Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 16, nº 1, e002, abril 2016. ISSN 2314-257X
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

DOSSIER
Diálogos atlánticos: Los múltiples contextos de la independencia rioplatense

 

Una difícil centralidad. El clima político en Tucumán en tiempos del Congreso

 

Gabriela Tío Vallejo y Facundo Nanni

Universidad Nacional de Tucumán/CONICET, Argentina
gativa@hotmail.com

 

Cita sugerida: Tío Vallejo, G. y Nanni, F. (2016). Una difícil centralidad. El clima político en Tucumán en tiempos del Congreso. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 16(1), e002. Recuperado de http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAv16n1a02

 

Resumen
La singular coyuntura de los años 1814-1816 enmarca la actividad del Congreso de Tucumán. Ante un escenario internacional de restauración monárquica y un contexto rioplatense signado por el levantamiento de Fontezuelas, el Congreso y el nuevo director supremo emanado del mismo dirigen sus acciones a consolidar su legitimidad y garantizar la gobernabilidad de los pueblos asistentes. Las sesiones secretas actúan como caja de resonancia de los múltiples frentes de intervención. El presente trabajo permite realizar un balance historiográfico del estado actual de los estudios sobre el Congreso en su etapa tucumana, aportando una lectura desde una fuente poco explorada.

Palabras clave: Congreso de Tucumán; Gobernabilidad; Facciones.

 

A tough centrality. The political scenario in Tucuman during the Congress of 1816

 

Abstract
The unique situation of the years 1814-1816, indicates a situation of changes on both sides of the Atlantic, where the activity of the Congress of Tucuman took place. Even taking into account the difficulties of an international scenario of monarchist restoration, coupled with the domestic context marked by the rise of Fontezuelas, the Congress of Tucuman and the new supreme director intent to consolidate its legitimacy and ensure the governance of the attendees “pueblos”. Both public and secret sessions, act as a sounding of the multiple fronts of intervention. This paper introduces a historiographical balance of the current state of the studies of this classic theme, bringing new dimensions underexplored.

Keywords: Congress of Tucuman; Governance; Factions.

 

Introducción

En estos tiempos bicentenarios, la celebración de las dos fechas icónicas del proceso revolucionario concita identificaciones e interpretaciones diversas del proceso histórico sobre el que reflexionamos. 1810 y 1816 son los extremos de una tensión alimentada no sólo por estas representaciones, sino por el propio devenir revolucionario que pivoteó entre la centralidad de Buenos Aires y los derechos de los pueblos.

En esa línea temporal, la coyuntura de 1814-1816 condensa una serie de acontecimientos que marcan un viraje en el proceso revolucionario. La interpretación de lo acontecido durante las reuniones del Congreso no puede desligarse de la explicación de este contexto.

La restauración europea invierte el signo de la actitud de los países hacia los movimientos hispanoamericanos, Gran Bretaña ya no es tan benevolente, y el “deseado” vuelve como tirano (Verdo, 2006). En el Rio de la Plata se barajan diversos proyectos que pudieran fundamentar la legitimidad y reconocimiento de los nuevos Estados: protectorados y monarcas, propios o ajenos. Pero algo estaba claro: la declaración de independencia era indispensable para conjurar las acusaciones de traición.

El contexto rioplatense no podía ser más complicado. El poder de Alvear se resquebrajaba dando fuerzas a los descontentos. Ya en diciembre de 1814, el Ejército Auxiliar del Perú había resistido el reemplazo de Rondeau por Alvear; unos meses después, en marzo de 1815, el artiguista José Javier Díaz ganó la gobernación de Córdoba evidenciando que las tendencias autonomistas eran fuertes allí. En abril de 1815, una división del Ejército destinada a luchar en Santa Fe se subleva contra Alvear en Fontezuelas y pone fin a su directorio.

El distanciamiento de Díaz respecto del Directorio y su afiliación a la Liga de los Pueblos Libres provoca la separación de La Rioja cuyo gobernador, Brizuela y Doria, teme que Córdoba pueda apoyar el ascenso de sus opositores federalistas. También en Santiago del Estero, un sector autonomista organiza un movimiento para separarse de Tucumán, de la que depende desde 1814 por la creación de la Provincia, pero son aplastados por Bernabé Aráoz. En Salta, las desavenencias entre Rondeau y Guëmes darían espacio a intentos de autonomismo jujeño. La salida de Alvear fortalece a los federalistas de Buenos Aires que quieren provincializar y entenderse con Santa Fe y Artigas; pero los centralistas son aún fuertes, la tensión acompañará las reuniones del Congreso (Herrero, 2009).

La realidad de la guerra se siente distinta en sus diversos frentes. A la sazón, el frente porteño es uno interno: contra Artigas que lideraba la Liga de los Pueblos Libres nucleando al Litoral y Córdoba. Cuyo era la base de poder de San Martin, quién sobre todo a partir del directorio de Pueyrredón estará abocado a la campaña libertadora de Chile y Perú. En el Norte, el desastre de Sipe-Sipe, en noviembre de 1815, marcará el final de una larga lucha por mantener en la órbita rioplatense al alto Perú y al circuito de la plata. Después de tres fracasados intentos por recuperar el espacio andino, la dirigencia revolucionaria se resigna a una guerra defensiva que se basará en recursos locales. Los restos del Ejército Auxiliar del Perú regresan a Tucumán bajo las órdenes de Belgrano. En pocos meses se convertirá en el principal garante del poder del directorio y jugará un importante papel en la gobernabilidad de las provincias (Morea, 2012). El Tucumán, mínimo límite septentrional de la revolución, era necesario sostener esta condición ya no con las armas sino con las instituciones.

En cuanto a la relaciones entre las ciudades, los sucesos de 1815 terminarán con la naturalidad implícita de la sede porteña de la autoridad central (Verdó, 2006).En la primera etapa de la revolución, la dirigencia instalada en Buenos Aires había logrado hacer reconocer, aunque a regañadientes, su condición de hermana mayor en la tradición de la jerarquía borbónica de ciudades y agitando el señuelo de la representación de las ciudades en cuerpos colectivos. Según Verdó, 1815 marca el límite de este modelo.

Hasta aquí el liderazgo de Buenos Aires se había sostenido sobre una representación imperfecta de las ciudades. Las necesidades de la guerra y la subordinación de las provincias sólo podían conseguirse a través de la concesión de la representación, que había sido diferida y alterada en los años anteriores (Ternavasio, 2002; Chiaramonte, 1997).

Luego de la crisis de Fontezuelas, las ciudades renegocian el pacto. El gobierno ofrece nuevas condiciones: el Estatuto Provisional de 1815 y la convocatoria a un congreso constituyente. El Estatuto daba representación a la campaña, introducía la representación proporcional a la población -en lugar de la vieja representación según la jerarquía borbónica- y la elección de gobernadores por sufragio popular.

La posibilidad de un Congreso reunido con base en los términos establecidos por el Estatuto significa un nuevo modelo de relación de las ciudades con Buenos Aires que inaugura, en palabras de Verdo, una solidaridad transversal. Sin embargo, el cambio de la representación no origina sino inscribe un proceso anterior a la jerarquía borbónica. La disputa por las formas de la soberanía está presente desde el inicio mismo de la revolución. A esta disposición anterior se agregan las transformaciones que devienen del propio proceso revolucionario. Como ha sostenido la historiografía, la guerra diseña las configuraciones políticas de la primera década (Bragoni, 1999; Mata, 2000). Según estas autoras, la identificación colectiva que emergió de la guerra, la militarización de los pueblos que fueron sede de la lucha, y la defensa de los intereses locales, se cristalizaron en un fervor patriótico insuflado por la experiencia del combate y por unas referencias identitarias ancladas en las formaciones administrativas y territoriales previas a la revolución. Según Verdo, hay una geografía patriótica que se redefine, en donde Buenos Aires ha dejado de ser el centro; la correspondencia entre los actores en torno a la organización de la guerra evidencia esas solidaridades transversales entre las regiones afectadas por la guerra.

La organización de la dimensión militar había generado vínculos entre las ciudades y entre individuos, la experiencia misma fortalecía identidades y parecía alejar a la elite portuaria de las comunidades que las sostenían con hombres y recursos. Los conflictos por los liderazgos del ejército del norte muestran y a la vez generan alineamientos entre los revolucionarios. Gobernadores y cabildos se involucran en la guerra. Las tensiones de Buenos Aires con el artiguismo y sus áreas de influencia alejan a las provincias del interior y relacionan entre sí a las ciudades afectadas por la guerra.

Los cambios establecidos por el Estatuto, reflejan viejas y nuevas realidades. Los modos de elección basados en la soberanía popular son la novedad, si bien sabemos que los procesos electorales estaban impregnados de la preeminencia de un orden jerárquico territorial que fija los contornos del electorado.

Respecto de la incorporación de la campaña, el “cambio” en la representación no es más que la afirmación de lo que los representantes de los pueblos vienen defendiendo desde el comienzo del proceso revolucionario, lo que sugiere la pervivencia de una cultura jurídica anterior. Nicolás Laguna protestaría en el Tucumán de 1812 la ausencia de la campaña en las votaciones y volvería a expresar su disconformidad con el formato abstracto de la representación requerida en el XIII (Agüero, 2013). En 1815 una asamblea de características inéditas vuelve a refrendar la indivisibilidad política de ciudad y campaña (Tío Vallejo, 2001).

A hombros de la amplia historiografía que ha estudiado los problemas de la representación de los pueblos y la soberanía en la primera década revolucionaria (Ternavasio, 2002; Chiaramonte, 1997; Goldman, 2008; Verdo, 2006), este artículo pretende indagar, a partir de una fuente escasamente visitada, las tensiones de una “solidaridad transversal” y una tendencia a constituir un poder central fuerte. Esa solidaridad entre ciudades, si bien resucita las configuraciones borbónicas, alimenta nuevos vínculos a través de la experiencia de la guerra, y encuentra en el momento histórico de Fontezuelas y Fontainebleau, la ocasión de enfrentar un liderazgo porteño que muestra fisuras. Consideramos que el Congreso es un campo en el que se debaten esas fuerzas transversales y una tensión centralizadora sostenida, por un lado, por el Ejército Auxiliar del Perú en tanto fuerza fundamental para el fortalecimiento del poder revolucionario; y por otro lado, por un centralismo ligado al liderazgo de Buenos Aires (Morea, 2012; Herrero, 2009). Ni las tendencias autonomistas ni las centralistas pueden reducirse a un solo tono. Las tensiones que se expresan en las sesiones secretas permiten vislumbrar esta complejidad que convoca a revisarse a partir de nuevas preguntas.

El Tucumán del Congreso

La ciudad en la que se desarrolló el congreso en 1816 llevaba cinco años conviviendo con fracciones del Ejército Auxiliar del Perú, Alejandro Morea calcula 2700 soldados para octubre de ese año. La presencia del ejército, cuyo número osciló en las diversas fases de la guerra, demandó de una pequeña aldea un enorme esfuerzo. Se ha estudiado el impacto que esa demanda tuvo en la economía y la sociedad de Tucumán y las posibles transformaciones que ocasionó.

Algunas miradas de la generación del centenario tendían a ver a la ciudad como una tranquila aldea de comerciantes a las que la revolución apenas afectó los hábitos, sin embargo, si esto podía haberse considerado cercano a la realidad en 1810, los primeros cinco años de la guerra muestran una situación completamente distinta. Si la revolución no ha trastocado demasiado las jerarquías sociales, ha conmovido los cimientos del poder de los “españoles”; de hecho, una vez que la guerra comenzó, sus acciones y expresiones están en la mira del gobierno. Esto se siente aún más con la presencia de Belgrano como jefe del ejército: el control sobre reuniones que pudieran expandir rumores que afecten la marcha de la guerra se vuelve cotidiano; las noticias de la guerra y las novedades de la revolución se discuten en pulperías, carnicerías y casas de familia. Los empréstitos recaen más sobre los europeos, aunque los americanos no están exentos. Los años 15 y 16 son los más difíciles para las cajas militares y provinciales. La ciudad tiene ahora un hospital y una fábrica de fusiles, han surgido nuevas actividades y algunas viejas se han ampliado y han adquirido un ritmo frenético, el ejército necesita ropa, calzado, comida, armas, asistencia sanitaria.

Pero lo que nos interesa en particular son las novedades de la vida política de la ciudad, antes circunscripta al espacio capitular. En los primeros años de la década revolucionaria, la incorporación de las nuevas prácticas representativas tuvo un ritmo pausado, marcado por la presencia rectora del cabildo, el gobernador y las corporaciones. Sin embargo, entre 1815 y 1816 se produjo la transición de un sistema electoral controlado de principio a fin por el Cabildo a la autonomía de las juntas electorales. El Cabildo no perdió su atribución de designar a los individuos que componían las mesas receptoras de los sufragios y seguía conservando el control sobre el cuerpo político, atributo esencial del cuerpo de vecinos. Sin embargo, frente a esta continuidad, la autonomía de las juntas electorales respecto del Cabildo y el gobernador representaba un cambio en la concepción de la idea misma de representación. El pueblo estaba representado por la junta electoral, no por el Cabildo, y el papel del gobernador de confirmar las elecciones, un atributo del gobernador intendente borbónico, se desvanecía. El Estatuto de 1815 establecía que el gobernador debía retirarse una vez que fuese nombrado el presidente de la junta; sin embargo veremos que el gobernador Aráoz encontrará la forma de incidir en estos procesos, pero estas formas serán en todo caso extraordinarias.

El paso de la etapa de los cabildos abiertos a las juntas electorales fue la primera ruptura del marco corporativo de la representación, ya que a partir de entonces el Cabildo no representaría a la ciudad como cuerpo sino que los vecinos, en tanto jefes de familias distinguidos socialmente, elegirán a sus representantes.

Hubo entre 1810 y 1816, doce elecciones, en seis de ellas hubo participación de los vecinos en las asambleas primarias o asambleas plebiscitarias. Entre junio de 1815 y abril de 1816 se efectuaron cuatro actos para elegir diputados para el congreso que incluyeron una asamblea que, según las fuentes, tuvo 4000 asistentes.

Si bien, como decíamos, las jerarquías sociales no colapsan, los procesos electorales provocan una jerarquización política, la división de los vecinos en votantes, electores y representantes, el surgimiento de funciones nuevas que da lugar a la emergencia de agentes intermedios como los alcaldes de barrio y jueces rurales. Para ser elector o representante no basta con la riqueza, el prestigio o el honor, se requieren otras cualidades: un grado mayor de educación, una experiencia en la vida pública o capacidad oratoria. Ello explica el papel de sacerdotes y abogados como electores en la primera década independiente. También la militarización provoca ascensos sociales.

Gracias a la ductilidad del concepto de vecindad estas nuevas cualidades se incorporaron a la condición del vecino. Así, junto a los capitulares herederos de las viejas familias encomenderas se integran también quienes, movilizados por la guerra de independencia, han logrado un hándicap militar que se traduce en jerarquía social y política. No sólo en los altos niveles, también sectores fronterizos de la elite adquieren nuevos roles políticos a través de su papel en los procesos electorales, es el caso de los pulperos, que a través de la función de alcaldes de barrio, cumplen el papel de empadronadores por ejemplo. También la adhesión a la revolución era un factor de re-jerarquización sobre todo en provincias que, muy cercanas al poder realista, todavía debían demostrar su lealtad al nuevo gobierno.

La expansión del electorado y del cuerpo de vecinos en los años en que la ciudad de San Miguel es escenario de la guerra en el norte, muestra la voluntad de las elites dirigentes por integrar a la revolución a los jefes de familia. La relación entre guerra, patriotismo y expansión de la vecindad se confirma con la reducción del electorado en los años de la posguerra.

Entre 1812 y 1818, el porcentaje de los vecinos que aparecen registrados en los padrones electorales es un 5 % de la población. Un dato más ilustrativo es el porcentaje de vecinos sobre jefes de familia censados; el promedio estaría en un 50 % con una ampliación en 1816 que se redujo dos años después. Evidentemente el año 1816 fue un año de expansión del cuerpo electoral no sólo cuantitativamente. Son elocuentes los casos de individuos que se han convertido en vecinos, entre ellos pulperos que en registros anteriores figuraban como plebeyos sin el trato de don y acceden en el nuevo contexto al apelativo de “don” y a la posibilidad de votar.

La guerra crea nuevas jerarquizaciones. En sociedades donde lo militar no había superado la ritualidad, la guerra concreta y en casa promueve nuevos vínculos y jerarquías. Si bien las jerarquías sociales invaden también los vínculos militares, la experiencia misma de la guerra lo transforma todo: el valor, las condiciones de liderazgo, y hasta determinadas destrezas se constituyen como un valioso capital específico. Alejandro Morea ha mostrado los caminos por los que los oficiales del ejército del Perú se relacionaron con las provincias en las que les tocó actuar y cómo se desempeñaron políticamente en la década siguiente (Morea, 2015).

Otro rasgo de la política de estos años es la convivencia del gobernador Araoz con Belgrano como jefe del ejército y el propio congreso. Estos fueron los años más críticos de la fiscalidad de guerra, especialmente cuando después de Sipe-Sipe, las tropas derrotadas ingresaron a Tucumán en octubre de 1815 (Parolo, 2015). Las rispideces entre Belgrano y el gobernador Aráoz tuvieron un fuerte anclaje en los problemas de recursos para el sostén del ejército; desde fines del 16 con el ejército definitivamente acantonado en Tucumán, será únicamente el jefe de ejército auxiliar el que maneje los fondos del ejército.

La historiografía no se ha ocupado mucho de estas relaciones, a excepción de las referencias indicadas. La asamblea de junio de 1815, en ocasión de la elección de diputados para el congreso, ha convocado la atención historiográfica por la presencia de 4000 hombres de la campaña y la ciudad. Este acontecimiento ha sido analizado desde el punto de vista de los procesos electorales, de la participación de los sectores populares y de la militarización, pero no tenemos todavía un estudio que permita entender si ya existe la facción bernabeísta y qué lugar juega la presencia del Ejército, la figura de Belgrano y las tensiones entre el gobernador Bernabé y la elite local.

El Congreso en Tucumán: la hora de las ciudades

El Congreso se reunirá entonces, en un clima de restauración que estrecha las opciones de relación con las potencias, en un contexto de guerra acuciante y con un entorno rioplatense conflictivo pero esperanzado en la oportunidad de replantear el pacto: es la hora de las ciudades. La tensión que recorre toda la actividad y las relaciones políticas del congreso es la misma que viene atravesando el proceso revolucionario, entre la soberanía abstracta que la elite dirigente quiso administrar desde Buenos Aires y la soberanía múltiple defendida por las ciudades, las dos lógicas contradictorias que consignó Geneviève Verdo.

En el congreso se manifiestan las ciudades como actores colectivos. Como cuerpo es un árbitro de antiguo régimen, una institución que se erige para validar y sostener un orden natural preestablecido. Acorde con el modelo jurisdiccional imperante en la cultura de la época, el congreso es como un tribunal, un árbitro que no construye sino que sanciona un orden preexistente: el de las soberanías de las ciudades. Pero al mismo tiempo su legitimidad se basa en la soberanía popular que avala a los diputados (Verdo, 2006).

Esta doble corriente que tensa la actividad del Congreso es interpretada por la historiografía con ciertos matices. Verdo habla de hibridez, un concepto caro a las lecturas de Guerra, y analiza la coexistencia de imaginarios que se ven reflejados en el léxico, las “ficciones” entre pueblo y sociedad. (Verdo, 2006; Guerra, 1992).Alejandro Agüero, en su análisis sobre la asamblea de 1813, encuentra la explicación de la lógica de esta doble representación en un marco cultural prevalente, un modelo jurisdiccional que domina las formas de representación y la preeminencia de una cultura en la que la religión prevalece en todo orden. Este marco cultural de referencia determina las posibilidades del lenguaje jurídico según el autor (Agüero, 2013).

El estudio del Congreso de Tucumán. Viejos temas, nuevos abordajes

El Congreso en Tucumán no ha sido objeto de una revisión historiográfica integral, tal como lo han señalado recientemente los investigadores que han retomado este clásico tema (Verdo, 2006). Los recientes aportes de Geneviève Verdo y de Alejandro Morea sobre el Congreso han permitido, a nuestro entender, renovar la agenda de problemas y constituyen un aporte significativo en un marco de relativa lentitud en la revisión de este viejo objeto de estudio. En diálogo con sus hipótesis es necesario sumar el estudio de las sesiones secretas, corpus que no ha sido revisado por la historiografía reciente, y permite, como veremos, observar desde un ángulo diferente tanto el impacto de los conflictos exteriores en el recinto, como la propia dinámica de los grupos internos.

Esta relativa lentitud en la aparición de nuevos trabajos sobre el Congreso puede ponderarse si tenemos en cuenta que la última obra de conjunto sobre este objeto de estudio fue encargada a Leoncio Gianello, miembro de la Academia Nacional de la Historia, al cumplirse 150 años de la Declaración de la Independencia (Gianello, 1966).La conmemoración del sesquicentenario dio lugar a otras publicaciones, inmersas en un clima de festejos y escritas en un tono de celebración patriótica, aunque el trabajo de Leoncio Gianello es sin duda la obra más destacada de aquel conjunto(Videla Escalada et al, 1916; Capdebila 1916; Furlong et al 1916; Vera, 1916; Goñi, 1916).

Los problemas de fuentes han dificultado el acceso a las deliberaciones ocurridas en el recinto, debido fundamentalmente a la pérdida de las actas públicas que reunían la información de las sesiones ordinarias y extraordinarias, manteniéndose tan sólo la sintética información sobre las mismas, contenida en las Actas del Redactor del Congreso Nacional, que consta con una edición facsimilar a cargo de Luis Molinari (ARCN, 1916).1

De todas maneras, la considerable pérdida de fuentes, se contrapone con la existencia de un registro documental amplio para las sesiones secretas, cuya edición facsimilar permitió dar cuenta de 140 sesiones, que incluyen la etapa tucumana y el posterior traslado. Esta amplia edición realizada en 1926 por la Junta de Historia y Numismática Americana, constituye aún un reservorio poco abordado y sumamente fértil para la creación de nuevas agendas de indagación, que permitan acompañar la renovación historiográfica en curso.(JHNA, 1926).

La mencionada compilación deja advertir un claro “desdoblamiento temático”: los temas sensibles como las relaciones externas, o las fricciones surgidas al interior del recinto fueron tratados en sesiones reservadas, mientras que el Redactor se ocupa de reunir las sesiones con asistencia del público (ordinarias y extraordinarias) en las cuales se advierte la preocupación de los congresales por crear una imagen exterior de unidad.

Los diputados muestran una clara intención de regular la asistencia o bien la restricción del público: muestran conciencia de los beneficios de “despejar la barra” en temas sensibles, para evitar la fuga de información, pero advierten también que en otras ocasiones conviene reforzar la legitimidad del congreso mediante la presencia masiva.

Un ejemplo claro de esto último ocurrió en la sesión del 2 de mayo, un día antes de la elección del director supremo. El mismo Pueyrredón, por entonces diputado por San Luis, solicita que la sesión siguiente, destinada a elegir director supremo, sea pública, dado que la circunstancia de coincidir con un día festivo “llamaría la atención y concurrencia del público”(ARCN, 1916).

El estudio de las formas de participación del público constituye un tema aún no abordado que puede contribuir a la actual renovación de los estudios. Los asistentes a la barra acceden a diferentes formas de intervención como la circulación de escritos y libelos, las exclamaciones, y hasta la opción de intervenir directamente con previa autorización del Presidente del recinto (ARCN, 1916). El manifiesto emitido por el Congreso con motivo de su traslado, escrito en Tucumán en septiembre de 1816, se refiere directamente al pueblo de Tucumán, “que observa atento nuestra conducta, que cubre diariamente la barra de sesiones”(Mabragaña, 1910).

Dos trabajos clásicos sobre el tema del Congreso, como los de Bartolomé Mitre y los de Paul Groussac, sumados a la mencionada obra de Gianello, han sentado una base interpretativa aún muy arraigada, razón por la cual es necesaria una actualización que no desconozca estos aportes, y permita sin embargo revisarlos en función de nuevas líneas de abordaje.

En su “Historia de Belgrano”, cuya primera edición data de 1857, Bartolomé Mitre dedica varios capítulos al estudio del Congreso en su etapa tucumana (Mitre, 1857).Su obra se apoya en un estudio detallado de fuentes principales, a pesar de que no contaba entonces con la edición de las sesiones secretas.

Entre sus aportes principales se destaca el estudio de las fracciones internas tanto en la etapa tucumana que analizamos en este artículo, como en el posterior escenario iniciado con el traslado del Congreso. En un marco historiográfico en construcción y con reminiscencias del romanticismo, Mitre ubicaba a la nación como una fuerza natural que sólo tenía que desplegarse, y explicaba los problemas del Congreso a partir de las tensiones entre fuerzas centralistas y federalistas, la segunda de ellas vinculadas con el “caudillismo” y la “anarquía”, en términos del autor.

Estas fuerzas oscilantes, que actuaban en parte como entelequias, sirven en su obra para explicar la supremacía inicial del grupo centralista con base en la diputación de Buenos Aires, que logra hegemonizar debates claves como la elección de Pueyrredón, la forma de gobierno, y el traslado del cuerpo soberano. Por la vía del reverso, las fuerzas contrarias al centralismo fueron para Mitre responsables de la crisis final del directorio y del Congreso, y el inicio del período de autonomías provisorias. Más allá de la distancia actual frente a muchos de los supuestos historiográficos contenidos en la “Historia de Belgrano”, dicha obra marca un interés temprano por el crucial tema de los grupos internos del recinto, cuya clasificación es retomada luego por Groussac y Gianello.2

La división mitrista de las fuerzas existentes en la etapa tucumana del recinto respondía a una idealizada dicotomía centralismo/federalismo, a la cual se sumaba un tercer segmento, compuesto por la diputación alto-peruana. Los grupos que esboza Mitre son los siguientes:

  1. El grupo central de Buenos Aires, en alianza con los representantes cuyanos y ocasionalmente con los representantes de las provincias alto-peruanas y del norte. Su líder era, según Mitre, Antonio Sáenz.
  2. El grupo antagonista de Córdoba, inclinado al federalismo según Mitre “más por instinto que por convicción”. Liderado por el diputado Cabrera.
  3. La diputación alto-peruana, liderada por Serrano, cuyo perfil es ponderado por el autor, en contraste con su valoración negativa respecto al resto de los representantes de esta región.

Los ecos de la visión mitrista del Congreso, se observan con claridad en la obra de Paul Groussac. El itinerario del francés nacido en Toulouse, lo llevaría a radicarse más de diez años en la ciudad de San Miguel y esa cercanía con la ciudad sede de las sesiones de 1816, explica tal vez, la recurrencia con la que el tema del Congreso aparece en sus obras.

Groussac vivió en Tucumán entre 1871 y 1882. En el tramo final de su estadía norteña, publicó su “Ensayo histórico sobre el Tucumán” (Groussac, 1882). La investigación formaba parte de una publicación encargada por el gobierno provincial que incluía este extenso escrito histórico de Groussac, pero también contenía capítulos de otros autores sobre demografía, geografía y otros aspectos de Tucumán, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos y económicos de la provincia.

Su mirada sobre el Congreso de Tucumán retoma la obra mitrista, a la que refiere en repetidas ocasiones. Los trazos críticos hacia la labor de los congresales, son inspirados en la mencionada obra de Mitre: ambos critican la composición social religiosa del recinto durante 1816, y lo comparan negativamente con el plantel de la Asamblea de 1813. Groussac, con un despliegue mayor de adjetivos y un tono más ensayístico que Mitre, veía a las reuniones en la ciudad de San Miguel como “un sínodo por su composición” en donde las continuas discusiones sobre procedimiento y reglamentación interna evocaban a “las repúblicas municipales italianas del siglo XII”(Groussac, 1882).

El análisis de la conflictividad interna de las sesiones tucumanas presente en Groussac también es heredero del esquema mitrista, que posteriormente pondremos en discusión. El autor sostenía al igual que Mitre el predominio de elementos centralistas (o “unitarios”), vinculados con el amplio grupo de diputados porteños y sus múltiples alianzas, a pesar de que el autor no especifica con claridad los nombres o diputaciones que lo integrarían. Este segmento sufrió, siguiendo su análisis, una dispersión de sus fuerzas por el debate sobre la forma de gobierno, discusión ocurrida en las sesiones posteriores a la declaración de la independencia.

Si bien el tema de los intensos debates entre monarquía y república en la etapa tucumana son conocidos por la historiografía y exceden los objetivos de este trabajo, interesa mostrar el lugar central que Groussac le adjudica en el afán por explicar las tensiones existentes entre estas dos fuerzas que, en su interpretación, prefiguran diferentes proyectos de construcción nacional. Para el joven franco-argentino el debate por la forma de gobierno provocó el riesgo de escisión del principal “partido”, en un contexto en donde la opción incaica contaba con fuertes apoyos tanto entre los diputados, como en el propio Belgrano, propulsor de la idea (Guerra Orozco, 2011). Groussac, en un análisis más enfático y lineal que el de Mitre, pondera la postergación de este debate, que no logra resolverse en aquel año de actividad del Congreso en Tucumán. Tal demora es interpretada como una estrategia del grupo central, originada en una “reacción por el ridículo”.3

Paul Groussac volvería a la crítica de la etapa tucumana del recinto en su obra “El Congreso de Tucumán”, libro que retoma 30 años después las líneas interpretativas ya esbozadas en su “Ensayo histórico sobre el Tucumán” (Groussac, 1912).

En el nuevo trabajo, retoma la consideración de los grupos internos inspirado en la clasificación de Mitre. Hay en esta nueva obra un análisis más amplio sobre la diputación cordobesa, que se había mostrado cercana al “desquicio artiguista”, y que posteriormente, tras enviar diputados al Congreso, se presentaría como el principal antagonista del grupo central, constituyéndose como “fautores de propaganda federaticia y agentes de perturbación”(Groussac, 1912).Al retomar la idea del grupo central, nombra los diputados de Buenos Aires, y propone la idea de que la figura de Belgrano funcionaba como parte integrante de dicho grupo.

Groussac minimiza el valor histórico y el tenor de las decisiones ocurridas en este ámbito deliberativo en su primer año de funcionamiento, y cuestiona incluso el excesivo culto celebratorio hacia la declaración de la independencia, ya que sostiene que simplemente “proclamaba lo existente, utilizando así una formula, que si bien aparece como una conclusión suya, es tomada casi literal de la definición de Mitre sobre la independencia como un “hecho consumado” (Mitre, 1857).

Si bien las tensiones entre el grupo central y el grupo antagonista con base en la diputación cordobesa son visibles en las fuentes, la composición de las fuerzas en el interior del recinto es oscilante y requiere, como veremos, un marco interpretativo diferente. Para Verdo la división mitrista de los grupos tiene el valor de constituir la primera tipología de grupos. La autora advierte que si bien “la hipótesis de una oposición radical entre los representantes de la capital y los de las provincias está presente en el espíritu y en los objetivos de los actores sociales, la misma no se verifica claramente en las tomas de posición de los mismos” (Verdo, 2006: 261-262, traducción nuestra).

Congreso y directorio en búsqueda de legitimidad

El 24 de marzo fue inaugurada la actividad del Congreso: una secuencia de actividades litúrgicas marcó el clima de expectación con que las corporaciones de Tucumán y los diputados entonces presentes escenificaron los inicios del nuevo ámbito (Wilde, 2014).El ambiente se escenificó a través de pompa y celebración pero se evidencia también un clima de incertidumbre: a la derrota en Sipe-Sipe se sumaba la necesidad de refundar el vínculo entre las provincias en un escenario posterior al levantamiento de Fontezuelas.

“No atino con el objeto de este Congreso”, señalaba a principios de aquél año el ex jesuita tucumano Diego León de Villafañe a Ambrosio Fúnes, ambos miembros influyentes dentro de las elites de sus respectivas provincias (Furlong, 1960).

La recepción de los diputados dentro del nuevo ámbito fue un proceso lento, por lo cual parte de las sesiones de los primeros meses estuvo destinada a incorporar nuevos representantes, y evaluar sus poderes e instrucciones. Las diversas expectativas de los representantes se manifiestan en la profusa correspondencia durante la estadía tucumana.

Si en palabras del jesuita tucumano, el Congreso tenía sentido sólo en relación con la defensa de la religión católica, para otros partícipes el ámbito se presentaba también como un espacio de dudosa eficacia que evocaba los peores recuerdos de los conflictivos meses de 1815.

Darregueira, diputado por Buenos Aires, llegó temprano a la ciudad norteña, a fines de 1815, lo que dio ocasión para gestar redes y anticiparse a algunos debates de cara a la apertura del recinto, en un clima, según su entender, influido por un notorio “desprecio a la representación de nuestra ciudad y de toda nuestra provincia” (Verdo, 2006:264). Fray Cayetano Rodríguez, diputado por Buenos Aires preparaba su viaje al norte mientras se carteaba con José Agustín Molina. Despejando los temores de su amigo tucumano con respecto a la elección de San Miguel como sede del Congreso, le contestaba enérgico: “¿Y dónde quieres que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabes que todos se excusan de venir a un pueblo a quien miran como opresor?” (ANH, 2008:145).

Más allá de los ecos del clima post-Fontezuelas, el espacio del Congreso fue lentamente, y no sin dificultades, edificando un nuevo equilibrio basado en una renegociación del pacto entre las provincias representadas. Aun cuando el ejercicio de los diputados dentro del recinto se mostró “dual” en términos de Verdo (tensionado entre la función de portavoz del pueblo que lo eligió y la función de la representación del cuerpo colectivo), la elección de nuevas autoridades llevada a cabo en el seno del Congreso permitió dotar a este ámbito de un rol clave para gobernar la revolución.

La legitimidad del Congreso se fue construyendo, tanto por la interacción entre los representantes y la experiencia de compartir ese espacio deliberativo, como por el hecho de constituirse en aquellos meses la autoridad del poder central y sus agentes. La elección de Pueyrredón en el mes de mayo como nuevo director, emanado del propio Congreso, fue clave para construir una articulación entre estos poderes con la novedosa Junta de Observación, espacio de alcance inter-provincial con sede en Buenos Aires y origen en el Estatuto de 1815. La segunda novedad en el campo del reemplazo de autoridades, en el afán de dotar de instrumentos de gobierno al Congreso y al directorio, fue la designación de Manuel Belgrano al frente del Ejército del Norte. Se reemplazaba así al cuestionado Rondeau.

La designación de Pueyrredón al directorio fue fruto de arduas negociaciones, pero el desenlace fue la obtención de 23 votos entre los 25 asistentes a dicha sesión.

La elección del director fue compleja no solamente por los nombres en danza, sino también porque el general Rondeau nunca había renunciado al cargo de director, sólo se había visto impedido de ejercerlo por hallarse como jefe del Ejército del Norte, ante lo cual habían surgido los interinatos de Álvarez Thomas y de Antonio González Balcarce. El cargo estaba sujeto a nuevos límites tras la creación de la Junta de Observación y la sanción del Estatuto del 15. La elección del 3 de mayo fue importante para la legitimación del Congreso, y otorgaría a Pueyrredón una autoridad lograda al calor de las votaciones en el solar tucumano. En estos primeros meses que fueron para el Congreso tanto de fragilidad como de búsqueda de reconocimiento frente a los pueblos, los diputados respondieron con firmeza ante las primeras notas de renuncia de Álvarez Thomas, comunicando su resolución de “no innovar en el nombramiento del que había de sucederle (...) hasta la soberana determinación del Congreso, que reconcentra en sí el poder y voluntad de los pueblos” (ARCN, 1916).

Álvarez Thomas había presentado sucesivas renuncias ante el Congreso, el Cabildo de Buenos Aires y la Junta de Observación, lo que muestra las superposiciones de un entramado institucional en formación. Las instituciones de Buenos Aires eligieron a Balcarce para continuar el interinato, desoyendo de cierta forma las resoluciones del cuerpo soberano con sede en Tucumán. La elección de Balcarce desde Buenos Aires señala, según Verdo,la existencia de:

Dos tipos de poder presentes en la revolución, cada uno de ellos con pretensiones de encarnar la soberanía apelando a principios diferentes: por un lado los sectores dirigentes de la ciudad capital, que consideran como una de sus prerrogativas la de paliar provisoriamente el vacío de poder (Balcarce había sido nombrado para evitar la acefalía del Estado); por el otro el Congreso, cuya autoridad puede ser considerada como teórica en tanto que una Constitución no la había validado (Verdo, 2006:267).

El reemplazo entre los dos directores interinos, realizado con premura y entre órdenes provenientes de dos ciudades distintas, debe ubicarse también entendiendo las disputas específicas de la elite porteña (Herrero, 2009). Los cuestionamientos crecientes hacia Álvarez Thomas y hacia el rol cada vez mayor de la Junta de Observación, hicieron crecer la figura de Balcarce, quien también pertenecía al grupo centralista, pero tenía cercanías con la facción federalista de Buenos Aires, que se orientaba a hacer de esta una provincia autónoma y con vinculaciones directas con Santa Fe y con Artigas (Herrero, 2009). Los problemas de gobernabilidad que agrietaron el poder de Álvarez Thomas se relacionan además con el fracaso del Pacto de Santo Tomé, y con la imposibilidad del director interino de controlar las disidencias provenientes del Litoral, acontecimientos que determinaron finalmente la inasistencia al Congreso no sólo de Santa Fe, que había elegido su representante a finales de 1815, sino de todo el Litoral.

La designación de Pueyrredón implicó mayores conflictos que la designación de Belgrano al frente del Ejército, pero ambos acontecimientos permitieron ordenar la relación entre las provincias, reencauzar la guerra tras la derrota del frente norte, y dotar por ello mismo de legitimidad al soberano cuerpo. En aquellos primeros meses de actividad deliberativa, el nuevo ámbito logró, además de la declaración de la independencia, sentar ciertas bases de gobernabilidad que pronto, como veremos, serán puestas en duda. La elección de Pueyrredón es entendida por Verdo como un “justo medio”. Permitió articular la adhesión de las provincias interiores, siendo al mismo tiempo un agente cercano al grupo centralista del recinto, espacio dirigido por los 7 diputados de la antigua capital del Virreinato (Verdo, 2006). La candidatura de Pueyrredón se impuso frente a la posibilidad de ubicar en ese cargo a San Martín o a Belgrano, cuyos nombres habían resonado en el recinto privilegiándose, posteriormente, su designación a cargo de los ejércitos. El nombre de Pueyrredón se impuso también frente a la candidatura de José de Moldes, opción que representaba a los grupos de mayor oposición a Buenos Aires.

La designación de Belgrano al frente del Ejército, impulsada por Pueyrredón y concretada el 7 de agosto, tuvo eco en las sesiones secretas de julio. Los diputados apoyaron la medida y declararon a Rondeau en rebeldía por su ambigua actitud contra el directorio y el Congreso. Se le ordenó no avanzar más allá de Trancas, puerta norte del espacio tucumano. Según lo consigna Alejandro Morea, a días de haber asumido su función, el nuevo director escribió secretamente a Belgrano consignando que “El Ejército del Perú reclama con ejecución un orden y una organización que V.S. está destinado para dársela y para llevarlo a la victoria” (Morea, 2013:62) Pueyrredón viajó, semanas después, hacia Jujuy. Allí se entrevistó con Rondeau y ordenó el traslado de las fuerzas del ejército hacia Tucumán. Luego expresaría a los diputados que aquel general propiciaba la insubordinación entre sus oficiales al no reconocer a las nuevas autoridades.

La figura de Rondeau, además de ligarse a la derrota de Sipe-Sipe, había perdido capital político durante su enfrentamiento con Güemes, conflicto que daría lugar a una de las primeras intervenciones del Congreso.

Construyendo la gobernabilidad

Si en Buenos Aires la llegada de Balcarce al interinato reemplazando a Álvarez Thomas se originaba en el juego interno de grupos, en Córdoba la complejidad de las tramas políticas era similar. El carácter cambiante y variado de las elites provinciales invita a complejizar la división propuesta por Bartolomé Mitre, quien identificaba a la postura de Buenos Aires en el Congreso como centralista y opuesta al federalismo de Córdoba. En esta última provincia, existían apoyos a Pueyrredón, quien había sido gobernador de la provincia mediterránea tiempo atrás. La propia posición del gobernador Javier Díaz es cambiante: si en 1815 se acerca al proyecto de los “Pueblos Libres” y declara la independencia de su provincia de los poderes centrales, luego reconoce al Congreso y al nuevo director supremo elegido en Tucumán (Ayrolo, 2008).

En Salta la situación también exige una lente apta para los matices: existían allí apoyos a la candidatura de Moldes encarnados en grupos que planteaban una unión confederal y cuestionaban el rol de Buenos Aires, pero primó posteriormente el apoyo a Pueyrredón, dispensado incluso por el mismo Güemes (Mata, 2008).Para Alejandro Morea, el apoyo a la candidatura de Pueyrredón por parte de Güemes fue un triunfo del grupo centralista, pero se obtuvo en clave de negociación: el gobernador-caudillo norteño quitó fuerza a la candidatura de Moldes a cambio de que los congresales prometieran la remoción de Rondeau, contraparte que se concretaría poco después (Morea, 2013).

Los estudios de Morea han mostrado el rol central del Congreso como pacificador y mediador en los conflictos internos en articulación con el Ejército del Norte. En los múltiples escenarios de conflicto, el nuevo ámbito soberano obtuvo logros significativos, pero se expondría también a severos límites en su gobernabilidad, aspectos que contribuyen a explicar la disolución del Congreso y el directorio en el posterior contexto de Cepeda.

El propio “Manifiesto del 1 de Agosto”, que inauguró una nueva forma de alocución entre el Congreso y los pueblos, señalaba este afán intervencionista sintetizado en la fórmula “Fin a la revolución, comienzo del orden”. Dicho manifiesto incluye un decreto que anticipaba duras penas para quienes “promovieren la insurrección, o atentaren contra esta autoridad y las demás constituidas” para quienes recaería “todo el rigor de las penas hasta la de muerte y expatriación”. El Congreso continuó luego emitiendo nuevos manifiestos, redactados por diferentes diputados del recinto. Los impresos significan un complemento del Redactor, y se orientaban hacia la publicidad de los actos de gobierno. El segundo y último manifiesto de la etapa tucumana será el “Manifiesto del Traslado”, al cual aludiremos luego. En la etapa iniciada con el traslado a Buenos Aires aparecería el Manifiesto a la Independencia, que siguiendo el análisis de Ternavasio, cubría en cierta medida los silencios de un acta del 9 de julio sumamente escueta en cuanto a los fundamentos de la emancipación (Ternavasio, 2010).

Desde sus primeros días de actividad deliberativa los congresales mostraron un afán de intervención, para lo cual se valieron tanto de las misiones de Miguel Calixto del Corro, como principalmente de la acción del Ejército del Norte. Calixto, uno de los 4 diputados por Córdoba, había sido enviado el 28 de marzo para mediar entre Rondeau y Güemes y evitar fricciones que los diputados interpretaban como “funestas desavenencias” (ARCN, 1916). Semanas más tarde Calixto del Corro sería elegido para otra intervención, esta vez con resultado menos favorable. Con la instrucción de lograr acuerdos y envíos de representantes del Litoral e incluso del Paraguay, el diputado cordobés inició su segunda misión. Al retornar fue acusado de cercanía con el artiguismo y al ingresar al recinto en enero, no sería admitido (ARCN, 1916).

A las misiones del diputado Del Corro, se sumaba la propia acción del Ejército del Norte, uno de los pilares de la gobernabilidad del Congreso, siguiendo la hipótesis de Morea. Tras la derrota de Sipe-Sipe y el acantonamiento en Tucumán, esta fuerza se dedicaría al orden inter-provincial, ya que la ofensiva contra los realistas sería reorientada por Pueyrredón y San Martín a través del cruce de los Andes (Bragoni, 2010). El antiguo Ejército Auxiliar del Perú, herramienta clave para sostener la gobernabilidad y la legitimidad del Congreso, quedó desdoblado: la llamada Vanguardia, a cargo del gobernador Güemes, se concentró en una actividad defensiva ante los avances realistas, mientras que el núcleo principal se acantonó en Tucumán y se vinculó directamente con el Congreso. La actuación del Ejército del Norte como herramienta clave para el nuevo ámbito soberano fue incluso anterior a la designación de Belgrano, aunque con el retorno de este general los diputados contaron con un respaldo aún mayor. En abril, a días de instalarse el recinto, Alejandro Heredia fue enviado a La Rioja tras la presentación de Castro Barros, diputado de esta provincia que cuestionó en el recinto el golpe de armas contra Brizuela y Doria, primer gobernador de la provincia recientemente separada de Córdoba. Es significativo el apoyo que este movimiento de armas tuvo de parte del gobernador de Córdoba Javier Díaz, quien a pesar de tener entonces cercanías con el artiguismo, reconocería luego la soberanía encarnada por el Congreso, otorgando complejidad a la posición de esta provincia frente al rumbo de la revolución (ARCN, 1916; Ayrolo 2008). Los diputados por entonces presentes se hicieron eco del planteo de Castro Barros, alineado al grupo central, y sostuvieron en sesión pública ordinaria del 30 de abril, que los actos cometidos en aquella provincia “atropellan el respeto del Soberano Congreso”(ARCN, 1916).

El complejo escenario de rebeliones contra las antiguas capitales de Intendencias, había sido extenso durante el año 1815. En septiembre de aquel año la ciudad de Santiago del Estero, unida desde el año anterior a la reciente provincia de Tucumán, ponía en tela de juicio dicha dependencia a partir de la acción de Juan Francisco Borges contra el teniente de gobernador Tomás Juan Taboada. Los autonomistas habían intentado además convencer a Álvarez Thomas de la legitimidad de estos reclamos, pero el director interino había pospuesto los mismos alegando la proximidad de la instalación del soberano congreso. El rápido accionar del gobernador tucumano Bernabé Aráoz hizo huir a Salta al mencionado Borges quien, como sabemos, poco después sería fusilado por orden de Manuel Belgrano. Los incidentes mencionados demuestran la solidez de la tesis de Morea respecto a la articulación entre el Congreso y el Ejército del Norte.

En un contexto de juego de fuerzas entre proyectos centralistas, federalistas y autonomistas, los levantamientos contra las ciudades cabeceras provocaron reacciones enérgicas. Para Fray Cayetano Rodríguez, en su ya mencionado intercambio con Molina, los intentos de Santiago debían ser castigados para marcar así la distancia entre los “hombres” y las “hormigas”. Cuando Molina le comentó los rumores de mayo de 1815 que señalaban afinidades de la ciudad de Santiago con un Alvear ya depuesto, su amigo Cayetano reaccionó con dureza:

Acá nos cuentan que Santiago del Estero se ha resistido a conocer otro gobierno que el de Alvear que ya no existe entre nosotros, y que Tucumán viene contra él. Hasta las hormigas aspiran al rango de hombres. Sería muy bueno que la excluyesen de la nomenclatura de las ciudades y se le hiciese el honor de ser la primera estancia de la provincia. Ya es tiempo que Tucumán se sacuda y se haga respetar (ANH, 2008: 145).

En los meses anteriores al Congreso también habían ocurrido movimientos autonomistas entre la elite jujeña, aprovechando el contexto de desavenencias entre Rondeau y Güemes. El rol del diputado por Jujuy Teodoro Sánchez Bustamante dentro del recinto fue cercano a la bancada de Buenos Aires y distante de los diputados de la ciudad de Salta. Tanto Bustamante como los alto-peruanos Serrano y Sánchez de Loria, habían establecido lazos interpersonales, durante sus estudios en Chuquisaca, con quienes serían luego diputados por Buenos Aires. Bustamante tomaría entonces distancia frente a la diputación salteña, y sería además el encargado de preparar un informe negativo respecto a la actuación de la diputación cordobesa en el mes de septiembre.

Como veremos, una amenaza aún mayor para la legitimidad del Congreso y para la gobernabilidad interior ocurrió en septiembre en la provincia de Córdoba, y esta vez la intervención de Belgrano dividiría simpatías y antipatías en el interior del recinto.

Septiembre de 1816: El crecimiento de las tensiones con la diputación de Córdoba

El momento culminante del desencuentro entre la diputación cordobesa y el grupo central se desarrolló en las sesiones de septiembre de 1816, cuyo rastro puede seguirse tanto en las sesiones públicas como en las secretas.

En la sesión pública del 3 de dicho mes, el diputado Sáenz, a quien Mitre había ubicado como líder de la bancada central, pidió la palabra para referirse a un incidente cuyo ríspido tratamiento provocó estupor entre los vecinos presentes. Sáenz se refería con preocupación a la noticia de que en las semanas pasadas en Córdoba, el oficial Cayetano Grimau, que conducía documentación secreta del Congreso al director, fue sustraído de estos papeles. Se acusaba de este robo de información al entonces gobernador de Córdoba, Javier Díaz, quien había desarrollado desde 1815 un doble juego basado en aproximación es hacia los poderes emanados del Congreso y hacia el proyecto de los Pueblos Libres. Se señalaba también la complicidad de alguien del seno mismo del cuerpo de representantes: el diputado cordobés Miguel Calixto del Corro, quien se encontraba enviado por los diputados en misión diplomática.

En aquella jornada es claro el crescendo que fue modificando el tono de la discusión, provocando al mismo tiempo una delimitación con contornos más claros de los grupos ya esbozados. Ante las noticias de la apertura de pliegos confidenciales del cuerpo soberano, el grupo central inquirió a la bancada cordobesa, no sólo mediante la mencionada reacción de Sáenz, sino también mediante la intervención de otro diputado por Buenos Aires: Esteban Agustín Gascón. Éste último, mencionó la gravedad de “haber violado el sagrado de la correspondencia” y sugirió la formación de una comisión investigadora del hecho, integrada por miembros del recinto.

En las sesiones públicas siguientes el incidente continúa, y el clima de preocupación quedó registrado en el Redactor, que menciona debates que terminan acalorándose por grados” acompañándose de “un incidente desagradable (...) que fijó la atención de la barra por muchos días” (ANH, 2008:145).

El mencionado incidente tuvo como protagonista a Cabrera, el diputado más influyente de la bancada cordobesa. Mientras el diputado sostenía enérgicamente que en caso de formarse una comisión investigadora, ésta debía ser plural para evitar parcialidad, Cabrera profirió la conocida acusación de que el recinto estaba “dominado por una facción”, intervención que causó el agrietamiento del conflicto con la diputación cordobesa, iniciando un largo proceso en el que se solicitó la defensa por escrito de dicho diputado, y aún de sus co-diputados.

Estas tensiones, señaladas incluso en las antiguas historiografías de Mitre y Groussac, deben observarse teniendo en cuenta al recinto como caja de resonancia del escenario abierto por el proceso de revolución y guerra. El día 14 de aquel convulsionado septiembre, el Soberano Congreso, cada vez más resuelto a intervenir en los conflictos internos, había acelerado el final del gobierno de Javier Díaz, quien, como vimos, había sido acusado de participar del extravío de papeles oficiales del Congreso que contenían temas vinculados con la Banda Oriental y con el avance del imperio luso-brasilero. Además, la ciudad mediterránea se encontraba amenazada por las tropas de Pérez Bulnes, quien desde agosto presentaba escritos al Cabildo de Córdoba e intentaba sublevar a los grupos contrarios a Díaz. Pérez Bulnes se había iniciado en las filas del gobernador Díaz, pero mostraba en aquellos momentos la volatilidad de las solidaridades al enfrentarse con su antiguo jefe. El accionar armado de Bulnes se orientaba a criticar el cambio de posición del gobernador Díaz, bajo la consideración de que el mismo se había mostrado antes cercano al artiguismo, contribuyendo, como vimos, a los disturbios en La Rioja, pero luego se había alineado con el directorio.

En el marco de los cuestionamientos a Javier Díaz, el Congreso designó como nuevo gobernador de Córdoba a Ambrosio Funes, atribución que remarca la “hibridez” en sus funciones. Para Verdo, que introduce aquel concepto, las funciones del Congreso alternaban entre órgano de gobierno, asamblea legislativa y asamblea constituyente, en articulación permanente con Pueyrredón, con la Junta de Observación, y con los ejércitos revolucionarios. Si bien por momentos la división de poderes entre el Congreso y el directorio parece corresponder con la articulación entre legislativo y ejecutivo, un análisis más detallado muestra un reparto de funciones más complejo (Verdo, 2006). Funes recibiría un gobierno asediado por nuevas asonadas de Pérez Bulnes, quien ocupó la ciudad los días 18 al 21 de septiembre.

Para Verdo, los meses de septiembre y octubre significaron una auténtica “purga”, en la que el recinto puso en duda no sólo la legitimidad de los mencionados representantes de Córdoba, sino que trató también el conocido caso de la diputación de Moldes, que luego abordaremos.

Intentos de renuncia conjunta, sesiones con fuertes intercambios y reuniones en las cuales no se les permitió la asistencia, fueron algunas de las formas que adoptó el conflicto con los representantes de Córdoba.

En la sesión del 18 de septiembre, con la particularidad de que por primera vez al grupo cordobés le fue denegado el acceso al salón principal, los representantes asistentes leyeron en sesión secreta un informe que justificaba las medidas tomadas contra los cuestionados diputados. El texto, a cargo del diputado por Jujuy Sánchez de Bustamante, cercano al grupo central, debía enviarse al nuevo gobernador Ambrosio Fúnes y al Cabildo de dicha ciudad, y luego se publicitaría mediante un nuevo manifiesto. En sesión secreta, se encomendó además a Belgrano la misión de intervenir en aquella provincia ante las incursiones de Pérez Bulnes (JHNA, 1926).

El poder conferido al general en jefe del Ejército del Norte engrosó los roces ya existentes entre su figura, cada vez más determinante, y los diputados que se enfrentaban al grupo central. En frágil posición entre la inclusión y la exclusión, la impugnada bancada cordobesa participó de las sesiones secretas siguientes, pero cuestionó la legitimidad de lo actuado en la pasada sesión del 18 de septiembre, en la que se los había privado de sesionar.

Con ese argumento el diputado Salguero cuestionó, en sesión secreta del día 28, la intervención de Belgrano sobre su provincia, recordó la ausencia suya en la sesión anterior, y además “pidió se le permitiese retirarse, pues creía no poder sufragar”. Aquel día la posición de algunos diputados fue rígida frente a la fracción cordobesa, como el caso de Anchorena, que pidió que a dichos diputados “se le suspenda de la continuación en las sesiones de la sala” (JHNA, 1926).En un clima de evidente tensión, se cuestionó una nueva expresión acalorada de Cabrera. El diputado había anunciado que “pronto se verán los resultados de la ignominia con que se le había tratado”, y su afirmación, aún realizada a las afueras del espacio de las sesiones, ocasionó nuevos abismos entre la pretensión de una imagen exterior de unidad y la existencia cada vez mayor de fisuras internas.

A fines de octubre, el lugar de los diputados de la provincia mediterránea (Bulnes, Cabrera y Salguero) volvió a ponerse ente la de juicio y finalmente, al ocurrir el traslado, sólo Salguero asistió a la etapa iniciada en 1817, mientras que el resto de los representantes renunciaron. El caso del cuarto diputado por Córdoba, Miguel Calixto del Corro, sería particular: retornaría al recinto al concluir sus misiones de intermediario e intentaría “apersonarse en la Sala” en enero, pero no se permitió su acceso, argumentando el diputado Sáenz que se estaba discutiendo justamente la participación de este diputado en la “causa criminal (...) relativa a la interceptación de pliegos del Congreso” (JHNA, 1926).

De Octubre a Febrero: tensiones, tramas diplomáticas y mudanza al puerto

Tras el mencionado mes de septiembre, pico de tensión con la bancada de Córdoba, el Soberano Congreso continuó abordando su labor en la ciudad de San Miguel de Tucumán, aunque comenzó a incorporarse la discusión del traslado, cuya realización se pospondría hasta principios de 1817.

La primera referencia a la posibilidad del traslado sucede tempranamente: el 26 de agosto en sesión secreta. En los meses posteriores a la declaración de la Independencia, los ejes del trabajo deliberativo se concentraron en nuevas temáticas como la forma de gobierno (que no lograría resolverse durante la etapa tucumana), y los peligros motivados por el avance de la corona portuguesa sobre la banda oriental.

En julio, en tiempos de independencia y sucesivos juramentos, las tropas del general Carlos Federico Lecor ocuparon el territorio oriental, antiguo espacio de disputas entre los imperios español y portugués. El asunto se trataría con preocupación en las reuniones tucumanas, pero solamente dejaría rastros en las sesiones secretas, razón por la cual la historiografía apoyada en la lectura del Redactor no abordó esta problemática.

El comisionado en Río de Janeiro Manuel García había llevado a cabo una política de acercamientos hacia la corona portuguesa, que desde mayo de aquel año contaba con Joao VI como rey, tras la muerte de la reina madre. El tema comenzó a tratarse en Tucumán en la sesión del 22 de julio, cuando el director interino Balcarce, a sabiendas de la existencia de vínculos con la corona lusitana, consultó al recinto “qué conducta debería tener con los súbditos del gobierno portugués en el caso de realizarse la invasión” (JHNA, 1926).

El polémico tema ocupó la mayor parte de las sesiones de julio y agosto. De las 58 sesiones de carácter secreto ocurridas en la etapa tucumana, en 23 de ellas hubo algún tratamiento de la cuestión del vínculo con la corona de los Braganza, aspecto que muestra el carácter central de esta problemática, y evidencia además el “desdoblamiento temático” con las sesiones públicas (ordinarias y extraordinarias) en las cuales la discusión es totalmente omitida.4

Tal como lo ha mostrado Ternavasio, los planes de Carlota quedaron aletargados en 1814 tras el regreso de Fernando VII al trono, sin embargo, la autora advierte que Río de Janeiro continuó siendo una plaza de alta densidad política y diplomática, constituyéndose como un corredor de noticias e impresos de distintos puertos del Atlántico (Ternavasio,2015).

El incidente con el Brasil, ingresado en sesión el día 22, fue tratado nuevamente al día siguiente en sesión secreta convocada durante la noche. Aquella sesión nocturna del 23 fue iniciada con un juramento de “sigilo”, en un ritual de a grupos de 6 en 6 diputados. Bajo mención de “Dios y de esta cruz”, se juró evitar la fuga de información, teniendo en cuenta el posible impacto negativo de su circulación entre los pueblos. Días antes había causado preocupación en el recinto la existencia de “rumores de hombres malignos” que sostenían que “Belgrano y otros diputados” querían depender de la corona portuguesa. De hecho la moción de Medrano de agregar “y de toda dominación extranjera” a la declaración de independencia ocurre en aquella misma sesión secreta (JHNA, 1926).

Los rumores asumían por su propia naturaleza un origen anónimo y colectivo, pero expresaban temores arraigados y tenían algún asidero en la realidad. El 4 de septiembre, siguiendo con este clima de “sigilo”, los representantes aprueban instrucciones “reservadas” y otras “reservadísimas” para dos comisionados escogidos por los congresales, entre candidatos externos al recinto: Juan Florencio Terrada se entrevistaría con el general Lecor, y Miguel Irigoyen se conduciría hacia la Corte del Janeiro (Gianello, 1966).

Además, un tallista designado por los diputados, según se consigna en las sesiones secretas de agosto, se encargaría de diseñar un curioso “sello provisorio” (diferente al sello de la Asamblea de 1813) para representar al Congreso en la mencionada misión asignada a los dos comisionados. La misión no prosperaría, y el conflicto por la Banda Oriental continuó un rumbo que excede el estrecho límite temporal de este trabajo, pero las mencionadas instrucciones permiten subrayar la vigencia de diferentes opciones monárquicas, aun cuando se exceptuaba la posibilidad de todo vínculo con la corona española. Las instrucciones “reservadas” y “reservadísimas” sancionadas por los diputados mencionaban la preferencia por la Casa de los Incas, pero sostenían también que:

Si la anterior proposición fuese rechazada, propondrá la coronación de un Infante del Brasil en estas Provincias o la de cualquier otro Infante extranjero, con tal que no sea de España, para que enlazado con algunas de las Infantas del Brasil gobierne este país bajo una Constitución que deberá presentar el Congreso. En caso de aceptarse por parte del gobierno portugués, exigirá el enviado que aquél tome a su cargo allanar las dificultades que presente España. (JHNA, 1926)

Ternavasio ha advertido la importancia del estudio de estas complejas tramas diplomáticas, aun cuando las mismas impliquen opciones que no siguieron buen puerto. El director supremo cuestionó en reiteradas comunicaciones al Congreso su rechazo de aquellas clausulas reservadas, e incluso la falta de legitimidad del general Lecor como interlocutor. A finales de aquél año 1816, los congresales discutieron la posibilidad declarar la guerra al Brasil por el avance sobre la Banda, y se mencionaba como argumento el desconocimiento de los tratados de 1812 (Gianello, 1966).

Vinculado con esta compleja red diplomática, el diputado por el pueblo de Mendoza, Juan Agustín Maza, propuso por primera vez la posibilidad del traslado, y la moción de que la nueva locación sea Buenos Aires, mencionando el nuevo escenario de peligro. El manifiesto destinado a justificar el traslado también hace mención a los temores derivados de la lejanía tucumana con la zona portuaria. El texto de este nuevo manifiesto recordaba, además, que esa distancia dejaba expuesta la comunicación a la frecuente práctica de interceptar correspondencia oficial. Se aludía en ese sentido al robo de documentos ocurrido en agosto, a la supuesta participación en este hecho de los diputados y del gobernador de Córdoba, y al hecho de que dichos papeles se vinculaban con el problema de la Banda Oriental. El cambio de locación avivó el fuego con la bancada cordobesa, sumándose inconvenientes severos con los diputados de Salta. Los diputados de estos dos pueblos, algunos diputados alto-peruanos, y líderes como Güemes y Belgrano sostenían la postura de continuar sesionando en Tucumán (Gianello, 1966).

En la sesión secreta del 5 de octubre se observa el conflicto con la diputación de Salta, compuesta por Gorriti, Boedo y el diputado Moldes, cuya incorporación sería impugnada. En dicha sesión se decidió enviar una copia del “Manifiesto del Traslado” al gobierno de Salta, al Cabildo y a la Junta Electoral de dicha ciudad. Ante los cuestionamientos del diputado Bulnes se sostuvo que dicho cambio de locación era fundamental “para la consolidación de la independencia nacional, no sólo de la España, sino de toda otra dominación extranjera” (JHNA, 1926).

Los defensores del traslado fueron principalmente los diputados de Buenos Aires, y posteriormente el propio Pueyrredón, luego de que desestimara una tercera alternativa, el traslado del recinto a Córdoba. En dicha sesión del 5 se cuestionaron además las instrucciones a los diputados de Salta, que restringían la labor de sus representantes a los temas de la constitución y la independencia, bajo la cláusula de que luego de 30 días, los diputados debían “retirarse del Congreso a sus casas y hogares si pasado dicho término no se verificase este plan” (JHNA, 1926; Mata, 2010).

El traslado es el último tema que ocasiona erosión en el recinto, y marca al mismo tiempo un relativo triunfo del grupo centralista, que consigue imponer la moción e iniciar una nueva etapa con el cambio de locación. Si el mes de octubre implicó el agrietamiento del vínculo con la diputación salteña, este punto marcó también un acercamiento entre dicha bancada y los cuestionados diputados cordobeses. La tensión está presente también entre los diputados alto-peruanos, quienes también cuestionan “la traslación” y polemizan respecto a la medida del soberano cuerpo tendiente a desviar tropas desde el Ejército del Norte hacia el Ejército de los Andes, fuerza que a partir de aquí absorbería la parte activa del nuevo plan militar.

En la mencionada sesión, en la cual el grupo central se enfrentó con el salteño Bulnes, el representante por Córdoba Salguero se mostró en alianza con la diputación de Salta. Apoyó la incorporación de Moldes, y se refirió también al tercer diputado de aquel pueblo: sostuvo que ante la representación disminuida de Salta debía retornar Gorriti, que se encontraba ausente del recinto por razones de salud de su familia. Días después, en sesión secreta del 21, Boedo insistió con el argumento de ser el único diputado por Salta, y recibió como respuesta que la incorporación de Moldes se postergaría ante la premura por debatir la cuestión de relaciones exteriores. Boedo, y también el diputado por Catamarca Acevedo, dejaron sentado su “voto salvo”, en disidencia con la mayoría. Finalmente, en los primeros días de diciembre se definió la negativa a la presencia del coronel Moldes, figura que había motivado incluso la circulación de sonetos satíricos en su contra, escritos por el diputado por Buenos Aires Cayetano Rodríguez (Gianello, 1966).

La situación del diputado salteño se complicó al leerse un oficio reservado del director al Congreso, cuya primera aclaratoria fue que en caso de estar Moldes presente, el documento no se leyera. Pueyrredón sostenía en dicho oficio que había recibido noticias de un anónimo que sostenía que Moldes había reiterado oralmente “las detracciones más atroces e injuriosas a su persona, a su autoridad, a la del Congreso, y a todas las del país (...) notándole nada menos que como a sujeto el más vicioso y corrompido, imputándole la sustracción de una carga de oro (...) tratándole de pícaro lo mismo que a los diputados del Congreso, entre los cuales una facción le había elegido”. El tratamiento en las últimas sesiones tucumanas de temáticas vinculadas con la propia logística del traslado, ocasionan un clima de menor tensión, y preanuncian una nueva etapa para el ámbito del Congreso, cuya propia composición social se modificó significativamente.

Consideraciones Finales

La producción historiográfica acerca del congreso de 1816 cuenta con el exhaustivo trabajo de Leoncio Gianello. Sin embargo, los avances de la historia política respecto del concepto de soberanía y los modos de representación, la revisión de la crisis imperial y las nuevas miradas de la historia crítica del derecho sobre el proceso rioplatense, invitan a una relectura de las antiguas interpretaciones en función de los nuevos conocimientos y abordajes. Las lecturas de Verdo y Morea abren el camino para la renovación de los estudios del Congreso en su etapa tucumana, con reveladores planteos respecto de la tensión de la guerra y de la soberanía de los pueblos.

El recorrido minucioso por los temas menos trabajados de las sesiones secretas revela una trama interna que nos permite apreciar la enorme complejidad del momento histórico y la diversidad de frentes de conflicto.

El carácter relativamente reducido de la información contenida en el Redactor, había permitido ya a las historiografías de Mitre y Groussac advertir las tensiones que atravesaban el espacio del Congreso. Las más nutridas sesiones secretas, sumadas a fuentes complementarias como la correspondencia privada, complejizan la constelación de instituciones, actores y circunstancias que condicionan las acciones de la asamblea y revelan una intrincada trama política que contribuye a esclarecer las dificultades del acuerdo entre las provincias.

Si el clima de “solidaridad transversal” anima la reunión de los congresales, en el trámite del mismo se imponen las necesidades de la guerra. Los consensos obtenidos con la elección del nuevo director emanado del recinto, y la interacción permanente con el antiguo Ejército Auxiliar del Perú parecen mostrar un escenario favorable, que pronto se multiplica en frentes adversos y se proyecta al interior del recinto en clave de voces antagónicas. Son nuevamente las sesiones secretas las que mejor muestran al recinto como caja de resonancia de los variados conflictos: la compleja trama diplomática nacida del avance portugués, las acusaciones a los diputados de Córdoba y las reacciones diversas ante las intervenciones de Belgrano, el conflicto con Moldes, y finalmente las resistencias al traslado.

El Congreso actúa como un poder “híbrido” (tribunal, poder legislativo, asamblea constituyente) tal como percibía Verdo. Tiende a disolver las diferencias, vehiculizar las tramas más sensibles, y privilegiar el interés de un incipiente estado; se evidencian en su acción los límites de la renegociación de un nuevo pacto entre las provincias. Intereses republicanos y portuarios se unirán para llevarse la soberanía lejos de cualquier solidaridad transversal y de cualquier soberano, propio o ajeno. Una vez desaparecida la tarea común de la guerra, la soberanía volverá a los pueblos y los proyectos de unidad quedarán nuevamente postergados.

Nota

1Tanto los textos introductorios del Redactor, como la sinopsis de cada reunión, estuvieron durante la etapa tucumana a cargo del diputado por Buenos Aires Fray Cayetano Rodríguez, con la colaboración de su amigo tucumano José Agustín Molina. Cayetano Rodríguez había sido ya redactor en la Asamblea de 1813. En la etapa de su traslado a Buenos Aires, los redactores fueron Vicente López y Planes desde mayo de 1817 hasta junio de 1819, y Gregorio Funes, desde junio de 1819 hasta enero de 1820, semanas antes de la disolución del Congreso y su órgano periodístico. Museo Mitre, El Redactor del Congreso Nacional, 1816. Reimpresión facsimilar con introducción de Diego Luis Molinari, Bs. As., 1916. En adelante las actas del Redactor se consignarán en el texto como RCN.

2 Leoncio Gianello retoma la clasificación de los grupos de Mitre, y refiere al apartado titulado “Los tres partidos”, perteneciente al capítulo IX de la “Historia del Belgrano”, en su volumen VI. En realidad, dicho capítulo de la obra de Mitre se ocupa de los tres partidos existentes en el Cabildo de Buenos Aires durante 1810, siendo por ello errónea la cita de Gianello. Los capítulos de la “Historia del Belgrano” dedicados a la temática del Congreso durante 1816, están incluidos en los Vol. VII y VII.

3 Para Groussac la opción por la monarquía incaica era una idea “insensata, grotesca e inaudita”, a la que ponderaba negativamente incluso por comparación con las ideas monárquicas vinculadas con entronizar a un “Borbón cualquiera o un Braganza”. El traslado del Congreso, y la interrupción de dicho debate había permitido entonces “destronar para siempre a los Incas, y separar a Argentina de Bolivia, “destinados a formar estados separados, como lo eran las razas.

4 Las sesiones en las cuales hubo un tratamiento de las relaciones con la corona lusitana fueron las siguientes. En julio los días 22, 23 a la mañana y tarde, y 24; en agosto los días 25, 26, 27 mañana y tarde, 28 y 29. En septiembre el tema fue tratado los días 4, 5 y 23, mientras que en octubre tuvo un tratamiento extenso, los días 18, 19, 21, 23, 24 mañana y tarde, 25, 27 y 29 mañana y tarde.

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Fecha de recibido: 20 de febrero de 2016.
Fecha de aceptado: 5 de mayo de 2016.
Fecha de publicado: 23 de mayo de 2016.

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