GIHRR; UNMdP
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Las revoluciones pueden presentar al observador cierta ambivalencia: como ruptura, si se observa su impacto internacional, que puede medirse en la quiebra de un orden de legitimidad y el nacimiento de nuevas repúblicas; pero también como continuidad, especialmente si se la ubica en el plano de las permanencias locales. "El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural (1780-1830)" se enmarca fundamentalmente en esta segunda línea, que intenta indagar en los prolegómenos y fundamentos del futuro orden cristalizado en el Estado provincial, tomando como eje la evolución de la normativa, de las instituciones y de las prácticas sociales alrededor de una facultad estatal primaria: la administración de justicia.
"El poder y la vara..." asoma dentro de la notable labor investigativa de Raúl Fradkin, quien aparece como responsable, compilador, autor de una adecuada introducción y co-autor de varios de los capítulos. La apuesta consiste en reunir una serie de artículos publicados anteriormente en revistas especializadas y que, relacionados entre sí por temas como el despliegue estatal y las "justicias" en la campaña bonaerense colonial y posrevolucionaria, mantienen su coherencia y unidad. El libro tiene la virtud de combinar la labor de investigadores de trayectoria más reconocida (el mismo Fradkin, María Elena Barral, Gladys Perri) con la de investigadores en formación y tesistas de grado (Fabián Alonso, Verónica Correa, Marcelo Ferreyra, Marcelo Luna, Silvina Peicoff, Nidia Robles). La presente publicación refleja el trabajo colectivo de un grupo de investigación a través de distintos proyectos enmarcados en la Universidad Nacional de Luján entre 1999 y 2005, algo que, lamentablemente, no siempre tiene la oportunidad de salir a la luz como libro.
El objetivo destacado por el compilador es el estudio del accionar de "las justicias" -un conjunto de instituciones que alberga tanto a Alcaldes de la Hermandad y Jueces de Paz, como a curas párrocos, comandantes, oidores y todo personal con derecho a ejercer jurisdicción, en complementariedad o franca competencia entre sí- lo más al ras del suelo posible, como punto de observación de un proceso de formación estatal que comprende tanto matices regionales como prácticas e instituciones preexistentes. La propuesta se filia en la corriente de historia rural que renovó la historiografía hace ya más de dos décadas, pero coincidiendo con un segundo momento que, al calor de la emergencia de enfoques culturales, no reniega de los temas de derecho, ley y justicia. Su encuadre en la historia social la distingue de una historia del derecho más tradicional, y a la vez no impide ver las implicancias políticas de los procesos re-construidos. En especial, se destaca una concepción thompsoniana acerca de las costumbres, moldeadas por la ley y las prácticas sociales, como un campo de mediación y de oposición entre clases, y no sólo como instrumento ideológico para la dominación. Entre otras influencias, hay un uso elástico de categorías foucaultianas relacionadas con el poder. A nivel historiográfico, no se puede obviar el peso del corpus americanista acerca de resistencias, derecho y delito (Stern, Taylor, Van Young, Serulnikov) y, para el caso rioplatense, de los estudios sobre temas similares en el período rosista (Gelman, Slatta y Robinson, etc.), cubriendo la presente publicación cierto vacío historiográfico para el período y la región.
La expresión a ras del suelo comporta una escala de observación regional, así como también la consideración de las resistencias y tramas sociales que dieron forma al accionar de un Estado incierto y en construcción. Los cinco capítulos que componen el libro se mantienen con esta sensibilidad, aunque por momentos más centrados en el análisis de la normativa que en su "aplicación" local, lo que nos permite ver el estado de una investigación en proceso y que apunta a síntesis regionales.
El primer capítulo, desarrollado por Barral y Fradkin, funciona a modo de articulador y se centra en el proceso de construcción de poder institucional en la campaña entre 1785 y 1836, teniendo en cuenta el despliegue de tres redes: la estructura eclesiástica, la miliciana/militar, y la estructura de poder judicial y policial. Estas redes se definirían por la estructura ramificada que adoptó su despliegue, antes que por las relaciones interpersonales de los sujetos. La progresiva ramificación, acelerada desde 1780, habría obtenido su sustento de, y a la vez reforzado, la formación de pueblos como sedes de esas estructuras de poder institucional. De este proceso, con sus matices por parroquia y partido, se da cuenta a través del análisis de una variada cantidad de fuentes y registros parroquiales, y se intenta demostrar el progresivo fortalecimiento de esferas propiamente estatales (el poder militar y judicial) y el retraso relativo de la red eclesiástica en personal y cantidad de sedes, si bien la insistencia en una perspectiva estructural puede llevar a sobredimensionar el nivel de desarrollo institucional. De todos modos, los cambios son debidamente ponderados por los autores con el sentido limitado que tuvo la transformación, dado que consideran que se fracasó en la organización tanto de fuerzas policiales diferenciadas como de niveles de intermediación en la centralización de las funciones estatales.
Los capítulos siguientes enfocan originales núcleos de investigación. El segundo capítulo aborda un aspecto escasamente estudiado del funcionamiento judicial en las primeras décadas del siglo XIX: el acceso a la justicia civil por parte de la población rural. A través del análisis cuantitativo de una considerable base de datos construida con el fondo Tribunal Civil del AGN -fuente poco tratada y que refleja un mecanismo de resolución de conflictos entre particulares tales como disputas por deudas, tierras o ganado-, se indaga en qué medida los pobladores recurrieron a instancias judiciales formales. Así, los autores -Barral, Fradkin, Luna, Peicoff, Robles- constatan un acceso diferenciado en el tiempo y por zonas de la campaña, siendo casi nulo en áreas de frontera recientemente incorporadas. Esto los lleva a postular la existencia de una "frontera judicial", donde la demanda de justicia civil era satisfecha por autoridades locales.
En el tercer capítulo, María Elena Barral revela otro aspecto poco conocido de la campaña: el los párrocos rurales como jueces eclesiásticos a fines del período colonial. A través del análisis de la normativa de esta jurisdicción y de fuentes judiciales para el examen de su ejercicio efectivo, Barral muestra a estos párrocos a cargo, entre otras funciones, de la imposición de penitencias, la suspensión de la absolución sacramental, la intervención en temas matrimoniales y de la facultad de otorgar el derecho de asilo a delincuentes comunes. Esta última, sumada a la denuncia de las "relaciones ilícitas" mantenidas por alcaldes y al progresivo recorte de prerrogativas por parte de las autoridades borbónicas, habría llevado a los esperados conflictos de poder con la autoridad civil -los alcaldes- que este tipo de situaciones genera. Estas disputas mostrarían al ejercicio de la jurisdicción eclesiástica como un mecanismo válido para construir liderazgos. Pero al lado de esta diferenciación incipiente, Barral tiene en cuenta que cura y alcalde con frecuencia eran colaboradores y que no existía una separación clara entre delito y pecado, en una sociedad no-secularizada, problemas que se reflejarían luego en los debates de la década de 1820, en ocasión de la reforma eclesiástica rivadaviana.
Los dos capítulos finales incorporan temas ya clásicos de la historiografía. En uno de ellos se analiza la construcción de la figura delictiva del "vago" a través del análisis de un marco normativo en evolución, para identificar el tipo de prácticas sociales al que la persecución trataba de conjurar. En el análisis de esta evolución a través de un siglo (1730-1830) los autores -Barral, Alonso, Fradkin y Perri- constatan una progresiva penalización y ampliación de la figura del vago, y el cambio decisivo que habría implicado su identificación con el cuatrero y el ladrón, en un continum en el que resulta difícil distinguir entre pobre-ocioso-criminal. Esta ampliación de la figura de la vagancia también coincidiría con una pérdida de su anterior connotación étnica hacia una clasista, aplicándose incluso a familias de pequeños productores. Pese a ello, los autores explican esta evolución a través de la presión enroladora del Estado y su necesidad de una nueva legitimación, más que por un requerimiento del poder económico.
Finalmente, en el capítulo dedicado a los "perjudiciales" de la campaña, se caracterizan los delitos "anexos" a la figura del vago y la forma en que de esta manera se delinea un criterio de demarcación social en contraposición a la "comunidad de vecinos", a través del análisis de un cuerpo diversificado de fuentes (acuerdos del Cabildo, bandos, registros oficiales, criminales) y de la bibliografía disponible. Aún más que el delito en sí -el juego, la portación de armas, la vagancia, la ebriedad y la mendicidad, el combate a los "agregados" y sus alojantes-, para Barral, Fradkin y Perri resulta significativa una forma de prueba no-moderna que jerarquiza la confesión, el testimonio y la "fama" del acusado. El ser acusado de "perjudicial" se convertiría así en un estigma social que, combinado con el aumento del control policial, para los autores denota un panorama contradictorio entre criterios arraigados y procesos estatales novedosos, al menos para la campaña, y que se haría sentir en la consolidación del orden rosista.
En definitiva, entre continuidad y cambio va el curso de este libro, que plantea nuevos problemas de investigación concernientes a la Justicia Civil y los párrocos rurales, y aporta interpretaciones novedosas en otros ya conocidos (como son los "vagos" y "perjudiciales" de la campaña) en torno al funcionamiento de "las justicias" en el Buenos Aires rural. Desde el punto de vista de los gobiernos posrevolucionarios, el peso está puesto en las continuidades que implicaron las respuestas estatales a los desafíos de la realidad social desde las últimas décadas del siglo XVIII, cuando se abrió un período de expansión agrícola y demográfica en el que un Estado en continua formación realizó ingentes esfuerzos para controlar el territorio y la población, necesidad enfatizada luego de la Revolución de Mayo, pero que demuestra la existencia de un período de cambios más amplio en relación al proceso de conformación estatal. Como producto de una investigación en proceso, "El poder y la vara..." se convierte en una herramienta de valor para todo historiador de la sociedad rioplatense del período y, dada su edición amable y su relato llano, una propuesta accesible a otros interesados en temas de derecho y justicia.
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