Anuario del Instituto de Historia Argentina, nº 14, 2014. ISSN 2314-257X
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Historia Argentina y Americana

ARTÍCULO/ARTICLE

 

“Es preciso, pues, regimentar”. La organización de la Guardia Nacional de campaña. Buenos Aires, 1852-1862

 

Leonardo Canciani

Centro de Estudios Sociales de América Latina. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. CONICET, Argentina
leonardo_canciani@hotmail.com

 

Cita sugerida: Canciani, L. (2014). “Es preciso, pues, regimentar”. La organización de la Guardia Nacional de campaña. Buenos Aires, 1852-1862. Anuario del Instituto de Historia Argentina (14). Recuperado de http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn14a04.

 

Resumen
En este trabajo estudiaremos la organización de la Guardia Nacional en la campaña y la frontera bonaerense, durante los diez años que siguieron a su creación (1852-1862). En ese proceso se destacan dos períodos bien definidos. El primero, 1852-1857, se caracterizó por el predominio de los jueces de paz en el manejo de la institución. El segundo, 1857-1862, se definió por una mayor presencia de los jefes de los regimientos. Nos centraremos en el rol que tuvieron las autoridades civiles y militares que protagonizaron el “arreglo” de la Guardia Nacional de campaña. Procuraremos complejizar la percepción que existe sobre las relaciones de poder que se establecieron entre las jurisdicciones civil y militar.

Palabras clave: Guardia Nacional; Comandantes militares; Provincia de Buenos Aires; Década de 1850.

 

Es preciso, pues, regimentar”. The organization of the National Guard in the rural space. Buenos Aires, 1852-1862

 

Abstract
In this paper we will analize the organization of the National Guard in the bonaerense rural space and frontier, during the ten years post of your creation (1852-1862). The process encompass two cycles. The first, 1852-1857, was characterized by the predominance of peace justices in the institutional control. And the second, 1857-1862, was defined by stronger presence of the regiments chiefs. We will study the role of the civil and military authorities and your relations with the National Guard of the rural space. Finally, we will debate the perception that exists about the power relations between civilian - military and your inside.

Key words: National Guard; Military commanders; Buenos Aires province; 1850s.

 

Introducción

Desde inicios de la década pasada, las investigaciones sobre la Guardia Nacional en la Argentina se incrementaron de forma sustancial. Surgieron trabajos que la analizan desde diversas perspectivas y posturas teóricas, al mismo tiempo que se expandieron los espacios geo-históricos objeto de estudio. Algunas pesquisas procuraron interrogar el uso de la fuerza en la vida política del siglo XIX y sus vinculaciones con el problema de la centralización del Estado y la construcción de un orden político. La Guardia Nacional ingresó al centro de los debates y de las disputas en torno al poder armado y se la consideró como expresión de la “ciudadanía armada”, un componente decisivo de la ciudadanía decimonónica (Macías, 2001, 2007; Sabato, 2002, 2008). Otros autores se apartaron de la noción de “ciudadanía armada” y vieron en la Guardia Nacional un mecanismo de disciplinamiento, ordenamiento y estructuración social de la población de la campaña y la frontera, sin desconocer que en ese proceso se generaban resistencias que matizaban la consecución de los esfuerzos del Estado en tal sentido (Garavaglia, 2001; Moroni y Espinosa Fernández, 2007; Barbuto, 2009; Olmedo, 2009; Literas, 2013; Canciani, 2014a). Por último, también recibieron atención los comandantes militares y milicianos. Se analizó la relación que establecieron con los gobiernos provincial y nacional, su participación política, los vínculos que entablaron con sus subalternos y los mecanismos a través de los cuales construyeron poder en los territorios bajo su mando (Poggi, 1997; Buchbinder, 2004; de la Fuente, 2007; Schmit, 2008; Olmedo, 2009; Fradkin, 2010; Canciani, 2012a, 2014b).1

Sin embargo, muchas cuestiones aún no han sido abordadas con profundidad. Una de ellas es la disolución de las milicias y la organización de la Guardia Nacional de campaña en la provincia de Buenos Aires, proceso que duró más de una década (1852-1862). Si bien disponemos en la actualidad de algunas aproximaciones a dicho problema que, en menor o mayor grado, intentan esclarecer esta cuestión (Allende, 1958; Díaz 1959a, b; Garavaglia, 2003; Caletti Garciadiego, 2010, 2014; Ratto, 2012; Literas, 2012a, b, 2013), todavía carecemos de investigaciones que lo aborden con el detenimiento que requiere.

Esta dificultad reside en considerar el paso de las milicias a la Guardia Nacional como un mero cambio nominal y en menospreciar las transformaciones por las que atravesó. Numerosos autores han destacado la continuidad que existió entre ambas instituciones. Algunos lo hicieron desde la percepción que los contemporáneos tuvieron de ello (Allende, 1958); otros, a partir de tener en cuenta sus reglamentos, fundamentos, composición social y funciones (Díaz, 1959a); no faltaron, incluso, los que vieron en la Guardia Nacional una nueva denominación para las antiguas milicias que era necesario reemplazar por la vinculación que éstas habían tenido con el rosismo (Comando en Jefe del Ejército, 1971; Caletti Garciadiego, 2010, 2014). Hubo autores que no destacaron ningún vestigio de cambio, al incluir las milicias y la Guardia Nacional dentro de lo que consideraban el “viejo ejército” (Rouquié, 1984, 1981). Recientemente, se puso de relieve la continuidad que existió en la conformación de las unidades infantería y caballería, en la segregación étnica de los cuerpos, en las tareas que debían desempeñar los guardias nacionales y en la porosidad entre el Ejército de Línea y los cuerpos milicianos. En este sentido, la novedad habría estado dada por el predominio que adquirieron estos últimos entre las fuerzas provinciales, al desplazar al Ejército regular del lugar que había tenido durante el rosismo (Fradkin, 2009b; Rabinovich, 2013).

Sin embargo, tampoco podemos plantear que la Guardia Nacional fue una institución novedosa que careció de vínculos con las milicias que la precedieron, ya que formó parte de un conjunto de concepciones, normas, prácticas y experiencias que se forjaron en torno a la tradición miliciana bonaerense. Como sostiene Fradkin (2009a), las milicias emergieron de la matriz común del imperio español pero no fueron simplemente su réplica, ya que se adaptaron a las diferentes coyunturas políticas, económicas y sociales por las cuales atravesó la provincia de Buenos Aires. Hasta 1810, las milicias constituyeron el núcleo del sistema defensivo local colonial. A partir de la revolución y de los sucesos que llevaron a la formación de los Estados soberanos desde 1820, estuvieron directamente relacionadas con ellos y, por tal motivo, se adaptaron a sus necesidades y adquirieron especificidades locales. Aquí podemos ubicar la Guardia Nacional de Buenos Aires entre 1852 y 1862, década en la cual se mantuvo escindida de las restantes provincias rioplatenses como Estado independiente. Con la unificación nacional, la Guardia Nacional fue considerada por los gobernantes como una institución miliciana al servicio de la Nación, que debía defender la constitución, las leyes y la integridad territorial.

Para ello, retomamos la noción de “territorio”, entendido como las porciones concretas de la superficie terrestre que están sujetas a una autoridad política, donde el problema clave son las acciones tendientes a su ordenamiento, equipamiento y control (Barriera y Roldán, 2004: 13). Ello nos permitirá analizar la ocupación y apropiación del territorio de la campaña por parte de las autoridades bonaerenses y, sobre todo, nos ayudará a reconstruir la estructura miliciana de la provincia.

El “arreglo” de la nueva milicia se analizará prestando atención al rol que tuvieron los actores sociales que lo protagonizaron –jueces de paz, jefes de regimientos y comandantes de frontera–, antes que desde una perspectiva institucionalista, desde la cual sus operaciones quedarían deslucidas. Procuraremos complejizar la percepción que existe sobre las relaciones de poder que se establecieron en la campaña y la frontera entre las autoridades civiles y militares. Con frecuencia, se han destacado los episodios algo tormentosos que mediaban las relaciones entre las jurisdicciones civil y militar, aunque no han recibido la misma atención las que se interponían entre los militares.

Por tal motivo, en el primer apartado, analizaremos los intentos iniciales realizados por el gobierno provincial para “arreglar” la Guardia Nacional en la campaña. A causa del rol significativo que tuvieron en esta primera etapa (1852-1857), los jueces de paz ocuparán un lugar destacado en el apartado, con el fin de examinar su cooperación en la organización de la institución y las relaciones que establecieron con los jefes de los departamentos militares. En el segundo apartado, repasaremos las políticas gubernamentales en materia militar-miliciana que, de un modo sistemático, procuraron organizar definitivamente la Guardia Nacional (1857-1862). El eje del análisis se trasladará a los jefes de los regimientos. Indagaremos su aporte a la organización de la nueva milicia, debido a la importancia que adquirieron estos actores a partir del decreto del 14 de julio de 1857, que produjo un cambio sustancial en la organización miliciana de la provincia de Buenos Aires.

“Toda la milicia está á la disposición de los jueces de paz”

La Guardia Nacional se cre ó en la provincia de Buenos Aires, el 8 de marzo de 1852, a poco más de un mes de la caída de Juan Manuel de Rosas. La derrota del “Restaurador” en “Caseros” dejó a la provincia con un Ejecutivo débil, bajo la tutela de Justo José de Urquiza, que buscaba imponer su proyecto de país a Buenos Aires. El gobernador interino, Vicente López y Planes, decretó su creación ante “la necesidad urgente de dar para el porvenir una custodia fiel y firme al tesoro precioso de las Leyes”, al mismo tiempo que “un apoyo fuerte á la autoridad legítimamente constituida”. Pocos días después, el 17 de marzo, se decretó la disolución de todos los regimientos de milicias de la ciudad y la campaña, a la vez que se ordenó a los ciudadanos que los integraban presentarse al alistamiento para organizar la Guardia Nacional.2

La disolución de las milicias en todo el territorio provincia, impactó de forma diferente en la ciudad y en la campaña. La Guardia Nacional de la capital tuvo un rol central en el sostén del gobierno provincial en su disputa con Urquiza. Brindó su apoyo a la revolución del 11 de septiembre de 1852 y, luego, fue reorganizada por su nuevo jefe, el coronel Bartolomé Mitre, que desempeñó una tarea decisiva en su consolidación. Sobre la base del número de sus fuerzas, su disciplina y su organización, la Guardia Nacional desempeñó un papel destacado en la defensa de la ciudad ante el sitio impuesto por las fuerzas de Hilario Lagos, sobre todo en los primeros instantes cuando, bajo el mando de Mitre, consiguió recuperar la plaza y los cuarteles de Retiro y dar inicio a la resistencia porteña (Allende, 1958; Lettieri, 2006).

Por su parte, en la campaña el proceso de organización de la Guardia Nacional fue más lento (Caletti Garciadiego, 2010, 2014). La disolución de las milicias produjo un cambio sustantivo en la estructura defensiva de la frontera. Si bien la normativa buscaba reemplazar un cuerpo miliciano por otro, el tiempo que medió entre el licenciamiento de las antiguas milicias y la definitiva organización de la Guardia Nacional dejó a los partidos de la campaña –sobre todo a los de frontera– en una situación de seria indefensión, debido a que los cuerpos de civiles armados habían sido la fuerza principal que se ocupó de la seguridad de la campaña en la etapa anterior (Ratto, 2012).

El 29 de abril de 1852, el ministro de Guerra y Marina de Buenos Aires, Manuel Escalada, informaba al gobernador Valentín Alsina que “la nueva creación de los Regimientos de Campaña es difícil y lenta” y, al mismo tiempo, le recordaba “los diversos y poderosos obstáculos qe encuentra y qe al Gobo toca neutralizarlos ó buscar arbitrio pa acelerar la organización de ellos”. Con tal fin, le recomendaba la creación de una comisión de tres vecinos propuestos por el juez de paz para que se encargasen de clasificar a los hombres de cada departamento o distrito militar.3 Según muestra Caletti Garciadiego (2010, 2014), en los primeros meses posteriores a “Caseros”, las demoras para organizar la Guardia Nacional de campaña fueron causadas por los requisitos burocráticos que demandaba la formación de los regimientos, por la reticencia de los jueces de paz a colaborar con la clasificación de los ciudadanos y por la negativa de algunos de estos a formar parte de la oficialidad. A pesar de ello, hacia mediados de 1852, la campaña contaba con 15 regimientos de Guardias Nacionales y sus respectivos jefes. Sin embargo, no se resolvieron todos los problemas que conllevó el establecimiento de la institución en la campaña y, menos aún, podemos afirmar que por ese entonces se hubiese cumplido con la etapa de normativización, ya que fue un proceso que requirió de algunos años más.

El retraso en la organización de la Guardia Nacional no se explica por una causa particular, sino que, por el contrario, debemos atender a una serie de factores y discriminar distintos momentos a lo largo de la década de 1850. En primer lugar, no podemos desconocer el impacto que tuvo el levantamiento de Hilario Lagos (diciembre de 1852 a julio de 1853).4 Aunque, en los primeros momentos, el levantamiento sufrió una fuerte oposición en el sur de la campaña, gran parte de los restantes jefes de los regimientos de la Guardia Nacional de caballería le brindaron su apoyo (Caletti Garciadiego, 2010), lo que significó que Lagos pudiese contar con el sustento de esas fuerzas milicianas y restarle auxilio a sus contrincantes, al ordenar el reclutamiento de los guardias nacionales de los departamentos del Norte y del Centro en su favor (Literas, 2012a). Al mismo tiempo, esta situación impidió que el gobierno provincial pudiese continuar con el “arreglo” de la Guardia Nacional que, como vimos, resultaba por demás dificultoso. Por ello, una vez finalizado el sitio, el 6 de agosto de 1853, se envió una circular a los jueces de paz de la campaña en la cual se especificaban los principales pasos a seguir, con el fin de propender al “arreglo de la Campaña y la defensa de las fronteras” y, de modo consiguiente, a “la organización de las milicias de línea y Guardias Nacionales existentes en ella”.5

En segundo lugar, las características de los habitantes de la campaña bonaerense también contribuyeron a dilatar la organización de los regimientos de la Guardia Nacional. La existencia de una frontera abierta, que permitió a la población masculina tener acceso directo a los medios de subsistencia (carne y tierra en abundancia) y poder “vivir sin trabajar” (Mayo, 1987), y la importante demanda de mano de obra de las estancias, facilitaron la movilidad de los trabajadores, ayudándoles a resistir las levas para la formación de cuerpos del Ejército de Línea y para el servicio miliciano en la frontera (Salvatore, 1992). Además, la gran movilidad demográfica entorpeció su instalación definitiva en los partidos de la campaña, lo que llevó a que pudiesen evadir de forma constante el enrolamiento en la Guardia Nacional y el servicio activo. El juez de paz de Chivilcoy fue muy gráfico en su descripción sobre los “individuos inobedientes” que habitaban su distrito: “la mayor parte de la peonada del partido, [es] arribeña, hombres que salen y entran de él con frecuencia”.6

Finalmente, los jueces de paz fueron uno de los principales responsables del atraso en la organización de la Guardia Nacional, en su rol de autoridades civiles con ejercicio de funciones militares en los partidos a su cargo. Estos funcionarios tuvieron un carácter “bifronte”, ya que fueron emisarios del Estado en construcción y, a la vez, mediadores entre éste y la sociedad rural de la cual formaban parte (Garavaglia, 1999).7 Tuvieron importantes atribuciones y obligaciones en los intentos iniciales de implementación de la institución en la campaña y, por lo tanto, mantuvieron muchas de las prerrogativas que habían tenido en el mando de las milicias. Además, debieron contribuir con los jefes militares designados para el “arreglo” de la Guardia Nacional en lo respectivo al enrolamiento y reclutamiento de los guardias nacionales, ya que eran quienes debían librar las órdenes para citarlos y reunirlos mediante los alcaldes y tenientes alcaldes (Caletti Garciadiego, 2010; Literas, 2012a).8

El 16 de noviembre de 1852, el gobierno porteño dispuso que los jueces de paz, junto con dos vecinos y un capitán de Guardias Nacionales, debían conformar la Comisión Clasificadora del Reclutamiento en los distritos a su cargo, de la cual serían presidentes, para diferenciar a los “hombres ocupados y avecindados en el partido”, que se debían enrolar en la Guardia Nacional, de los vagos, desertores, “mal entretenidos” y no alistados en aquella institución, que se debían destinar a los nuevos cuerpos del Ejército de Línea.9 El 19 de diciembre de 1853, “con el objeto de propender á la mayor tranquilidad y seguridad de los Pueblos de Campaña”, el gobierno provincial decretó la organización de la Guardia Nacional de infantería en los pueblos, bajo el mando de los jueces de paz respectivos. De forma inmediata, debieron proceder al enrolamiento, haciendo que los ciudadanos que debían integrarla nombrasen de entre ellos a los oficiales que les correspondía tener de dotación.10

Pero, pese a las órdenes del gobierno porteño, los jueces de paz no siempre colaboraron con la organización de la Guardia Nacional. Si bien disponemos de documentación en la cual podemos corroborar su cooperación para el “arreglo” de la institución, en varias ocasiones los jefes militares denunciaron al Ejecutivo bonaerense serias irregularidades de aquellos al respecto. A fines de julio de 1853, una vez finalizado el sitio de Lagos, el jefe del Regimiento N° 8 Guardias Nacionales, coronel José M. Benavente, presentaba su renuncia a ese cargo por las trabas que les presentaban los jueces de paz de Barracas al Sud y Quilmes. Denunciaba al ministro de Guerra y Marina, José M. Paz:

“Los dos Jueces de Paz del territorio de mi mando, han contribuido de una manera notable á interrumpir el cumplimto. de mi deber; el uno, pr. su inaptitud y residir [a] siete leguas de esta Comanda. Militar […]; el otro, por malo y altanero […], que dio cabida al movimiento que se efectuó contra el Gobo. legal de la Prova”.11

Con el objetivo de que no se repitieran este tipo de situaciones con el coronel Julián Martínez, quien había sido comisionado, el 22 de agosto de 1853, para recomponer la situación de los partidos del sur de la campaña bonaerense, una vez finalizado el sitio de la ciudad, el ministro de Gobierno, Lorenzo Torres, envió una circular a los jueces de paz de aquel territorio “recomendándoles [que] observen y den cumplimiento á todas las órdenes que el Coronel Dn. Julián Martínez les imparta” y, además, que “cooperen del modo más eficaz al logro de los objetos que el Gobierno ha tenido en vista al nombrar[lo]”. Al mismo tiempo, el ministro de Guerra y Marina, José M. Paz, les encomendó la realización de una serie de actividades que contribuyeran a la organización de las fuerzas de Línea y de la Guardia Nacional. A saber: remitir a la Inspección General de Armas un estado de las fuerzas veteranas y de la Guardia Nacional que se encontrasen en los partidos a su cargo, tanto de la tropa como de los jefes y oficiales a su cargo; licenciar a los guardias nacionales cuyo servicio militar no fuese indispensable, dejando en actividad solo a aquellos que dispusiera el jefe de frontera para su resguardo; y recoger el armamento que existiese en su partido y enviar una relación exacta de ellos a dicha Inspección.12

Pese a la insistencia de las autoridades porte ñas, los jueces de paz mantuvieron ciertos comportamientos que fueron objeto de críticas por parte de los jefes de los departamentos. A fines de febrero de 1854, el jefe del Departamento del Norte, coronel Cruz Gorordo, denunciaba al ministro de Guerra y Marina que “toda la milicia está á la disposición de los Jueces de Paz”. De los 25 guardias nacionales que había pedido de Fortín de Areco para cubrir la vigilancia en el fuerte Federación, los cuales debían enviarse cada dos meses para relevar a los que estaban en servicio, no había recibido más de 16, “qe. solo sirven pa. cuidar caballos”.13

Una vez terminada la situación de conflictividad con Lagos, el problema de la frontera volvió a ser una preocupación de relevancia para el gobierno y, por tal motivo, la organización de las fuerzas militares y milicianas se tornó una necesidad apremiante. Al tanto de esta situación, en diciembre de 1853, un grupo de vecinos de Saladillo y Las Flores se presentaron al gobernador Pastor Obligado con el fin de solicitarle soluciones a los crecientes problemas que generaban los malones y la desguarnición de la frontera sur. Sostenían: “en tanto que en el Saladillo, ó en las Flores, no haya una fuerza que contenga sus avances […]: ¿cómo podrán evitar las fuerzas del Azul las invasiones?”. Se preguntaban: “¿qué protección han tenido hasta ahora ni pueden esperar estos desgraciados partidos fronterizos estando cómo están?” Por tal motivo, pidieron al gobernador que nombrase un jefe militar que estuviera a cargo de una compañía de 40 o 50 hombres y se encargara del enrolamiento de la Guardia Nacional de esos partidos.14

Este grupo de vecinos volvía a poner en agenda una cuestión que hasta el momento no se había resuelto: el “arreglo” de la Guardia Nacional de campaña. Pese a los intentos ah hoc que se realizaron desde la disolución de las milicias provinciales (cf. supra), las autoridades civiles y milicianas de los partidos y militares de los departamentos no pudieron finalizar con la organización de la institución. El 18 de febrero de 1854, el flamante juez de paz de Lobería y comandante de Guardias Nacionales, capitán Benito Machado, le solicitaba al ministro de Gobierno, Irineo Portela, el envío de un jefe militar con el fin de que se ocupase de la organización de la Guardia Nacional de ese partido, “á causa del desacierto con que se han formado los anteriores enrolamientos” y a que, como consecuencia, “está la mayor parte de esta milicia desmoralizada”.15 Este tipo de situaciones se repetían en otras zonas de la campaña. Pocos días después, el juez de paz de Navarro informaba que en su partido “aún no se halla[ba] definitivamente organizada la Guardia Nacional” y pedía doscientas papeletas para enrolar a los vecinos que se encontraban ausentes y, así, poder engrosar el número plazas del regimiento.16 Sin embargo, el gobierno creyó conveniente esperar un tiempo más para organizar la institución de forma sistemática en toda la campaña, “en razón de que es de necesidad dejar que los hombres laboriosos se ocupen exclusivamente de reparar los quebrantos qe. han sufrido” durante la rebelión de Hilario Lagos.17

La reorganización de la nueva milicia en la campaña, luego de su licenciamiento una vez finalizado el sitio de las fuerzas federales (cf. supra), se produjo, recién, a fines de 1854, con motivo de la circulación de rumores que anunciaban una posible invasión de emigrados porteños desde Santa Fe. La ley de milicias del 17 de diciembre de 1823 siguió rigiendo el enrolamiento de los ciudadanos en la Guardia Nacional. Se designaron nuevos jefes militares de Línea para los 15 regimientos de caballería, con el fin de que se ocuparan de su organización.18 Los jueces de paz también debieron desarrollar un rol importante en el enrolamiento de los ciudadanos, ya que mantuvieron su primacía en los pueblos, al continuar con el mando de los cuerpos de infantería.19 Al mismo tiempo, su colaboración con los jefes encargados del “arreglo” de los regimientos de caballería podría contribuir a su reorganización, pero su falta de apoyo generar muchos problemas y retrasar el enrolamiento. El 18 de diciembre, el teniente coronel Silverio Anzoátegui, a cargo del enrolamiento en Chascomús, pedía al ministro de Guerra y Marina la formación de un piquete de Línea en ese partido, con el objetivo de que lo auxiliase en su tarea, ya que “las autoridades civiles se habían conducido con demasiada blandura”.20

Al mismo tiempo que se practicaba el enrolamiento en toda la campaña, el 23 de noviembre de 1854 se decretó la formación de 15 regimientos de Guardias Nacionales de caballería y se designaron sus jefes, muchos de los cuales estaban a cargo del enrolamiento. El regimiento N° 1, integrado por los partidos de San Isidro, San Fernando, Conchas y San José de Flores, fue entregado al coronel Nicolás Granada;21 el N° 2, por los de Morón, Villa de Luján y Pilar, al sargento mayor Saturnino Albariños; el N° 3, por los de Guardia de Luján, Giles, San Antonio de Areco, Capilla del Señor y Zárate, al coronel José Olegario Orguera; el N° 4, por los de San Pedro, Baradero, Arrecifes y Guardia de Areco, al teniente coronel Juan Antonio Casacuberta; el N° 5, por los de San Nicolás, Pergamino, Salto, Rojas y Federación (Junín), al coronel Cruz Gorordo; el N° 6, por los de Chivilcoy, Mulitas (25 de Mayo) y Bragado, al coronel Felipe López; el N° 7, por los de Barracas al Sud, Quilmes, Matanza y San Vicente, al sargento mayor Manuel Báez; el N° 8, por los de Lobos, Navarro y Saladillo, al coronel Jacinto Gonzalez; el N° 9, por los de Monte, Ranchos y Cañuelas, al teniente coronel Eduardo Revilla;22 el N° 10, por los de Chascomús, Magdalena y Ensenada, al teniente coronel Silverio Anzoátegui; el N° 11, por los de Azul, Tapalqué y Las Flores, al teniente coronel Antonio Espinosa;23 el N° 12, por los de Dolores, Pila y Tordillo, al teniente coronel Nicanor Otamendi; el N° 13, por los de Mar Chiquita, Vecino, Ajó y Tuyú, al coronel Matías Ramos Mejía; el N° 14, por los de Chapaleofú y Lobería, al juez de paz y capitán de Guardias Nacionales José Benito Machado;24 y el N° 15, de Bahía Blanca, al teniente coronel Juan Susviela (cf. Mapa 1).25

Mapa 1. Organización de la Guardia Nacional de campaña en regimientos (1854)

Aclaración: en los tres mapas que presentamos en este trabajo, las delimitaciones territoriales entre los regimientos son aproximadas, ya que para el período que aquí estudiamos no existe un mapa de la provincia de Buenos Aires donde se delineen las fronteras entre los partidos.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Registro Gráfico de las propiedades rurales de la provincia de Buenos Aires (1864) y Corbetta y Helguera (1983).

Las prioridades de los comandantes fueron enrolar la mayor cantidad posible de poblaci ón avecindada en los partidos y designar a los oficiales de las compañías que, luego, deberían promover el reclutamiento y la formación de contingentes para mantener las autoridades legales del Estado y propender al orden público, así como garantizar la defensa de la frontera, bajo el mando de jefes de Línea. Los oficiales debieron escogerse entre los alcaldes y tenientes alcaldes de los respectivos partidos, lo que refleja hasta qué punto el funcionamiento de la Guardia Nacional todavía dependía de las autoridades civiles.26 Los regimientos N ° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 debían procurar el cuidado de la frontera del Departamento del Norte y los N° 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, la del Departamento del Sud.27 La Guardia Nacional de Bahía Blanca y la de Patagones se encargarían de la defensa de sus respectivos pueblos ante la escasez de fuerzas regulares (cf. Mapa 1).

El 4 de noviembre de 1854 se consum ó la esperada invasión de los emigrados porteños, bajo el mando de Gerónimo Costa, pero fueron rápidamente derrotados por las fuerzas del general Manuel Hornos cerca de Baradero, cuatro días más tarde. Superado ese conflicto con la firma de dos tratados (20 de diciembre de 1854 y 8 de enero de 1855, respectivamente) (Scobie, 1964), el 3 de enero de 1855 el gobierno decretó el licenciamiento de los guardias nacionales que habían formado parte del Ejército de Operaciones y se los exceptuó de cualquier servicio miliciano por el término de un año.28 A su vez, veinte días más tarde, se decretó la disolución de los regimientos de Guardias Nacionales de caballería y la cesantía de los jefes que estuvieran a su mando, por considerar que habían pasado los motivos que llevaron a su reorganización y creer “justo y conveniente” que todos los individuos enrolados “se entreguen libremente á sus pacíficas tareas”. No obstante, el decreto no alcanzó a los jefes militares que estuviesen a cargo de los regimientos de la Guardia Nacional de frontera –los Nos 5, 6, 8, 11, 14 y 15– (cf. Mapa 1).29 A partir de entonces, la principal tarea de las fuerzas milicianas estuvo vinculada a la defensa de la frontera con los indígenas.

La disolución de regimientos de campaña, a excepción de los fronterizos, se correspondió con la reorganización de los cuerpos del Ejército de Línea y de la frontera en tres comandancias (Norte, Centro y Sud), en los días siguientes. Si bien se ha sostenido que ese decreto del 23 de enero marcó el punto de partida para una nueva organización de la Guardia Nacional de campaña, al ser analizado en el contexto de las medidas militares tomadas por la gobernación de Pastor Obligado, a instancias del nuevo ministro de Guerra y Marina, coronel Bartolomé Mitre (Ratto, 2012: 364), en realidad significó el fin de la etapa en la cual los gobiernos de Buenos Aires buscaron organizar la nueva institución con el fin de responder a los problemas políticos y militares que se generaban por la conflictividad latente que se mantenía con la Confederación Argentina. Más que a fines de enero de 1855, el punto de partida para la nueva organización de la Guardia Nacional de campaña debemos ubicarlo a mediados de julio de 1857, momento en el cual se produjo un esfuerzo sistemático por organizar dicha fuerza. De ello nos ocuparemos en el siguiente apartado.

“Toda la responsabilidad queda así sobre los jefes de cuerpo”

Los regimientos de caballer ía de la Guardia Nacional de frontera y los cuerpos de la campaña que se rehabilitaron, luego de su disolución en enero de 1855, tuvieron un rol importante en la defensa de la frontera, sobre todo durante la coyuntura crítica de 1855-1857, donde los límites de la provincia se retrotrajeron a los de 1826 (Allende, 1949). La llegada de Valentín Alsina a la gobernación del Estado de Buenos Aires, el 5 de mayo de 1857, se correspondió con una serie de reformas que apuntaron a reorganizar la campaña. Por un lado, se reestablecieron las comisarías y se implementaron las prefecturas de campaña, sancionadas el 6 de julio y el 12 de septiembre de 1857, respectivamente, con el fin de consolidar la presencia del gobierno en el territorio provincial (Díaz, 1959b; Yangilevich, 2010). Y, por otro lado, se procuró incrementar las fuerzas regulares del Estado, con la creación del regimiento de caballería de Línea “Cazadores de Buenos Aires”, mediante un decreto del 5 de junio de 1857 (Ratto, 2012).

A estas medidas se sumó la reorganización de la Guardia Nacional de la ciudad y de la campaña. Aunque se produjo en un marco de reformas administrativas, también respondió a una serie de factores intrínsecos a esa institución que estuvieron relacionados con el servicio miliciano que brindaba. Díaz (1959b: 44) vinculó esa medida a “la situación de extrema tirantez con la Confederación”, que también reconoció Scobie (1964: 193), al marcar la existencia de “un significativo desplazamiento hacia un conflicto franco” en las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Por lo tanto, fue una prioridad incrementar las fuerzas de guerra disponibles para poder responder a un potencial enfrentamiento. De hecho, Ratto (2012) mostró que esta reorganización de la Guardia Nacional tuvo un impacto directo en las fuerzas militares de Buenos Aires, al duplicarse la cantidad de guardias nacionales enrolados en los regimientos de la campaña. Mientras que en 1855, revistaban 9.774 milicianos, en 1857 ese número se incrementó a 19.867.

Sin embargo, éste no fue el único motivo. A fines de febrero de 1856, en un parte revelador sobre la situación de las fuerzas de la Frontera Norte, el coronel Cruz Gorordo le comunicaba a Bartolomé Mitre la necesidad de reorganizar la Guardia Nacional y exponía las causas que motivaban su pedido:

“si somos invadidos por 400 indios, no hay como batirlos, y es muy probable que nos lleven cuando quieran arrear. Flores y Luzuriaga están en el Pavón, y hacen correr la noticia que Urquiza pronto nos declararía la guerra; con este embrollo tienen alarmada esta frontera, y siempre trabajando para desmoralizar nuestras masas; por todas razones, es preciso, mi amigo, regimentar los cuerpos de milicias y dejarnos de la majadería de los jueces de paz”.30

Según podemos observar, el coronel Gorordo establecía tres motivos por los cuales se debían “regimentar los cuerpos de milicias”: la indefensión ante potenciales malones indígenas, la posible guerra con Urquiza y los problemas generados con los jueces de paz, debido al control que todavía ejercían de la Guardia Nacional. De esta forma, si bien no desconocemos el estado latente de guerra con la Confederación Argentina como uno de los motivos que contribuyeron a la reorganización de la nueva milicia –de hecho Gorordo lo destaca–, creemos que no fue el único.

La necesidad de hombres para la defensa de la frontera fue un escenario recurrente que, en la provincia de Buenos Aires, se mantuvo hasta fines de la d écada de 1870. Los regimientos de la Guardia Nacional de campaña, principalmente los de caballería, aportaron contingentes para suplir las deficiencias del Ejército de Línea, sobre todo en las coyunturas de conflictos armados ajenos a la frontera (Ratto, 2011). En lo que respecta a la década de 1850, Ratto (2012) muestra que en 1855, un año sin enfrentamientos armados entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, de un total de 2.458 plazas fijas que existían para defender toda la frontera, el Ejército de Línea agrupaba el 57,24% de las fuerzas, mientras que la Guardia Nacional y los “indios amigos” alcanzaban el 36,70% y el 6,06%, respectivamente. En 1859, por su parte, en las vísperas del combate de “Cepeda”, de 1.811 efectivos que cubrían la defensa de la frontera sur, el Ejército de Línea sólo aportaba el 27,38% del total, mientras que la Guardia Nacional llegó a proporcionar el 69,56% de las fuerzas de frontera. Los “indios amigos” siguieron aportando un escaso 3,06%.

El “arreglo” de la Guardia Nacional se había tornado una necesidad, luego de los intentos realizados ad hoc a partir de la disolución de las milicias, el 17 de marzo de 1852. El aumento de la conflictividad en la frontera y el consecuente incremento en la demanda de hombres para su defensa fue uno de sus principales motivos. Ratto (2006) y Belloni (2010) analizaron con detenimiento la coyuntura de 1852-1857 y mostraron que para 1854 se estaba creando una situación de tensión en las relaciones entre los principales caciques amigos y el gobierno porteño. Los motivos habrían sido la expropiación de tierras, la negativa a entregar raciones y el asesinato de un cacique amigo. A este escenario, se agregó un nuevo cambio en el elenco de las personas que estaban a cargo de los asuntos de guerra en el Estado de Buenos Aires, poco favorable al entendimiento interétnico: en enero de 1855, Bartolomé Mitre asumió en el Ministerio de Guerra y Marina y decidió poner en práctica su plan de avance territorial. Como consecuencia, a mediados de febrero de 1855 un nutrido grupo de lanceros coaligados detrás del liderazgo de Calfucurá encabezaron un malón que asoló las tierras de la Frontera Sud y se arrió un preciado botín en ganado y cautivos. En respuesta a ello, el gobernador Obligado ordenó una serie de campañas militares para acabar con los ataques, pero fueron duramente derrotadas en “Sierra Chica”, “San Antonio de Iraola” y “San Jacinto”. Ante este fracaso, se decidió a negociar la paz con los caciques Catriel, Maicá, Cachul y Yanquetruz, con los cuales se establecieron pactos en noviembre de 1856 y mayo de 1857, respectivamente. Sin embargo, la situación con Calfucurá no pudo encausarse y, como consecuencia, en marzo de 1857 encabezó un nuevo malón sobre las tierras de Azul y Tapalqué. Si bien se había conseguido la paz con tribus pampas, Calfucurá se mantenía amenazante y la seguridad de la frontera estaba lejos de quedar asegurada. Así lo reconocía el flamante ministro de Guerra y Marina, José Matías Zapiola, al dictar el enrolamiento de la Guardia Nacional de la capital, mediante el decreto del 22 de junio de 1857:

“siendo bien sentida la necesidad de proceder al efectivo arreglo y organización de la Guardia Nacional […], mucho más cuando es indispensable cubrir el servicio diario de la guarnición con la Guardia Nacional, desde que las fuerzas de línea están espeditas á obrar en campaña del modo que lo ecsijan las premiosas atenciones de la frontera, á que el Gobierno contrae especialmente su atención”.31

Otro factor de relevancia que contribuye a explicar la reorganización de la Guardia Nacional fue la necesidad de alejar a los jueces de paz del mando de los cuerpos. Su reticencia a completar los contingentes requeridos y la protección que, en reiteradas ocasiones, brindaban a los vecinos de los partidos que se encontraban bajo su autoridad fueron mal vistas por el gobierno y los jefes de frontera. En marzo de 1856, desde Pergamino, el coronel Cruz Gorordo le informaba a Bartolomé Mitre sobre los inconvenientes que aquellos tenían para proveer los guardias nacionales que les solicitaba. Se preguntaba: “yo no sé cómo piensa usted que se pueda arreglar el servicio en este desorden en que está la milicia” y, al mismo tiempo, sostenía “es preciso, pues, mi querido amigo, regimentar, de lo contrario no se puede marchar”. Concluía manifestando:

“Dígame, pues, si ha ó no de regimentar este departamento, […] que si esto no sucede no admito por más tiempo el mando de esta frontera; ya estoy cansado de ser el juguete de los gauchos y de la inercia de los jueces”.32

Gorordo no era el único que sufría este tipo de contrariedades. En agosto de 1855, el comandante del fortín Esperanza, Juan Noguera, le informaba a Bartolomé Mitre que los jueces de paz de Saladillo y Las Flores no le habían enviado el relevo mensual de guardias nacionales que habían acordado y que justificaban su conducta afirmando que estos no les obedecían y huían a otros partidos. No obstante, sostenía: “algunos [guardias nacionales] que han desertado de aquí, pasean tranquilos en sus casas; los he reclamado y la autoridad civil dice que no se encuentran; mientras tanto se ven andar y los jueces no los capturan”.33

El decreto del 22 de junio de 1857 reglament ó el enrolamiento de la Guardia Nacional de la capital. Al igual que en los casos anteriores, lo hizo siguiendo la ley de milicias de 1823. La medida estuvo impulsada por una serie de motivos que se explicitaron en sus “considerandos”. Primero, se mencionaba el “enorme é injusto recargo” que significaba para los individuos que se presentaban a los turnos como debían, ya que algunos no concurrían al servicio para el cual habían sido designados. Segundo, se planteaba que la regularización del servicio entre todos aquellos que estaban obligados a brindarlo lo haría “mucho más fácil y descansado”, debido a que los turnos se harían de forma más intercalada. Tercero, se buscaba lograr una distribución más equitativa de las cargas y, de esa forma, evitar el perjuicio que causaba a los “ciudadanos laboriosos y exactos” que “los individuos de las clases acomodadas” evadieran su obligación de brindar el servicio de armas. Cuarto, reconocían como “indispensable” cubrir el servicio diario de guarnición con efectivos de la Guardia Nacional, cuando las fuerzas de Línea estuviesen ocupadas en esfuerzos bélicos o lo exigiesen las “premiosas atenciones de la frontera”. Por último, el gobierno procuró reducir los pretextos que esgrimían los guardias nacionales, como la imposibilidad de proveerse sus uniformes.34

El decreto tiene doce artículos y representa la primera medida del gobierno porteño que procuró normativizar la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires de forma sistemática. El artículo 1° dispuso la obligatoriedad de un nuevo enrolamiento para los ciudadanos porteños. Estos se debían presentar a renovar sus papeletas o a obtenerlas en el batallón que integraban, de acuerdo a su domicilio, en el término de veinte días.35 En el artículo 2° se establecieron los pasos que debían seguir los guardias nacionales que quisiesen salir de la ciudad para no caer en alguna infracción: solicitar un licenciamiento temporal a la Mayoría del batallón que integraban y acompañar ese pedido con un personero que, en caso de ser necesario, se hiciese cargo de su servicio. En los artículos 3°, 4°, 5° y 6°, se establecía quiénes eran los infractores que, “sin distinción de clases ni persona” y de acuerdo con lo dispuesto por la ley del 24 de noviembre de 1852, serían destinados al servicio de frontera en el Ejército de Línea por el término de dos años: los que no se ajustaran a los artículos 1° y 2° de este decreto; los que se ausentaran sin licencia, después de transcurridos dos turnos de servicio, y los que siendo citados no concurriesen a dos turnos. El artículo 7° reglamentó los procedimientos a los cuales se ajustarían los jefes de los batallones. Una vez finalizado el enrolamiento, debían comunicar a la Comandancia General de Armas el resultado definitivo de los alistamientos y, junto con los comisarios de policía de la ciudad, recorrer las secciones a su mando, “cuantas veces lo estimen necesario”, para poner a los infractores a disposición de la Policía y de la mencionada Comandancia. En el artículo 12°, se dispuso que los guardias nacionales se debían presentar para los ejercicios o servicios con sus uniformes, que serían costeados por el Tesoro Público para aquellos que no pudieran hacerlo por sí mismos, aunque quedaron obligados a reponer por su cuenta las piezas que se perdieran o desgastaran.36

El decreto del 14 de julio de 1857 reglamentó la Guardia Nacional de campaña, a excepción de los partidos de Patagones, Bahía Blanca, Junín y San Nicolás de los Arroyos, que continuaron con la organización y los jefes que tenían en ese momento. En el artículo 1°, se dispuso que toda la Guardia Nacional de caballería de la campaña se dividiera en 17 regimientos, que serían puestos al mando de jefes del Ejército de Línea. En el artículo 2°, se estableció que cada regimiento tendría un cuadro veterano, compuesto por el jefe –el cual se encargaría de su Mayoría y organización–, un Ayudante Mayor y un cabo de cornetas. Además, se designarían seis cabos citadores de entre los guardias nacionales, que se relevarían trimestralmente, con el objetivo de auxiliar al comandante y a los oficiales que se designaran. En los artículos 3° y 4°, se estipuló que los jefes de los regimientos también se encargarían del “arreglo” y el mando de los batallones y compañías de infantería de los pueblos de la campaña que existieran en sus distritos. De esta manera, se desplazaba a los jueces de paz de los puestos de mando que ejercían en la Guardia Nacional. En el artículo 5°, se estableció que la primera actividad de los jefes de los regimientos debía ser el enrolamiento de los guardias nacionales y. para ello, deberían recibir la colaboración de los jueces de paz. En el artículo 6°, se determinó que una vez finalizada la organización de los regimientos de caballería y de los batallones o las compañías de infantería, el mando de estos cuerpos sería conferido a ciudadanos particulares, que oportunamente se nombrarían, teniendo en cuenta que fuesen vecinos de los distritos y que reuniesen las “indispensables calidades de idoneidad, patriotismo y demás”.37 Por último, en el artículo 7°, se definieron los 17 regimientos de caballería y, en base a ellos, se constituyeron igual número de distritos.38

El regimiento N° 1 lo integraron los partidos de San José de Flores, Morón y Belgrano; el N° 2, San Isidro, San Fernando y Conchas; el N° 3, Pilar, Exaltación, Zárate y Baradero; el N° 4, San Pedro, Pergamino y Rojas; el N° 5, Salto, Arrecifes y Fortín de Areco; el N° 6, Bragado, 25 de Mayo y Saladillo; el N° 7, Chivilcoy y Villa Mercedes; el N° 8, San Antonio de Areco, Giles y Villa de Luján; el N° 9, Navarro, Lobos y Monte; el N° 10, Cañuelas y Matanza; el N° 11, Ranchos y Chascomús; el N° 12: Magdalena y Ensenada; el N° 13, San Vicente, Quilmes y Barracas al Sud; el N° 14, Tordillo, Dolores y Pila; el N° 15, Vecino, Ajó y Tuyú; el N° 16, Las Flores, Tapalqué, Azul y Tandil; y el N° 17, Lobería y Mar Chiquita (cf. Mapa 2).

Mapa 2. Organización de la Guardia Nacional de campaña en regimientos (1857)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Registro Gráfico de las propiedades rurales de la provincia de Buenos Aires (1864) y Corbetta y Helguera (1983).

Además, cada uno de estos distritos milicianos de campaña formarían parte de alguno de los tres departamentos militares en que se dividió la campaña en 1855 (cf. supra), por el servicio que los guardias nacionales debían brindar en la frontera. La Frontera Norte, con su comandancia en Junín, recibiría el servicio miliciano de los regimientos Nos 2, 3, 4, 6 y 8; la Frontera Centro, con su comandancia en Bragado, el de los regimientos Nos 1, 6, 7, 9 y 10; y la Frontera Sud, con su comandancia en Azul, el de los regimientos Nos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 (cf. Mapa 2).

El forzado alejamiento de los jueces de paz de los puestos de mando de la Guardia Nacional no resolvi ó el problema de la escasez de hombres para defensa de la frontera, ni menos aún garantizó la fluidez en el recambio y licenciamiento de los guardias nacionales que brindaban su servicio de armas. Con la reorganización de la institución, los jefes de los regimientos de caballería se convirtieron en los principales responsables del funcionamiento regular de la nueva milicia. “Toda la responsabilidad queda así sobre los jefes de cuerpo”, manifestaba el gobernador Valentín Alsina a su ministro de Gobierno, Bartolomé Mitre.39

Sin embargo, las autoridades porteñas no lograron resolver los inconvenientes que generaban la formación y el envío de contingentes a la frontera. A partir de ese momento, los jefes de los regimientos pasaron a ser objeto de crítica, en lugar de los jueces de paz, que debieron colaborar con aquellos en materia militar en su partido. A fines de 1858, el gobernador Valentín Alsina, que por entonces recorría la Frontera Norte, reconocía que “el servicio de la guardia nacional en las tres fronteras está desordenado, ó más bien, no sistematizado”. De acuerdo a su interpretación, las causas eran el retraso con el cual se relevaban los guardias nacionales destacados en la frontera, el envío de contingentes incompletos y el recargo que sufrían algunos regimientos. Al mismo tiempo, estos problemas se explicaban por varias razones. Por un lado, porque los comandantes de frontera olvidaban pedir a tiempo los contingentes o, en su defecto, los jefes de la Guardia Nacional alegaban que no recibían sus órdenes o que llegaban tarde y, como consecuencia, enviaban menos hombres de los requeridos. Por otro lado, viendo que no llegaban los contingentes solicitados, y ante el apremio de licenciar los guardias nacionales en servicio, los comandantes de frontera acudían a los regimientos más cercanos y, como consecuencia, los recargaban en su servicio. Con el fin de solucionar este problema, Alsina propuso que, en diciembre de cada año, los comandantes de frontera fijaran el número de guardias nacionales que habrían de necesitar para el servicio permanente durante el año entrante y se lo informaran a la brevedad a los jefes de la Guardia Nacional.40 Con esta medida, –concluía–

“No puede así haber olvidos, ni apuros, ni extravíos ó demoras, ciertas ó fingidas, de notas, y cada jefe tiene sobradísimo tiempo para dictar sus medidas y hacer sus citaciones con anticipación y desahogo, y cada partido tiene la ‘seguridad’ […] de que en tales meses ó estaciones no ha de ser incomodado, para el servicio ‘ordinario’ de frontera”.41

Como vemos, los jefes de los regimientos constituían el eslabón clave para garantizar el reclutamiento, ya que debían conformar los contingentes con la colaboración de los oficiales y de las autoridades civiles de los partidos que integraban el distrito miliciano a su cargo. Pero, en otras ocasiones, fueron objeto de graves acusaciones e, incluso, relevados de sus cargos, tal como sucedió con el coronel Mariano Espinosa, jefe del regimiento N° 5. El comandante de la Frontera Norte denunciaba que su proceder era “enteramte. contrario a la rigurosa exactitud del sero. militar”, lo que lo inclinaba a pensar que dicho coronel “no […] contribuye debidamte. á la realización de los objetos tenidos en vista de la organización de Gs. Ns.”. Además, fue acusado de apadrinar desertores. Con motivo de haber huido de Junín 50 guardias nacionales de su regimiento, lejos de remitirlos presos, como aquel comandante se lo había ordenado, “amparó los refractarios, otorgándoles pases y papeletas [como] si hubiesen cumplido su servicio”.42

El establecimiento de jefes del Ejército de Línea en el mando de los regimientos no resolvió los problemas que tuvo la Guardia Nacional bajo el poder de los jueces de paz. Si bien es indudable que muchos de esos comandantes siguieron las disposiciones que emanaban del gobierno provincial, mostramos que otros atentaron contra el buen funcionamiento de aquella milicia en la campaña, al amparar a los vecinos del reclutamiento y del servicio de armas en la frontera.

En los primeros días de enero de 1860, la campaña y la frontera bonaerense fueron objeto de una nueva reorganización militar-miliciana. El día 5 se agregó un nuevo regimiento –el N° 18– y se reorganizaron los que ya existían, ante la urgencia que representaba la defensa de la frontera y por considerarse la mayor parte de aquellos disueltos, luego de la derrota bonaerense en la batalla de “Cepeda”. El regimiento N° 1, integrado por los partidos de San José de Flores, Morón y Belgrano, se mantuvo al mando del teniente coronel Pedro Naón; el N° 2, por los de San Isidro, San Fernando y Conchas, fue entregado al coronel Wenceslao Paunero; el N° 3, por los de Pilar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Baradero, al comandante Martín de Gainza; el N° 4, por los de San Pedro, Pergamino y Rojas, continuó al mando del coronel Cruz Gorordo; el N° 5, por los de Salto, Arrecifes y Fortín de Areco, se mantuvo al mando del coronel Manuel Sanabria; el N° 6, por los de 25 de Mayo, Bragado y Saladillo, fue entregado al coronel Jacinto González; el N° 7, por Mercedes, al sargento mayor Álvaro Barros; el N° 8, por los de San Antonio de Areco, Giles y Villa de Luján, al teniente coronel Antonio Llorente; el N° 9, por los de Navarro, Lobos y Monte, al comandante Juan Antonio Cascallares; el N° 10, por los de Cañuelas y Matanzas, al sargento mayor Juan Manuel Lescano; el N° 11, por los de Ranchos y Chascomús, continuó al mando del comandante Domingo Boado; el N° 12, por los de Magdalena y Ensenada, se mantuvo bajo la dirección del comandante Diego Babio; el N° 13, por los de San Vicente, Quilmes y Barracas al Sud, al coronel Manuel Camelo; el N° 14, por los de Tordillo, Dolores y Pila, se mantuvo bajo la jefatura del teniente coronel Eduardo Revilla; el N° 15, por los de Vecino, Ajó y Tuyú, al teniente coronel Juan Noguera; el N° 16, por los de Las Flores, Azul y Tapalqué, al sargento mayor Pedro Escalada; el N° 17, por los de Tandil, Lobería y Mar Chiquita, se mantuvo comandado por el coronel Benito Machado; y, por último, el N° 18, formado por Chivilcoy, se puso al mando del sargento mayor José Carballido. Por su parte, el regimiento de Extramuros continuó comandado por el teniente coronel Esteban García (cf. Mapa 3).43

Posteriormente, el 7 de mayo de 1860, se decretó la subdivisión de la frontera en cuatro departamentos militares y se designó un jefe para que se desempeñara como comandante de cada uno de ellos, considerando los acuerdos previos del 5 de enero.44 La Frontera Norte se extendió desde el fortín Mercedes al fortín Ituzaingó y se puso al mando del coronel Emilio Mitre. Quedaron adscriptos al servicio de frontera los regimientos de Guardias Nacionales Nos 2, 3, 4, 5 y 8. La Frontera Oeste se delimitó entre el fortín Ituzaingó y el Arroyo Las Flores, y se designó como comandante al coronel Julio de Vedia. Bajo ella se agruparon los regimientos Nos 1, 6, 7, 9 y 18. La Frontera Sud se estableció entre el fortín Esperanza y el Arroyo Chapaleofú y se invistió como jefe al coronel Ignacio Rivas. Quedaron agregados los regimientos Nos 10, 12, 13 y 16. La Frontera Costa Sud se extendió entre el Arroyo Chapaleofú y la costa atlántica, y se designó comandante al coronel Benito Machado. Se agrupó bajo esta jurisdicción a los regimientos Nos 11, 14, 15 y 17 “Sol de Mayo” (cf. Mapa 3).45

Mapa 3. Organización de la Guardia Nacional de campaña en regimientos (1860)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Registro Gráfico de las propiedades rurales de la provincia de Buenos Aires (1864) y Corbetta y Helguera (1983).

Si bien la organización de la Guardia Nacional apuntaba a cubrir las falencias del Ejército de Línea en la defensa de la frontera con los indígenas, esa milicia tuvo un rol importante en la victoria bonaerense en “Pavón” ya que la mayor parte de sus regimientos contribuyeron con hombres para el combate (Fantuzzi, s/f). Como señala Literas (2012b), esa batalla marcó un punto de inflexión. Los cambios suscitados en la Guardia Nacional se enmarcaron, a partir de entonces, en el proceso de unificación política del Estado, bajo la hegemonía porteña. En octubre de 1862, Bartolomé Mitre nacionalizó el ministerio de Guerra y Marina de Buenos Aires y creó la Inspección General de Milicias de la Provincia de Buenos Aires, con lo que quedaron desligados los mandos del Ejército de Línea (en poder del gobierno nacional) y de la Guardia Nacional (en poder del gobierno provincial).

A partir de entonces, comenzó a regir una nueva jurisdicción en la frontera bonaerense, que dejó de ser competencia de Buenos Aires para serlo de la Nación. Las jefaturas de los departamentos militares (fronteras Norte, Oeste, Sud y Costa Sud) y las comandancias (San Nicolás, Bahía Blanca y Patagones) quedaron a cargo del gobierno nacional. Ante la constante necesidad de que la Guardia Nacional de campaña contribuyese con sus efectivos a cubrir las falencias del Ejército de Línea, las relaciones entre los jefes de frontera (designados por gobierno nacional) y los jefes de los regimientos de la Guardia Nacional (designados por el gobierno provincial) tuvieron que ser fluidas y gozar de absoluta complementariedad para garantizar el “buen servicio”. De esta forma, ingresaba en escena un nuevo elemento generador de discordia, que se potenciaría en coyunturas donde las fuerzas de Línea requirieran un apoyo mayor de la Guardia Nacional, como hemos mostrado para los años de la Guerra de la Triple Alianza (Canciani, 2013).

Consideraciones finales

En este trabajo analizamos el proceso de organización de la Guardia Nacional de campaña de la provincia de Buenos Aires durante la década que se extiende desde su creación, en marzo de 1852, hasta la diferenciación de las atribuciones de los Estados nacional y provincial en materia militar-miliciana, con la nacionalización del Ministerio de Guerra y Marina de Buenos Aires y la creación de la Inspección General de Milicias en esa provincia, en octubre de 1862.

En el primer apartado, observamos que la organización de la Guardia Nacional de campaña fue más tardía que la de la ciudad. La disolución de las milicias, el 17 de marzo de 1852, dejó a la frontera en situación de indefensión hasta que se pudieron reglamentar los regimientos de aquella fuerza. Durante los dos años que siguieron a la derrota rosista en “Caseros”, los gobiernos porteños realizaron intentos ad hoc para reglamentar su funcionamiento, pero se tropezaron con una serie de impedimentos que retrasaron el “arreglo” de la institución. Dentro de ellos, destacamos las contingencias provocadas por el sitio de Lagos, la movilidad espacial de la población de la campaña y la reticencia de los jueces de paz a colaborar con su organización, que se reflejó en su incapacidad para concretar el enrolamiento de los vecinos y formar los contingentes que se les demandaban para el servicio de frontera. La última tentativa de organizar la Guardia Nacional en esta primera etapa se produjo a fines de 1854, con motivo de la desguarnición de la frontera y, sobre todo, para formar un sistema defensivo miliciano capaz de responder militarmente a la invasión de los emigrados porteños que se estaba preparando en la Confederación Argentina. Una vez derrotada la invasión, los regimientos de caballería de campaña se disolvieron y sólo quedaron organizados los fronterizos.

En el segundo apartado, analizamos la reorganización de la Guardia Nacional de caballería que se desarrolló durante la segunda gobernación de Valentín Alsina. En esa ocasión, los motivos que impulsaron al gobierno porteño a reglamentar el servicio miliciano estuvieron vinculados al aumento de la conflictividad con la Confederación Argentina y la posibilidad de un conflicto armado, a la premura por garantizar la defensa de la frontera ante la hostilidad de Calfucurá y a la necesidad de alejar a los jueces de paz del control de la institución, por su incapacidad para resolver los problemas que se generaban en torno a ella. Con el decreto del 14 de julio de 1857, se entregó la comandancia de los regimientos de caballería de la Guardia Nacional de campaña a un jefe de Línea y se los dotó de un cuadro veterano para la formación de su Estado Mayor. Como consecuencia, los jueces de paz fueron relegados de los principales puestos de mando y los jefes de los regimientos se convirtieron en los responsables del buen funcionamiento de la institución, al ser los encargados de garantizar el enrolamiento y la formación de contingentes. Luego de la derrota bonaerense en “Cepeda”, Buenos Aires reorganizó sus fuerzas milicianas y las comandancias de frontera. Se creó un nuevo departamento militar, la Frontera Costa Sud, y se re-adscribieron los regimientos de la Guardia Nacional de caballería a cada uno de los departamentos. Por último, con la unificación de Buenos Aires y las trece provincias confederadas, que conllevó el establecimiento de un gobierno nacional, la frontera quedó bajo la jurisdicción de este último y la Guardia Nacional, en poder de la provincia. A partir de entonces, se requirió mayor complementariedad para la defensa de la frontera.

Procuramos demostrar que la organización de la Guardia Nacional en la campaña bonaerense fue un proceso complejo que no podremos comprender si partimos de la idea de que la creación de esta institución representó un mero cambio nominal con respecto a las milicias que la precedieron. Dicho proceso estuvo plagado de vaivenes y determinado por la conflictividad con los indígenas y la inestabilidad política de la década de 1850. Si bien la nueva institución mantuvo características de las milicias anteriores, el paso de éstas a la Guardia Nacional no puede ser considerado solamente como un cambio de denominación, ya que, de haber sido así, su “arreglo” y puesta en funcionamiento se tendrían que haber desarrollado de forma casi inmediata y no haber sido presa del retraso y las contingencias que sufrieron.

Asimismo, argumentamos que la reglamentación sistemática de la Guardia Nacional en toda la campaña bonaerense se consumó, finalmente, en julio de 1857, pese a los intentos previos más o menos exitosos. A partir de entonces, los jefes de los regimientos se constituyeron en piezas clave para garantizar el funcionamiento orgánico de la institución y el envío regular de contingentes a la frontera. Sin embargo, el establecimiento de autoridades militares o milicianas en lugar de las civiles no resolvió los problemas organizativos y de funcionamiento de la nueva milicia que se les habían atribuido a los jueces de paz. Los jefes de los cuerpos pasaron a ser objetos de crítica por parte de los comandantes de frontera, al no cubrir los contingentes que les solicitaban y no desempeñar las tareas para las cuales habían sido designados.

Este razonamiento permite cuestionar la existencia de un “poder militar” en la campaña. Si bien la historiografía ha destacado los diferendos jurisdiccionales entre las autoridades civiles y militares, no han recibido la misma atención los conflictos generados entre estas últimas. Los actores sociales que ocuparon cargos militares y milicianos en determinado momento de sus carreras no se disociaron de su pertenencia socio-política, sino que la tuvieron muy presente. La noción de “poder militar” resulta útil para diferenciar esa esfera de la civil, pero esconde las diferencias que existieron entre las autoridades militares y milicianas (nacionales, provinciales, locales e, incluso, al interior de ellas). De alguna forma, esto explica por qué tanto los funcionarios civiles (jueces de paz y sus subalternos) y milicianos (jefes de regimientos) no siempre contribuyeron a la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional de campaña. Mientras que algunos comandantes procuraron dar cumplimiento a las órdenes que recibían del gobierno, con el fin de posicionarse frente a éste, otros buscaron mantener su poder político en los partidos que habitaban o construirlo desde su rol de jefe miliciano. En ese sentido, el amparo a algunos sujetos de enrolamiento fue una de las estrategias que emplearon con tal fin.

En definitiva, las dificultades que dominaban el servicio miliciano en la frontera no se explican por el mando civil o militar-miliciano de la Guardia Nacional, sino por sus contradicciones estructurales y por la escasa institucionalización del Estado en ese territorio. El servicio miliciano al que fueron obligados los guardias nacionales atentaba contra sus ocupaciones e intereses, así como contra los de su familia y el vecindario que habitaban. De allí que las autoridades civiles y milicianas locales los protegieran, no cumpliendo plenamente las órdenes del jefe de frontera, y priorizaran los vínculos locales. Si algo evidencia la organización de la Guardia Nacional de campaña en la década de 1850 es que las relaciones establecidas entre las autoridades rurales no pueden pensarse sólo desde una perspectiva que centre su análisis en la disputa entre las diferentes esferas de poder, sino que también debe abordar las diferentes jurisdicciones militares: la nacional, la provincial y la local.

Notas

1 Para un análisis historiográfico más completo sobre la Guardia Nacional en Argentina, cf. Canciani (2012b).

2 Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, 1852. La Confederación Argentina, por su parte, decretó su creación recién el 28 de abril de 1854.

3 Archivo General de la Nación (AGN), Gobierno, X-28-1-8, exp. 737.

4 Para más información sobre el sitio de Hilario Lagos a la ciudad de Buenos Aires, cf. Scobie (1964), Caletti Garciadiego (2010), Literas (2012a) y Barcos (2012), entre otros.

5 AGN, Comandancia de Campaña, X-18-7-6. Circular del Ministerio de Guerra y Marina, 6/8/1853.

6 AGN, Gobierno, X-28-4-11, exp. 6.158.

7 Para más información sobre las funciones de los jueces de paz en la campaña, cf. Díaz (1959a, b), Garavaglia (1999, 2009), Gelman (2000), Barral y Fradkin (2005), Banzato y Valencia (2005), Di Gresia (2007), Reguera (2010), Lanteri (2011), Canedo (2011), Yangilevich (2012), entre otros.

8 Creemos conveniente aclarar que los jueces de paz no tuvieron la potestad de ordenar la movilización de la Guardia Nacional, que solo fue competencia del jefe del regimiento o del comandante militar del partido, luego de recibir la orden del gobierno provincial.

9 AGN, Gobierno, X-28-2-3, exp. 1.582a.

10 AGN, Gobierno, X-28-4-8, exp. 5.786. Hasta el momento, no pudimos hallar los términos en los cuales debían desarrollarse estas elecciones de oficiales entre los mismos guardias nacionales. Al respecto, desde El Nacional, en su edición del 4 de noviembre de 1853, Bartolomé Mitre propuso un proyecto por el cual la elección de aquellos se haría cada vez que se efectuase la de diputados a la Legislatura. Cada compañía elegiría sus suboficiales hasta el grado de sargento, los cabos y sargentos a sus oficiales hasta el grado de capitán y los oficiales al comandante del cuerpo. Sin embargo, este proyecto no tuvo una recepción favorable (Allende, 1958). Al igual que ha mostrado Macías (2001) para el caso de Tucumán, en la campaña y la frontera bonaerense la elección de los oficiales de las compañías por parte de los propios guardias nacionales no tuvo gran relevancia, ya que primaron la injerencia del jefe del regimiento y del gobernador en ese asunto.

11 AGN, Guardias Nacionales, X-18-7-5. José Benavente a José Paz. Quilmes, 28/7/1853.

12 AGN, Comandancia de Campaña, X-18-7-6. “Instrucciones y demás notas relativas al nombramiento del Sr. Coronel D. Julián Martínez, Comte. Provisorio de los Departamentos del Sud”.

13 AGN, Guardias Nacionales, X-18-10-7. Ministro de Guerra a ministro de Gobierno, 22/2/1854.

14 AGN, Comandancia de Campaña, X-18-7-6. Vecinos de Saladillo y Las Flores a Pastor Obligado. Buenos Aires, 10/12/1853. Esta preocupación también fue destacada por el general Manuel Hornos en su recorrido por la campaña, en agosto-septembre de 1853. Cf. Allende (1958).

15 AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-18-10-3. Benito Machado a Irineo Portela. Tamangueyú, 18/2/1854.

16 AGN, Gobierno, X-28-4-14, exp. 6.643.

17 AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-18-10-3. Manuel Escalada a Irineo Portela. Buenos Aires, 2/3/1854.

18 AGN, Guardias Nacionales, X-18-10-7. “Gefes nombrados para organizar la Guardia Nacional de Caballería de Campaña”. Buenos Aires, 17-18/11/1854.

19 AGN, Guardias Nacionales, X-18-10-7. “Ley para el alistamiento de las milicias”.

20 AGN, Guardias Nacionales, X-18-10-7. Silverio Anzoátegui a Alejandro Romero. Chascomús, 18/2/1854.

21 Se designó al sargento mayor Manuel Sanabria como 2° jefe del mismo. Junto con el teniente coronel Pedro Naón, habían tomado parte en las actividades de enrolamiento en ese regimiento.

22 Primero había sido designado el capitán Justo Villanueva, pero su renuncia llevó al nombramiento de Revilla.

23 Antes había sido propuesto el coronel Ramos Bustos, pero su renuncia llevó a la designación de Espinosa.

24 Benito Machado fue el único juez de paz (de Lobería) y comandante de Guardias Nacionales (con grado de capitán) que se nombró para el “arreglo” de un regimiento de Guardias Nacionales de caballería, pese a no ser jefe del Ejército de Línea (ese rango lo alcanzará en 1857).

25 AGN, Gobierno, X-28-6-4, exp. 8.719. La Guardia Nacional de Patagones estuvo exceptuada de esta reorganización ya que, el 26 de diciembre de 1853, se había puesto bajo el mando del comandante militar de Línea de ese lugar. AGN, Gobierno, X-28-4-9, exp. 5.894.

26 AGN, Gobierno, X-28-6-3, exp. 8.664.

27 El Departamento del Centro se había reincorporado al del Norte en agosto de 1853, y sólo dos departamentos quedaron a partir de ese momento: Norte y Sud, al mando del general Manuel Hornos y el coronel Julián Martínez, respectivamente (Allende, 1958).

28 AGN, Gobierno, X-28-6-7, exp. 9.007.

29 AGN, Gobierno, X-28-6-9, exp. 9.121.

30 Archivo Mitre (AM), tomo XV, p. 141. Cruz Gorordo a Bartolomé Mitre. Pergamino, 26/2/1856.

31 AGN, Gobierno, X-28-10-13, exp. 13.693.

32 AM, tomo XV, p. 142. Cruz Gorordo a Bartolomé Mitre. Pergamino, 5/3/1856.

33 AM, tomo XV, p. 184. Juan Noguera a Bartolomé Mitre. Fortín Esperanza, 13/8/1855. La reticencia de los jueces de paz y sus subalternos a cooperar con los jefes de frontera o de la Guardia Nacional se puede observar con cierta frecuencia en la documentación de esos años. Por ejemplo AGN, Gobierno, X-28-7-2, exp. 9.798; X-28-7-13, exp. 10.880; X-28-8-13, exp. 11.075; Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Juzgado de Paz de Azul, 39-1-7, 1856-1859. Nicolás Granada a Severo Álvarez. Campamento de San Benito, 16/02/1857.

34 AGN, Gobierno, X-28-10-13, exp. 13.693.

35 Para este enrolamiento se tendría en cuenta el reglamento del 6 de agosto de 1856, por el cual se dividió la Guardia Nacional de la capital en seis batallones, que constituyeron igual número de secciones.

36 AGN, Gobierno, X-28-10-13, exp. 13.693.

37 Esta disposición comenzó a regir en toda su plenitud el 25 de febrero de 1864, en los días previos a las elecciones de marzo que renovarían parcialmente las cámaras legislativas provinciales. El gobernador Mariano Saavedra dispuso que, con excepción de los partidos fronterizos, los regimientos y batallones de la Guardia Nacional de campaña serían comandados por civiles en comisión (Heras, 1954: 61).

38 AGN, Gobierno, X-28-11-1, exp. 13.777.

39 AM, tomo XVII, p. 28. Valentín Alsina a Bartolomé Mitre. Rojas, 5/12/1858.

40 Esta disposición se aprobó el 24 de diciembre de 1858.

41 AM, tomo XVII, pp. 27-28. Valentín Alsina a Bartolomé Mitre. Rojas, 5/12/1858.

42 AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-19-8-4. Comandante de la Frontera Norte a ministro de Guerra y Marina, 17/3/1858. Para otros expedientes que muestran situaciones similares en esos años: AGN, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, X-19-8-4. Ignacio Rivas a José Zapiola. Azul, 6/11/1858; AGN, Gobierno, X-29-3-1, exp. 16.443 y X-29-3-11, exp. 17.391.

43 Colección de leyes y decretos militares concernientes al Ejército y Armada de la República Argentina de 1810 á 1896, t. II (CLDM), pp. 139-140. Acuerdo del gobierno de Buenos Aires, 5/1/1860. La Guardia Nacional de Bahía Blanca y Patagones no fueron comprendidas en este acuerdo y mantuvieron la organización anterior.

44 Por un decreto del 5 de enero de 1860, se había subdividido el departamento Frontera Sud en Sud y Costa Sud, y designado un jefe militar de Línea para que se hiciera cargo de cada uno de ellos: los coroneles Ignacio Rivas y Benito Machado, respectivamente, que fueron ratificados meses después.

45 CLDM, t. II, pp. 159-160. Decreto del gobierno de Buenos Aires, 7/5/1860.

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