los sucesivos gobiernos del período.

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Notas

Recepción: 20 agosto 2024

Aprobación: 04 junio 2025

Publicación: 01 diciembre 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional