Anuario del Instituto de Historia Argentina, nº 15, 2015. ISSN 2314-257X
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

 

DOSSIER
La Historia y la historiografía en América Latina en el siglo XIX. Perspectivas, configuraciones, itinerarios

 

En busca de un pasado nacional: la escritura de la historia en México en el siglo XIX

 

Alexander Betancourt Mendieta

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma de San Luis
alekosbe@uaslp.mx
México

 

Cita sugerida: Betancourt Mendieta, A. (2015). En busca de un pasado nacional: la escritura de la historia en México en el siglo XIX. Anuario del Instituto de Historia Argentina, (15). Recuperado a partir de: http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn15a03

 

Resumen
La escritura de la historia en las primeras etapas de construcción del Estado nacional mexicano estuvo marcada por los múltiples efectos negativos que supusieron la inestabilidad política y la invasión extranjera; no obstante, hubo diversos esfuerzos para considerar la necesidad y la utilidad de una historia nacional así como la urgencia de implementar instituciones que fomentaran y crearan las condiciones de factibilidad para estudiar el pasado nacional mexicano. Para ejemplificar estas situaciones, se mostrarán los esfuerzos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, las propuestas de Manuel Larráinzar y la publicación México a través de los siglos.

Palabras clave: Historiografía; Historia de México; Siglo XIX.

 

In the search of a national past: the writing of history in Mexico in the XIX century

 

Summary
Thewriting of history in theearly stages of the Mexican State’s construction was affected by multiples negative factors as political inestability and foreign invasions; nevertheless,there were different efforts for considering the utility and neccesity of a national history, as also the urgency of implementing institutions to create and promote the conditions for studyng this national history.This paper will analyze the efforts of the Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Manual Larrainzar’s proposal and the México a través de los siglos publication.

Key words: Historiography; Mexico history; XIX century.

 

La propuesta interpretativa de este trabajo presupone que la nación es resultado de la estructuración del Estado en América Latina y que esta, a su vez, ha sido el producto de un trabajo que demandó esfuerzo y perseverancia para aprovechar los recursos humanos disponibles y formar a los que habrían de reemplazarlos. En este punto de partida, las actividades científicas y el conocimiento derivado de estas juegan un papel fundamental ya que, a través del cultivo y desenvolvimiento de disciplinas como la cartografía, la estadística, la geografía y la historia –independiente del grado de institucionalización que adquirieron estas disciplinas en el siglo XIX latinoamericano–, tuvieron unos resultados concretos que tenían pertinencia y utilidad para los diferentes fines que perseguían los nuevos Estados nacionales en América Latina, desde la articulación de una administración a partir de la determinación y el ordenamiento del territorio hasta la construcción de la nación (me refiero a los museos, los mapas y los censos). Estos productos deseados y útiles generaron diversas iniciativas para crear instituciones y proyectos que profesionalizasen ciertos oficios; sin embargo, estas ideas debieron enfrentar todo el tiempo las limitaciones presupuestales causadas por la inestabilidad política y también por la carencia de personal calificado para llevar a buen puerto estas iniciativas.

Por otro lado, la producción de un trabajo de historia en el caso mexicano representa un esfuerzo monumental para crear una memoria nacional que, desde la perspectiva actual, luce agrietado por la crisis del Estado nacional como marco de referencia hegemónica y como dador del sentido de la nación y de la nación en sí como única instancia de identificación cultural. No obstante, en aquel momento, los propósitos nacionalistas, el carácter voluntarista y amateur de las diversas iniciativas para elaborar una historia nacional las confinaron a conseguir logros limitados y circunscritos, generalmente, a las ciudades capitales, con pocas posibilidades de difusión y de formación de los niños y jóvenes. En América Latina, estas limitaciones serían consideradas con la implementación de políticas nacionales de educación y la transformación de las universidades públicas que serán parte de los cambios sociales, políticos y económicos de finales del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX. Esta dinámica determina la concepción predominante en el ejercicio de la escritura de la historia.

El presente trabajo considera que el ejercicio de la escritura de la historia se inscribe como un elemento más en un cúmulo de esfuerzos para construir la nación, que acentúan la utilidad en la formación y la enseñanza más que en el logro de la cientificidad. Esta perspectiva implica una serie de ideas sobre el papel de las ciencias en la justificación del Estado y la integración de la escritura, como ejercicio letrado, en estas labores de establecer una memoria hegemónica; por eso, las explicaciones que ofrece tienen como trasfondo las preguntas sobre ¿quién podía delimitar el territorio de una manera científica?, ¿quiénes podrían establecer y cuantificar los recursos que el nuevo Estado requería con urgencia?, ¿cuánto duraría y costaría hacer el mapa de la República?, ¿dónde se podía imprimir el mapa resultado de las misiones científicas que lo iban a elaborar?

La utilidad de las ciencias

Desde la instauración de la independencia política de la Corona Española los grupos dirigentes de los nuevos Estados nacionales tenían una percepción precisa del valor político y simbólico que tenía el reconocimiento del territorio, la identificación de los recursos naturales disponibles y la atención a las debilidades que ponían en riesgo permanente la independencia; debilidades que se pusieron dramáticamente en evidencia con los enfrentamientos internos; por ejemplo, el despoblamiento de unas tierras inmensas e ignotas, la falta de comunicaciones interiores, la industria escasa, en fin: “la ignorancia que las embrutece [a las comarcas] y [las] amolda para el yugo perpetuo”, como lo señalaba la temprana obra de Rafael María Baralt y Ramón Díaz en Resumen de la historia de Venezuela (1841).

La incertidumbre ante esta situación descansaba en la tarea inconclusa de la estructuración de un aparato estatal reconocido hacia adentro del territorio nacional como la principal entidad administrativa, jurídica y hegemónica en términos de la seguridad; y, al mismo tiempo, que fuera reconocido hacia fuera como un actor definido por su cultura homogénea con valores y símbolos de unidad política. Por ello, construir y establecer la nación movilizó al mundo letrado americano, que volcó su erudición no sólo en términos de la búsqueda del conocimiento en sí o del disfrute de las letras como un ejercicio propio de los “espíritus cultos”; la producción de conocimiento, en el contexto posterior de la independencia, estuvo asociado a la glorificación de la patria y a sostener el Estado nacional que combinó los fines políticos con los ideales científicos en un trabajo común: construir el Estado y la nación para justificar el nuevo proyecto de la república independiente.

La creación de instituciones científicas era uno de los objetivos más importantes para atender, una vez superados los momentos de lucha armada contra la Corona Española; sin embargo, estos enfrentamientos no cesaron una vez lograda la independencia, y una de sus principales víctimas fueron los cultores de las prácticas científicas. El caso de la Nueva Granada demuestra cómo un grupo de letrados que se habían articulado alrededor de la figura del médico gaditano José Celestino Mutis y de las tareas científicas derivadas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada se involucraron en las disputas políticas a favor y en contra de la Corona Española con finales disímiles; algunos fueron llevados al cadalso, otros marcharon al exilio y otros tantos entregaron sus talentos a favor de distintas coyunturas bélicas generadas en la confrontación política; de un momento a otro, los letrados pasaron de la observación botánica y geográfica a tener galones militares. El nuevo contexto requería toda la atención de los pocos médicos, ingenieros militares, naturalistas y letrados disponibles, que encauzaron sus esfuerzos hacia las faenas de la guerra (Silva, 2002; Myers, 2008). De esta manera, se aplazaron los trabajos, por lo menos en las siguientes tres décadas, para concretar los viejos ideales ilustrados sobre cuya importancia había un indudable consenso: educar a la población para formar ciudadanos y fomentar las actividades económicas.

La coyuntura turbulenta de la primera mitad del siglo XIX, no obstante, dio gran relevancia al estudio de las condiciones geográficas de los territorios nacionales y a la catalogación de los recursos naturales disponibles debido al papel estratégico que tenían para las acciones bélicas. La elaboración de mapas al igual que los censos fue el tipo de empresas que captaron el interés de los inestables gobiernos de las nuevas repúblicas independientes, que prestaron atención y apoyo a pesar de las vicisitudes financieras, políticas y, sobre todo, a la carencia de recursos técnicos y de personal calificado que pudiera llevar a cabo estas labores; por eso, estos proyectos estratégicos recayeron en dos tipos de iniciativas: los proyectos de administraciones locales, usuales pero generalmente inconclusos; y en segunda instancia, la contratación de expertos extranjeros pagados por el Estado nacional.

En el primer caso, puede rememorarse el ejemplo del gobernador del estado de México, Lorenzo de Zavala, que organizó una Comisión Geográfica y Estadística para el Estado de México a cargo de Tomás Ramón del Moral (1828-1829); por esta misma época, se emitió el decreto de la Cámara Provincial de Bogotá que ordenó el levantamiento de un mapa topográfico y corográfico de la provincia y autorizaba al gobernador para contratar a las personas que pudieran llevar a cabo las tareas correspondientes. Ninguno de los dos proyectos se realizó finalmente (Sánchez, 1998; Mendoza, 2000).

En contraste, las iniciativas a cargo de los gobiernos nacionales tuvieron una mejor fortuna; aunque, las dificultades fueron múltiples desde el ámbito económico hasta la posibilidad de contar con mano de obra calificada que pudiera concretar los proyectos contratados, a lo que habría que añadir que los gobernantes de Rusia, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos invertían, en estos años, grandes cantidades en diversos tipos de empresas de exploración científica, desarrolladas por instituciones privadas y oficiales para recabar información y materiales de las áreas ultramarinas; los materiales que fueron recopilados justificaron la apertura en Europa de centros de estudios especializados en estas áreas “No Occidentales” que se manifiesta en la evolución y especialización de los Jardines Botánicos y el surgimiento de las Sociedades Geográficas (Capel, 1981; Nadal y Urtega, 1990). En este contexto, uno de los esfuerzos más exitosos como iniciativa gubernamental en América se debe al proyecto del gobierno de Venezuela en 1830, que después de gestionar las normativas necesarias para sustentar los recursos económicos que permitieran contratar el personal adecuado para que hiciera el levantamiento del mapa completo de la República de Venezuela, procedió a encargar estas labores al ingeniero italiano Agustín Codazzi. De esta manera, Codazzi elaboró el mapa contratado y a partir de las actividades del equipo de trabajo que participó en dicha encomienda se generaron cuatro obras esenciales en la construcción de la nación venezolana: Atlas físico y político de la República de Venezuela (1841); Resumen de la geografía de Venezuela (1841); Catecismo de la geografía de Venezuela (1841) y Resumen de la historia de Venezuela (1841).

Fascinación por el pasado y por el coleccionismo

El proyecto político para crear, implementar y hacer viable la estructura de un Estado nacional implicó la generación de unas bases jurídicas que descansaban en tres pilares fundamentales: la unidad territorial, la representación ideal de la nación soberana y la búsqueda del progreso; a partir de estas, el nuevo Estado podía impulsar estructuras económicas y políticas en las que se asentaran las bases de su prosperidad. Estos planteamientos iniciales tuvieron que enfrentar las condiciones de la realidad como, por ejemplo, la presencia de los intereses y de los poderes políticos locales que sobrevivieron a la ruptura con la Corona Española a través de instituciones político-jurídicas como los ayuntamientos y las diputaciones provinciales (Gelman, 2000; Agüero, 2008).

A pesar de las vicisitudes, los trabajos para determinar las riquezas naturales a disposición del Estado lograron sobrevivir a las coyunturas pero, paulatinamente, también surgió un marcado interés en la necesidad de demostrar la grandeza y la antigüedad de la nación, cuyos restos concretos recaían en los objetos que se denominaron antigüedades. La mirada hacia el pasado podría esclarecer el origen de la nación y demostrar la grandeza de sus legados y su tradición. El interés por los vestigios del pasado, tanto escritos como materiales, tiene diversas etapas, aunque hay coincidencia en señalar que la creación papal del Comisario delle Antichitá en 1534 es el momento inicial de la institucionalización de este interés por el pasado en la época moderna. Esta entidad pontificia tenía propósitos concretos para proteger los monumentos antiguos de Roma, supervisar las excavaciones en los Estados Pontificios y controlar la exportación de antigüedades y objetos artísticos como parte del proyecto del papado para recolonizar una ciudad que debía servir a las acciones de revitalización del poder de la Iglesia (Riello, 2004).

A partir de ese momento, diversos gobernantes europeos expidieron medidas para la conservación de los restos históricos a través de edictos sobre la conservación de los monumentos antiguos y, en particular, la organización de expediciones para obtener documentos escritos y para elaborar dibujos de las edificaciones históricas; dichas acciones tomaron un renovado impulso a principios del siglo XIX, cuando la exploración del pasado se asoció a la glorificación de la nación. Esta nueva perspectiva revaloró la existencia de edificaciones viejas, toda clase de piezas y documentos históricos, objetos que captarían la atención de disciplinas orientadas a la Antigüedad, así como de las tendencias estéticas introducidas por el romanticismo y el neoclasicismo. Los estudios clásicos (The Classics), centrados fundamentalmente en los trabajos literarios y en la historia, partían de una concepción histórica en la que la Antigüedad referida a Grecia y a Roma fue comprendida como la fase temprana de un proceso único continuo que culminaba en la “civilización occidental moderna”; esta creencia fue fortalecida en el contraste con las “Altas civilizaciones” del mundo árabe musulmán, la India y la China, que tenían escritura, sistemas religiosos con presencia en grandes áreas geográficas y una organización política en forma de grandes imperios burocráticos; pero su historia “no progresaba” y, por lo tanto, no habían alcanzado la modernidad como las “Altas civilizaciones occidentales” (Said, 1990:53-141; Wallerstein, 1996:25-29).

La práctica de los estudios clásicos asociada a la construcción del pasado nacional permeó la interpretación de los hechos históricos como fenómenos culturales enraizados en su historicidad; es decir que el ámbito de la vida humana debía entenderse como producto de las acciones humanas y, por ende, la comprensión de los fenómenos humanos debía ser historizada, como lo propusieron la Escuela Romántica de Herder y Friedrich Schlegel, los teóricos jurídicos de la Escuela de von Savigny y los teólogos de la Escuela de Tübingen (Schnädelbach, 1991). De esta manera, adquirió sentido la recopilación de toda clase de información que sirviera para el estudio de la historia nacional, y una muestra de ello fue la importante labor de Karl von Stein, que integró un equipo de trabajo para publicar todas las fuentes de la historia germánica desde el año 500 al 1500, divididas en cinco secciones: crónicas, fuentes jurídicas, documentos, cartas y escritores de interés historiográfico, lo que generó una importante dinámica de búsqueda de manuscritos en toda Europa. Las publicaciones que se derivarían de esta labor de búsqueda y del estudio de fuentes escritas debían corresponder al criterio de las ediciones críticas; es decir, una reconstrucción rigurosa del texto original de la obra a partir de la comparación de las variantes del texto en las diversas copias existentes. El primer ejemplar apareció publicado en 1826 y, a partir de ahí, el equipo de trabajo y los apoyos se ampliaron y se creó una cultura del trabajo historiográfico en torno a los Monumenta Germaniae Historica que perdura hasta el presente (Linage, 2001).

La sensibilidad hacia los vestigios materiales del pasado, en particular hacia los monumentos, y hacia los textos escritos antiguos es un proceso cuyas etapas están vinculadas a las transformaciones en la valoración de los objetos artísticos y a la instrumentalización del patrimonio monumental como parte de los proyectos de construcción de la nación. Por eso, las medidas que implementaron los diferentes gobiernos europeos para explorar, estudiar y conservar esos vestigios materiales del pasado encontraron una solución concreta en la creación de los museos nacionales, a los que se asignaron múltiples funciones: desarrollo de las artes, de las ciencias, de la historia nacional y la instrucción pública (Maier, 2003).

En el caso de México, la sensibilidad sobre el pasado y el interés por la conservación y por el estudio de vestigios materiales tuvieron una temprana y amplia acogida por la abundante presencia de productos culturales de las sociedades prehispánicas. No obstante, estos materiales generaron diferentes reacciones. Inicialmente, los religiosos europeos tuvieron una actitud iconoclasta y deliberadamente destruyeron monumentos y quemaron códices, lo que alentó el abandono de estas construcciones a su suerte. Una vez pasado el ímpetu de la destrucción, las sucesivas disposiciones de las Leyes de Indias establecieron que las ruinas de los edificios prehispánicos, las tumbas y los objetos que hubiera en estas así como los “manuscritos de la historia indígena” pertenecían a la Real Propiedad. Superada la tendencia iconoclasta, algunos religiosos estudiaron idiomas indígenas y elaboraron cartillas, gramáticas y diccionarios en los que reunieron información sobre las costumbres, creencias e historias de las sociedades prehispánicas; a esto debe adicionarse que los descendientes de la nobleza indígena, educados por los religiosos en los colegios diseñados para ellos, se entregaron a la tarea de traducir, del idioma náhuatl al castellano, el contenido de los códices antiguos que aún se conservaban y escribieron la historia de sus pueblos (Gruzinski, 1999).1 Aquella legislación permitió que la Corona confiscara en 1743 la colección de manuscritos y de objetos que había integrado el italiano Lorenzo de Boturini, conocida como Museo Indiano, que había sido reunida durante su estancia en la Nueva España entre 1736 y 1743; parte de esa colección se había formado con otra colección de fines del siglo XVII, que había formado Carlos de Sigüenza y Góngora y que había legado al Colegio de la Compañía de Jesús de San Pedro y San Pablo. Esta legislación también permitió que pasaran a propiedad de la Corona los dos grandes monolitos que se encontraron en el año de 1790 en las obras de nivelación de la Plaza Mayor de la Ciudad de México: el Calendario Azteca y la Coatlicue. Adicionalmente, la Corona organizó en 1790 una expedición de naturalistas para recorrer la Nueva España, que tenía como objeto completar los estudios sobre plantas medicinales que inició Francisco Hernández en el siglo XVI; la Corona también permitió las exploraciones arqueológicas de José Antonio Alzate sobre Xochicalco y los trabajos de exploración del capitán Andrés del Rio y Guillermo Dupaix en Palenque; estas actividades alentaron la idea de formar una Junta de Antigüedades para proteger los monumentos históricos y alentaron la apertura del Gabinete de Historia Natural, que fue inaugurado en 1790 a cargo del botánico José Longinos Martínez (Olivé yCottom, 2003).

En el siglo XIX el nuevo gobierno nacional insistió en la necesidad de crear la Junta de Antigüedades y un conservatorio en la Universidad Pontificia para proteger los bienes del patrimonio cultural y estudiarlos; la persistencia de esta iniciativa parte de la idea de que conservar “las antigüedades de nuestra patria” porque se reconoce que estas otorgan representatividad a los integrantes de la nación en comparación con otros pueblos; a partir de esta concepción del pasado y de sus vestigios, el presidente Guadalupe Victoria y el secretario de Estado, Lucas Alamán, fundaron en 1825 el Museo Nacional. El primer reglamento del Museo, formulado un año después, identificó esta institución como mexicana y su función principal debía ser “reunir y conservar cuanto pudiera y en el grado más exacto del conocimiento del país, de su población primitiva, de las costumbres de sus habitantes, del origen y progreso de las ciencias, artes y religión, y de lo concerniente a las propiedades del suelo, el clima y las producciones naturales” (Morales, 2007:45). En 1831, el Museo estaba integrado a la Universidad Pontificia con un Departamento de Antigüedades, un Departamento de Historia Natural y un Gabinete de Conservación; dos años después, esta iniciativa institucional comenzó a padecer el influjo de la zozobra política; en 1833, la Universidad fue clausurada y a la figura legal e institucional del Museo se le asignó provisoriamente un lugar dentro del sistema educativo; luego, pasó a ser parte de la estructura organizacional del Palacio Nacional. En 1867, adquirió el carácter de nacional y, a partir de 1877, se reorganizaron sus departamentos, se acondicionaron los locales, se incrementaron las colecciones y se estableció una imprenta. Este nuevo impulso permitió que sus funcionarios organizaran expediciones científicas al interior del territorio nacional para estudiar monumentos y obtener más piezas arqueológicas y etnográficas. Gumesindo Mendoza, director de Museo entre 1876 y 1883, señalaba que el principal objetivo del Museo era “vulgarizar los conocimientos científicos y difundirlos entre todas las clases de la nuestra sociedad” e invitaba a “los hombres amantes del progreso y de la gloria de nuestro país” para que cooperaran con el Museo con el envío de objetos de toda clase, de la remisión de noticias sobre ruinas antiguas, con la recolección de “geroglíficos [sic] originales” o “copias exactas de ellos” para formar “una idea clara acerca del origen de nuestros padres, de sus ideas religiosas y políticas, de sus usos y costumbres” mediante los indicios que se podían hallar en los monumentos, los dioses y los “geroglíficos” [sic] (Mendoza, 1877:I-II). De este modo, el coleccionismo museográfico estuvo al servicio de los orígenes de la nación porque las colecciones prehispánicas tuvieron la función de ser la representación concreta del origen de la nación, que se hizo visible a través de la exhibición de los objetos que representaban el pasado concreto, palpable, que consagraba el comienzo remoto de la historia nacional.

El museo como institución fue y ha sido un espacio público que sirve al mismo tiempo para la conservación e investigación científica de la memoria y como un lugar de exhibición y difusión con fines políticos y pedagógicos; es decir, las salas de historia y arqueología del Museo Nacional pasaron de ser espacios donde se practicaba un empirismo objetivo –la investigación y conservación–, impulsado por el coleccionismo, a ser un templo de educación ciudadana, un lugar de formación política en el que se reproducen los símbolos creados por el Estado nacional, en el que la historia es una “maestra de la vida” mediante una colección de ejemplaridades (Morales, 2009).

Escribir una historia nacional

La implementación de una institución como el Museo Nacional conlleva un sentido de la historia y de la función que cumple el pasado en la sociedad. En el caso del Museo Nacional en México, la colección de objetos antiguos debía ser estudiada, clasificada, preservada y, especialmente, exhibida para la contemplación, el deleite y la educación de los ciudadanos que visitaban el Museo. La colección de objetos que hay en el Museo es la vía de acceso al pasado de la nación; esto se logra gracias a las interpretaciones que han dado las investigaciones al respecto, y, a su vez, estas interpretaciones se manifiestan a través de la forma en que es representada la colección. Toda esta operación museográfica es un proceso largo que tiene diversas etapas y, en este sentido, la temprana fundación del Museo Nacional en 1825 es apenas un momento de este recorrido. En aquella etapa fundacional, el Museo estuvo signado fundamentalmente por una marcada intencionalidad de acopio, estudio y conservación de objetos que se integraban a una colección, y la exhibición estaba en un plano secundario; sin embargo, las prácticas educativas al interior del Museo empezaron a tomar paulatinamente el control interpretativo de las colecciones a partir de 1877, cuando las funciones del Museo se dirigieron especialmente a la “formación de las almas” y se acentuaron aún más a partir de 1909 cuando cambió el nombre por el de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía; con esto, arrancó otra etapa del Museo y de sus funciones dentro del Estado nacional (Morales, 2011).

El Museo, sin embargo, es sólo una de las apuestas para la construcción de la nación. Entre 1821, cuando se consumó la independencia de la Corona Española, y 1862-1867, cuando se da la intervención francesa, en el ambiente letrado mexicano también había un creciente interés por escribir una historia nacional mexicana. El proyecto de una historia nacional estaba vinculado con las tareas que se le asignaron al Museo, pero la visibilización de la nación se extendió a otros tipos de trabajos como la geografía, la historia, la filología y la antropología, que tuvieron un importante respaldo como parte de las acciones para conocer y delimitar el territorio nacional.

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

En 1833, el Estado mexicano creó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística como una entidad adscripta al Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, bajo la dirección del ingeniero militar José María Justo Gómez de la Cortina. La tarea central de este organismo era organizar y realizar estudios de estadística, geografía, recopilación de observaciones astronómicas y meteorológicas y adquirir materiales con el propósito expreso de elaborar tanto la estadística como el mapa geográfico general de la República. Para lograr estos propósitos, el Instituto pretendía establecer un método fijo para sus trabajos que le permitiera elaborar un padrón a partir de la reunión y de la coordinación de todos los datos que remitieran los gobiernos del interior del nuevo Estado nacional mexicano. Para solucionar el tema de los recursos humanos que pudieran llevar a cabo la implementación del método propuesto de manera sistemática, el Instituto asumió como política que sus integrantes debían ser personas capacitadas, generalmente ingenieros, reconocidas por los gobernadores de los estados que aceptaran el nombramiento. De esta forma, el Instituto se integró con veintisiete individuos organizados en cuatro secciones: Geografía, Estadística, Observaciones geográficas, astronómicas y meteorológicas y Adquisición de Materiales (Navarro & Bustamante, 1980).

Pese a los propósitos claros y la percepción de la importancia de estas actividades, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dejó de existir en 1839 cuando el gobierno en turno creó una Comisión de Estadística Militar dependiente del Ministerio de Guerra y Marina, a cargo de Joaquín Velázquez de León. La Comisión estaba compuesta exclusivamente por individuos de todas las armas del ejército que debían publicar la Carta General de la República, concluir las cartas particulares de los estados, elaborar un diccionario geográfico y hacer la estadística de la nación con aplicación al ramo militar. Este énfasis desplazó a los civiles que habían participado en la creación del Instituto (Lozano, 1992).

Diez años después de la apertura de la Comisión, el presidente Mariano Arista apoyó la solicitud del Conde la Cortina para modificar el nombre y el carácter de la Comisión de Estadística Militar; pasó a ser la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue así como, a partir de la ley del 28 de abril de 1851, la Sociedad fue adscripta nuevamente al Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, se aplicaron los cambios solicitados y se asignó el nuevo perfil que tendría la institución en lo que quedaba del siglo XIX; además, dicha ley garantizó la realización de las actividades de la Sociedad a través de la asignación de fondos públicos para publicar trabajos y aumentar la biblioteca; con esto, también fueron ratificadas las obligaciones de la Sociedad para elaborar la Carta General y el Atlas y Portulano, tareas a las que se añadieron paulatinamente otras labores como la unificación del sistema de pesos, medidas y monedas, la formulación de itinerarios de los caminos del país, la contabilización del número de lenguas indígenas que se hablaban en el territorio nacional y el registro de toda clase de anotaciones meteorológicas, entre otros muchos quehaceres (Arroyo, 1852).

Los trabajos emprendidos en la rama de la geografía, la estadística y la cartografía desde 1830 tuvieron tal cantidad de vaivenes que pese a la recopilación de información sólo hasta 1850 estuvo lista la Carta general de la República, el Atlas y Portulano; sin embargo, dichos trabajos no se imprimieron por escasez de fondos y se añadió la inesperada situación que abrió el conflicto con los Estados Unidos de América. Los resultados de la guerra cambiaron los datos correspondientes al territorio nacional con la pérdida de grandes proporciones de territorios al norte; con esto, el armisticio forjó un importante énfasis en las actividades cartográficas que se acordaron en el tratado Guadalupe Hidalgo de 1848; allí se manifestó de manera expresa la imperiosa necesidad de trazar una línea fronteriza en el norte de México como una prioridad nacional. Estos trabajos recayeron en ingenieros topógrafos y militares que conformaron distintas Comisiones de Límites entre 1849 y 1857 para cumplir este cometido (Orozco, 1881).2

La situación posbélica forjó el desplazamiento de las acciones institucionales encaminadas a elaborar una Carta general; sin embargo, este propósito no fue objeto del olvido. La elaboración de un mapa de México fue la tarea a la que se consagró Antonio García y Cubas, egresado de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y empleado del Ministerio de Fomento. García y Cubas reunió los materiales de las cartas de 1850, a los que adicionó aquellos materiales que usó para elaborar el Atlas geográfico e histórico de la Republica Mexicana (1857) y los datos reunidos por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Si bien el trabajo fue recibido como una “simple compilación”, también fue reconocido como su principal mérito

reunir los mejores planos existentes, coordinarlos y darlos á la luz, llevando á cabo por primera vez una empresa que habia sido imposible para la Sociedad de Geografía (…) (Orozco, 1881:424).3

Es decir que, pese a ser un trabajo de gabinete, la existencia física de esta imagen del país tuvo como consecuencia la naturalización del Estado nacional mexicano (Craib, 2004).

La publicación del mapa elaborado por García y Cubas, que en 1863 divulgó una nueva Carta general, se hizo a pesar de la existencia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Este hecho deja en evidencia que la Sociedad no fue la única institución que intentó realizar este tipo de trabajos, a pesar de su carácter oficial. Los trabajos impulsados por el Ministerio de Fomento no emplearon de manera específica a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, aunque esta Sociedad desde 1862 fue una institución adscripta a dicho ministerio. Efectivamente, a partir de 1868 comenzó un claro desplazamiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística dentro de las esferas gubernamentales cuando se inauguró la Sociedad Mexicana de Historia Natural que acaparó el apoyo para la realización de proyectos científicos durante los gobiernos de Juárez y Lerdo(Torres, 2014). Esta nueva política marcó el inicio de las modificaciones de la producción científica en México que dejaron de girar en torno a las sociedades letradas, desplazadas por la apertura de instituciones compuestas por personal calificado y alojadas en edificios diseñados para la investigación; este proceso comenzó con la fundación del Observatorio Astronómico Nacional (1878) como parte del sustento técnico necesario para la elaboración de la cartografía de precisión, que dio un paso paralelo y creó el Departamento de Cartografía (1877) en el Ministerio de Fomento, dirigido por Manuel Orozco y Berra, que llevó a cabo la creación de la Comisión Geográfico-Exploradora (1879-1910) bajo la dirección del ingeniero Agustín Díaz, con el propósito explícito de realizar las cartas generales y particulares de la República (García, 1975; Azuela, 2003; Craib, 2004). Adicionalmente, en 1881 el Ministerio de Fomento estableció la Dirección General de Estadística con la intención de organizar y coordinar esta actividad central para la gobernabilidad del país. De esta forma se concretó el desplazamiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de las tareas que le habían dado origen unas décadas atrás.

El desplazamiento de la Sociedad no puede hacer perder de vista uno de los logros más importantes de esta asociación letrada: el aliento a los estudios históricos. Si bien el énfasis de la Sociedad en la obtención de información puso el acento en los datos estadísticos y geográficos, también impulsó la necesidad de contextualizar esa información con la elaboración del contexto histórico para darle, así, mayor comprensión a la situación de los lugares de donde se obtuviera la información. Fue así como la Sociedad estimuló, a través de la formación de Juntas Auxiliares a lo largo y ancho del inexplorado territorio nacional, la preocupación por esclarecer los orígenes: cuándo, cómo y quién fundó la ciudad capital o el núcleo urbano que concentraba la atención del socio corresponsal, así como la importancia de precisar las características geográficas, demográficas y económicas de las provincias o poblado objeto de estudio. Por eso, este tipo de trabajos transformó el modo en el que se habían construido las memorias locales, hasta entonces elaboradas a partir de crónicas eclesiásticas fundamentalmente o de aquellos relatos que establecieron los datos iniciales sobre las localidades. Fue así como adquirieron un nuevo valor trabajos como el de José Antonio de Villaseñor y Sánchez, Theatro Americano (1755), y adquirió sentido rastrear, contrastar y acumular las fuentes documentales en las que se encontraban los datos relacionados con la localidad. Dentro de este contexto puede comprenderse el alcance de la elaboración de textos como el de Emilio Pinedo, Descripción geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco (1851), y el estudio de Manuel Larráinzar, Noticia histórica de Soconusco y su incorporación a la Republica Mexicana. Ambos trabajos fueron publicados en el Boletín de la Sociedad en 1852 (Larráinzar, 1852; Pinedo, 1852). Los dos textos representan un modelo de trabajo nuevo por la estructura y la información que presentan ya que trataron de diferenciarse de las crónicas locales basadas en los trabajos de eclesiásticos. El objetivo de estos autores era el estudio científico de los espacios locales y regionales a través del cual daban un balance estadístico, geográfico, demográfico e histórico que, al mismo tiempo, pretendía ser una guía para potenciales viajeros y probables inversionistas; además podían emplearse como documentos de justificación histórica para las acciones políticas del nuevo Estado nacional, como ocurrió con la agregación de Chiapas a la República mexicana. De este modo, los trabajos impulsados por la Sociedad se convirtieron en una síntesis del conocimiento disponible sobre las localidades y las regiones (Ramírez, 1851; Matute, 1997).

Un anhelo letrado: una historia mexicana

En 1869, Joaquín García Icazbalceta elaboró un diagnóstico sobre las posibilidades de escribir y publicar una historia de México. El ejercicio partía de dos hechos: la inexistencia de una obra de este tipo y la necesidad de contar con esta; por eso, el primer paso recayó en la descripción de los obstáculos que podía encontrar el individuo que se embarcara en tal empresa. El más visible de los problemas que debía enfrentar esta labor era, sin duda, el acceso a los materiales para escribir aquella historia. Al respecto, García Icazbalceta señaló que estos materiales eran escasos porque habían sido destruidos o se habían perdido debido a múltiples causas. La causa principal recaía en las decisiones políticas que habían afectado a las órdenes religiosas porque estas organizaciones habían recopilado, acumulado y resguardado documentos de todo tipo desde que se instalaron en el territorio de la Nueva España, y una de las actividades a las que se consagraron fue coleccionar materiales de las culturas nativas y de los primeros letrados novohispanos que resguardaron en los conventos; sin embargo, estos documentosfueron sacados de la Nueva España o empezaron a ser descuidados cuando las órdenes religiosas se debilitarona raíz de las medidas en su contra impulsadas por la Corona Española, como la expulsión de los jesuitas en 1767. Esta tensión entre el Estado y la Iglesia católica se mantuvo en las siguientes décadas, la convivencia entre las dos instituciones vivió un gran desencuentro precisamente diez años antes al momento en que García Icazbalceta realizaba este diagnóstico, ya que el 12 de julio 1859 fue promulgada la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que decretó la supresión de las órdenes religiosas regulares, y mandó que todos los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas pasaran a manos de los museos, liceos, bibliotecas y diversos establecimientos públicos. Esta última acción, desde la perspectiva de García Icazbalceta, “vino a coronar el estrago” porque los documentos se maltrataron y desaparecieron cuando se trasladaron “sin orden y cuidado” de los conventos a las nuevas bibliotecas públicas. Al final, los libros “fueron carcomidos por el polvo, el agua, la polilla, los ratones (…) y una vez puestos en mal estado, se consideraban inútiles y se vendían por papel viejo ó se daban como basura á quien los pedia” (García, 1869:193).

La desaparición de documentos y de materiales antiguos no fue ocasionada sólo por las tensiones entre el Estado y la Iglesia. Para García Icazbalceta, la escasa atención que había sobre las bibliotecas en general propició el pillaje “ejercido especialmente por extranjeros” (García, 1869:193). En este aspecto, el diagnóstico de Joaquín García afirmó la percepción que se tenía sobre la visita de viajeros provenientes de la Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos impulsados por los estímulos que ofrecían sus gobiernos para realizar los trabajos de recolección de materiales para completar el conocimiento del mundo; de esta manera, naturalistas europeos recorrieron el continente americano y algunos de ellos se establecieron en América Latina al lado de las incipientes comunidades científicas locales. A partir de estas presencias y contactos comenzaron y se profundizaron los intercambios de piezas a través de las colecciones de los Museos. Un impulso notable en la circulación de este tipo de materiales provino de la organización y realización de las grandes exposiciones que produjeron representaciones para un público ávido de aproximarse a las novedades de esos mundos desconocidos y exóticos; además, estas conexiones establecieron redes científicas que permitieron transferencias y apropiaciones asimétricas de conocimiento (Carreras & Carrillo, 2014) que tuvo un efecto indeseado cuando derivó en una demanda subterránea que propició el comercio clandestino de las “antigüedades mexicanas”, y, por tanto, el saqueo de los monumentos históricos. En México, desde el año 1827, las aduanas tuvieron la instrucción de prohibir la exportación de monumentos y “antigüedades mexicanas”. Las quejas de los letrados mexicanos sobre este “saqueo” del pasado nacional se hicieron manifiestas a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1859 y, a partir de ellas, el gobierno nacional planteó dos iniciativas de leyes especiales para resolver este problema; sin embargo, no llegaron a concretarse sino hasta 1885 cuando se creó la Inspección General de Monumentos como dependencia de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública con la función específica de explorar y custodiar estos bienes de la nación; esta institución se convirtió en la entidad reguladora de las excavaciones arqueológicas y encargada de la preservación de los sitios y monumentos (Olivé & Cottom, 2003).

García Icazbalceta también señaló otra fuente de pérdida de los materiales antiguos: los connacionales, a los que definía como “seres curiosos” que no consideraban un robo a la extracción furtiva y apropiación de un libro porque la biblioteca o su dueño “no sabe estimarle como merece” (García, 1869:193). La atención sobre este hecho supone la existencia de archivos y bibliotecas, algunos de ellos a cargo de la administración pública y otros conformados como acervos privados.

En el caso de México, desde 1790 estuvo el proyecto de crear un Archivo General de la Nueva España a partir de la Secretaría de Cámara del Virreinato; esta iniciativa de concentrar los documentos derivados de la administración gubernamental tuvo eco hasta los comienzos de la vida republicana gracias a la iniciativa de Lucas Alamán. En 1823 se creó el Archivo General y Público de la Nación como una dependencia de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores. Al igual que el Museo Nacional, el Archivo padeció las vicisitudes de la política mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Su existencia fue precaria y marginal, carente de recursos para desplegar una labor eficiente en las dependencias que surgían y desaparecían al calor de las tensiones ideológicas, aunque siempre hubo funcionarios y empleados celosos del resguardo de las piezas colectadas que protegieron con sigilo durante la invasión del país en 1847 y 1862, por ejemplo. “No fue sino hasta 1872 que la institución dio inicio a un trabajo técnico sobre su acervo documental y a las tareas de difusión, así como la elaboración de transcripciones paleográficas y la interpretación de las lenguas indígenas (AGN, 2015)

Una suerte parecida tuvo el proyecto de creación de la Biblioteca Nacional, que desde 1833 fue concebida como parte de la Dirección General de Instrucción Pública; en el decreto que le dio origen se asignaron un edificio, un director y un presupuesto para desarrollar la colección bibliográfica; esta iniciativa fue complementada con el decreto de 1857 que suprimió la Real y Pontificia Universidad y dispuso que el edificio, los libros, los fondos y demás bienes pasaran a formar parte de la Biblioteca Nacional; esta medida fue ampliada con el decreto de 1867 que ordenó que todos los libros de los conventos y de la biblioteca de la Catedral debían pasar a esta Biblioteca (BNM, 2015).

Pero hay un factor adicional sobre el cual el diagnóstico de García Izcalbaceta pone un particular énfasis porque estaba relacionado directamente con los avatares de la política y afectó de manera profunda la disponibilidad de materiales históricos: la suerte de las bibliotecas particulares.

El interés coleccionista de individuos como José Fernando Ramírez, y los recursos económicos que tenía a su disposición le permitieron integrar fondos documentales de gran importancia. Ramírez tuvo dos grandes bibliotecas de su propiedad. Una en la ciudad de Durango, de la que llegó a realizar un inventario aproximado que sumaba 7,477 volúmenes, inventario que sirvió de base para la venta que hizo a la Junta de Instrucción Pública del gobierno del Estado de Durango en el año de 1851, cuando se trasladó a la Ciudad de México para tomar posesión como Ministro de la Suprema Corte de Justicia y, en cuyo marcha, tomó la previsión de llevar consigo “20 cajones de libros”(González, 1898:XVIII) con los materiales que más apreciaba. En la Ciudad de México, inició por segunda vez la formación de su biblioteca, que para 1858 contaba con 8,178 volúmenes, y que contenía, por ejemplo, dos juegos de los Antiquites of Mexico de Kingsborough, incunables, ediciones prínceps mexicanas del siglo XVI, crónicas religiosas, folletos, códices, incunables y manuscritos diversos (González, 1898:XVIII-XIX). La biblioteca de José Fernando Ramírez hacía parte del conjunto de bibliotecas particulares como la de José María Andrade y la del propio Maximiliano. Una vez concluida la fallida aventura imperial en México, la enorme labor de recopilación y anotaciones que habían realizado coleccionistas como Ramírez, generalmente partidarios del Emperador, se disgregó inevitablemente porque buena parte de sus materiales marcharon con sus dueños al exilio o sus bibliotecas fueron repartidas entre deudos y amigos quienes, a su vez, vendieron estos documentos; así, la mayoría de las obras que integraron estas bibliotecas particulares terminaron diseminadas en Europa y en los Estados Unidos a través de las redes comerciales del mercado de las antigüedades que encabezaron coleccionistas como Hubert Howe Bancroft, Joseph Marius Alexis Aubin y Manuel Fernández del Castillo, entre otros.

El resultado de este conjunto de acciones descritas por García Icazbalceta era evidente: los materiales para escribir una historia de México no estaban disponibles porque estaban en “países extraños” y “encerrados en las bibliotecas extranjeras”. La desazón era mayúscula porque García Icazbalceta tenía el convencimiento de que los trabajos de investigación, biográficos, históricos o bibliográficos eran necesarios “para conservar la memoria” y, por lo tanto, constituían la base de cualquier conocimiento del pasado; además, este tipo de estudios tenían una peculiaridad que los hacía modernos: estaban condenados a ser sustituidos por otros conocimientos cuando se obtengan “informaciones nuevas”. Esta labor de acumulación y renovación de los conocimientos era la más importante función que García Icazbalceta atribuía a las Bibliotecas y a la elaboración de Catálogos (García, 1896).

Dado el escenario descrito inicialmente por García Icazbalceta, la solución que propuso era obvia: organizar una biblioteca nacional integrada por dos tipos de obras; por un lado, los materiales relativos a “nuestra historia” publicados en recopilaciones documentales en Italia y en España, que debían ser adquiridas por el gobierno nacional; y, por otro lado, con los textos producidos en el propio país (en particular, aquellos trabajos que se dieran a la tarea de publicar “lo que está oculto”: códices y documentos raros). García Icazbalceta consideraba que este tipo de documentos, mientras no fueran reproducidos, eran útiles sólo para aquellos que los poseían y si no eran publicados sacrificaban el valor que podían adquirir para conocer el pasado y para elaborar una historia nacional; por eso, el erudito mexicano consideraba que este tipo de empresas tenía una importancia superlativa que se podía observar en los esfuerzos que se hacían para la publicación de manuscritos inéditos, la misma labor en la que estaban empeñadas “todas las naciones cultas” para “el honor de su país, su ilustración, el fomento de los buenos estudios y á la difusión de las importantes lecciones de la historia” (García, 1869:195) y que, como tal, era necesaria porque

"si ha de escribirse algún dia [sic] la historia de nuestro país [sic], es necesario que nos apresuremos a sacar á luz los materiales dispersos que aun puedan recogerse, antes que la injuria del tiempo venga á privarnos de lo poco que ha respetado todavía. Sin este trabajo previo no hay que aguardar resultados satisfactorios, porque la doble tarea de reunir y aprovechar es superior á las fuerzas de un solo hombre" (García, 1899:7).

La solución planteada está profundamente ligada a la experiencia personal de García Icazbalceta, que desde 1846 emprendió una amplia labor para escribir una historia de México a partir de los principios del coleccionismo; por eso, en aquel año comenzó la formación de una biblioteca particular integrada por códices, documentos raros y ediciones antiguas. Al trabajo de coleccionista le adicionó un elemento novedoso, García Icazbalceta también adquirió una imprenta que le sirvió para publicar diferentes materiales que poseía, como una carta inédita de Cortes que imprimió en 1855 o la edición príncipe de la Historia eclesiástica indiana de Fray Jerónimo de Mendieta que publicó en 1870. Estas dos líneas complementarias del trabajo erudito fueron mantenidas a lo largo de su vida; además, le sirvieron para emprender otras iniciativas más esporádicas, como la traducción, que encontró el producto más acabado en la publicación al castellano de la Historia de la Conquista del Perú de William Prescott, que fue impresa en 1849; también participó con algunos estudios biográficos en el Diccionario Universal de Historia y de Geografía (1852-1856). También realizó trabajos de investigación que se concretaron en la obra sobre Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México. Estudio biográfico y bibliográfico (1881). En fin, esta amplia labor de colección, estudio y difusión de documentos relacionados con la historia nacional tomaron forma en los balances bibliográficos que publicó a lo largo de su vida: el Catálogo de escritores en lenguas indígenas de América (1856), la Colección de documentos para la historia de México (1858-1866), la Bibliografía mexicana del siglo XVI (1886) y la Nueva colección de documentos para la historia de México (1889-1892) (Galindo, 1903).

Al igual que la estrategia que dio origen a los museos, García Icazbalceta es una de las figuras más representativa del “erudito coleccionista” que pretendía acopiar pero también investigar y difundir; individuos como él fueron los que alimentaron la iniciativa de crear Museos y Bibliotecas nacionales. Esta concepción del quehacer erudito trae aparejada la concepción de la historia como un conocimiento acumulativo que tiene un primer momento fundamental, previo a la escritura de la historia, que es reunir la infraestructura documental. La tarea era y es de tal dimensión que las fases de la investigación y de la escritura, en el caso de varios letrados coleccionistas mexicanos, quedaron aplazadas como acciones del futuro, como puede comprobarse en los trabajos que llegaron a publicar varios de los eruditos contemporáneos de García Icazbalceta: José Fernando Ramírez, José María Lafragua, Manuel Orozco y Berra, Juan Evaristo Hernández y Dávalos, Alfredo Chavero y Francisco del Paso y Troncoso, entre otros (Crespo, 2008).

Escribir una historia nacional

El diagnóstico de García Icazbalceta concluía con el siguiente panorama:

"Hoy el que quiera escribir un libro [de historia de México], y para ello se vea precisado á consultar los muchos de que carezca, no tiene á dónde ir á buscarlos (…) Las corporaciones ó sociedades literarias, á juzgar por lo visto hasta ahora, no pueden competir si quiera con un particular ni en duracion ni en medios. ¿Qué recurso queda? Uno solo, y harto insuficiente: que la biblioteca nacional se organice y abra cuanto ántes; que se vea lo que hay en ella, y que se procure adquirir lo que falte. Ni aun siguiendo con constancia este camino, podrá repararse todo el daño hecho, porque hay pérdidas que son irreparables (…) acaso podía formarse todavía una colección que sirva de mucho á los futuros historiadores de nuestro país. De lo contrario, no podemos abrigar la esperanza de que algún día se escriba la historia de México, en México y por mexicanos, sino habrémos de conformarnos con traducir lo que escriben los extranjeros, como ya está sucediendo. Y ¡ay del pueblo que confía su historia á manos extrañas, porque jamás podrá esperar justicia!" (García, 1869:194-195)

La queja sobre la capacidad de producir conocimiento nuevo de las asociaciones letradas como las Academias o de las iniciativas gubernamentales para fundar instituciones científicas estaba bien fundada. En el mundo americano, la institucionalización de la sociabilidad letrada tomó inicialmente la forma de academias a partir de actividades relacionadas con los intereses de la “república de las letras”, como las tertulias; estas, a finales del siglo XVIII, adquirieron un nuevo horizonte especialmente en el ámbito estudiantil, en el que empezaron a circular hojas volantes, semanarios y libros con temas seculares (Guerra, 2000); de tal suerte que el siglo XIX partió de un hecho básico para la vida científica y letrada: no había una separación de saberes, a pesar de cierta especialización representada por la existencia de médicos, juristas, ingenieros militares y botánicos, lo que no impedía que aquel que supiera leer y escribir y fuera poseedor de libros pudiera abordar indistintamente en sus trabajos escritos temáticas de la filosofía, la astronomía y diferentes géneros literarios. El giro político de principios del siglo XIX y el proyecto de construcción de los Estados nacionales impactaron en aquellos espacios de sociabilidad letrada, como ya se ha indicado, hasta tal punto que esos aficionados a las ciencias y a las letras pusieron sus vocaciones al servicio de la acción política, como puede colegirse de empresas letradas como el Salón Literario en Buenos Aires, la Sociedad Literaria en Santiago, el Instituto Nacional en la Ciudad de México; estas paulatinamente matizaron el objetivo ilustrado del “gusto por las letras” que fomentaban las tertulias hacia el objetivo nacionalista de implantar y hacer fructificar una “literatura nacional”, cuya primera manifestación debía ser el conocimiento detallado de la lengua castellana y convertir esta lengua en la única oficial. El conocimiento y el dominio del español debía crear la identificación con la nación y debía formar al ciudadano que compartía con sus conciudadanos una herramienta básica de comunicación: la escritura (González, 1995; Monsiváis, 2005). El objetivo unificador y nacionalista encontró en la elaboración y en la publicación de un diccionario la referencia que lo convirtió en la norma lingüística común.

Todos estos elementos se presentaron en el caso español, a partir del modelo de la Academia de Francia (1635), en 1713, cuando se creó la Real Academia Española de la Lengua, que fue replicado en América en todos los nuevos países americanos, empezó con la apertura de una Academia de la Lengua en México en 1835. Esta institución letrada también tenía como objetivos reimprimir y difundir las obras clásicas de la lengua española, redactar diccionarios de voces hispano-mexicanas y de las lenguas habladas en el territorio nacional y elaborar un atlas lingüístico.

El interés por la lengua y la implementación de estas medidas en América está condensada en la obra de Andrés Bello, que la describió detalladamente en las “Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar i unificar la ortografía en América” (1823), en el que planteó que estas labores debían ser previas a las tareas de alfabetización de los pueblos americanos porque eran un paso vital para lograr la independencia científica y literaria, complementaria de las victorias militares, de las nuevas repúblicas americanas. La propuesta justificó el propósito de codificar y racionalizar las reglas de la lengua para enseñar a pensar y escribir con claridad objetivos manifiestos de la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos (1847 ).

La Academia Mexicana de la Lengua (1835) tuvo una vida efímera y sin mayores logros, al igual que el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes (1823-1826) y la Biblioteca Nacional (1833), que sólo terminaron como precedentes más que propiciadoras de resultados tangibles. Sin embargo, el espejo europeo demostraba el carácter útil de las instituciones científicas, especialmente la Société de l’Histoire de France, fundada en 1834 con el fin de publicar los documentos originales relativos a la historia de Francia desde 1789, que sirvió de modelo a una de las instituciones con más logros en el ámbito americano, el Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro en 1838, y que tuvo como uno de sus cometidos coleccionar y archivar toda clase de documentos relacionados con la historia de Brasil.

El cultivo de la historia fue tardío en relación con las tareas asignadas a la práctica de la literatura y de las bellas artes en general; además, las funciones que podrían desarrollar las Academias de Historia, como recopilar, clasificar, estudiar y publicar los documentos y objetos “valiosos” relativos a la historia nacional, eran tareas que ya estaban previstas en la apertura de los Museos y bibliotecas; además, el ejercicio mismo de la escritura, medio a través del cual se manifiesta la historia, no se diferenciaba sustancialmente de los propósitos de la literatura en general, consecuencia de la indeterminación de los campos del saber en el siglo XIX latinoamericano. La escritura como ejercicio del intelecto, independiente de las formas que podían llegar a adquirir –poesía, novela, teatro, periodismo, crónica, memoria- tenía fines públicos: estar al servicio de la nación y justificar su independencia; por eso, el siglo XIX fue el período en el que los hombres de letras eran al mismo tiempo “luchadores y constructores”, como los calificó Pedro Henríquez Ureña. Escribir tenía un fin moral; es decir, era un trabajo intelectual que pretendía formar, educar a los ciudadanos, y engrandecer a la nación; en este contexto, a la hora de que un hombre de letras se refería al pasado debía tratar de ser “fiel a los hechos” pero la presentación debía ser dramática, hacerlo “con una imaginación viva y una ardiente fantasía”(Bello, 1844:160) que conmoviera los sentimientos y despertara el interés en el lector (Betancourt, 2003:84). Sin embargo, los problemas de fondo de este modelo de escritura para abordar el pasado nacional recaían en dos frentes: los acervos materiales para fundar las interpretaciones y los juicios, que ya se han comentado, y los modelos disponibles para representar la realidad.

La solución que encontraron aquellos que dieron los primeros pasos para reconstruir la historia nacional fue elaborar un relato basado en la calidad de “testigo de los hechos”, al estilo de la crónica, pero con un factor adicional: el testigo es un actor privilegiado porque participó y/o tuvo contacto con los actores de los acontecimientos narrados. Por eso, los primeros pasos en el siglo XIX para elaborar una historia nacional se concentraron en el período que dio origen al Estado nacional: la Independencia. Dos buenos ejemplos que sintetizan esta apuesta radican en las obras de Carlos María de Bustamante, para el caso mexicano, y de José Manuel Restrepo, en el caso colombiano. Los dos fueron autores de obras que se convirtieron en “prisiones historiográficas” porque el prestigio de trabajos como El cuadro histórico de la revolución de la América mexicana (1821-1827), la Continuación del cuadro histórico (1832), el Diario histórico de México (1822-1848) y la Historia de la revolución de la República de Colombia se mantiene incólume hasta la actualidad, especialmente porque acotaron con detalle, a partir de la fuerza del testimonio ocular y de la trayectoria pública de sus autores, los acontecimientos centrales que dieron origen al Estado nacional al convertir la Independencia en un “repertorio fijo e inalterable de los hechos, susceptible sólo de reacomodarse en una interpretación diferente” (Colmenares, 1986:9); este fue el punto de partida de obras como México y sus revoluciones (1836) de José María Luis Mora y de la Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon la Independencia en el año de 1808 hasta la época presente (1849); por ejemplo, estas últimas se escribieron para “corregir” las obras de Bustamante. Dichos planteamientos fueron el resultado de diversas prácticas políticas que tenían como trasfondo ideas diversas del sistema republicano del gobierno basado en las funciones que se le atribuían a la “opinión pública” (Palti, 2008; Betancourt, 2013).

La relación de la escritura con la política se manifestó como una constante que se mantiene hasta el presente, y permeó la escritura de la historia nacional. La construcción del pasado nacional partió de una postura que establecía que los valores de la república sólo podían discernirse y establecerse por una minoría educada que desconfiaba de “las turbas incontrolables” y que, a través del relato, privilegió los valores de una perspectiva política específica; por eso, la estructura de la narración del origen del Estado nacional adoptó el tono épico que protagonizaron los héroes y las batallas, y que dejó en segundo plano, bastante opaco, al entorno de las sociedades y de las provincias donde ocurrieron los acontecimientos heroicos de la historia nacional. Esta perspectiva privilegió la legitimación de los orígenes del Estado nacional y su existencia a través de la narración histórica; es decir, la creación de un relato de la nación sirvió de eje a otros instrumentos de la formación de la “conciencia nacional” mediante la consagración de héroes, monumentos, banderas, himnos que paulatinamente instauraron la idea del “destino nacional”. Ese fin de la historia se convirtió en una poderosa herramienta de interpretación del devenir histórico del Estado nacional porque fue el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de la nación; de tal suerte que el futuro, con sus promesas de grandeza y éxito, podía proclamarse como el destino que estaba inscripto en el origen de la nación, que no era otro que “la libertad” y “el progreso”, de acuerdo al sentido que estos relatos atribuyeron a los acontecimientos posteriores a 1808.

La idea del destino nacional fue el resultado de un proceso de decantación de los múltiples relatos elaborados sobre la Independencia que dieron paso a una versión hegemónica del origen del Estado nacional. Esta depuración descansó fundamentalmente en el rol integrador asignado a la nación y al papel del Estado como el instrumento que impuso determinados referentes de identificación sobre las tradiciones identitarias de carácter local, regional y grupal. La historia nacional tomó la forma de una “narración de hechos” que se desenvuelve en una cronología que, paso a paso, demuestra los avances en la realización de las promesas establecidas en el origen de la nación. Pero esta labor tiene dos momentos que aún persisten en la práctica historiográfica: el esfuerzo erudito de recopilación, transcripción, reproducción, clasificación y conservación de documentos para la historia y el trabajo de la difusión a los ciudadanos.

Erudición, escritura y nación

Otra de las propuestas de García Icazbalceta para escribir una historia nacional fue remediar la escasa producción de libros en México; para ello, planteó un programa editorial para la impresión de manuscritos inéditos, formación y publicación de excerpta, reimpresión de libros raros que debían integrar la “Biblioteca Histórica Mexicana”, obra que por su magnitud debía ser más bien la tarea de un gobierno y no de un individuo. Icazbalceta se quejaba al respecto ya que “años atrás se pensó en cosa semejante”, y describe cómo se emprendió la tarea con la publicación de folletines en el Diario oficial, pero el resultado no fue el mejor en calidad y criterio porque se publicaron algunos volúmenes de memorias históricas del Archivo General sin el cuidado editorial debido; por eso,

"la publicación de una Biblioteca histórica debe confiarse á personas inteligentes que se penetren de la importancia de su cometido y lo desempeñen en conciencia; la ejecución tipográfica ha de corresponder á la dignidad de la obra" (García, 1869:197).

Pero el obstáculo mayor para una empresa de este tipo, según García Icazbalceta, era la ausencia del reconocimiento profesional; es decir que, en las condiciones de la época, no era posible exigirle a un individuo que dedicara todo su tiempo a esta labor; por eso se quejaba del vacío institucional para atender este proyecto: “Si existiera entre nosotros una academia de historia, á ella correspondería de derecho el encargo” (García, 1869:197). Como un trabajo remedial, propuso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la difusión de algunos materiales con algunas breves notas bibliográficas para ilustrar al lector sobre la obra y sobre el autor “mientras llega el día, si es que ha de llegar, en que se emprenda seriamente la restauración de nuestras fuentes históricas” (García, 1869:198).

La concepción de la historia que subyace en la propuesta de García Icazbalceta fue explicitada por un notable trabajo de reflexión que cayó en el olvido gracias a la política. Su autor, Manuel Larráinzar, participó en el gobierno de Maximiliano y, por lo tanto, fue un “colaboracionista”, lo que condenó su obra como arqueólogo y sus trabajos históricos.

Larráinzar fue nombrado miembro de la Comisión Científica, Literaria y Artística establecida en la Ciudad de México, el 19 de abril de 1864. La sección de Historia y Literatura tenía la misión de formar un programa para escribir la Historia de México; esta sección adoptó como plan de trabajo dividir la historia en tres épocas: tiempos anteriores a la conquista, conquista hasta la declaración de Independencia y desde la Independencia hasta el presente. A partir de este plan se crearon subsecciones y se eligió a sus respectivos integrantes; en la que fue asignado Larráinzar, también participaron Luis G. Cuevas y Basilio Arrillaga, quienes conocido por ser uno de los compiladores de la legislación mexicana. No obstante, como todos los proyectos institucionales relacionados con los trabajos intelectuales, esta Comisión Científica no desempeñó los trabajos para los que se formó debido a las condiciones de la coyuntura política. El trabajo que Larráinzar había realizado en la Comisión quedó abandonado hasta que Urbano Fonseca, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, le sugirió que presentara estos trabajos a la Sociedad.

En este contexto, Larráinzar vio que era

"conveniente presentar algunas observaciones preliminares sobre la necesidad, importancia y utilidad de la historia en general, y sobre las reglas que para escribirla bien deben tenerse presentes, pues sucede con frecuencia que por olvidarse de ellas inciden los que se dedican a esta clase de trabajos en muchos defectos (…) sino que los desnaturalizan, y les hacen perder una gran parte de su importancia y utilidad" (Larráinzar, 1865:6).

El primer paso que dio Larráinzar fue esclarecer la utilidad de la historia, a la que definió como

"un legado de experiencia, que va pasando de generacion en generacion, enlazándolas unas con otras por el recuerdo de los hechos; es la maestra imparcial y el espejo de la verdad en que todos encontrarán mucho que aprender para conducirse con cordura y acierto, y saber dirigir á sus semejantes" (Larráinzar, 1865:2).

La concepción de la escritura de la historia que subyace en estas consideraciones parte de la comprensión de la historia como un género literario cuyo deber era guardar el recuerdo y propagar el conocimiento de los hechos gloriosos o importantes para un personaje, una familia o un pueblo; y, al mismo tiempo, era una forma de escritura que debía agradar e instruir. De esta manera queda planteado el problema de la exposición de la investigación histórica, una de cuyas primeras manifestaciones quedó plasmada en la polémica que entablaron Andrés Bello y José Victorino Lastarria sobre la búsqueda del “espíritu peculiar del pueblo chileno”. Más allá de los términos de la discusión, me interesa señalar las consideraciones que hizo Bello en dos pequeños trabajos: “Modo de escribir la historia” (1845) y “Modo de estudiar la historia” (1848): en estos argumentó, entre otras cosas, que el elemento más importante de la investigación histórica es “escribir los hechos”. Esta posición coincidía con los planteamientos que difundía en ese momento la Escuela Histórica Prusiana4 y era un presupuesto básico justo en el momento que empezaba a surgir la necesidad de escribir la historia nacional, carente de documentación amplia para elaborarla y en la que el “método narrativo es obligado” (Bello, 1884:108). En este sentido, hay una coincidencia con la utilidad que Larráinzar atribuye a la historia:

"Si, pues, su objeto debe ser, como se ha visto, trazar la vida de las naciones en sus diferentes épocas, dar á conocer lo que constituye su génio y fisonomia particulares, tales como su religión, sus leyes, sus instituciones, sus usos y costumbres y sus hombres notables en todos sus ramos (…) si nada debe omitirse de cuanto tenga relación con las ciencias, con las artes y los ramos principales de industria (…) si no debe reducirse á la estéril narracion de los acontecimientos y fechas en que se realizaron, sino á desentrañar y poner de manifiesto las causas que los produjeron, los medios puestos en práctica para llegar a ciertos resultados, los cambios operados y su influencia en la suerte de los pueblos (…) la ventaja es aún mayor cuando se considera en su conjunto todo lo espuesto, y principalmente porque da á las naciones lo que más falta les hace, la conciencia, y el hacer visible la Providencia en la remuneracion y en la expiacion infalible del bien y del mal, cuando está escrita por un espíritu recto y religioso" (Larráinzar, 1865:5-6).

A partir de estos principios interpretativos, Larráinzar señalaba la importancia de “dotar á México de una historia general” a partir de un balance sobre los materiales y las obras conocidas del pasado, a las que considera “de mucho valor para nosotros, y sus autores altamente estimables” porque gracias a este esfuerzo se conocen “los sucesos mas notables” y las fases del pasado nacional. Estas consideraciones son el sustento de los siguientes juicios:

falta unidad de pensamiento, de colorido y de acción, y por consiguiente, combinacion y uniformidad en el plan y su ejecucion: hay en ellas, ademas, como se ha dicho, muchas lagunas y vacíos, por no comprender todo lo que debieran, y omitir cosas que debían figurar en ellas; en general se nota en varias el no haber tenido presentes sus autores muchas de las reglas que (…) deben observarse en estos escritos, para que llenen cumplidamente su objeto (…) Pero lo que se ha hecho no es bastante; es preciso reunir lo mas memorable, lo mas importante, lo mas útil é instructivo, refundir y formar un solo cuerpo, bajo un plan mas estenso y mejor combinado, de todas esas historias parciales, purgándolas de los errores y defectos que contengan, y completándolas con lo que les falte, para lo cual puede sacarse mucho provecho de los estudios que se han hecho sobre nuestras antigüedades, de las crónicas inéditas que ecsisten (sic), de varios trabajos aislados que se han publicado, de los escritos y papeles de los archivos públicos, y de las colecciones formadas por algunos particulares eruditos y curiosos, que saben apreciar esta clase de materiales: es una tarea larga y difícil, que tal vez escederá las fuerzas de un solo individuo; pero que no por eso debe dejar de emprenderse (Larráinzar, 1865:18).

Las reflexiones de Larráinzar continuaron con la observación acerca de la importancia de conocer la historia de las provincias que integran el país porque “la historia general de México vendría á ser el resumen, el resultado de la reunión selecta, ordenada y bien distribuida, de todos esos datos y noticias interesantes” (Larráinzar, 1865:19); a esto le siguió una detallada consideración sobre los principales historiadores de México, desde José de Acosta hasta Lucas Alamán. Luego dio el paso siguiente: proponer un plan para escribir la historia de México a partir de los principios y las reflexiones expuestos y de una cronología detallada de esa historia con un pormenorizado catálogo de los historiadores de México y otros autores que han estudiado a América.

El importante trabajo de Larráinzar fue olvidado y sólo hasta que hubo una mínima estabilidad política, económica y social, que se dio a partir del triunfo de alguno de los proyectos políticos en confrontación, se dieron los primeros pasos para elaborar la deseada historia nacional que se enmarca en los comienzos de ladiferenciación de los saberes a través del desplazamiento paulatino del modelo de las asociaciones letradas del tipo de las Academias, los Ateneos e incluso de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, para dar paso a la creación de instituciones especializadas en el conocimiento como el Observatorio Meteorológico y Astronómico de México (1878), institución clave para la implementación de la cartografía de precisión, y el Instituto Médico Nacional (1890). Estas políticas impactaron en el establecimiento de la educación obligatoria que sustentó la apertura de la Escuela Nacional Preparatoria (1867), la apertura de la Biblioteca Nacional (1867) y el inicio de labores de la Sociedad Farmacéutica Mexicana (1871), y renovó las funciones que tenían los Museos, especialmente ligadas, de ahora en adelante, a la difusión y la pedagogía (Capel, 1993; Azuela, 1996; Carrillo, 1998). En este escenario se planteó el proyecto de una “Historia General de México” por uno de los principales animadores de estos cambios: Vicente Riva Palacio.

Riva Palacio representa en sí mismo la figura del hombre de letras decimonónico en América Latina; su vida y su obra representan la conjunción entre el letrado y el funcionario público. Estudió abogacía, título que recibió en 1854 y que le permitió vivir de su oficio hasta que la guerra lo llevó a enrolarse como militar, y estas participaciones, a su vez, le permitieron llegar a ser Constituyente, Congresista, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, y diplomático en España y Portugal. Al mismo tiempo que desempeñaba todas estas funciones públicas dirigió varios periódicos y publicó novelas, libros de poesía, obras de teatro, cuentos y, finalmente, historia.

El prospecto de la Historia General de México tenía como propósito demostrar la marcha progresiva de la historia mexicana desde “los más remotos tiempos”; la obra pretendía reunir los conocimientos disponibles sobre el pasado nacional y se basaba en una narración de los acontecimientos que trataba de evitar “los extremos” y superar las posturas partidistas de historiadores como Bustamante y Alamán; para hacer realidad esta propuesta, asignó un responsable para cada una de las etapas de la historia: Alfredo Chavero para la época prehispánica, Vicente Riva Palacio para el virreinato de la Nueva España, Julio Zarate para la Guerra de Independencia, Juan de Dios Arias para el México independiente y José María Vigil para la época de Reforma.5 Este prospecto se materializó con la aparición de la obra México a través de los siglos (1884-1889), una obra en cinco tomos que fue publicada en conjunto por la editorial de Barcelona, Espasa y Cía., con su editorial correspondiente en México a cargo del librero-editor Jaume Ballescá y Cía. El diseño editorial fue obra de José Ballescá Casals y su hijo Santiago Ballescá y Farró; ya que el texto se presenta repartido en dos columnas, cada página lleva una ilustración en el centro y, además, aparecen láminas en blanco y negro y litografías; también hay una viñeta en la primera página que ilustra el tema de cada tomo. La obra se hizo para venta, inicialmente a partir de los cuadernos que conformaban cada volumen y, luego de imprimirse la totalidad de la obra, se vendió como volúmenes enteros. A finales del siglo XIX, la obra se había vendido en su totalidad y los editores se plantearon la posibilidad de realizar una edición económica (Castellano, 2004).

Desde la perspectiva de Riva Palacio, la obra debía tener cromos, grabados, planos, autógrafos que representaran paisajes, vistas de ciudades, edificios, monumentos, retratos, armas, objetos de arte, inscripciones y jeroglíficos; es decir, elementos de una “obra de lujo” que correspondiera “a la grandeza del asunto”, labor para la cual contaron con el apoyo de un equipo de personas encargadas de buscar y elaborar las imágenes como Ramón Cantó, escribientes, rastreadores de información en diferentes lugares del país y colaboradores que copiaron documentos y libros, y elaboraron índices y reseñas. Es por todos estos rasgos que José Ortiz Monasterio calificó la realización de esta obra como “una gran fábrica de historia” (Ortíz, 2004:188-224), que se presentaba ante el público como una

"historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde antigüedad más remota hasta la época actual. Obra única en su género publicada bajo la dirección del General D. Vicente Riva Palacio é imparcial y concienzudamente escrita en vista de cuanto existe de notable y en presencia de preciosos datos y documentos hasta hace poco desconocidos" (Chavero, 1884:1).

Desde su primer tomo, la obra se concentró en el México central desde la perspectiva arqueológica de Chavero hasta el paso por los sucesos militares que narra Vigil, operación vinculada a la idea de que México era ya una república desde su origen, en la que cada etapa de esta historia despliega algunos atisbos del propósito último: el progreso de México. Por eso, el gran logro de esta monumental obra fue elaborar y difundir la unidad de la historia de México desde el mundo prehispánico hasta ese presente, imagen que aún perdura en los imaginarios nacionalistas.

El éxito y los alcances de una obra, como la dirigida por Vicente Riva Palacio, sirvieron como referencia al proyecto para relatar y dar cuenta de los más diversos aspectos de la vida nacional durante el siglo XIX: México, su evolución social, escrita por un colectivo de doce autores, dirigida por Justo Sierra, editada en dos tomos que aparecieron entre 1900 y 1903 por J. Ballescá y Compañía bajo el patrocinio de la Secretaría de Hacienda de la administración de Porfirio Díaz. Por esta razón, se la considera como “una historia oficial del porfiriato” que fue realizada por conocidos miembros de la élite letrada porfirista, algunos de los cuales llegaron a participar como funcionarios del gobierno y, al menos uno de ellos, estaba emparentado directamente con Porfirio Díaz. Básicamente, fueron trece autores: Pablo Macedo, Miguel Macedo, Jorge Vera Estañol, Julio Zárate, Gilberto Crespo y Martínez, Carlos Díaz Dufoo, Manuel Sánchez Mármol, Genaro Raigosa, Bernardo Reyes, Porfirio Parra, Ezequiel Chávez, Agustín Aragón y Justo Sierra.

El conjunto de trabajos pretendía convertirse en una obra de consulta, integrada fundamentalmente por capítulos autónomos que se elaboraron a partir de un tema y no de manera cronológica; es decir, cada tema −la población, el territorio, la industria, el comercio, la ciencia− dependió de un diagnóstico del presente porque el principio interpretativo unificador de toda la obra era “la evolución social” (Moya, 2003:15-53). Por lo tanto, la nación o “el pueblo mexicano” es el sujeto de los diversos relatos que describen su desenvolvimiento. Como conjunto, fue una síntesis sobre la situación y el desarrollo de México a partir de una concepción de la escritura de la historia como un conocimiento objetivo del pasado.6

El trabajo más conocido de esta monumental obra es el capítulo intitulado “Historia política”, escrito por Justo Sierra, conocido bajo el formato de libro como el ensayo histórico Evolución política del pueblo mexicano, que concibe en su interpretación la “idea del destino nacional”, con todas sus vicisitudes, temores y realizaciones y, en palabras de Edmundo O’Gorman, fue “la manera más aguda” a la que pudo llegarse a principios del siglo XX “en la comprensión del pasado de México”(O’Gorman, 1948:5-6). El estudio de Sierra quiere demostrar que el porfiriato es el momento de síntesis e integración de la nación, aunque no podía concluir en él porque el proceso seguía abierto; el futuro se vislumbraba prometedor, con base en la libertad como garante de la evolución ya encaminada y que podría llegar a fortalecerse a partir del ideal de consolidar el alma nacional.

Puntos de llegada

Este rápido recorrido por el desenvolvimiento de la escritura de la historia en el México decimonónico establece varios temas. El primero de ellos es la convicción sobre la necesidad de construir una nación desde la perspectiva que podía ofrecer el proyecto político de un Estado nacional con principios de república. También se puede vislumbrar la importancia de justificar la estructura administrativa del Estado nacional; para lograr este cometido, era necesario ofrecer argumentos contundentes y, para ello, el ejercicio del conocimiento científico sería muy útil, por su eficacia y por su contundencia. Sin embargo, los recursos humanos y técnicos disponibles a principios del siglo XIX dificultaron el empleo de aquellas herramientas a pesar del reconocimiento que había sobre ellas. La debilidad e inestabilidad del proyecto político-administrativo del Estado nacional puso en jaque todas las iniciativas para encauzar la formación y el fortalecimiento del ejercicio letrado y científico a favor de la construcción de la nación y del Estado a través de instituciones científicas y letradas, desde las Academias y Ateneos hasta las instituciones de educación.

El final del siglo XIX, dada la estabilidad económica y política, permitió retomar las iniciativas letradas y científicas a favor del Estado y de la nación. Esta dinámica propició la profesionalización de los saberes que, a mediano plazo, cuestionarían los logros que con dificultad había alcanzado el siglo XIX, como se puede ejemplificar en el caso de la escritura de la historia.

Escribir historia en el siglo XIX fue un género más del ejercicio letrado y tuvo como fin la formación de los nuevos ciudadanos; este propósito también descansó en una concepción del conocimiento histórico basado en la acumulación de información, pero las dificultades para encontrar y estudiar vestigios materiales provocó un marcado escepticismo sobre la posibilidad de escribir una historia de México a la manera que se hacía en aquellos momentos en Europa. El cierre del siglo permitió la publicación de dos grandes obras históricas, producto del trabajo colectivo y con un marcado cariz que apuntaba a la difusión y a la pedagogía, para llenar el vacío de una historia general de la nación y establecer una secuencia discursiva y cronológica a partir de los hitos temporales y temáticos que le dieron sentido a la idea del destino de la nación. También estas obras convirtieron el presente en una culminación triunfal de las promesas consagradas en el origen del Estado nacional sobre el que estableció un consenso historiográfico que perdura hasta hoy.

 

Notas

1 La fase destructora y las explicaciones de los primeros años desembocaron en la imposición sistemática de la imagen cristiana; este ejercicio tuvo importantes implicaciones ya que los indígenas “no se conformaron con aprender a ver, también aprendieron a reproducir la imagen europea, al mismo tiempo que entraban a un universo nuevo de comunicación gráfica y sonora. No puede pasarse por alto el hecho de que la enseñanza de la escritura, la música y el dibujo haya sido simultánea (…) La introducción de la imagen europea desemboca por tanto en la forma más lograda del mimetismo”, como concluye Gruzinski (1999:521-522).

2 Además, estas labores dejaron un antecedente clave para la elaboración del mapa nacional y la creación de la Comisión de Límites de la Frontera Sur, que iniciaría funciones a partir de 1882, como lo explica Manuel Orozco y Berra (1881).

3 El secretario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística afirmó en 1853 que la corporación no debía desentenderse de la adquisición de datos nuevos para que se hicieran los ajustes respectivos a la Carta general pese al “empleado del Ministerio de Fomento, [que] está publicando bajo la protección de él, un Atlas de la República” (Arroyo, 1854).

4 “El propósito y la materia determinan la forma (…). No cabe duda de que para el historiador es ley suprema la exposición rigurosa de los hechos, por muy condicionados y carentes de belleza que éstos sean”, afirmaba Ranke (1948:38).

5 Chavero fue pionero en los estudios de la arqueología mexicana y produjo múltiples trabajos sobre Códices, monumentos y piezas arqueológicas; también fue diputado y regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México y colaborador de diferentes periódicos; tenía una importante biblioteca personal. Zarate fue diputado federal y senador, secretario de Relaciones Exteriores, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaboró en diferentes periódicos y publicó diferentes compendios de historia general. Arias fue constituyente y funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, colaboró en diferentes periódicos y escribió una reseña histórica sobre la captura y muerte de Maximiliano; mientras trabajaba en la elaboración del tomo IV de México a través de los siglos, murió y su trabajo fue continuado por Enrique de Olavarría y Ferrari, abogado español radicado en México que colaboró en múltiples revistas literarias y publicó trabajos sobre la historia del teatro en México y varias obras de creación literaria. Vigil colaboró en múltiples periódicos, estudió derecho, fue diputado y magistrado de la Suprema Corte de Justicia; también llegó a ser director del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional de México, donde organizó y clasificó fondos y volúmenes; publicó varias obras relacionadas con la literatura mexicana.

6 La obra se presentaba como “síntesis de la historia política, de la organización administrativa y militar y del estado económico de la Federación Mexicana; de sus adelantamientos en el orden intelectual; de su estructura territorial y del desarrollo de su población, y de los medios de comunicación nacionales é internacionales; de sus conquistas en el campo industrial, agrícola, minero, mercantil, etc., etc. Inventario monumental que resume en trabajos magistrales los grandes progresos de la nación en el siglo XIX”. En México: su evolución social, México, J. Ballescá y Compañía, sucesor, editor. Director literario: Lic. D. Justo Sierra, Director artístico: D. Santiago Ballescá, sucesor, editor, 1900.

 

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Fecha de recibido: 13 de marzo de 2015.
Fecha de aceptado: 21 de junio de 2015.
Fecha de publicado: 1 de diciembre 2015.

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